Ricardo Sánchez Ruvalcaba

Expediente 2454/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 7 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2454/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
09/05/2023

Partes del expediente

  • Ricardo Sánchez Ruvalcaba

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Se recibe el escrito signado por el quejoso; atento a su contenido, se ordena agregar sin mayor pronunciamiento, toda vez que, en proveído de doce de diciembre de dos mil veintidós, causó firmeza la determinación de veintinueve de noviembre del año en cita, en la cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, por lo que se ordenó el archivo del presente asunto; de ahí que, contrario a lo expuesto por el promovente, este juicio no se encuentra en etapa de ejecución.

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, a doce de diciembre de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el comunicado que signa el secretario del Juzgado octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco; en atención a su contenido, hágase disponible al juzgado de referencia el expediente electrónico del juicio de amparo en el que se actúa. Causa estado. Del análisis que se realiza a las actuaciones del juicio de amparo en que se actúa y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que se establece en el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), ambos del cuerpo de leyes aplicable, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que lo hiciera valer; por tanto, se declara firme el auto de referencia. Por otra parte, toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese, este asunto con fundamento en el canon 196 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, previas anotaciones que se realicen en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el libro de gobierno. Toda vez que en el presente asunto se tuvo por no presentada la demanda y se concedió la suspensión de plano solicitada el expediente se encuentra en el supuesto previsto en el punto 7.4 del Manual para la Organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el artículo 18, fracción I, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por tanto, será depurable una vez que transcurra el plazo de tres años de haberse ordenado su archivo. Notifíquese.

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, a siete de diciembre de dos mil veintidós. Exhiben y ratifican convenio de cumplimiento sustituto. Se tiene por recibido el escrito registrado con el número de orden 30344, signado por Nicolás Vega Pedroza, Ernesto Ledezma Gómez, Francisco Javier Saldivar Navarro, en su carácter de Presidente, Secretario y Tesorero del Comisariado Ejidal del Ejido "El Zapote, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Estado de Jalisco, respectivamente, Jorge Romero Palomino, Ricardo Lozano Flores, María Guadalupe Lozano Núñez, en su carácter de Presidente, Primer y Segundo Secretario de Consejo de Vigilancia, Nancy Trejo Chávez, Directora General adjunta de Procesos Contenciosos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte y Sergio Enrique Flores Ochoa, apoderado legal del Aeropuerto de Guadalajara, sociedad anónima de capital variable, mediante el cual, de conformidad con el artículo 205 de la Ley de Amparo, exhiben el convenio de cumplimiento sustituto. Asimismo, vista el acta que antecede, se advierte que los comparecientes ratifican ante la presencia judicial el contenido ocurso de cuenta, por lo que se tiene a las partes celebrando el convenio de cumplimiento sustituto de la ejecutoria de amparo, en los términos y condiciones en que fue suscrito. II. Se sanciona convenio. Sobre esa base, previo a proveer lo conducente, resulta importante realizar una breve reseña de lo actuado en la etapa de ejecución en el presente asunto. En sentencia dictada por el Juez Tercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo del Tercer Circuito, el treinta y uno de julio de dos mil catorce, se concedió el amparo para el efecto de que: ".En consecuencia, ante lo fundado y preponderante de los conceptos de violación en estudio, procede conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados, para el efecto de que las autoridades responsables, dentro del respectivo ámbito de sus competencias: I. Dejen insubsistente la ocupación provisional decretada mediante oficio número 203357, de catorce de mayo de mil novecientos sesenta y ocho. II. Dejen insubsistente todo lo actuado con posterioridad a la violación evidenciada al inicio de este considerando de estudio, relativa a la falta de notificación del inicio del procedimiento expropiatorio que concluyó con la emisión del decreto presidencial reclamado de diecinueve de septiembre de mil novecientos setenta y cinco, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de