Ricardo Samir Cervantes Sandoval

Expediente 417/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 21 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
417/2022
Año
2022
Actuaciones
21
Última actuación
08/12/2022

Partes del expediente

  • Ricardo Samir Cervantes Sandoval
  • Juez de Control Y Enjuiciamiento del Sistema Penal Acusatorio Y Oral En Morelia, Michoacan

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, ocho de diciembre de dos mil veintidós. Acusa recibo de oficio y de disco versátil digital. Téngase por recibido el oficio que remite la Administradora del Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con residencia en Morelia, a través del cual acusa recibo del oficio 34759/2022, por medio del cual se le informó que causó ejecutoria la sentencia dictada dentro del juicio en que se actúa, y se le devolvió el disco versátil digital que contiene las constancias digitales de la carpeta administrativa 130/2022; de lo que se toma conocimiento para los fines legales a que haya lugar. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria Maira Flor López Valencia.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, once de noviembre de dos mil veintidós. 1. Estado procesal. Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de donde se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dicta por este juzgado en la que, por una parte sobreseyó en el juicio y, por otra, negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma causó ejecutoria. 2. Orden de archivo y se reserva envío físico del expediente al archivo. Se ordena el archivo de este expediente, el cual, una vez que se integren al expediente físico todas y cada una de las constancias que se acordaron y las que forman parte del expediente electrónico, deberá remitirse físicamente el presente asunto al ARCHIVO DEFINITIVO, previa su anotación correspondiente en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 3. Valoración. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Por tanto, con apoyo en los artículos 18, una vez que transcurra el plazo de tres años, dentro de los treinta días siguientes, deberá depurarse el presente juicio de amparo, conforme a lo establecido en los referidos numerales; hecho lo anterior, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los Libros de Gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. 4. Incidente de suspensión. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que por un lado se negó y por otro se concedió la suspensión provisional y en los mismos términos la definitiva, se determina que los autos originales del incidente de suspensión son susceptibles de DEPURACIÓN. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la depuración de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo séptimo del Acuerdo General arriba citado; por lo que únicamente se deberá conservar las resoluciones relativas al otorgamiento de la suspensión, su incumplimiento y el proveído que acuerde sobre su archivo como asunto concluido. Después, materializar la trasferencia de la serie documental restante; en conjunto con el expediente principal, al depósito dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación que sea indicado, previa petición que al efecto se realice. 5. Duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el artículo 20 fracción II, inciso a), del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. 6. Precisión. Sin que en el caso sea necesario realizar el cómputo relativo a la presentación del recurso por lo que ve a las autoridades responsables, pues como se advierte de los párrafos que preceden, se decretó el sobreseimiento y se negó el amparo en el juicio en que se actúa, por tanto no les depara perjuicio alguno a estas. De conformidad con el natural 35 del multicitado acuerdo, hágase constar en la carátula del expediente relativo, la valoración correspondiente. 7. Devolución de constancias. En atención a que resulta innecesario conservar el disco versátil digital (DVD) que contiene las constancias relativas al acto reclamado; para lo cual, se ordena sea desglosado de autos, y en su lugar se deje la certificación secretarial correspondiente, se ordena su devolución en un disco versátil digital a la Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con residencia en Morelia, en funciones de Juez de Control, sin que sea necesario acusar de recibo puesto que el sello de recepción produce los mismos efectos. 8. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónica y físicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado; y en esos mismos términos firma también la secretaria Janette Pérez García, quien da fe.

  3. Principal

    SENTENCIA VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 417/2022. RESULTANDO PRIMERO. Demanda de amparo indirecto. El dieciocho de abril de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial del Poder Judicial de la Federación, en esta ciudad, RICARDO SAMIR CERVANTES SANDOVAL, por propio derecho, presentó demanda de amparo indirecto, contra actos de autoridad. En la misma, narró los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. En este sentido, consideró violados en su perjuicio los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo indirecto. La demanda por razón de turno correspondió a este Juzgado de Distrito en el Estado de Michoacán, recibiéndose el diecinueve de abril del año en curso, por lo que, por auto de veinte siguiente se registró con el número 417/2022, admitiéndose a trámite, se solicitó el informe justificado de las autoridades responsables y se otorgó la intervención legal a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Mediante escrito presentado el veinticinco de mayo de dos mil veintidós, en atención a la vista dada por este juzgado, el quejoso amplió su demanda de amparo, para señalar nuevas autoridades responsables, la que se admitió el veintiséis de mayo siguiente, por lo que se les requirió su informe justificado, y se otorgó intervención legal a la fiscalía de la adscripción. Previo los trámites de ley, el veintitrés de junio de dos mil veintidós, se llevó a cabo la audiencia constitucional quedando el juicio en estado de resolución. TERCERO. Adscripción de este juzgador. El veintidós de agosto de dos mil veintidós, el suscrito fue adscrito a este órgano jurisdiccional en cumplimiento a lo ordenado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de tres de agosto del año en curso; esto es, posterior a la celebración de la audiencia constitucional, sin que tal incorporación se haya informado a las partes; no obstante, esa falta de notificación no causa agravio alguno a los interesados, tanto porque este nuevo titular considera no encontrarse en alguna causa de impedimento para resolver el asunto, cuanto porque el trámite de la vista mencionada únicamente dilataría la impartición de justicia. Lo anterior, sin perjuicio de que las partes pudiesen alegar lo que a su interés convenga en un eventual recurso de revisión, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 104/2010, de rubro "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO", si acaso estimaren la existencia de una causa que impidiere a este juzgador resolver, aunque para ello también deberían considerar que para evitar la interposición de recusaciones sin fundamento el legislador ha dispuesto que en el escrito relativo no sólo han de manifestarse, bajo protesta de decir verdad, los hechos que la fundamentan, sino también que se exhiba en billete de depósito la cantidad correspondiente al monto máximo de la multa que pudiera imponerse en caso de declararse infundada, según se desprende del artículo 59 de la Ley de Amparo. