Ricardo Sanchez de la Barquera Ramirez

Expediente 315/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 32 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
315/2020
Año
2020
Actuaciones
32
Última actuación
29/03/2022

Partes del expediente

  • Ricardo Sanchez de la Barquera Ramirez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 32.

  1. Principal

    Agréguese el oficio del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por medio del cual devuelve el presente asunto, cinco tomos y remite la ejecutoria donde confirmó la sentencia que sobreseyó el juicio. Glósese el cuaderno de antecedentes y acúsese recibo. Archívese como totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Atendiendo a las particularidades del caso, ...; se concluye que no es de relevancia documental. ...; se hace la observación de que el expediente es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó el juicio. El cuaderno original del incidente de suspensión, de conformidad con lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo Plenario aludido, se estima que es susceptible de depuración, toda vez que se concedió la suspensión provisional y la definitiva de los actos reclamados; por lo que, una vez que transcurran más de tres años, en que se haya ordenado su archivo, deberá depurarse debiendo conservarse, únicamente las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación. El duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez que transcurra más de seis meses a que se refiere el artículo 20 del Acuerdo en cita. Por otro lado, debido a que el Juez responsable remitió cinco legajos de constancias en apoyo a su informe justificado, devuélvanse a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, POR LO QUE RESULTA INNECESARIO EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE. No obra en autos documento original, en los términos que establece el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Finalmente, vista la certificación que antecede, en cumplimiento al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, la secretaria encargada de la tramitación del expediente revisó e hizo constar que la versión impresa de ese último coincide con la electrónica, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Agréguese el escrito de la parte quejosa, atento a su contenido, de momento no ha lugar a devolver los documentos que refiere, pues el expediente se encuentra en revisión. En ese sentido, una vez que sea devuelto el asunto se proveerá lo conducente. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Agréguense los escritos de ..., albacea de los bienes del quejoso ..., personalidad que se le reconoce en términos de la copia certificada que exhibe; en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 81 fracción I inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo se tiene por interpuesto el recurso de revisión contra la sentencia dictada en este asunto; remítase el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en turno, así como el original del escrito de expresión de agravios para la substanciación del referido recurso, previa formación del cuaderno de antecedentes. Distribúyase entre las partes copia simple del escrito de agravios, dejando en esta Secretaría la correspondiente a la contraria. Se instruye al actuario de la adscripción para que, previo al envío del recurso interpuesto al Tribunal Colegiado respectivo, efectúe las notificaciones necesarias y las vincule al expediente electrónico, para que la superioridad esté en condiciones de consultarlas a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De igual forma se ordena que, una vez que se informe quién es el Tribunal que resolverá el medio de impugnación referido, se haga disponible este asunto en el sistema aludido, para lo cual se deberá agregar sin previo acuerdo la constancia que se tenga para ello. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    (CITATORIO) EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ PERSONALMENTE EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL LOCAL DE ESTE JUZGADO, AL CITATORIO QUE SE DEJÓ EL 27 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA DETERMINACIÓN DE 25 DE OCTUBRE DE ESTE AÑO, QUE EN SÍNTESIS DICE: "VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 315/2020, promovido por ... contra actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Cuadragésimo Noveno Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. El cuatro de agosto de dos mil veinte, el quejoso solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de las autoridades citadas por considerarlos violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión. El veintitrés de septiembre siguiente, previa aclaración se admitió la demanda, se dio intervención a la representante social adscrita; se requirieron informes justificados; se ordenó emplazar a la parte tercera interesada. De autos se advierte que la parte tercera interesada fue emplazada; la representante social de la Federación adscrita no formuló intervención; se tuvieron por rendido los informes justificados de las autoridades responsables; finalmente, la audiencia constitucional se celebró en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso c), de la Constitución General de la República; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, en atención a que se trata de un juicio constitucional indirecto promovido contra actos derivados de un procedimiento de naturaleza civil, tramitado ante un tribunal