noviembre del propio año; y, para que en su oportunidad y caso, se ordene llevar a cabo nuevamente la notificación correspondiente, en la que deberán observarse las formalidades que para la práctica de tal diligencia, prevé el artículo 334 de la Ley Federal de Reforma Agraria, vigente. En ese tenor, la protección constitucional que se concede se hace extensiva a los efectos y consecuencias derivados de la ejecución del decreto expropiatorio de diecinueve de septiembre de mil novecientos setenta y cinco, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de noviembre siguiente, entre otros, lo relativo a las inscripciones en el Registro Agrario Nacional y en el Registro Público de la Propiedad correspondiente, los informes relativos al pago de la indemnización, de siete de mayo de dos mil nueve, y los avalúos correspondientes para determinar la cantidad que deberá cubrir con motivo de la indemnización (sin que este Juzgado Federal pueda, válidamente, determinar cantidad líquida, ni aun tomando en consideración los dictámenes periciales en materia de valuación que obran en autos, pues equivaldría a sustituirse en la autoridad responsable); la orden de ejecución de diez de septiembre de dos mil nueve, contenida en el oficio II-102 83126; la comisión de ejecución contenida en el oficio 2287, de veintidós de septiembre de dos mil nueve; la notificación de la publicación del Decreto expropiatorio y acta circunstanciada relativa, de veintidós de septiembre de dos mil nueve; el informe de ejecución del decreto, contenido en el oficio sin número de veinticuatro de septiembre de dos mil nueve. ." Del contenido de los efectos de dicha ejecutoria se aprecia que dicho juzgado federal, ante la imposibilidad material que se vislumbraba respecto del cumplimiento de le ejecutoria, contempló la posibilidad de un cumplimiento sustituto, pues como consecuencia de la violación destacada en el procedimiento expropiatorio, ordenó dejar sin efectos los actos posteriores a ella, como lo era el decreto expropiatorio, la concesión al tercero perjudicado, y actos derivados de le ejecución del decreto expropiatorio. En ese sentido se aprecia que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, confirmó la sentencia de referencia y modificó los efectos de la citada concesión en los siguientes términos: ".este Tribunal Colegiado, como se indicó, coincide con lo resuelto por el Juez Federal, estimando su determinación objetivamente correcta, en cuanto ve a que, en la especie, se vulneró el derecho de audiencia consagrado en el artículo 14 constitucional, en perjuicio del ejido quejoso. [.] Tan es así que, la Superioridad igualmente ha ponderado que, cuando en alguna legislación no se establezca el derecho de audiencia, ello no exime a las autoridades de la obligación de darle oportunidad de ejercer un derecho de defensa, en atención al imperativo constitucional consagrado en el artículo 14 de la propia Carta Magna. [.] trascendió a la validez de la determinación de la indemnización, en tanto que no puede dárseles el derecho de participar y objetar, en su caso, la valuación de la superficie territorial de las que se les privaba por la causa de utilidad pública consistente en la ampliación del aeropuerto de Guadalajara, Jalisco. [.] Y, en este sentido, se coincide igualmente con el Juez de Distrito, en cuanto a que, no sería factible retrotraerse las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional, puesto que ya no es posible restituir al ejido quejoso en la propiedad y posesión de la superficie expropiada, puesto que, es un hecho notorio, que en la misma ya se encuentran parte de las instalaciones del Aeropuerto de Guadalajara, a través de construcciones y adecuaciones u obras físicas o materiales, que se hubiesen llevado a cabo a lo largo del tiempo.." Del contenido de la misma, se puede apreciar que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, consideró que no había lugar a dejar sin efectos los actos posteriores a ella, como lo era el decreto expropiatorio, la concesión al tercero perjudicado, y actos derivados de le ejecución del decreto expropiatorio. En consecuencia a ello y en atención a lo ordenado, el citado Juzgado Federal en acuerdo de veintinueve de abril de dos mil dieciséis, requirió cumplimiento a las autoridades responsables, al tenor que sigue: ".De tal suerte que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 192, 194, 195 y Tercero transitorio de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Secretario de Comunicaciones y Transportes, Secretario de Desarrollo Territorial y Urbano (SEDATU) y aquellas autoridades que en el ámbito de sus competencia y atribuciones, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación de este proveído, den cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos, apercibidas