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone que toda sentencia debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. De acuerdo con lo anterior, el acto reclamado por el quejoso en su escrito inicial de demanda, a las autoridades responsables Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia y Fiscal General del Estado, con residencia en esta ciudad; y, Fiscal Regional de Zamora, es: ? El auto de vinculación a proceso resultado de la carpeta de investigación 720/2022, dictado el dos de abril de dos mil veintidós. En su escrito de ampliación de demanda de amparo, precisó que dicho acto, así como su ejecución, los reclama al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad; Fiscal General de la República, con sede en la Ciudad de México; y, Agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Célula III-4 en el Estado, con residencia en Uruapan. TERCERO. Actos inexistentes. Las autoridades responsables Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia y Fiscal General del Estado, con residencia en esta ciudad; así como el Fiscal Regional de Zamora, y el Fiscal General de la República, con sede en la Ciudad de México, negaron la existencia de los actos reclamados. Sin que el quejoso haya desvirtuado dicha negativa; ya que no ofreció medio de prueba que contrariara lo expuesto por las autoridades responsables, pues las documentales que exhibió no resultan aptas para ello, además, de que diversas autoridades aceptaron su existencia, como se verá en el siguiente considerando. De ahí que, al no ser ciertos los actos reclamados a dichas autoridades, se impone SOBRESEER en el juicio de amparo con fundamento en la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo . Es aplicable la tesis de jurisprudencia número 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos, no desvirtúan esa negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Existencia del acto reclamado. La Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, aceptó la existencia del acto reclamado. Al efecto remitió impresiones electrónicas de constancias de la causa penal 130/2022, índice cronológico y un disco versátil que contiene la audiencia de vinculación a proceso desahogada en el referido proceso. Documental pública con eficacia demostrativa plena, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de voz y contenido: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." Por su parte, el Agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Célula III-4 en el Estado, con residencia en Uruapan, al rendir su informe justificado negó los actos atribuidos; no obstante, de sus manifestaciones se obtiene su existencia, ya que indica que en esa agencia se tramitó la carpeta de investigación FED/MICH/URU/000720/2022, que dio origen a la causa penal 130/2022. QUINTO. Procedencia. Establecida la existencia de los actos reclamados, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, sea que lo hagan valer las partes o se advierta de oficio, de conformidad con el artículo 62 de la ley de la materia. En el caso, este órgano jurisdiccional advierte de oficio que respecto del acto reclamado al Agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Célula III-4 en el Estado, con residencia en Uruapan, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos artículos 1°, fracción I, y 5, fracción II, del mismo ordenamiento legal . Lo anterior es así, dado que en el caso concreto, la autoridad en mención no tiene el carácter de responsable para los efectos del juicio de amparo. Para corroborar lo anterior, conviene determinar cuándo se está en presencia de un "acto de autoridad para efectos del juicio de amparo" y para ello se requiere la presencia de mayores elementos. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte Justicia de la Nación, ha señalado que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo, son: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Tal definición se encuentra inmersa en la jurisprudencia 2a./J.164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Como es de verse, los elementos referidos en los anteriores incisos, no se satisfacen para tener como autoridad responsable al citado fiscal investigador, para los efectos del juicio de amparo que nos ocupa, por los motivos siguientes: Cabe recordar que la facultad investigadora del Estado por la comisión de delitos, corresponde al Ministerio Público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 Constitucional y 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales . De acuerdo con el citado precepto constitucional el Ministerio Público tiene encomendadas dos funciones específicas en materia penal, a saber: (1) una función investigadora, la cual consiste en la facultad y obligación de indagar sobre la posible comisión de un evento delictivo, practicando las diligencias correspondientes a fin de ejercer acción penal cuando considere que hay elementos suficientes para ello; y (2) una función acusadora, la cual puede entenderse como el deber de sostener la imputación formulada en contra de determinada persona a lo largo de todas las etapas del proceso, hasta el momento en que la autoridad jurisdiccional resuelva en definitiva en torno a dicho conflicto penal. Acorde con esa facultad constitucional, por regla general el agente del Ministerio Público puede ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar, actos que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas concretas, en forma unilateral y obligatoria y, por tanto, puede ser considerado como autoridad para efectos del juicio de amparo. Sin embargo, en el procedimiento penal acusatorio una vez judicializada la carpeta de investigación, el agente de Ministerio Público deja de tener el carácter de autoridad y adquiere el de parte dentro del proceso. En ese sentido, el artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece: "Artículo 105. Sujetos de procedimiento penal Son sujetos del procedimiento penal los siguientes: I. La víctima u ofendido; II. El Asesor jurídico; III. El imputado; IV. El Defensor; V. El Ministerio Público; VI. La Policía; VII. El Órgano jurisdiccional, y VIII. La autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso. Los sujetos del procedimiento que tendrán la calidad de parte en los procedimientos previstos en este Código, son el imputado y su Defensor, el Ministerio Público, la víctima u