del orden común con jurisdicción dentro del ámbito de competencia de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados, en términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo. Se advierte que el quejoso, ostentándose como tercero extraño auténtico, reclama la falta de llamamiento al juicio especial hipotecario 524/2000, del índice del Juzgado Cuadragésimo Noveno Civil del Tribunal Superior de Justicia de esta Ciudad; particularmente, la orden de desalojo del inmueble ubicado en calle ..., en la Ciudad de México. TERCERO. Informe Justificado. El Juez y Actuario adscritos al Juzgado Cuadragésimo Noveno Civil de la Ciudad de México, reconocieron la existencia del acto reclamado; lo que se robustece con las constancias que se remitieron, relativas al proceso de origen, las que por tratarse de actuaciones judiciales tienen valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Improcedencia del juicio. La procedencia del juicio de amparo se debe estudiar de oficio por el juzgador antes de examinar las cuestiones de fondo, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 62 de la ley de la materia. En la especie, el suscrito advierte que el presente juicio es improcedente por falta de interés jurídico del promovente, de conformidad con lo previsto en el numeral 61, fracción XII de la Ley de Amparo. Por lo dispuesto en ese precepto, se requiere como presupuesto procesal, que el peticionario acredite el interés perjuicio o afectación que resienta en su esfera jurídica, de manera personal y directa, con la ejecución de los actos reclamados, para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a demandar su tutela, lo cual se traduce como el interés jurídico que la Ley Reglamentaria de los ordinales 103 y 107 de la Carta Magna, considera para determinar la procedencia o improcedencia de la controversia constitucional planteada. Esto es, la acción de amparo exige como postulado básico o condición esencial para su procedencia, entre otros, la existencia de un perjuicio que afecte a la persona o los derechos de la quejosa; además, es siempre a instancia de parte agraviada, debiendo entenderse por perjuicio para los efectos del amparo, la lesión directa en los intereses jurídicos de una persona, o bien una ofensa, un daño, una afectación indebida derivada de una ley o de un acto de autoridad, que se haga a los derechos o intereses de un particular. En este entendido, la procedencia del juicio de amparo en contra de un acto dictado por una autoridad, debe referirse a la existencia de una parte agraviada; es decir, a la afectación de los intereses jurídicos de un particular. Un acto puede engendrar una situación jurídica concreta en beneficio o en perjuicio de una o varias personas en relación con la formación, modificación o extinción de una relación de derecho; por tanto, cuando con su emisión produce un acto jurídico que afecta a uno o varios individuos, en su persona o patrimonio, creando, modificando o extinguiendo en su perjuicio una situación jurídica concreta, el juicio de amparo es procedente, y en contrario sentido, cuando por su sola emisión no afecta la esfera jurídica del particular, es improcedente, puesto que la acción constitucional mencionada únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto, en términos del artículo 6o. de la ley de la materia. Ilustra la consideración anterior, la jurisprudencia 854, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo rubro y texto son los siguientes: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." Igualmente, cabe destacar que el interés jurídico debe estar plenamente acreditado y no inferirse con base en presunciones, tal como lo establece la jurisprudencia 2a./J. 16/94, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." En la especie, el quejoso se ostenta como tercero extraño auténtico, reclama la falta de llamamiento al juicio especial hipotecario 524/2000, del índice del Juzgado Cuadragésimo Noveno Civil del Tribunal Superior de Justicia de esta Ciudad; particularmente, la orden de desalojo del inmueble ubicado en ..., en la Ciudad de México, aduciendo ser propietario derivado de un contrato de compraventa; entonces, es indispensable que acredite la afectación de los derechos que invoca con motivo de los actos reclamados. Por tanto, la parte impetrante de amparo debió demostrar fehacientemente, ser titular del derecho de propiedad; pues como ya se dijo, la procedencia de la acción constitucional está sujeta a que este derecho derive de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto de la ley que lo genere y debe tener una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho y que, además, sea oponible a terceros; esto es, el interés jurídico. Resulta aplicable la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tesis 1/2002; intitulada: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS." Así, para que un gobernado pueda resultar beneficiado con la protección federal cuando es tercero extraño a un procedimiento donde se ordenó la desposesión de un inmueble, es necesario que acredite un derecho subjetivo derivado de la ley o un acto jurídico de fecha cierta, pues sólo así se estimaría lesionada su esfera jurídica de derechos y obligaciones que conforman su patrimonio. Dicho lo anterior, el contrato de compraventa celebrado el cinco de marzo de mil novecientos noventa y tres, entre el quejoso en su carácter de comprador ... y ..., como vendedores, respecto del inmueble ubicado en ..., en la Ciudad de México, resulta insuficiente para tal efecto, pues el mismo es un pacto privado que carece de fecha cierta. Se explica lo anterior. Los documentos provenientes de terceros que consignan contratos, como en el caso, para que tengan eficacia plena, deben precisar tener fecha cierta y ello acontece: a) A partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado; b) A partir del día en que se incorpore o inscriba en un registro público; y c) Desde la muerte de alguno de los que firmaron. De manera que, si no se actualiza alguno de estos supuestos, al documento no se le puede dar ningún valor jurídico ante terceros, por carecer de certeza de la fecha que se celebró. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS. La certeza de fecha de un documento privado, depende de su presentación a un registro público, o ante un funcionario público en razón de su oficio, o de la muerte de cualquiera de los firmantes." Luego, con la documental exhibida por el quejoso, no es dable tener por acreditada la causa generadora de la propiedad que ostenta sobre el inmueble, pues es indispensable que el derecho derive de un título de fecha cierta y el pacto exhibido no reúne las características referidas en párrafos previos por ser sólo el original del pacto privado; de tal modo, que sólo produce efectos jurídicos entre las partes que intervinieron en su celebración, más no frente a terceros. Lo anterior se robustece por analogía con la jurisprudencia 1a./J. 24/2008, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicada analógicamente, cuyo rubro y texto son: "ARRENDAMIENTO. CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN INMUEBLE QUE DICE POSEER EN CALIDAD DE ARRENDATARIO, OSTENTÁNDOSE COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL, SI EL CONTRATO EXHIBIDO CARECE DE FECHA CIERTA, ES INSUFICIENTE POR SÍ MISMO PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los documentos privados en los que se hacen constar actos traslativos de dominio, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren ser de fecha cierta, cuya razón toral radica en garantizar la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en ese tipo de operaciones, evitando que el juicio de amparo se utilice con fines desleales. Ahora bien, la circunstancia de que la legislación secundaria, en lo general, no exija que los contratos de arrendamiento se celebren o ratifiquen ante fedatario público o bien, se inscriban ante un Registro Público, no implica que tales documentos, per se, adquieran autenticidad y eficacia probatoria frente a terceros, pues ello significaría conferirles valor probatorio pleno, aun cuando dada su naturaleza de documentos privados, en los que únicamente intervienen las partes que los suscriben, es posible que contengan una fecha anterior o posterior a la verdadera, en perjuicio de terceros. Así, la exigencia mencionada debe prevalecer tratándose de documentos que consignan contratos traslativos de uso, como el arrendamiento, independientemente de que lo requiera o no la ley, pues de otro modo únicamente surtirán efectos entre los contratantes. En congruencia con lo anterior, el contrato de arrendamiento que carece de fecha cierta es insuficiente por sí mismo para acreditar el interés jurídico en el amparo, cuando el quejoso reclama el desposeimiento de un inmueble que dice poseer en calidad de arrendatario ostentándose como tercero extraño al juicio natural, pues resulta imposible determinar con certeza si dicho contrato es anterior o posterior al reclamo. Sin que lo anterior impida que el interés jurídico se acredite con otras pruebas, a juicio del Juez de Distrito." En consecuencia, la exhibición de un contrato privado que carece de fecha cierta, es insuficiente para acreditar el interés de la parte quejosa cuando ésta ostenta la calidad de tercera extraña al juicio, pues ello imposibilita determinar con certeza si el contrato es anterior o posterior al reclamo de que se duele, además de que con ese documento sólo acreditaría la existencia de un acuerdo de voluntades entre dos particulares respecto de un inmueble, pero no así la fecha cierta, lo cual garantiza la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y evita que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales. En diverso aspecto, es de precisarse que el quejoso tampoco allegó medios de convicción para acreditar que efectivamente posee el bien, como lo puede ser la testimonial, lo cual se hace necesario para acreditar la molestia en la tenencia material del inmueble que defiende. Al respecto se cita la Jurisprudencia 3a. 58 8/90, de la Octava Época, registro: 207227, sustentada por la Tercera Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, Materia(s): Civil, que dice: "POSESION. CUANDO SE RECLAMA SU PRIVACION Y NO SE DEMUESTRA AQUELLA, PROCEDE EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO POR FALTA DE INTERES JURIDICO Y NO NEGAR EL AMPARO (INTERRUPCION Y MODIFICACION DE LA TESIS JURISPRUDENCIAL NUMERO 217, PUBLICADA EN LA PAGINA 631, CUARTA PARTE DEL APENDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION 1917-1985). De lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, constitucional y 4o. de la Ley de Amparo, en relación con el 73, fracción V de este propio ordenamiento, se desprende que el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que por consiguiente implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de la acción constitucional es la demostración plena del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación a los derechos u obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado. Ahora bien, tratándose de los actos de desposeimiento es manifiesto que el supuesto básico en que descansa tal reclamación es la posesión; luego, si no llega a probarse ese hecho medular, lo correcto es estimar que falta el interés jurídico que obliga a sobreseer en el juicio, pues no sería lógico negar la protección constitucional a quien en modo alguno se ve afectado por el acto de desposeimiento impugnado si la posesión de la cosa sobre la cual se dirige no pertenece a su esfera jurídica." Y en el supuesto no concedido de que efectivamente la tuviera, este sólo hecho sería insuficiente para considerar procedente el estudio de la constitucionalidad de los actos de autoridad, pues tratándose de casos en que el agraviado se ostenta como tercero extraño a juicio, aduciendo tener la posesión de un bien por virtud de un contrato, es indispensable la plena comprobación de que dicho título tiene fecha cierta; lo anterior es así, ya que la posesión sin derecho sólo puede tenerse como simple detentación, y por tanto no protegida a través del juicio constitucional. Al respecto se cita la tesis de jurisprudencia P./J. 1/2002 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "TERCERO EXTRAÑO. INTERES JURIDICO. NO LO ACREDITA LA DETENTACION MATERIAL DEL INMUEBLE." Sin que sea impedimento a lo anterior que el quejoso también exhibiera la copia certificada de la escritura donde sus vendedores adquirieron la propiedad del inmueble que ahora defiende y los múltiples recibos de pago del crédito hipotecario, pues dichos documentos, se encuentran en favor de personas diversas al impetrante, como son ... y ..., sin que adviertan algún vínculo que justifique la propiedad del peticionario de amparo sobre el departamento en comento. De modo que el interés jurídico no se probaría fehacientemente como lo define la citada jurisprudencia 2a./J. 16/94, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tampoco beneficia a la acreditación del interés jurídico que allegara la copia certificada del poder de veinticuatro de marzo de mil novecientos noventa y tres otorgado al quejoso, pues ello no es constitutivo de algún derecho real, sino de representación, así como el acuse de la carta de veinticinco de junio de mil novecientos noventa y siete para liquidar el crédito adquirido por sus mandantes, en razón de que éste solo justifica la presentación de dicha propuesta. Resulta aplicable por analogía, la jurisprudencia III.1oC. J/7, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 390 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Octubre de 1995, Novena Época, registro 204191, de rubro y texto siguientes: "POSESION, DOCUMENTOS INSUFICIENTES PARA ACREDITAR LA. Las licencias expedidas por el Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara; los recibos oficiales de inscripción al padrón de contribuyentes, emitidos por la Tesorería General del Estado de Jalisco; las solicitudes de inscripción para personas no asalariadas, presentadas al Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y, los avisos de iniciación o movimientos posteriores que, en relación al impuesto estatal sobre remuneraciones al trabajo personal, se presentan a la Dirección de Ingresos de la mencionada Tesorería General de la entidad, son documentos que sólo generan presunciones sobre los hechos que contienen, pero de ninguna manera pueden, en forma aislada, comprobar que la persona a la que se refieren posee el inmueble que se asienta como su domicilio; debido a que si ese dato aparece en tales documentos es precisamente porque la misma persona los proporcionó; pues con independencia de que son documentos expedidos por orden o petición suya, con los datos aportados por ella, en dichos documentos sólo se alude al domicilio mas no a la posesión; además para que pudiesen probar la posesión, requerían de estar apoyados por algún otro medio de convicción, fundamentalmente con la testimonial, que es la prueba idónea al efecto." No es obstáculo para lo considerado, que en el caso se haya tenido por probada la existencia del acto reclamado, pues ello no releva al quejoso de la obligación de acreditar su interés jurídico. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro es: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO LO ACREDITA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO." Consecuentemente, al no afectarse el interés jurídico de la parte quejosa, se actualiza la causal de improcedencia a que se ha hecho referencia y con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el artículo 61, fracción XII, ambos de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio de amparo respecto de los actos que se reclaman. El sobreseimiento decretado, se hace extensivo a los actos de ejecución que se reclaman del Actuario responsable, dado que no se combaten por vicios propios. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: ÚNICO. SE SOBRESEE el juicio de amparo promovido por ... contra actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Cuadragésimo Noveno Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por los motivos expuestos en este fallo. NOTIFÍQUESE COMO LEGALMENTE CORRESPONDA. Lo sentencia y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo, y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, hasta hoy veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe."

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