que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá, al omiso, una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, con apoyo en el artículo 258 de la Ley de Amparo vigente; y que, asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.". De lo anterior se colige que al ser enfrentados los efectos de la sentencia dictada en el amparo indirecto y lo determinado por la superioridad en la revisión principal, quedan patentes los efectos y conductas a desplegar por las responsables en el ámbito de sus atribuciones, pues deberán, otorgar al ejido quejoso garantía de audiencia en el procedimiento expropiatorio a efecto de que sea oído y vencido en lo referente al monto indemnizatorio de la expropiación reclamada; sin que trajera como consecuencia la restitución de las tierras que ocupa el Aeropuerto de Guadalajara, así como tampoco dejar sin efectos la concesión otorgada a la empresa Tercera Perjudicada, según lo precisó de manera clara el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. Por su parte la autoridad responsable Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU), remitió el oficio REF.I.110/A/D/16964/2016, en el que en acatamiento a la ejecutoria de amparo, inició un procedimiento administrativo a efecto de dar garantía de audiencia a la parte quejosa, respecto del monto indemnizatorio, en el mismo dictó un acuerdo de inicio de cumplimiento solicitando a su vez al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, llevara a cabo un avalúo a efecto de cuantificar el monto indemnizatorio al Ejido quejoso con motivo del decreto expropiatorio reclamado, el cual fue notificado por la responsable y a su vez este órgano de control constitucional en acuerdo de cinco de diciembre de dos mil dieciséis, dio vista y notificó de manera personal al ejido por conducto de su autorizado. Así, mediante oficio REF.I.110/A/D10457/2017, la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU), anexó el dictamen conteniendo el avalúo que dictaminó el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, mismo que se recibió en proveído de veintiséis de enero de dos mil diecisiete y con el que se dio vista y notificó de manera personal al ejido quejoso. Luego, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante ejecutoria pronunciada el treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, dentro de los autos de los toca de Inconformidad 17/2017 y 18/2017, cuyos puntos resolutivos, textual y respectivamente dicen: ".PRIMERO. Es FUNDADO el recurso de INCONFORMIDAD que este toca se contrae. SEGUNDO. Se REVOCA el auto impugnado, de treinta de junio de dos mil diecisiete, dictado por el Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, en el juicio de amparo número 1788/2009. TERCERO. Se REPONE EL PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO de la ejecutoria de amparo, en los términos y para los efectos precisados en la parte final del postrer considerando de esta ejecutoria." (Inconformidad 17/2017) ÚNICO.- Se declara sin materia el recurso de inconformidad a que este toca se contrae." (Inconformidad 18/2017) En cuyo considerando, en lo que interesa se estableció que: ".en el caso a estudio, como se destacó, el efecto natural del amparo, entendiendo violado el derecho fundamental de audiencia del poblado quejoso, desde el inicio del procedimiento expropiatorio, implicaría, en teoría, devolver el terreno expropiado al poblado solicitante del amparo. Ello en razón de que tal procedimiento no se siguió conforme a derecho, por lo que la declaratoria de inconstitucionalidad conlleva su nulidad total. Empero, como lo estableció el Juez de Distrito en la sentencia protectora de fecha treinta y uno de julio de dos mil catorce, y lo confirmó este Tribunal Federal, en la citada ejecutoria de fecha catorce de abril de dos mil dieciséis, se vislumbró un posible cumplimiento sustituto al fallo protector, al advertir que en dicha superficie se encuentra en funcionamiento, el aeropuerto internacional de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, que es una obra necesaria no sólo para esa ciudad sino para toda la colectividad en general; y que, ante el posible cumplimiento sustituto, no era viable, invalidar la concesión otorgada por el Gobierno Federal al tercero interesado "Aeropuerto de Guadalajara", Sociedad Anónima de Capital Variable, toda vez que, ante tal probable cumplimiento sustituto que llegare a decretarse por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, previos los trámites en el Juzgado de Distrito, sería perjudicial para la sociedad invalidar tal concesión, y que ello, además, en nada beneficiaría al poblado quejoso. Ello, tomando en consideración lo establecido por el artículo 205 de la Ley de Amparo, en el sentido de que resultaría desproporcionadamente gravoso volver las cosas a la situación que