Ricardo Sánchez Lazo

Expediente 1086/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 13 actuaciones registradas, la última del 10 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1086/2017
Año
2017
Actuaciones
13
Última actuación
10/01/2018

Partes del expediente

  • Ricardo Sánchez Lazo
  • No existe

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta, y téngase a la Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, comunicando el proveído de ocho de enero de dos mil dieciocho, dictado por el Secretario Encargado del Despacho de ese órgano jurisdiccional en el expediente 9/2018-IX de su índice, en el que se acusa recibo del oficio por el que se le remitieron los autos originales del juicio de amparo 1086/2017, los cuadernos relativos al incidente de suspensión y un sobre con pruebas; e informa que se avoca al conocimiento de la demanda. En tales condiciones, atento a lo ordenado en el Punto Vigésimo, fracción I), del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del quince de octubre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se establece que este expediente no es de relevancia documental y es susceptible de destrucción, una vez transcurridos más de seis meses a partir del día de la fecha. Por último, previas anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno, remítase este cuaderno de antecedentes como concluido al archivo de este órgano jurisdiccional para su resguardo. Notifíquese.

  2. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos de este juicio de amparo promovido por Ricardo Sánchez Lazo contra actos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y otra autoridad, del cual se advierte que este juzgado de distrito carece de competencia legal por razón de materia para conocer del asunto, por los razonamientos que a continuación se exponen. El quejoso señaló como autoridad responsable y acto reclamado los siguientes: De igual forma, cabe mencionar que por auto de veinticinco de octubre de dos mil diecisiete se tuvo al promovente aclarando que la denominación correcta de la autoridad "Ejecutor adscrito a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores" era "Banco Mercantil del Norte, S.A. (BANORTE) sucursal Irrigación". De lo que se coligue que el acto reclamado en este juicio consiste en la orden de inmovilización de la cuenta bancaria número 0168430314 aperturada a nombre del quejoso en el Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima (BANORTE) sucursal Irrigación. Al rendir informe justificado la Comisión Nacional Bancaria y de Valores negó el acto reclamado; mientras que, Banco Mercantil del Norte, sociedad anónima, institución de banca múltiple, Grupo Financiero Banorte, integrante del Grupo Financiero Banorte, señaló lo siguiente: ".Sobre el particular, se informa que la cuenta bancaria número 0168430314,se encuentra intervenida en virtud de que existe una solicitud de aclaración respecto del cliente Joaquín Sandoval Alcántara quien tiene la cuenta bancaria número 013293931, quien no reconoció dos transferencias electrónicas que se realizaron de su cuenta a la cuenta número 0168430314, registrada a nombre del quejoso. Por lo anterior y a efecto de llevar a cabo una investigación y procedimientos internos a efecto de proporcionarle una resolución al cliente se realizó el bloqueo de la cuenta bancaria motivo del presente." En ese contexto, el acto reclamado no se trata de un embargo y/o inmovilización y/o aseguramiento de cuentas bancarias de orden administrativo, sino que encuentra su origen en una cuestión de naturaleza mercantil, al derivar de la observancia de las cláusulas y condiciones pactadas al momento de celebrar el contrato de prestación de servicios de productos y servicios bancarios celebrado entre el quejoso y la institución bancaria señalada como responsable, según lo permite el artículo 52 de la Ley de Instituciones de Crédito. En efecto, conforme a dicho precepto las instituciones de crédito podrán pactar la celebración de sus operaciones y la prestación de servicios con el público mediante el uso de equipos, medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, sistemas automatizados de procesamiento de datos y redes de telecomunicaciones, ya sean privados o públicos, y establecerán en los contratos respectivos la bases para determinar las operaciones y servicios cuya prestación se pacte; los medios de identificación del usuario y las responsabilidades correspondientes a su uso; y los medios por los que se hagan constar la creación, transmisión, modificación o extinción de derechos y obligaciones inherentes a las operaciones y servicios de que se trate. De igual manera, cuando así lo acuerden con su clientela, dichas instituciones podrán suspender o cancelar el trámite de operaciones que aquélla pretenda realizar mediante el uso de equipos o medios electrónicos, siempre que cuenten con elementos suficientes para presumir que los medios de identificación pactados para tal efecto han sido utilizados en forma indebida o cuando detecten algún error en la instrucción respectiva. Asimismo, dichas instituciones podrán acordar con su clientela que, cuando ésta haya recibido recursos mediante alguno de los equipos o medios señalados en el párrafo anterior y aquéllas cuenten con elementos suficientes para presumir que los medios de identificación pactados para tal efecto han sido utilizados en forma indebida, podrán restringir hasta por quince días hábiles la disposición de tales recursos, a fin de llevar a cabo las investigaciones y las consultas que sean necesarias con otras instituciones de crédito relacionadas con la operación de que se trate, pudiendo prorrogar el plazo antes referido hasta por diez días hábiles más, siempre que se haya dado vista a la autoridad competente sobre probables hechos ilícitos cometidos en virtud de la operación respectiva. Además, en los casos en que, por error se hayan abonado recursos en alguna de las cuentas que lleven a su clientela, las instituciones de crédito podrán cargar el importe respectivo a la cuenta de que se trate con el propósito de corregir el error, siempre que así lo hayan pactado con ella. En ese orden, si en el caso que nos ocupa, la restricción y/o bloqueo y/o retención de los recursos existentes en la cuenta bancaria que defiende el quejoso deriva de la investigación interna que se encuentra realizando la institución bancaria responsable, con motivo de inconsistencias detectadas en transferencias electrónicas a la cuenta de mérito, se estima que el estudio de este asunto corresponde a un Juez de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. Aunado a lo anterior, se destaca que el numeral 6 de la Ley de Instituciones de Crédito, dispone: "ARTÍCULO 6o.