ofendido y su Asesor jurídico." Dicho numeral establece la calidad del Ministerio Público como parte dentro de los procedimientos que se prevén en el artículo 211 del citado código adjetivo ; por lo que sus actos se verifican en un plano de igualdad de condiciones adjetivas entre éste, el imputado, su defensor, la víctima u ofendido y su asesor jurídico, al dejar de tener imperio sobre los demás sujetos del procedimiento. En el caso, el acto que se reclama del Agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Célula III-4 en el Estado, con residencia en Uruapan, es el resultado de la carpeta de investigación 720/2022, acto emitido etapa de investigación, dentro del procedimiento penal acusatorio. Por lo que, al haber judicializado la carpeta de investigación, la calidad del representante social responsable cambio de autoridad (ente acusador) a sujeto del procedimiento penal, con la calidad de parte que le confiere el artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales; por lo que dejó de tener imperio en la esfera jurídica del quejoso. Es así dado que al ser judicializada la carpeta de investigación, las actuaciones contenidas en ésta y sus consecuencias, dependerán del órgano jurisdiccional que ahora conoce de la causa penal 130/2022 y no de la autoridad ministerial señalada como responsable. Es aplicable a lo anterior la tesis emitida por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de voz y contenido siguientes: "MINISTERIO PÚBLICO. UNA VEZ QUE JUDICIALIZA LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, SU CALIDAD PROCESAL CAMBIA DE AUTORIDAD (ENTE ACUSADOR) A SUJETO DEL PROCEDIMIENTO CON LA CALIDAD DE PARTE, POR LO QUE SI SE PROMUEVE AMPARO INDIRECTO CONTRA SUS ACTOS EMITIDOS CON POSTERIORIDAD A ESTA FASE, EL JUICIO CONSTITUCIONAL ES IMPROCEDENTE. Si bien el Ministerio Público es la autoridad que tiene a su cargo la investigación del delito, y el ejercicio de la acción penal, en términos de los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cierto es que una vez que el representante social judicializa la carpeta de investigación con la finalidad de formular imputación contra determinada persona, la calidad procesal del Ministerio Público cambia de autoridad (ente acusador) a sujeto del procedimiento penal con la calidad de parte, como lo establece el artículo 105 del propio código, por lo que sus actos se verifican en un plano de igualdad de condiciones adjetivas entre éste, el imputado, su defensor, la víctima u ofendido y su asesor jurídico. Bajo esa premisa, si se promueve el amparo indirecto contra sus actos emitidos con posterioridad a esta fase, como pudiera ser, por ejemplo, la conducta que adoptó durante la celebración de la audiencia inicial, el juicio de control constitucional es improcedente, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5o., fracción II, ambos de la Ley de Amparo, el cual establece el concepto de autoridad responsable para efectos del juicio de control constitucional." Por ende el acto que se le reclama del Agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Célula III-4 en el Estado, con residencia en Uruapan, no puede considerarse como acto de autoridad para el juicio de amparo; ante ello, se actualiza la causal de improcedencia invocada. Se invoca a lo anterior la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, del siguiente tenor: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LOS ACTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO TENDENTES Y PROCESALMENTE INDISPENSABLES EN LA SECUENCIA DE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, YA SEA INFORMAL O JUDICIALIZADA, AL SER DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL, NO PUEDEN CONSIDERARSE COMO GENERADORES DE AFECCIÓN AL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Si bien es cierto que el Ministerio Público, al integrar una averiguación previa o una carpeta de investigación en su fase inicial, actúa como autoridad, pues el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo atinente, dispone que está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos, también lo es que el desahogo de diligencias para tal fin, per se, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se iniciaron las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas, como lo han sostenido los tribunales federales desde otras épocas, se ordenara por la autoridad ministerial que se le privara ilegalmente de la libertad, de sus posesiones o derechos. Por lo anterior, también resulta improcedente el amparo cuando se reclama el hecho de que el Ministerio Público acuerda sobre la consignación de la averiguación y ejercita la acción penal, pues es al Juez de Control a quien le corresponderá resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso; porque el Ministerio Público, al consignar y pedir la orden de captura o solicitar audiencia para la formulación de la imputación, no hace sino cumplir con una función de su cargo y carácter inicial de autoridad, lo cual es de orden público e interés social y que consiste en la práctica de las diligencias necesarias para la investigación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito; de manera que en el actual sistema procesal de corte acusatorio en el que la investigación además se divide en fases, la solicitud de la representación social para la celebración de la audiencia de imputación (ya sea por orden de captura o de citación), así como la pretensión o concretización de la formulación de la imputación misma, por el Ministerio Público, no son sino actos tendentes y procesalmente indispensables en la secuencia de las fases de investigación respectivas y, por ello, se revisten del carácter de actos de autoridad pero de interés público, como parte de la función indagatoria y de persecución de los delitos que es obligación del representante social y, por lo mismo, dado el interés social que subyace en ello, no pueden considerarse como generadores de afección al interés jurídico del quejoso, pues no existe ningún derecho particular oponible al interés general, relativo a la investigación de los delitos en un auténtico Estado democrático de derecho. Ello, aunado a que, a partir de la judicialización de la investigación, en relación con los actos que ameritan control judicial, es claro que respecto de éstos, dicha institución ministerial carece del carácter de autoridad respecto de la decisión que recaiga a lo solicitado, y sólo funge como parte de una fase de sustitución secuenciada de lo que se entiende como proceso penal para los efectos del amparo, en términos de la parte final de la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo. Luego, si no existe perjuicio a dicho interés, ni agravio personal y directo a la esfera jurídica del indiciado o persona sujeta a investigación, el juicio de amparo indirecto es improcedente." En las relatadas condiciones, respecto del acto analizado y autoridad responsable, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la misma norma, procede SOBRESEER EN EL JUICIO