Ricardo Sánchez Castañeda
Expediente 824/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 11 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 824/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 17/11/2023
Partes del expediente
- Ricardo Sánchez Castañeda
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. De la certificación de cuenta se advierte que ninguna de las partes recurrió la sentencia dictada en este juicio; por tanto, con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia ha causado ejecutoria. Con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables, para que en el término de tres días cumpla con la ejecutoria de mérito, misma que se concedió para el efecto de que: ".1) Se desincorpore de la esfera jurídica de ********************, el Reglamento del Consejo de Honor y Justicia del Cuerpo de Seguridad Pública y Protección Civil del Municipio de San Matías Tlalancaleca, así como el Reglamento Interno del Honorable Ayuntamiento de San Matías Tlalancaleca, Puebla, 2021-2024, hasta en tanto se reformen o deroguen. 2) El Regidor de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y Protección Civil y Director de Seguridad Pública y Protección Civil, todos del Ayuntamiento del Municipio de San Matías Tlalancaleca, Puebla, en su carácter de Presidente y Secretario Técnico de la Comisión Municipal de Carrera Policial y de Honor y Justicia del aludido Ayuntamiento, respectivamente, dejen insubsistente todo lo actuado en el procedimiento administrativo ********************, incluyendo la orden de baja de ********************, como policía municipal del Ayuntamiento del Municipio de San Matías Tlalancaleca, Puebla, en tanto que se tramitó con base en los reglamentos declarados inconstitucionales, para lo cual deberán realizar lo siguiente: a) Por sí o a través de las áreas correspondientes, indemnicen al quejoso por haber dejado de ser policía y paguen las prestaciones a que tiene derecho como tal, es decir, la remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el servidor público por la prestación de sus servicios, desde que se concretó su separación y hasta que se realicen los pagos correspondientes, por lo siguiente.." .En ese sentido, establecido que ante la imposibilidad de regresar las cosas al estado en el que se encontraban previo a la violación, por existir una restricción constitucional expresa, el quejoso tiene derecho a una indemnización. En el entendido de que dicha indemnización deberá consistir en el pago de tres meses de salario y veinte días por cada año de servicio, sin que se excluya la posibilidad de que dentro de algún ordenamiento legal o administrativo a nivel federal o estatal, existan normas que prevean expresamente un monto por indemnización en estos casos, que como mínimo sea el anteriormente señalado, pues en tales casos será innecesario acudir a la Constitución, sino que la autoridad aplicará directamente lo dispuesto en esos ordenamientos. .b) Derecho a la Salud. Tomando en consideración que el derecho a la salud constituye una prestación inherente en materia de seguridad social que tienen los miembros de las instituciones policiales y demás sujetos a que se refiere la fracción XIII del apartado B del artículo 123 constitucional; se estima que debe seguirse otorgando a dichos sujetos, incluso en los mismos términos que ya fue resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia en cita. Bajo ese tenor, las autoridades responsables quedan constreñidas a cubrir la prestación de los servicios de salud ante la Institución de Salud en la que se encuentre dado de alta, tanto para el quejoso y de sus coasegurados (en caso de que existan), la cual se proporcionará hasta el día en que se realice el pago total de la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho la parte quejosa. .c) Anotaciones: Por otro lado, se deberá ordenar la anotación en el expediente personal de ********************, así como en el Registro Nacional de Seguridad Pública, de que éste fue separado o cesado de manera injustificada." Por lo que deberán remitir a este juzgado copia certificada de las constancias relativas que acrediten el cumplimiento dado a la misma. Por tanto, se apercibe a las referidas autoridades que de no hacerlo así sin causa justificada, se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238, 251 y 259 de la ley de la materia, en relación con los diversos 26, apartado B, sexto y séptimo párrafo y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los arábigos 3°, 4° y 5° de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor diario será de $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil veintitrés; y, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, en términos del artículo 107, fracción XVI, constitucional. Asimismo, tiene aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es de rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." En ese orden de ideas, requiérase al superior jerárquico de las autoridades responsables, es decir, al Ayuntamiento Municipal de San Matías, Tlalancaleca, Puebla; para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se hará acreedor a una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238, 251 y 259 de la ley de la materia, en relación con los