- En lo no previsto por la presente Ley y por la Ley Orgánica del Banco de México, a las instituciones de banca múltiple se les aplicarán en el orden siguiente: I. La legislación mercantil; II. Los usos y prácticas bancarios y mercantiles, y (sic) III. La legislación civil federal; IV. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo respecto de la tramitación de los recursos a que se refiere esta Ley, y V. El Código Fiscal de la Federación respecto de la actualización de multas. Las instituciones de banca de desarrollo, se regirán por su respectiva ley orgánica y, en su defecto, por lo dispuesto en este artículo". Como se advierte, la legislación que rige la actividad bancaria determina a ésta un carácter esencialmente mercantil, de modo que las decisiones adoptadas con motivo de la relación contractual de una institución bancaria y un particular, aun las que afecten a otras personas, tienen esa naturaleza; por ello, se actualiza la legal competencia del juzgador especializado en materia civil. Por su parte los artículos 52, 53, 53 bis y 54, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación disponen: "Artículo 52. Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III de artículo anterior en lo conducente; V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio; y VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". "Artículo 53. Los jueces de distrito civiles federales conocerán: I. De las controversias del orden civil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano. Cuando dichas controversias sólo afecten intereses particulares podrán conocer de ellas, a elección del actor, los jueces y tribunales del orden común de los Estados y del Distrito Federal; II. De los juicios que afecten bienes de propiedad nacional; III. De los juicios que se susciten entre una entidad federativa y uno o más vecinos de otra, siempre que alguna de las partes contendientes esté bajo la jurisdicción del juez; IV. De los asuntos civiles concernientes a miembros del cuerpo diplomático y consular; V. De las diligencias de jurisdicción voluntaria que se promuevan en materia federal; VI. De las controversias ordinarias en que la federación fuere parte; VII. De las acciones colectivas a que se refiere el Libro Quinto del Código Federal de Procedimientos Civiles, VIII. De los asuntos de la competencia de los juzgados de distrito en materia de procesos federales que no estén enumerados en los artículos 50, 52 y 55 de esta Ley, y IX. De los juicios y procedimientos previstos en los términos de la Ley Reglamentaria del Artículo 6o. Constitucional, en materia del Derecho de Réplica..." "Artículo 53 bis.- Los jueces de distrito mercantiles federales conocerán: I. De las controversias del orden mercantil cuando el actor no haya optado por iniciar la acción ante los jueces y tribunales del orden común conforme a lo dispuesto por el artículo 104, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En estos casos no podrá declinarse la competencia en favor de dichos jueces y tribunales; II. De todas las controversias en materia concursal; III. De los juicios mercantiles en los que la Federación sea parte; IV. De los juicios mercantiles que se susciten entre una entidad federativa y uno o más vecinos de otra, siempre que alguna de las partes contendientes esté bajo la jurisdicción del juez; V. De las diligencias de jurisdicción voluntaria que se promuevan en materia mercantil cuyo valor exceda de una cantidad equivalente a un millón de Unidades de Inversión por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la solicitud; VI. Del reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales comerciales cualquiera que sea el país en que haya sido dictado, y de la nulidad de laudos arbitrales comerciales nacionales o internacionales cuando el lugar del arbitraje se encuentre en territorio nacional, y VII. De las acciones colectivas mercantiles a que se refiere el Libro Quinto del Código Federal de Procedimientos Civiles." "Artículo 54. Los jueces de distrito de amparo en materia civil conocerán: I. De los amparos que se promuevan contra resoluciones del orden civil, en los casos a que se refiere la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia civil, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; III. De los asuntos de la competencia de los juzgados de distrito en materia de amparo que no estén enumerados en los artículos 51, 52 y 55 de esta Ley; y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia civil, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." De los preceptos transcritos, se obtiene el imperativo del legislador de que los Juzgados de Distrito tienen la competencia material que detalladamente les atribuye la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dentro de la que destaca la jurisdicción de los jueces de distrito en materia administrativa, civiles federales, mercantiles y de amparo en materia civil. En relación con el tema competencial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el conflicto de competencia debe resolverse atendiendo exclusivamente a la naturaleza de la acción, lo cual regularmente, se puede determinar mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda, cuando se cuenta con este último dato, pues es obvio que el actor no está obligado a mencionarlo. Que, en todo caso, se debe prescindir del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule al actor y al demandado, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional y no al tribunal de competencia. Asimismo, el Alto Tribunal del país mencionó que para fijar la competencia por materia de los Jueces de Distrito, el legislador tomó como base la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable, por lo que debe atenderse a dichos elementos y no a los conceptos de violación o agravios