DE AMPARO. SEXTO. Estudio constitucional de los actos reclamados. Los conceptos de violación formulados resultan infundados, sin que se advierta queja deficiente que suplir en términos del artículo 79 fracción III inciso a) de la Ley de Amparo. Previo al análisis de los conceptos de violación se destacan los datos que se obtienen de las constancias y disco compacto que remitió la autoridad responsable: En audiencia inicial desahogada a las nueve horas del veintinueve de marzo de dos mil veintidós, en la modalidad de videoconferencia, dentro de la causa penal 130/2022, del Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, se hizo constar la presencia del imputado RICARDO SAMIR CERVANTES SANDOVAL; y del agente del Ministerio Público Federal, licenciado Lauro Pallares Moral. En dicha diligencia el imputado designó como su defensor privado a Mario Alberto Luna Villanueva, quien se identificó con cédula profesional 8829832. La juez explicó al imputado los derechos que le asisten. Enseguida, otorgó el uso de la voz al agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Célula III-4 en el Estado, con residencia en Uruapan, quien solicitó se calificara de legal la detención de RICARDO SAMIR CERVANTES SANDOVAL, ya que se dio en términos del artículo 146, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, al estar cometiendo un hecho que la ley señala como delito. Ello porque fue detenido aproximadamente a las trece horas con cincuenta minutos del veintiséis de marzo del año en curso, por elementos de la Guardia Nacional, cuando realizaban recorridos pie tierra en inmediaciones del poblado de Santiago Tangamandapio, Michoacán, sobre la calzada Lázaro Cárdenas, a la altura de una gasolinera, cuando observaron una camioneta pick-up, color gris, con masculinos a bordo, quienes al notar la presencia de los agentes descendieron de la unidad, por la parte del conductor un menor de edad; el aquí quejoso bajó del lado del copiloto; y dos menores más de los asientos traseros. El aquí quejoso al descender corrió en sentido contrario de los elementos y arrojó un arma corta; la que fue asegurada; además, en el interior de la unidad motriz se localizaron diversas armas de fuego, cargadores y cartuchos, y una bolsa con pequeños envoltorios de plástico con un "sticker" con las iniciales CJNG, con hierba verde y seca, que resultó ser Cannabis Sativa L.; además de ser aseguradas calcomanías tipo imán para puertas vehiculares con las iniciales CJNG. En cuanto al control de la detención del imputado, la defensa refirió no tener manifestaciones que realizar. La Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal calificó de legal de detención del imputado, atendiendo a la narrativa de los hechos que expuso la fiscalía investigadora. Continuando con su desahogo, el agente del Ministerio Público de la Federación formuló imputación contra RICARDO SAMIR CERVANTES SANDOVAL, por los hechos considerados como delitos de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional, con las agravantes de portar dos o más armas, y actuar en grupo de tres o más personas; posesión de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional; posesión de cargadores de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional; y, Contra la Salud, en la modalidad de posesión del estupefaciente Cannabis Sativa L. con fines de comercio, conforme a la narrativa de los hechos que expuso. La imputación la sustentó en los datos de prueba siguientes: 1.- Informe policíal homologado de veintiséis de marzo de dos mil veintidós, suscrito por los elementos de la Guardia Nacional, Mauricio Villasano Santiago, Josué Contreras Covarrubias, Bladimir Jaramillo Andrade, Jonathan Cordero Lara y Susana Ramírez Rodríguez; y entrevista de éstos, practicada por el elemento de la Policía Federal Ministerial Reynaldo García López. 2. Dictamen en materia de balística forense, suscrito por el perito José González Duarte, de veintisiete de marzo de este año, quien clasificó el armamento de acuerdo a sus características, conformación, calibre y sistema de disparo, siendo tres armas de fuego, de las que la ley contempla en el artículo 11, inciso b); tres armas de fuego, que encuadran en el artículo 11, inciso d); una, en el artículo 11, inciso c); de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. En tanto, los cargadores y cartuchos se determinó son para armas de fuego de las contempladas en el artículo 11, inciso c) de la referida legislación. Por lo que dichos artefactos bélicos son del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional. 3. Dictamen en materia de química forense emitido por Jazmín Daniel León, quien determinó que el vegetal verde y seco contenido en ciento cinco envoltorios, es Cannabis Sativa L., considerado como estupefaciente por la Ley General de Salud, con peso neto de 958.600 gramos. 4. Inspecciones practicadas a la evidencia material, al lugar de los hechos y al vehículo, por el elemento de la Policía Federal Ministerial Reynaldo García López. 5. Dictamen en materia de fotografía forense suscrito por Bernardo Camacho Parra. 6. Dictamen en materia de tránsito terrestre practicado por Julio César Guerrero Arzola. 7. Oficio suscrito por el Jefe Interino de la Secretaría de la Defensa Nacional, en el que informa que RICARDO SAMIR CERVANTES SANDOVAL no pertenece ni perteneció a dicha Secretaría. 8. Oficio suscrito por el Jefe de Permanencia de la Secretaría de la Defensa Nacional, quien informa que el imputado no cuenta con permiso para poseer o portar armas de fuego. Luego, la Jueza de Distrito responsable otorgó el uso de la voz a la defensa particular, quien refirió no querer hacer uso de tal derecho; asimismo, cuestionó al aquí quejoso sobre si comprendía el hecho imputado, le otorgó la posibilidad de ejercer su derecho a declarar; el impetrante manifestó expresamente no querer hacerlo en ese momento. Enseguida, se dio el uso de la voz al órgano acusador quien solicitó, con base en los hechos planteados y los datos de prueba revelados, se vinculara a proceso al imputado por los hechos descritos. En ese momento, la juez hizo saber al quejoso su derecho a elegir el momento en que debería resolverse su situación jurídica solicitó se resolviera en el plazo de seis días; por lo que la responsable citó a las partes a las nueve horas del dos de abril de dos mil veintidós. Enseguida, la fiscalía solicitó la imposición de la prisión preventiva oficiosa. La Jueza de Distrito decretó dicha medida cautelar, que dijo habrá que cumplir en el Centro de Reinserción Social "Licenciado David Franco Rodríguez", ubicado en Charo Michoacán, con vigencia hasta que se resuelva su situación jurídica. En la continuación de la audiencia inicial, desahogada a las nueve horas del dos de abril de dos mil veintidós, la Jueza de Distrito responsable aperturó la misma. Se hizo constar la presencia del imputado RICARDO SAMIR CERVANTES SANDOVAL; y del agente del Ministerio Público Federal, licenciado Lauro Pallares Moral; así como del licenciado Rubén Israel