diversos 26, apartado B, sexto y séptimo párrafo y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los arábigos 3°, 4° y 5° de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor diario será de $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil veintitrés; además de que incurrirá en la misma responsabilidad de la autoridad responsable mencionada. Finalmente, devuélvase a su lugar de origen la copia certificada del procedimiento administrativo disciplinario ******************** mismo que obra por cuerda separada del presente juicio de amparo identificadas como cuaderno auxiliar I, así como el sobre cerrado que contiene el resultado de la evaluación de control y confianza emitido por la Dirección del Centro Único de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Puebla, de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, el cual obra en el secreto del juzgado. Solicitándose el acuse de recibo respectivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Cynthia Bello López, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
...PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo 824/2023, promovido por Ricardo Sánchez Castañeda, por derecho propio, en relación con los actos reclamados y autoridades precisados en el considerando segundo, en términos del considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia Federal AMPARA Y PROTEGE a Ricardo Sánchez Castañeda, por derecho propio, contra las autoridades y actos precisados en el considerado segundo, por las razones expuestas y en los términos contenidos en el último considerado de esta sentencia.--..
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. De la certificación de cuenta y del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que mediante proveído de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, se dio vista a las partes con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables mencionadas en la certificación de cuenta, en términos de lo dispuesto por el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y a la fecha el plazo de ocho días que establece el mismo está transcurriendo; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, para que tenga verificativo a las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y CUATRO MINUTOS DEL NUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Tiene aplicación la jurisprudencia P./J.54/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, de rubro "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla ante Diana Rodríguez Cruz, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tienen por recibidos los oficios con anexos de cuenta, suscritos por el Presidente; Síndica; Regidora de Patrimonio, Hacienda Pública Municipal, Grupos Vulnerables, Industria y Comercio; Regidor de Desarrollo Urbano, Obras, Servicios Públicos y Medio Ambiente; Regidora de Agricultura y Ganadería; Regidor de Gobernación, Justicia, Seguridad y Protección Civil; Regidora de Salubridad, Asistencia Pública, Ecología e Igualdad de Género; Regidor de Educación Pública, Actividades Culturales, Deportivas y Sociales; Regidora de Panteones y Jardines; y, Regidor de Nomenclatura, todos del Ayuntamiento del Municipio de San Matías Tlalancaleca, Puebla, por medio de los cuales rinden el informe justificado correspondiente a la ampliación de demanda de treinta de agosto de dos mil veintitrés. Atento a lo anterior, téngase a las mencionadas autoridades rindiendo el informe justificado correspondiente a la ampliación de demanda de treinta de agosto de dos mil veintitrés y de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese a conocer su llegada a las partes para los efectos legales procedentes, sin perjuicio de ser relacionados con el valor que la ley les concede al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Asimismo, con fundamento en el artículo 9º del ordenamiento legal antes invocado, se les tiene designando como delegados a las personas que mencionan en los oficios de cuenta y por señalado el domicilio que indican en los mismos para recibir notificaciones. Por otro lado, con fundamento en el artículo 257 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado por el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, se tiene a las mencionadas autoridades señalando como correo electrónico y número telefónico los que refieren en los oficios de cuenta, para que se establezcan comunicaciones no procesales y no para que se les notifique por dichos medios. Por otra parte, se tienen por recibidas las constancias que acompañan las referidas autoridades en sus oficios de cuenta como complemento de su informe justificado correspondiente a la ampliación de demanda, sin perjuicio de que sean tomadas en consideración al momento de dictar la sentencia que en derecho corresponda. Por otro lado, con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene a las referidas autoridades responsables ofreciendo como pruebas de su parte las documentales que refieren y anexan en su informe justificado, así como, la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana. Relaciónense en la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla ante Diana Rodríguez Cruz, Secretaria que autoriza. Doy fe.
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