guardaban con anterioridad a la violación constitucional. Continuó diciendo, que: ".De esta forma, resulta patente que este Tribunal Colegiado, desde que dictó la ejecutoria de amparo, coincidió con el Juez de Distrito, en lo que había establecido en la sentencia sujeta a revisión, en el sentido de que se consideraba que se está en el caso de que opere el cumplimiento sustituto de la ejecutoria de amparo, en términos de lo establecido por el artículo 205 de la Ley de Amparo. Lo que reiteró y explicitó, al resolver el recurso de queja 69/2017, al establecer que fue incorrecto que el a quo desechara la apertura del incidente de cumplimiento sustituto que fue solicitado por las partes. Pasando por alto ello el mencionado juzgador Federal, quien reiteró la decisión de no abrir el mencionado incidente, en auto de nueve de mayo de dos mil diecisiete. De ahí que se estimen fundados los agravios que los recurrentes hacen valer, en cuanto a que el Juez de Distrito equivocó el procedimiento de cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Empero, como igualmente se dijo, esa determinación, sobre el cumplimiento sustituto, corresponde realizarla a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como se desprende del precitado numeral de la ley de la materia, y como lo ha establecido dicho Máximo Tribunal, según se explicitó, tanto en la ejecutoria de revisión principal 298/2015, como en la resolución al recurso de queja 69/2017." En ese sentido finalizó la superioridad, estableciendo que: ".En este contexto, resulta claro que asiste la razón al poblado recurrente, cuando afirma que el Juez de Distrito modificó los efectos del amparo. Ello es así, porque al haberse calificado de inconstitucional el procedimiento expropiatorio desde su inicio, como se dijo, la consecuencia natural sería devolver el terreno expropiado al núcleo ejidal beneficiado con la sentencia protectora. Empero, en el caso, como se indicó, este Tribunal Federal considera, como se dijo en la ejecutoria de revisión principal 298/2015 y en la resolución al recurso de queja 69/2017, salvo lo que decida la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que el Juez de Distrito realice la declaratoria de imposibilidad material de cumplir con la ejecutoria de amparo y remita los autos a dicha Superioridad, que, al resultar sumamente gravoso para la sociedad la restitución al poblado agraviado del terreno sujeto a la expropiación, se da el caso de cumplimiento sustituto a que alude el indicado numeral 205 de la Ley de Amparo. En ese sentido, acorde con el criterio establecido por la Superioridad, en el caso, por lo que ve a la determinación de la cuantía correspondiente a la restitución, ello no es factible aún de analizar, en tanto que debe ser tramitado y analizado en una fase posterior a que el Alto Tribunal determine la procedencia del cumplimiento sustituto de la sentencia proctetora, una vez que el Juez de Distrito ha decretado la imposibilidad material para dar cumplimiento a la ejecutoria, por lo que, existe una fase previa que hay que cumplir, que es en la que se debe dilucidar la procedencia del cumplimiento sustituto, lo cual es competencia exclusiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Punto Tercero, fracción V, inciso d) del Acuerdo Plenario 5/2001." Posteriormente, debe precisarse que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció en la resolución del Incidente de Cumplimiento Sustituto, 7/2018, lo siguiente: "PRIMERO.- Se deja sin efecto la opinión emitida por el Juez de Distrito el 28 de febrero de 2018. SEGUNDO.- Se devuelven los autos al juzgado de origen para los efectos precisados en el considerando segundo de este fallo" . ".En acuerdo de 12 de septiembre de 2017, el Juez de Distrito tuvo por recibidas las resoluciones dictadas en los recursos de inconformidad, antes referidos, y en estricto acatamiento a lo ordenado por el Tribunal Colegiado, aperturó el Incidente de Cumplimiento Sustituto, dio vista a las partes, se señaló día y hora para el desahogo de la audiencia de alegatos y , llegado el momento procesal oportuno, celebró audiencia (21 de febrero de 2018) y dictó la resolución correspondiente (28 de febrero de 2018), en la que, siguiendo los lineamientos indicados por el Tribunal Colegiado que resolvió la inconformidad 17/2017, determinó que existía imposibilidad material para cumplir con la ejecutoria de amparo y ordenó remitir los autos a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. .Asimismo el Ministro Presidente indicó que en atención a lo señalado por el Juez de Distrito en relación con la inaplicabilidad del instrumento Normativo de 05 de septiembre de 2017, que modificó el Acuerdo General Plenario 5/2013 de este Máximo Tribunal, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito; estimaba conducente que un órgano