Villasano Reynaga. Se constató el carácter de licenciado el derecho del compareciente, con la cédula profesional 8831297; a quien el quejoso confirió carácter de defensor particular, sin revocar al anteriormente designado, y fungirá como representante legal. La Jueza de Distrito responsable otorgó el uso de la voz a la defensa, quien realizó manifestaciones en torno a la detención del aquí imputado; asimismo solicitó se tomara en consideración la entrevista que obra en la carpeta de investigación que fue realizada por el agente de la Policía Federal Ministerial, Reynaldo García López, a un empleado del autolavado de nombre José Ramírez Chávez, lugar donde fue detenido el implicado, la cual contraría la versión de los elementos, pues dicho testigo señaló que las cuatro personas detenidas se encontraban en el autolavado, sentados, en espera de que se les entregara la camioneta, esto es, fuera del vehículo, que al observar a los elementos de la Guardia Nacional trataron de correr, por lo que considera que no existió flagrancia del delito, ni existía alguna orden que respaldara la inspección que se realizó del vehículo; por lo que solicitó se dictara auto de no vinculación. En uso de la voz la representación social rebatió la postura del defensor particular, ya que de la entrevista que dice se encuentra en la carpeta de investigación, no genera convicción de que las personas que se encontraban en el vehículo se tratara de las mismas personas que fueron detenidas por los elementos de la Guardia Nacional, entre ellos el aquí imputado; por lo que esa información no es contundente, ni suficiente para desvirtuar el informe policial homologado; y reiteró su solicitud de vincular a proceso al aquí quejoso por los delitos ya mencionados. Cerrado el debate entre las partes, a las diez horas con trece minutos del día señalado para la continuación de la audiencia -dos de abril de dos mil veintidós -, la Jueza de Distrito dijo encontrar satisfecho el contenido del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos, en correspondencia con el numeral 19, primer párrafo, de la Constitución Federal, para vincular a proceso al imputado RICARDO SAMIR CERVANTES SANDOVAL, por los hechos siguientes: Que aproximadamente a las trece horas con cincuenta minutos del veintiséis de marzo del año en curso, cuando elementos de la Guardia Nacional, realizaban recorridos pie tierra en inmediaciones del poblado de Santiago Tangamandapio, Michoacán, sobre la calzada Lázaro Cárdenas, a la altura de una gasolinera, cuando observaron una camioneta pick-up, color gris, con masculinos a bordo, quienes al notar la presencia de los agentes descendieron de la unidad, por la parte del conductor un menor de edad de iniciales J.A.R.D.; el aquí quejoso bajó del lado del copiloto; y dos menores más de la puerta trasera del copilo. El aquí quejoso al descender corrió en sentido contrario de los elementos y arrojó un arma corta; ante las indicaciones policíacas se tiró al piso; el agente Mauricio Villano Santiago precedió a asegurar el arma que momentos antes había arrojado y que quedó a escasos metros de distancia, la que resultó ser tipo pistola, Calibre 45 auto, Colt, modelo no visible, con un cargador abastecido con cinco cartuchos útiles. El elemento José Contreras Cobarrubias aseguró a los dos menores, uno de ellos arrojó un arma de fuego. El agente Bladimir Jaramillo inspeccionó la unidad tipo camioneta doble cabina marca Ford Ranger, modelo 2022, color gris, sin placas de circulación, de donde habían descendido dichas personas, localizando dos armas entre los asientos del piloto y copiloto, tipo fusil, marca Norinko, Sporter, matrícula borrada, con un cargador abastecido con treinta cartuchos; otra arma de fuego, tipo fusil calibre 5.56x45" similar al .223", marca Beretta, modelo ARx160, matrícula borrada, con dos cargadores, cada uno con veinte cartuchos útiles; ambas armas con sistema de disparo de ráfaga. En el asiento trasero localizó dos armas largas: una tipo fusil calibre 7.62x39", marca Sastaba, matrícula borrada, sistema de disparo semiautomático y automático, con un cargador abastecido con diez cartuchos; otra arma de fuego tipo fusil, marca y modelo no visibles disparo sistema de disparo semiautomático; tres pecheras tácticas con portacargadores, la primera, con cuatro cargadores para armas de fuego calibre .223" o 5.56x45"; la segunda, con dos cargadores para armas de fuego 7.62x51"; la tercera, ocho cargadores para armas de fuego calibre .223" o 5.56x45". En la parte trasera, bajo los asientos de la camioneta, localizó 13 cargadores para armas de fuego 7.62x39" y seis cargadores para armas de fuego .223" o 5.56x45". En el suelo de la parte trasera del lado izquierdo localizó una bolsa negra con 450 cartuchos calibre 7.62x39"; asimismo, bajo los asientos traseros del lado derecho una bolsa negra con 380 cartuchos calibre .223" o 5.56x45"; a un costado, otra bolsa negra con 105 pequeños envoltorios de plástico con un "sticker" con las iniciales CJNG, con hierba verde y seco, que resultó ser Cannabis Sativa L., con peso en conjunto de 958.600 (novecientos cincuenta y ocho gramos seiscientos miligramos). En el asiento trasero aseguró cuatro calcomanías tipo imán para puertas vehiculares con las iniciales CJNG y con la leyenda "Comando 6" Luego, analizó los datos de prueba que aportó la Fiscalía Federal; en cuanto a la entrevista del testigo José Ramírez, indicó que en esta etapa de investigación no le lleva a concluir con la certeza requerida que las personas a que hace mención se refieran al quejoso y demás personas que fueron detenidas por los elementos de la Guardia Nacional; por lo anterior dictó auto de vinculación a proceso en contra del aquí quejoso, por los hechos que la ley señala como delitos de: -Portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional, previsto y sancionado por el artículo 83, fracciones II y III, en relación con el diverso 11, incisos b), c) y d), con las agravantes previstas en el penúltimo y último párrafos del citado precepto 83, por portar dos o más armas, y actuar en grupo de tres o más personas; -Posesión de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea nacional, contemplado y penado en el artículo 83 Quat, fracción II, en relación con el 11, inciso c); -Posesión de cargadores para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional, previsto y sancionado en el artículo 83 Quintus, fracción II, en relación con el 11, inciso c), todos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; y, -Contra la salud, en la modalidad de posesión del estupefaciente Cannabis Sativa L. con fines de comercio, previsto y sancionado en el artículo 476, en relación con los artículos 479 y 234 de la Ley General de Salud. Dicha determinación constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. En sus conceptos de violación el quejoso sostiene que la autoridad responsable viola en su perjuicio los derechos tutelados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política, ya que la autoridad