expresados por la parte quejosa o recurrente, respectivamente. Lo anterior fue sostenido en las jurisprudencias de los datos, rubro y texto siguientes: "Época: Novena Época Registro: 195007 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VIII, Diciembre de 1998 Materia(s): Común Tesis: P./J. 83/98 Página: 28 COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES. En el sistema jurídico mexicano, por regla general, la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, etcétera, y que a cada uno de ellos les corresponda conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Si tal situación da lugar a un conflicto de competencia, éste debe resolverse atendiendo exclusivamente a la naturaleza de la acción, lo cual, regularmente, se puede determinar mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda, cuando se cuenta con este último dato, pues es obvio que el actor no está obligado a mencionarlo. Pero, en todo caso, se debe prescindir del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule al actor y al demandado, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional y no al tribunal de competencia, porque si éste lo hiciera, estaría prejuzgando y haciendo uso de una facultad que la ley no le confiere, dado que su decisión vincularía a los órganos jurisdiccionales en conflicto. Este modo de resolver el conflicto competencial trae como consecuencia que el tribunal competente conserve expedita su jurisdicción, para resolver lo que en derecho proceda." "Época: Novena Época Registro: 167761 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIX, Marzo de 2009 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 24/2009 Página: 412 COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS. De los artículos 51, 52, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que para fijar la competencia por materia de los Jueces de Distrito, el legislador tomó como base la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. Por tanto, para efectos de determinar la competencia por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito especializados, por analogía, debe atenderse a los elementos precisados y no a los conceptos de violación o agravios expresados por la parte quejosa o recurrente, respectivamente, pues éstos no constituyen un criterio que determine a quién compete conocer del asunto, ya que únicamente evidencian cuestiones subjetivas; sostener lo contrario resultaría ilógico, pues se llegaría al absurdo de que la competencia por materia estuviese fijada en razón de lo que aleguen las partes, sin importar que tales expresiones tengan o no relación con el acto reclamado." De acuerdo con lo anterior, para resolver un conflicto de competencia debe atenderse a la naturaleza de la acción, así como a la del acto reclamado y de la autoridad responsable; para lo cual, debe efectuarse un análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda, cuando se cuenta con este último dato. Bajo esa premisa, se destaca que el acto reclamado no encuadra en los supuestos previstos por el numeral 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal de la Federación, para que este Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México se avoque a su contenido. Así las cosas, en el caso concreto, no sólo resulta necesario, sino también conveniente que un Juez de Distrito especializado en materia civil sea quien resuelva el presente asunto, pues la naturaleza intrínseca de dichos actos es de naturaleza mercantil. En apoyo a lo anterior, se citan los conflictos competenciales C.C.A. 4/2015, C.C.A. 11/2016 y C.C.A. 34/2016 de los índices del Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, todos del Primer Circuito, respectivamente, en los que se sostuvieron consideraciones similares a las aquí expuestas. En tales condiciones, con fundamento en la fracción III del artículo 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, sin prejuzgar sobre la procedencia del juicio de amparo, lo correspondiente es remitir el juicio de amparo en que se actúa, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad México, para que a su vez los envíe al Juez de Distrito de la citada materia y jurisdicción territorial, en turno, a quien se estima competente para conocer del presente asunto; solicitando el acuse de recibo correspondiente, así como que informe si acepta la competencia declinada. Fórmese cuaderno de antecedentes con copia certificada de la papeleta de turno, demanda de amparo, auto admisorio y demás constancias relevantes. Por último, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las ONCE HORAS DEL DIEZ DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Agréguense a los autos los escritos de cuenta, téngase a la parte quejosa desahogando la vista ordenada en proveído de seis de diciembre pasado y por vertidos sus alegatos, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia constitucional. Notifíquese.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta, y se tiene a Banco Mercatil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, Integrante del Grupo Financiero Banorte rindiendo informe justificado, con el cual dese vista a las partes por el plazo de ocho días para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, se tienen como delegados a las personas que señala y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, en términos de los artículos 9 y 28, fracción I, de la ley de la materia. En relación a las constancias allegadas, de conformidad con lo establecido en los artículos 110, fracciones I, IV, VII y 113, fracciones IV, VII, XII y XIII y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se clasifica dicha información como CONFIDENCIAL, por lo que se ordena su resguardo en la secretaría de este juzgado en un legajo que al respecto se forme; por tanto, no ha lugar a integrar dicha constancia al expediente electrónico que se lleva en este juzgado en términos del numeral 3 de la Ley de Amparo, asimismo, no se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales para su reproducción. Con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, devuélvase el instrumento notarial que exhibe previo cotejo y certificación de la copia simple que obre en autos. Notifíquese.

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