Ricardo Sánchez Arana

Expediente 1377/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 7 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1377/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
12/12/2018

Partes del expediente

  • Ricardo Sánchez Arana
  • Agente del Ministerio Público de la Federación

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE PROMOVENTE.

  2. Principal

    AL NO HABER COMPARECIDO EN TÉRMINOS DEL CITATORIO DE TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO AHI DECRETADO, POR LO QUE SE NOTIFICA A TRAVÉS DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO DE DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE A LA LETRA DICE: Querétaro, Querétaro, a doce de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se desprende que el promovente de amparo no interpuso recurso de queja en contra del proveído de veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, en el que se desechó la demanda de amparo; por notoriamente improcedente, con fundamento en el artículo 98 en relación con el 97 de la Ley de Amparo y 356 fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha resolución HA CAUSADO ESTADO; para todos los efectos legales. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, tomando en consideración que el artículo 21, fracción II del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, consultable en el Diario Oficial de la Federación número veinte, del veintiséis de octubre de dos mil nueve; en tales condiciones el presente expediente por tratarse de un asunto en el que se desechó la demanda, el presente juicio de amparo, es susceptible de destrucción. Razón por la cual, se comunica a las partes que el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; ello es así, al encuadrar en la hipótesis del punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 y los artículos 11, fracción XIX y 81, fracciones XVIII y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, reformados en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil dieciocho, así como a la circular SEA/DGAD/1/2018 de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, suscrita por la Directora General de Archivo y Documentación, a través de la cual se informa que el Consejo de la Judicatura Federal a partir del dieciséis de abril de dos mil dieciocho se ha hecho cargo de organizar, administrar y resguardar los archivos de los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados de Circuito; en consecuencia, se comunica a la parte promovente que de conformidad a lo señalado en el artículo décimo primero del capítulo tercero del referido Acuerdo General, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos vigésimo y vigésimo primero del Acuerdo antes citado, una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Asimismo, en razón de que en el presente sumario obra un documento original exhibido por el impetrante de amparo, se ordena dar vista al promovente para que dentro del término de noventa días naturales -incluidos hábiles-, ocurra a recogerlo, apercibido que en caso de no hacerlo el documento en comento será depurados junto con el expediente en que se actúa, lo anterior, de conformidad con el punto décimo primero, tercer párrafo, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que se establece lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Finalmente, en proveído de trece de noviembre de dos mil dieciocho, en atención a lo solicitado por este Juzgado Federal se tuvo al Secretario del Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, remitiendo copia certificada de las constancias que integran el juicio de amparo 1227/2018, de su índice; en consecuencia, toda vez que las mismas son innecesarias para los fines legales del presente asuntos, se ordena su inmediata destrucción. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE PROMOVENTE

  3. Principal

    AL NO HABER COMPARECIDO EN TÉRMINOS DEL CITATORIO DE VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO AHI DECRETADO, POR LO QUE SE NOTIFICA A TRAVÉS DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO DE VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE A LA LETRA DICE: Querétaro, Querétaro, a veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta signado por la promovente Ricardo Sánchez Arana; mediante el cual cumple la prevención formulada por este Juzgado Federal mediante proveído de ocho de noviembre de dos mil dieciocho y al efecto manifiesta que señala como acto reclamado, el auto de diez de octubre de dos mil dieciocho, dictado en el juicio ordinario civil sobre perdida de la patria potestad 714/2009 del índice del Juzgado Segundo de lo Familiar, en el que, previa vista que formuló a la parte actora, determinó otorgar acumulación y ordenó la remisión del mismo al Juzgado Sexto de lo Familiar de Primera instancia de Tlanepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México, a fin de que continué con su secuela procesal, a fin de que se resuelva la litis junto con el expediente 2185/2013, ello a razón de que con anterioridad el Juez Sexto de lo Familiar de Primera instancia de Tlanepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México, dentro de los autos del juicio sobre perdida de patria potestad 2185/2013, de su índice, promovido por MARÍA VIRGINIA MONDRAGÓN SOTO en contra del quejoso, en audiencia oral inicial resolvió la procedencia de la excepción de conexidad de la causa y que los autos del expediente 714/2009 señalado debían acumularse al mismo. Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes. El artículo 113 de la nueva Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tiene aplicación al caso la jurisprudencia número 940, visible en la página 1538, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1988, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Así también, la tesis jurisprudencial relacionada con la anterior, que aparece publicada en la misma página de la citada compilación jurisprudencial que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Siendo el juicio de amparo de orden público, la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio aun cuando ninguna de las partes la haya alegado, y decretarse tan luego como aparezca alguna causal que la funde". Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al caso es aplicable la tesis de jurisprudencia publicada con la clave I.1o.A. J/4, en la página 890, del tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Así, como ya se indicó en la especie la parte quejosa señala esencialmente como acto reclamado: El auto de diez de octubre de dos mil dieciocho, dictado en el juicio ordinario civil sobre perdida de la patria potestad 714/2009 del índice del Juzgado Segundo de lo Familiar, en el que, previa vista que formuló a la parte actora, determinó otorgar acumulación y ordenó la remisión del mismo al Juzgado Sexto de lo Familiar de Primera instancia de Tlanepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México , a fin de que continué con su secuela procesal, a fin de que se resuelva la litis junto con el expediente 2185/2013, ello a razón de que con anterioridad el Juez Sexto de lo Familiar de Primera instancia de Tlanepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México, dentro de los autos del juicio sobre perdida de patria potestad 2185/2013, de su índice, promovido por MARÍA VIRGINIA MONDRAGÓN SOTO en contra del quejoso, en audiencia oral inicial resolvió la procedencia de la excepción de conexidad de la causa y que los autos del expediente 714/2009 señalado debían acumularse al mismo En consecuencia del análisis integral de la demanda de amparo que nos ocupa se advierte que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; por lo que resulta imperativo su desechamiento, en términos de lo dispuesto en el artículo 113 del propio cuerpo legal. Es necesario destacar que en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, se dispone textualmente en relación con la improcedencia del juicio de amparo indirecto, lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." En el citado precepto, en su parte resaltada, se encuentra inmerso el principio de definitividad del juicio de amparo, atento al cual se impone a la quejosa la carga procesal de agotar previamente a su interposición, los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, atendiendo a que el juicio de amparo se trata de un medio extraordinario de defensa, lo que significa que sólo procede en casos excepcionales. En el caso, la quejosa incumplió con tal carga, pues a pesar de contar con un medio de defensa previsto en la ley ordinaria con tal propósito, no lo hizo valer, previamente a la promoción del juicio de amparo. En efecto, la quejosa reclama el auto de diez de octubre de dos mil dieciocho, por el cual otorgó la acumulación del juicio ordinario civil sobre perdida de patria potestad promovido por MA. VIRGIGINA MONDRAGÓN SOTO en contra del quejoso RICARDO SÁNCHEZ ARANA, número 714/2009 del índice del Juzgado Segundo de lo Familiar, con sede en esta ciudad, al diverso 2185/2013 del índice del Juzgado Sexto Familiar de Primera Instancia de Tlanepantla, con residencia en Atizapan de Zaragoza, Estado de México, luego, contra el citado acto cabe el recurso de apelación de conformidad con los artículos 667, 669, 670, 728, 729 y 736 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Querétaro, que a continuación se transcriben: "Artículo 667. Si un mismo juez conoce de los autos cuya acumulación se pide, dispondrá que se haga la relación de ellos, a cuyo efecto citará a las partes a una audiencia que se verificará dentro de tres días. Terminada la relación y oídas las partes, si se hubieren presentado, el juez resolverá precisamente dentro de los tres días siguientes, produciendo la citación para la audiencia efectos de citación para sentencia. Artículo 669. Si los pleitos se siguen en juzgados diferentes y el juez ante el que se promueve, estimare procedente la acumulación, librará oficio, dentro de tres días, al juez que conozca del otro pleito, para que le remita los autos, insertando en el oficio las constancias que sean bastantes para dar a conocer la causa por la que se pretende la acumulación. Recibido el oficio, el otro juez dará vista de él al actor que ante él haya promovido el pleito, por el plazo de tres días, pasado el cual y dentro de tres días también, dictará resolución, otorgando o denegando la acumulación. Artículo 670. Las resoluciones a que se refieren los artículos 667 y 669, serán apelables en ambos efectos, si cualquiera de las sentencias definitivas en los juicios objeto de la acumulación, admiten la apelación en uno o los dos efectos. Artículo 728. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior revise las resoluciones dictadas por el inferior, pudiendo tener como resultado, la confirmación, revocación o modificación de ellas." "Artículo 729. Pueden apelar: el litigante, si creyere haber recibido algún agravio; los terceros que hayan salido al juicio; y los demás interesados a quienes perjudique la resolución judicial. No puede apelar el que obtuvo todo lo que pidió; pero el vencedor que no obtuvo la restitución de frutos, la indemnización de daños y perjuicios o el pago de costas, podrá apelar también." "Artículo 736. Las sentencias definitivas son apelables cuando recaigan en negocios cuyo valor exceda de trescientas veces el salario mínimo general diario vigente en la zona y en aquellos cuyo interés no sea susceptible de calcularse en dinero. En estos casos la apelación se admitirá en ambos efectos, salvo cuando la Ley expresamente determine que lo sea solo en efecto devolutivo. Las sentencias interlocutorias y los autos, sólo son apelables cuando lo sea la sentencia definitiva del juicio, debiendo los segundos tener fuerza de definitivos o disponerlo este Código. La apelación contra estas resoluciones procede sólo en el efecto devolutivo, salvo que exista en contrario disposición expresa de la ley." De los preceptos legales antes transcritos, se advierte que tratándose de la acumulación de juicios que se llevan en juzgados diferentes y el juez (requirente) ante el que se promueve, estima procedente la acumulación, librará oficio, dentro de tres días, al juez que conozca del otro pleito, para que le remita los autos, una vez recibido lo anterior el otro juez (requerido) dará vista de él al actor que ante él haya promovido el pleito, por el plazo de tres días, pasado el cual y dentro de tres días también, dictará resolución, otorgando o denegando la acumulación, siendo esta determinación apelable en ambos efectos, si cualquiera de las sentencias definitivas en los juicios objeto de la acumulación, admiten la apelación en uno o los dos efectos. Ahora bien, el objetivo del recurso de apelación consiste en modificar, revocar o bien confirmar una resolución que cause agravio al litigante. Asimismo, que el recurso de apelación procede contra las sentencias definitivas en aquellos casos que la cuantía no sea susceptible de calcularse en dinero; y para el caso de que se trate de un auto, será apelable cuando lo sea la sentencia definitiva del juicio y además tenga la fuerza de definitivo o bien así lo disponga el código. Los anteriores supuestos normativos se estiman actualizados para concluir que la quejosa estaba obligada agotar el citado medio de impugnación, previamente a la instauración del juicio de amparo, al tener como efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado consistente en el auto de el auto de diez de octubre de dos mil dieciocho, por el cual otorgó la acumulación del juicio ordinario civil (expediente 714/2009) sobre perdida de patria potestad promovido por MA. VIRGIGINA MONDRAGÓN SOTO en contra del quejoso RICARDO SÁNCHEZ ARANA, al diverso 2185/2013 del índice del Juzgado Sexto Familiar de Primera Instancia de Tlanepantla, con residencia en Atizapan de Zaragoza, Estado de México; pues se encuentra comprendido en el supuesto hipotético que prevén los numerales 669 y 670 en relación con el diverso 736 del Código Adjetivo Civil del Estado, toda vez que al derivar el acto reclamado de un procedimiento familiar, el interés en el asunto no es susceptible de calcularse en dinero y encontrarse previsto expresamente en ley la procedencia del señalado recurso. Ello es así, dado que al ser apelable la sentencia definitiva dictada en el juicio natural, también lo es el auto reclamado. Luego, con ese proceder incumplió con el principio de definitividad, sin que en el caso este juzgador advierta alguna de las hipótesis para eximirla del cumplimiento a ese requisito, dado que la procedencia del recurso contra el acto combatido es indudable. Finalmente, apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.6º.CJ/37, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, página 902, que establece: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Independientemente de lo anterior, en atención a la naturaleza del acto reclamado, de igual forma el presente juicio de amparo resulta improcedente, pues no es un acto de imposible reparación; esto es, no afecta material e inmediatamente los derechos humanos del quejoso, conforme a la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:." "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede:.." "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Asimismo, del contenido