responsable violó su garantía de audiencia porque pretende privarle de su libertad personal, sin que exista denuncia, querella o acusación en su contra, sin informarle quién o quienes le denuncian y el motivo de la misma, sin que se le permitiera defenderse y ofrecer pruebas para acreditar su inocencia, asimismo, comparecer ante un tribunal competente. Además aduce que la autoridad responsables desestimó y desvalorizó la entrevista que realizaron los elementos de investigación de la Fiscalía General de la República, en el lugar de los hechos, donde una persona de sexo masculino, trabajador del autolavado en el que se encontraban, refirió que los tres menores y el imputado se encontraban en el interior del autolavado, con lo cual quedaron desvirtuados los hechos narrados por los elementos de la Guardia Nacional, en su informe policial homologado. Que a dicha entrevista se le dio valor probatorio para dictar auto de no vinculación en la audiencia inicial de los tres menores; y contrario a ello, en la audiencia desahogada por la Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio desestimó y desvalorizó dichas entrevistas, decretando en su contra auto de vinculación, el cual va en contra de sus derechos constitucionales, contiene claras omisiones y vulneraciones a sus derechos de libertad, adecuada y oportuna defensa, ya que se le relaciona erróneamente con un delito, y con insuficientes elementos probatorios para judicializar. Lo anterior es infundado. Primeramente, resulta desacertado que la Jueza de Distrito haya vulnerado el derecho de audiencia que se contiene en el artículo 14 Constitucional , como lo pretende el quejoso; en efecto dicho numeral establece, en lo que interesa, que nadie puede ser privado de la libertad sin mediar juicio ante tribunales competentes en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. En el caso, analizadas las audiencias en que se resolvió la situación jurídica del quejoso se advierte que previo al dictado del auto de vinculación a proceso, se hizo del conocimiento del aquí quejoso la imputación que formuló el agente del Ministerio Público, la cual surgió con el informe policial que rindieron los elementos de la Guardia Nacional, además escuchó los demás datos de prueba sustento de la misma; luego, la Juez de Distrito otorgó el uso de la voz a la defensa particular; asimismo, cuestionó al aquí quejoso sobre si comprendía el hecho imputado, y le otorgó la posibilidad de ejercer su derecho a declarar, manifestando no querer hacerlo en ese momento. De ahí que es infundado lo aseverado en cuanto a la vulneración a su garantía de audiencia. Por otra parte, a efecto de analizar el auto de vinculación a proceso reclamado, se precisa que dicha fase del procedimiento penal se regula en los artículos 19 y 20 Constitucionales, preceptos que disponen: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. ." El primero de dichos numerales contiene los requisitos mínimos que debe reunir todo mandamiento de autoridad restrictivo de libertad, atento a ello, la legalidad del acto que se reclama se hará a la luz del mencionado precepto. En tanto que el artículo 20 párrafo primero instituye que el proceso penal debe ser acusatorio, adversarial y oral, asimismo, establece los principios rectores de este procedimiento, a saber, publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Así, en acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en dicho precepto, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video. Por su parte, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece los requisitos que han de observarse para emitir un auto de vinculación a proceso, los cuales se encuentran previstos por su ordinal 316 que establece: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." Así, de la lectura de los numerales 19 Constitucional y 316 del código adjetivo, antes transcritos, se obtiene que para la emisión de un auto de vinculación a proceso deben satisfacerse ciertos requisitos, a saber: que sea emitido por autoridad jurisdiccional competente; precisar la conducta típica que se reprocha al imputado y el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, esa determinación debe apoyarse en datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su perpetración. En relación a esto último, es de mencionar que para dictar vinculación a proceso basta que los datos de prueba permitan establecer de manera idónea, pertinente y en su conjunto, la probable intervención del imputado en el hecho delictivo, sin que sea exigible al Juez de Control acreditar los elementos del cuerpo del delito (elementos objetivos, normativos y subjetivos) ni la probable responsabilidad del autor en su perpetración, en razón de que para la emisión de un auto de vinculación a proceso, conforme a lo dispuesto por los preceptos 19 Constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales sólo se necesita que existan datos que permitan evidenciar la presencia de un hecho que esté señalado por la ley como delito y que dichos datos permitan establecer a título de probabilidad que el imputado lo cometió o participó en su perpetración, aunado a que el estándar probatorio en el sistema penal adversarial es mínimo y al momento de emitir una determinación de vinculación a proceso no se requiere de prueba plena, lo que en todo caso sería materia en la etapa de juicio oral, dado que el aludido fallo en realidad sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. Lo anterior se robustece además con los principios de legalidad y de seguridad jurídica contenidos por el artículo 16 de la Constitución Federal, que de manera imperativa dispone que todo acto de autoridad debe estar fundamentado y motivado, lo cual se traduce en la obligación del órgano judicial que emita una resolución de citar los preceptos legales en los que se funde para ello y señalar las circunstancias especiales, las razones particulares o las causas inmediatas que haya tenido en consideración para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su perpetración. Así, adverso a lo que señala el quejoso, tal como lo apreció la jueza responsable, de los datos de prueba expuestos por el agente del Ministerio Público, se obtienen indicios razonables de que se cometieron los hechos que la ley señala como delitos, pues se cuenta con las manifestaciones de los elementos policíacos quienes expusieron las circunstancias en que sucedió el evento, que concatenado a la evidencia del material bélico y del narcótico, así como los dictámenes que arrojaron su calibre y naturaleza química, resultan suficientes para el dictado del auto de vinculación a proceso. Recordemos que en esta etapa del juicio oral no es necesario acreditar los elementos que integran el cuerpo del delito, sino que basta encuadrar la conducta a la norma penal, de manera que permita identificar los motivos e identificar las razones que llevaron a la jueza de Distrito a determinar el tipo penal aplicable, es decir, para no rebasar la directriz constitucional sólo debe atenderse el hecho que la ley contempla como delito y la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o haya participado en su perpetración; por lo que, este órgano de control constitucional únicamente debe examinar el grado de racionabilidad a fin de concluir si se justifican o no esos requisitos. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 35/2017, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." Además, el auto de vinculación a proceso reclamado cumple con todas aquellas exigencias y condiciones contenidas en las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas en la Constitución. En efecto, contrario a lo alegado por el quejoso en una parte de sus conceptos de violación, el auto de vinculación se encuentra fundado y motivado, pues la Juez de Distrito citó con precisión los preceptos legales aplicables al caso concreto, es decir, señaló correctamente los artículos previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y en la Ley General de Salud, que tipifican los hechos considerados como ilícitos -fundamentación- y analizó los datos de prueba que establecieron que los mismos se han cometido y que existió la probabilidad de que el imputado participó en su comisión -motivación-. Además, tomó en consideración y evaluó los datos de prueba que relató el fiscal investigador como sustento de la imputación formulada, explicando y justificando su valoración con base en la apreciación conjunta, integral y armónica de todos los datos probatorios, con lo cual cumplió con lo establecido en los numerales 259, 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales , que establecen la facultad del juzgador para asignar el valor a los datos de prueba de manera libre y lógica, cuando sean idóneos y pertinentes para establecer razonadamente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. De ello se concluye que, la autoridad señalada como responsable debidamente fundó y motivó el auto de vinculación a proceso reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación, de rubro y texto siguientes: "FUNDAMENTACION Y MOTIVACION, GARANTIA DE. Para que la autoridad cumpla la garantía de legalidad que establece el artículo 16 de la Constitución Federal en cuanto a la suficiente fundamentación y motivación de sus determinaciones, en ellas debe citar el precepto legal que le sirva de apoyo y expresar los razonamientos que la llevaron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, que las origina, encuadra en los presupuestos de la norma que invoca." Aunado a lo anterior, de la interpretación armónica del artículo 19 de la Constitución y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el dictado del auto de vinculación a proceso, se debe cumplir con los siguientes requisitos: I) Se dicte en el plazo de setenta y dos horas o ciento cuarenta y cuatro horas, a partir de que el imputado sea puesto a disposición; y, por los hechos materia de la formulación de la imputación. II) Se haya formulado la imputación. III) Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar. IV) Se establezca el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de los hechos. V) De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba razonables que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y, que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. De la apreciación del audio y videograbación de la resolución reclamada se advierte que el primer requisito constitucional antes precisado quedó cumplido; en virtud de que al quejoso le fue resuelta la situación jurídica dentro del plazo que contempla el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que el quejoso solicitó que la misma le fuera resuelta dentro de seis días -ciento cuarenta y cuatro horas-. Asimismo, la resolución reclamada se dictó por los hechos materia de la formulación de la imputación; en virtud que el agente del Ministerio Público formuló imputación contra el aquí quejoso respecto a los hechos que la ley señala como delitos de portación de armas de fuego, posesión de cartuchos y posesión de cargadores, todos ellos del uso exclusivo de los institutos armados del país; además, del diverso contra la salud, en la modalidad de posesión de Cannabis Sativa L. con fines de comercio; para lo cual realizó una exposición detallada del hecho fáctico y expuso los datos de prueba recabados en la carpeta de investigación. Con base en ello, la Juez de Distrito del Sistema de Justicia Penal Acusatorio consideró cumplidos los requisitos legales, y por tanto dictó auto de vinculación a proceso en contra del imputado RICARDO SAMIR CERVANTES SANDOVAL, por su probable participación en los hechos que la ley señala como delitos de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional, previsto y sancionado por el artículo 83, fracciones II y III, en relación con el diverso 11, incisos b), c) y d), con las agravantes previstas en el penúltimo y último párrafos del citado precepto 83; posesión de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea nacional, tipificado y penado en el artículo 83 Quat, fracción II, en relación con el 11, inciso c); posesión de cargadores para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional, previsto y sancionado en el artículo 83 Quintus, fracción II, en relación con el 11, inciso c), todos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; y, contra la salud, en la modalidad de posesión del estupefaciente Cannabis Sativa L. con fines de comercio, previsto y sancionado en el artículo 476, en relación con los artículos 479 y 234 de la Ley General de Salud. Las agravantes del delito de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional, las tuvo por acreditadas al portar más de dos armas, además porque el imputado actuó en grupo de tres o más personas. En relación a la finalidad de venta dijo se obtiene de los indicios que arrojan los datos de prueba que expuso la representación social, porque la bolsa con los envoltorios tiene inscrita las iniciales "CJNG", inherentes al "Cartel Jalisco Nueva Generación"; así como por la cantidad y confección de los 105 envoltorios; además abonó otro indicio que se arroja del hallazgo de las calcomanías vehiculares con la leyenda CJNG; lo que de manera razonable arrojan tal presunción. Enseguida encuadró la conducta en términos del 13, fracción II, es decir como autor material del hecho criminoso, ya que el imputado por sí mismo tuvo a su alcance los artefactos bélicos y la marihuana, en grado de probabilidad; sin que advirtiera alguna excluyente de delito, ni extinguida acción penal. Ahora bien, atendiendo a la descripción legal en que se encuadraron los hechos con apariencia de delito, tenemos que los elementos estructurales del hecho que la ley señala como delito de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional, son; a) La existencia de armas de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales; b) Alguien haya mantenido dichos artefactos bélicos a su alcance personal inmediato, fuera de su domicilio; y, c) Que dicha persona haya