de este Alto Tribunal se pronunciara respecto del presente incidente de cumplimiento sustituto. Esta Suprema Corte considera que de conformidad con el punto Segundo, fracción VI, inciso D, del Acuerdo General 5/2013, modificado mediante el Instrumento Normativo transcrito en el considerando anterior, en el caso debe dejarse sin efecto la opinión emitida por el Juez de Distrito el 28 de febrero de 2018 -por virtud de la cual consideró que existía imposibilidad material para cumplir la ejecutoria de amparo y remitió el expediente relativo al juicio de amparo de origen-, y ordenarse la devolución de los autos al órgano jurisdiccional que conoció del juicio a fin de que incidentalmente proceda a desahogar las pruebas necesarias para determinar si ha lugar o no al cumplimiento sustituto y de resultar favorecida la petición, en la propia interlocutoria también se cuantifiquen los correspondientes daños y perjuicios; decisión que cualquiera que sea su sentido será impugnable a través del recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso h), de la Ley de Amparo, del cual habrán de hacerse cargo los Tribunales Colegiados de Circuito en ejercicio de la competencia delegada por este Alto Tribunal. Ello es así, ya que con independencia de lo señalado por el Juez de Distrito y por el Ministro Presidente de este Alto Tribunal, lo cierto es que los artículos transitorios del citado Instrumento Normativo -en especial el tercero y cuarto- son claros al establecer que sólo los incidentes de cumplimiento sustituto que ya estuvieran radicados en la Suprema Corte a la fecha de entrada en vigor del citado instrumento, se resolverían en términos de las disposiciones aplicables al momento de su inicio, esto es, las anteriores a las reformas materia del citado instrumento, pero que éste sería aplicable respecto de las determinaciones que adoptaran sobre la procedencia del cumplimiento sustituto que se dictaran a partir del día siguiente de la aprobación de aquél." Consecuentemente, dicho juzgado federal en estricto acatamiento a lo ordenado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en la ejecutoria del Recurso de Inconformidad radicada bajo el número 17/2017, de su índice, por resolución de diez de agosto de dos mil dieciocho: Declaró que existía imposibilidad material para cumplir la sentencia de amparo, en virtud de que al haberse calificado de inconstitucional el procedimiento expropiatorio desde su inicio, como se dijo, la consecuencia natural sería devolver el terreno expropiado al núcleo ejidal beneficiado con la sentencia protectora. Se ordenó la apertura del incidente de cumplimiento sustituto en el que se procedería a determinar si ha lugar o no, al cumplimiento sustituto y de resultar favorecida la petición en la propia interlocutoria se cuantifiquen, de existir, los correspondientes daños y perjuicios. Sobre esa base, de los antecedentes se desprende que por resolución de diez de agosto de dos mil dieciocho, se determinó la imposibilidad jurídica para el cumplimiento del fallo protector de amparo ordenándose abrir el incidente de cumplimiento de sustituto. Establecido lo anterior es importante precisar el contenido del numeral 205 de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 205. El cumplimiento sustituto podrá ser solicitado por cualquiera de las partes o decretado de oficio por el órgano jurisdiccional que hubiera emitido la sentencia de amparo, en los casos en que: I. La ejecución de la sentencia afecte gravemente a la sociedad en mayor proporción a los beneficios que pudiera obtener el quejoso; o II. Por las circunstancias materiales del caso, sea imposible o desproporcionadamente gravoso restituir las cosas a la situación que guardaban con anterioridad al juicio. La solicitud podrá presentarse ante el órgano jurisdiccional que hubiera emitido la sentencia de amparo a partir del momento que ésta cause ejecutoria. El cumplimiento sustituto se tramitará incidentalmente en los términos de los artículos 66 y 67 de esta Ley. En el incidente, el órgano jurisdiccional que hubiera emitido la sentencia determinará si ha lugar o no al cumplimiento sustituto. En caso de resultar favorecida la petición, se abrirá un nuevo incidente para cuantificar el pago de daños y perjuicios. Tanto la determinación sobre la procedencia del cumplimiento sustituto como la que cuantifique los daños y perjuicios serán recurribles mediante el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso h) de esta Ley, del cual conocerán los tribunales colegiados de circuito. Independientemente de lo establecido en los párrafos anteriores, el quejoso y la autoridad responsable pueden celebrar convenio a través del cual se tenga por cumplida la ejecutoria. Del convenio se dará aviso al órgano judicial de amparo; éste, una vez que se le compruebe que los términos