del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:." "III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes:.." "b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan." Estas disposiciones instituyen la procedencia del juicio de amparo para combatir actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando su ejecución se hace irreparable; tema en que la Constitución Federal se limita a enunciar esta categoría de actos, pero no ofrece su definición, dado que en ésta se establecen principios esenciales de las instituciones, dejando el constituyente permanente para el legislador la tarea de pormenorizar y explicar lo que debe entenderse en torno a dicha figura. Ahora, el artículo 107 de la Ley de Amparo, sí define qué debe entenderse por actos de imposible reparación, al describir que serán aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. De esta forma, el legislador proporcionó seguridad jurídica, ya que mediante una definición reiteró su propósito de que tanto en procedimientos judiciales, como en procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser examinados en amparo indirecto necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberán impedir el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Al resolver la contradicción de tesis 377/2013, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos derechos revistan la categoría de "sustantivos"; expresión que excluye a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, es decir, en los que la afectación depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Al respecto se invoca la jurisprudencia P./J. 37/2014, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 39, libro 7, junio de 2014, tomo I, de la gaceta del semanario judicial de la federación, décima época, registro 2006589, materia común, del tenor siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En el caso, la resolución reclamada de diez de octubre de dos mil dieciocho, por el cual se otorgó la acumulación del juicio ordinario civil sobre perdida de patria potestad promovido por MA. VIRGIGINA MONDRAGÓN SOTO en contra del quejoso RICARDO SÁNCHEZ ARANA, número 714/2009 del índice del Juzgado Segundo de lo Familiar, con sede en esta ciudad, al diverso 2185/2013 del índice del Juzgado Sexto Familiar de Primera Instancia de Tlanepantla, con residencia en Atizapan de Zaragoza, Estado de México, no afecta derechos sustantivos pues la figura de la acumulación es una institución procesal que otorga solo derechos adjetivos a las partes, con la finalidad de evitar el dictado de sentencias contradictorias. En relación con el tema de la procedencia del amparo cuando se reclama la acumulación de juicios, ya se pronunció el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 96/2016, que dio lugar a la jurisprudencia 32/2016, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, tomo I, libro 38, enero de 2017, página 54, que dice: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS. CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN QUE LA DECRETA, SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. La acumulación de juicios es una institución procesal que sólo otorga derechos adjetivos a las partes, con la finalidad de evitar el dictado de sentencias contradictorias, por lo que, si bien la decisión de acumular diversos juicios pudiera afectar sus derechos, tal afectación no tiene el carácter de afectación material a derechos sustantivos que haga procedente el juicio de amparo indirecto, al tratarse de derechos otorgados por normas ordinarias para que los procedimientos se desarrollen de la mejor forma posible. Aunado a ello, las posibles afectaciones a la debida integración de la litis que pudieran reclamar las partes con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se materializarán, en su caso, al dictarse la sentencia si no les es favorable, por lo que tampoco harían procedente el juicio de amparo indirecto; por esas razones, conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, es factible desechar la demanda cuando se reclama la resolución que decreta la acumulación de juicios por actualizarse una causa manifiesta e indudable de improcedencia en términos del artículo 107, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, ambos de la ley citada, en atención a que el solo análisis de la naturaleza del acto permite concluir que el juicio constitucional es improcedente, pues se trata simplemente de un ejercicio jurídico para determinar los alcances de la naturaleza del acto y no se requiere de alguna prueba para concluir que las resoluciones relativas a la acumulación de juicios sólo afectan derechos adjetivos que hacen improcedente el juicio de amparo indirecto." Entre las consideraciones vertidas en la ejecutoria que dieron lugar a dicha jurisprudencia, destacan las siguientes: "(.) El punto de contradicción implica el análisis de la causal de improcedencia prevista en el artículo 107, fracción V, en relación con el artículo 61, fracción XXIII, ambos de la Ley de Amparo, conforme a la cual se establece que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando se interponga en contra de actos dentro de juicio, que no causen perjuicios de imposible reparación, entendiendo por estos aquellos que no afecten materialmente derechos sustantivos. (.) En esas condiciones, este Tribunal Pleno considera que los juzgadores tienen la facultad de analizar la naturaleza del acto reclamado, al momento de recibir la demanda de amparo y conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, concluir mediante elementos objetivos la actualización de una causal de improcedencia en relación con dicha naturaleza, por resultar notoria y manifiesta, en tanto que la conclusión a la que puedan llegar en ese primer momento, de ninguna forma variaría si se desahoga el procedimiento, pues la naturaleza y los efectos de ese acto procesal que deben analizarse, no pueden variar en el proceso y aun en ese caso, su análisis debe ser en el momento en el que fueron reclamados. (.) Así, tomando en cuenta los parámetros anteriores, en el caso específico, se trata de resoluciones en las que se decretó la acumulación de juicios. Dicho acto procesal se define como la reunión material de dos o más expedientes conexos o afines en poder de un mismo juez a fin de continuar la substanciación de manera conjunta y ser decididos en una misma sentencia, con la finalidad de evitar sentencias contradictorias. (.) Por su parte, en la contradicción de tesis 13/2001, de veintiuno de junio de dos mil dos, la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia señaló que la acumulación en materia de amparo indirecto se definía como una figura procesal que consiste en la unión no fusionante de dos o más demandas de amparo que por razones de identidad, similitud, afinidad o simple nexo, resulta práctico que sean instruidas en un mismo procedimiento y/o que sean resueltas en una misma sentencia evitándose así el posible pronunciamiento de resoluciones contradictorias, aunque para efectos de resolución cada uno de los juicios conserva sus particularidades e individualidad (de ahí que no sea fusionante), ello con independencia de que en algunos casos pudiera existir algún efecto fusionante conforme al artículo 766 fracción I, en relación con el artículo 769 fracción I, de la Ley Federal del Trabajo. (.) En ese contexto, del análisis de la figura jurídica de la acumulación y de la normatividad que regula los casos que dieron origen a la misma, es posible concluir que se trata de una institución procesal que otorga solo derechos adjetivos a las partes, con la finalidad de evitar el dictado de sentencias contradictorias, por lo que si bien la decisión que se tome en el procedimiento -tanto de acumular o no diversos juicios- pudiera afectar derechos de las partes, estos no tienen el carácter de derechos sustantivos, pues se trata de derechos adjetivos reconocidos a las partes no por la Constitución, sino por normas ordinarias, como en el caso, la Ley Federal del Trabajo y el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, por lo que cualquier violación cometida derivado de la acumulación, afectará sólo al procedimiento en el que se plantee y a los derechos procesales de las partes, pero no a las personas titulares de derechos sustantivos, en su carácter de personas y no como partes en un juicio. Tampoco la decisión respecto de una acumulación, como figura procesal, puede generar una afectación sustantiva sustentada en la transgresión del artículo 17 constitucional en relación al derecho a una impartición de justicia de forma pronta, completa e imparcial; lo anterior, pues si bien el referido artículo constitucional tiene como objeto regular de forma eficaz la impartición de justicia, verificando que los procedimientos se integren debidamente, ello no se traduce en una afectación material a un derecho sustantivo que haga procedente el recurso, pues la afectación en su caso se materializará hasta el dictado de la sentencia en donde se determinará si la litis está debidamente integrada y si la parte que aduce la violación procesal no obtuvo sentencia favorable. En esas condiciones, los actos relacionados con la acumulación de juicios, se trata de resoluciones procesales que no pueden tener una afectación material a derechos sustantivos, que justifique la procedencia del juicio de amparo indirecto, en tanto que las posibles afectaciones que genera se refieren sólo a cuestiones adjetivas o procesales, en tanto se trata de derechos adjetivos otorgados por leyes secundarias para que los procedimientos puedan desarrollarse de la mejor forma posible; aunado a que las afectaciones a la debida integración de la litis que pudieran reclamarse se materializarán al dictarse la sentencia, si la parte no obtiene sentencia favorable. En atención a ello, la acumulación de juicios se trata de una figura jurídica procesal que solo genera afectaciones a derechos adjetivos y, por tanto, la sola naturaleza del acto permite concluir que el amparo indirecto es improcedente, pues se trata simplemente de un ejercicio jurídico para determinar los alcances de la naturaleza del acto, ya que no se requiere de prueba alguna, para concluir que las resoluciones relativas a la acumulación de juicios solo afectan derechos