del convenio fueron cumplidos, mandará archivar el expediente. ." De dicha disposición se advierte que el cumplimiento sustituto podrá ser solicitado por cualquiera de las partes o decretado de oficio por el órgano jurisdiccional que hubiera emitido la sentencia de amparo, cuando se desprenda los siguientes elementos: I. La ejecución de la sentencia afecte gravemente a la sociedad en mayor proporción a los beneficios que pudiera obtener el quejoso; o II. Por las circunstancias materiales del caso, sea imposible o desproporcionadamente gravoso restituir las cosas a la situación que guardaban con anterioridad al juicio. Asimismo, dispone en lo que interesa, que independientemente de ello, el quejoso y la autoridad responsable pueden celebrar convenio a través del cual se tenga por cumplida la ejecutoria. En el caso, la parte quejosa comparece a presentar y ratificar convenio suscrito con la autoridad responsable Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte y la parte tercera interesada, ello con el objeto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo del presente asunto, mediante su cumplimiento sustituto, según se advierte de la cláusula primera. Asimismo, pactan en la segunda cláusula, en lo que interesa, la forma de pago de la indemnización constitucional sobre una superficie de 285-80-17.14 hectáreas. En la cláusula tercera el ejido quejoso, en síntesis, reconoce el dominio público y posesión jurídica a favor de la parte tercera interesada, y solicita que se remitan los oficios respectivos en relación con el convenio y la superficie de terreno que precisan. En la cláusula cuarta refieren el desistimiento de juicios que se encuentran en trámite. Finalmente manifiestan que la totalidad de la superficie de 285-80-17.14 hectáreas expropiadas por el Gobierno Federal a la parte quejosa en este juicio de amparo, se encuentra en posesión jurídica de éste, puesto que se encuentra concesionada y en posesión jurídica del Aeropuerto de Guadalajara, sociedad anónima de capital variable, y por ende, que el Decreto Presidencial de Expropiación de diecinueve de septiembre de mil novecientos setenta y cinco resulta ser plena y legalmente válido, al igual de que se encuentra totalmente pagado el valor indemnizatorio respectivo. Así, atendiendo a que, como se vio, se declaró la imposibilidad del cumplimiento del fallo protector de amparo, puesto que en la superficie que le fue expropiada al ejido quejoso se encuentra en funcionamiento el aeropuerto internacional de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, que es una obra necesaria no solo para esa ciudad sino para toda la colectividad en general; por lo que, no es viable, invalidar la concesión otorgada por el Gobierno Federal al tercero interesado "Aeropuerto de Guadalajara", Sociedad Anónima de Capital Variable, toda vez que, tomando en consideración lo establecido por el artículo 205 de la Ley de Amparo, resultaría desproporcionadamente gravoso volver las cosas a la situación que guardaban con anterioridad a la violación constitucional. Por lo que, este órgano jurisdiccional estima que al ser la voluntad de la parte quejosa suscribir el convenio a fin de dar cumplimiento sustituto a la ejecutoria de amparo, con fundamento en el numeral 105 de la Ley de Amparo, se sanciona dicho convenio y por ende, se eleva a categoría de convenio de cumplimiento sustituto de la ejecutoria de amparo, obligándose las partes a cumplir con lo ahí estipulado. Sin que resulte imperioso analizar los términos de dicho instrumento puesto que únicamente el órgano jurisdiccional de amparo debe verificar que lo que fue acordado por las partes (quejoso y autoridad o autoridades responsables) se cumpla, ya que por regla general, la voluntad de las partes rige sobre la forma en que habrá de cumplirse con la sentencia de amparo. Sirve para justificar lo anterior, la tesis siguiente: "CUMPLIMIENTO SUSTITUTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. REGLAS A SEGUIR CUANDO LAS PARTES LO CONVIENEN. En términos del artículo 107, fracción XVI, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo procede en el supuesto de que las partes establezcan un convenio sancionado ante el propio órgano jurisdiccional, en cuyo caso, por regla general, la voluntad de las partes rige sobre la forma en que habrá de cumplirse con la sentencia de garantías. Así, en principio, el órgano jurisdiccional de amparo sólo debe verificar que lo que fue acordado por las partes (quejoso y autoridad o autoridades responsables) se verifique en los términos consignados en el propio convenio, sin que resulte imperioso analizar los términos de dicho instrumento. Ello será así, precisamente porque el incumplimiento de la sentencia de amparo, en los términos consignados en ésta, es lo que permite que las partes convengan en cumplir de