adjetivos." De lo antes citado se advierte que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en torno a la acumulación, determinó: 1. Que dicha figura se trata de una institución procesal que otorga solo derechos adjetivos a las partes, con la finalidad de evitar el dictado de sentencias contradictorias, por lo que si bien la decisión que se tome en el procedimiento -tanto de acumular o no diversos juicios- pudiera afectar derechos de las partes, estos no tienen el carácter de derechos sustantivos, pues se trata de derechos adjetivos reconocidos a las partes no por la Constitución, sino por normas ordinarias, por lo que cualquier violación cometida derivado de la acumulación, afectará sólo al procedimiento en el que se plantee y a los derechos procesales de las partes, pero no a las personas titulares de derechos sustantivos, en su carácter de personas y no como partes en un juicio. 2. Que la decisión respecto de una acumulación, como figura procesal, tampoco puede generar una afectación sustantiva sustentada en la transgresión del artículo 17 constitucional en relación al derecho a una impartición de justicia de forma pronta, completa e imparcial; lo anterior, pues si bien el referido artículo constitucional tiene como objeto regular de forma eficaz la impartición de justicia, verificando que los procedimientos se integren debidamente, ello no se traduce en una afectación material a un derecho sustantivo que haga procedente el recurso, pues la afectación en su caso se materializará hasta el dictado de la sentencia en donde se determinará si la litis está debidamente integrada y si la parte que aduce la violación procesal no obtuvo sentencia favorable. 3. Que los actos relacionados con la acumulación de juicios, se trata de resoluciones procesales que no pueden tener una afectación material a derechos sustantivos, que justifique la procedencia del juicio de amparo indirecto, en tanto que las posibles afectaciones que genera se refieren sólo a cuestiones adjetivas o procesales, en tanto se trata de derechos adjetivos otorgados por leyes secundarias para que los procedimientos puedan desarrollarse de la mejor forma posible; aunado a que las afectaciones a la debida integración de la litis que pudieran reclamarse se materializarán al dictarse la sentencia, si la parte no obtiene sentencia favorable. Así, el Pleno del Más Alto Tribunal del País, concluyó que la figura jurídica procesal de la acumulación de juicios solo genera afectaciones a derechos adjetivos y, por tanto, la sola naturaleza del acto permite concluir que el amparo indirecto es improcedente, pues se trata simplemente de un ejercicio jurídico para determinar los alcances de su naturaleza, ya que no se requiere de prueba alguna para concluir que las resoluciones relativas a la acumulación de juicios sólo afectan derechos adjetivos. Luego, si el acto reclamado en el presente juicio de amparo por el quejoso lo es el auto de diez de octubre de dos mil dieciocho, por el cual otorgó la acumulación del juicio ordinario civil sobre perdida de patria potestad promovido por MA. VIRGIGINA MONDRAGÓN SOTO en contra del quejoso RICARDO SÁNCHEZ ARANA, número 714/2009 del índice del Juzgado Segundo de lo Familiar, con sede en esta ciudad, al diverso 2185/2013 del índice del Juzgado Sexto Familiar de Primera Instancia de Tlanepantla, con residencia en Atizapan de Zaragoza, Estado de México; las afectaciones que pudieran ocasionarse al quejoso con el acto reclamado, son de índole adjetivo, atinentes al proceso mismo y no afectan de manera directa e inmediata ningún derecho sustantivo, pues como se vio, si bien la determinación tanto de acumular o no diversos juicios- pudiera afectar derechos de las partes, estos no tienen el carácter de derechos sustantivos, pues se trata de derechos adjetivos reconocidos por las normas ordinarias, como es el caso del Código de Procedimientos Civiles para esta ciudad, que prevé la acumulación de juicios. Consecuente con lo expuesto, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia a que se refieren las fracción XVIII y XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, ésta última en relación con el 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, con fundamento en el artículo 113 del mismo ordenamiento, se DESECHA DE PLANO LA DEMANDA QUE SE PLANTEA POR NOTORIA IMPROCEDENCIA. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 3, 6, 8, 9, 68, 71, 110, 113, 117, 118 y Segundo transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, así como en los considerandos Décimo Quinto, Décimo Sexto y artículo 33, fracción III, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, indíquese a las partes que las sentencias que emita el Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas, salvaguardando los datos personales concernientes a los promoventes identificados e identificables; haciéndoles saber de igual manera el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición, podría entenderse como el consentimiento de que se publiquen. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE

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