manera alterna dicho fallo, por lo que resultaría contradictorio que el órgano jurisdiccional de amparo considerase que el contenido del convenio no resulta adecuado para que se tenga por cumplida la sentencia de amparo, pues precisamente las partes acordaron una forma distinta para ello." Se requiere cumplimiento de convenio. En ese sentido, en términos de la cláusula segunda de dicho convenio, se ordena notificar a las partes intervinientes, para que dentro del término de tres días a partir de su legal notificación, acrediten el cumplimiento de dicha cláusula, esto es, demuestren el pago a favor de la parte quejosa. Hecho lo anterior, este órgano jurisdiccional ordenará en términos de la cláusula tercera girar los oficios respectivos para la inscripción del presente convenio ante el Registro Agrario Nacional. Apercibidas que de no realizar manifestación alguna, este órgano jurisdiccional acordará lo conducente. Se ordena remitir recurso de queja. Por otra parte, visto el diverso ocurso presentado por la parte quejosa y la diversa comparecencia, respecto de la cual desiste del recurso de queja interpuesto en contra del acuerdo de veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Al respecto, toda vez que este órgano jurisdiccional no tiene jurisdicción respecto del medio de impugnación citado, lo procedente es remitir a la superioridad dicho recurso de quejosa y que provea lo conducente respecto del desistimiento del citado recurso y su ratificación. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 97, fracción I, inciso e), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en turno, el escrito de agravios relativo al medio de impugnación en comento. A efecto de agilizar la substanciación del presente sumario; y, que la superioridad se imponga de todo lo actuado, una vez que se tenga conocimiento del tribunal al que le corresponda conocer del recurso de queja de mérito, háganse disponibles las actuaciones del presente juicio para su consulta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En el entendido de que si a criterio de la superioridad resultan necesarias constancias físicas, este juzgado remitirá en su oportunidad copia certificada de las constancias relativas, o de ser el caso, el presente juicio de amparo. Se rinde informe materia de la queja. En aras de dilaciones procesales innecesarias, con fundamento en el canon 101 de la Ley de Amparo, ríndase el informe materia de la queja, reconociendo la certeza del acto reclamado, toda vez que por auto de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, en virtud de que no obraba constancia de notificación a la parte quejosa y tercera interesada del diverso proveído de doce de septiembre de dos mil veintidós, se comisionó al actuario de la adscripción para efecto de que realizara las notificaciones personales respectivas del citado proveído Se solicita boleta de turno. Por otra parte, solicítese a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Tercer Circuito, genere la boleta de turno respectiva y una vez que se cuente con ella remítase al tribunal que corresponda de manera física el original del recurso y demás constancias necesarias para su substanciación, conforme lo acordado en párrafos presentes. Finalmente, respecto de la ratificación del desistimiento del incidente de violación a la suspensión de plano, se proveerá lo conducente en el cuadernillo respectivo. Notifíquese personalmente y cúmplase. Así lo proveyó y firma Alva Miranda Ramírez, Jueza Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, asistida por la secretaria Nathali Cisneros Mendoza, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Zapopan, Jalisco, a dos de diciembre de dos mil veintidós. Se recibe escrito. Téngase por recibido el escrito del quejoso Ricardo Sánchez Ruvalcaba, mediante el cual solicita no se acepte el returno planteado por el Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, dentro del juicio de amparo 2490/2022, a lo que se le hace del conocimiento el oficio de la citada autoridad con la que propone el returno citado, se proveerá dentro de los autos del cuaderno de varios 1/2022 del índice de este juzgado. Designa autorizado. Se tiene como su autorizado en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Ramón Moreno Delgado, toda vez que sí cuenta con su cédula profesional registrada en los medios de control que para tal efecto se llevan en este juzgado. III. Autorización de consulta de expediente electrónico y notificaciones electrónicas. Con fundamento en lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se le autoriza la consulta vía electrónica de este juicio de amparo, al usuario "Liderlegal1"; así como la práctica de notificaciones por esta vía. Notifíquese.

Quedan 3 actuaciones en este expediente

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