realizado tal conducta ilícita sin pertenecer a alguno de los Institutos Armados del País o sin el permiso correspondiente. En tanto, los elementos que dan vida a los ilícitos de posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales y posesión de cargadores de la misma exclusividad son: a) La existencia física de cartuchos y cargadores para las armas de fuego consideradas como del uso exclusivo de las fuerzas armadas del País; b) Una persona que mantenga dentro de su radio de acción y ámbito de disponibilidad dichos cartuchos y cargadores; y, c) La realización del acto reprobado por la ley, sin ser miembro de las fuerzas armadas del país o sin contar con el permiso correspondiente. Por su parte, el delito contra la salud, en la modalidad de posesión del estupefaciente Cannabis Sativa L. con fines de comercio, tiene como elementos los siguientes: a) La existencia de un narcótico denominado Cannabis Sativa L; b) El sujeto activo mantenga dentro de su radio de acción y ámbito de disponibilidad dicho narcótico; c) Por las circunstancias del hecho, la posesión del narcótico afecto, pueda considerarse destinada a su comercialización; y, d) La posesión del narcótico se realice sin la autorización a que se refiere la Ley General de Salud. En ese tenor, se establece que la decisión de la Juez de Distrito fue correcta pues en el caso de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba razonables que establecen que se cometieron los hechos reprobables antes mencionados, y hacen patente la probabilidad de que el imputado intervino en su comisión. Así, se converge con lo determinado por la juez responsable ya que analizados los datos de prueba que relató la parte acusadora en la audiencia inicial, es posible advertir las circunstancias de tiempo, lugar y ejecución de los hechos delictivos, conforme a la narrativa de los mismos que estableció dicha autoridad. En este sentido, cabe señalar que la técnica del juicio de amparo impone al órgano de control constitucional, realizar una ponderación formal y material de las actuaciones de la autoridad responsable, sin poder substituirlo en la valoración de los datos de prueba pues ello se circunscribe al principio de inmediación que sólo el juez de primera instancia puede verificar, empero, en tal ponderación si puede determinarse si la actuación del juzgador se ajustó o no a los principios que rigen el debido proceso legal, así como la razonabilidad de los argumentos que en su caso haya expuesto para resolver determinada cuestión. Se invoca a lo anterior el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria de voz y contenido siguientes: "VINCULACIÓN A PROCESO. LOS JUECES DE AMPARO NO PUEDEN SUSTITUIR AL JUEZ DE CONTROL EN LA PONDERACIÓN DE LOS DATOS DE PRUEBA INCORPORADOS POR EL IMPUTADO O SU DEFENSA, EN EL PLAZO CONSTITUCIONAL O SU DUPLICIDAD, SIN EMBARGO, SÍ PUEDEN ANALIZAR LA LEGALIDAD DE SU EJERCICIO DE PONDERACIÓN. Los Tribunales Colegiados que participaron en la contradicción de tesis conocieron, en los correspondientes recursos de revisión, de casos en los que sendos imputados, por conducto de su defensa, incorporaron respectivamente en el plazo constitucional y su duplicidad, datos de prueba para que fueran considerados por el Juez de Control al resolver sobre su vinculación a proceso; sin embargo, sostuvieron criterios opuestos, pues uno de ellos determinó, implícitamente, que la autoridad de amparo en primera instancia podía sustituir al Juez de Control en la ponderación de los datos de prueba; mientras que el otro concluyó que ello correspondía al Juez de Control, pero en la etapa intermedia. Sobre tal cuestión, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que los Jueces de amparo no pueden sustituir al Juez de Control en la ponderación de los datos de prueba incorporados por el imputado o su defensa, en el plazo constitucional o su duplicidad; sin embargo, sí pueden analizar la legalidad del ejercicio de ponderación que aquél realiza. Ello debido a que el Juez de Control, para resolver sobre la vinculación a proceso, debe ponderar los datos de prueba que incorpore el imputado o su defensa, durante el plazo constitucional de setenta y dos horas o en su ampliación, en contradicción con los expuestos por el Ministerio Público, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 314 y 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales; facultad que es exclusiva de las autoridades de instancia y, por tanto, no pueden ejercerla los Jueces constitucionales. No obstante, ello no implica que no puedan revisar el juicio de ponderación de los datos de prueba que se realiza; es decir, la legalidad y constitucionalidad del acto reclamado, no del dato de prueba en sí, pues su análisis se circunscribe única y exclusivamente a la valoración del juicio de prueba que llevó a cabo el Juez de Control, y resolver sobre la constitucionalidad de su determinación. Ejercicio que no implica que se sustituya al Juez natural en la apreciación de los datos de prueba, ya que sólo se analiza la legalidad de la ponderación que se hizo, a efecto de corroborar si se ajustó o no a los principios que rigen el debido proceso legal, y constatar que no se hubieran alterado los hechos, que no exista infracción a las reglas fundamentales de la lógica, a los conocimientos científicos y a las máximas de la experiencia." Entonces, lo asentado permite establecer, que como acertadamente lo sostuvo la jueza responsable, los datos de prueba aportados por el representante social, acreditan la realización de los hechos que la ley señala como delitos de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional; posesión de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional; posesión de cargadores de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional; y, Contra la Salud, en la modalidad de posesión del estupefaciente Cannabis Sativa L. con fines de comercio. Además, como correctamente lo determinó se acreditan las agravantes de portar dos o más armas, y actuar en grupo de tres o más personas. En efecto, la realización de los hechos quedó acreditada puesto que de los indicios que arrojan los datos de prueba que relató la representación social permiten sostener que el imputado tuvo dentro de su radio de acción y ámbito de disponibilidad inmediata las armas de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aéres; así mismo, dentro de su alcance y disposición los cargadores y cartuchos del uso restringido para las fuerzas armadas del país y la Cannabis Sativa L. Las primeras conductas realizadas sin pertenecer a esos institutos armados, ni contar con permiso de la Secretaría de la Defensa Nacional; en tanto que no justificó contar con autorización para poseer el narcótico, expedida por la Secretaría de Salud. Además, debemos tomar en consideración que en esta etapa del juicio, la referencia al hecho ilícito es la relativa al núcleo del tipo, y que para el dictado del auto de vinculación basta que los datos de prueba arrojen la probabilidad del que el imputado lo cometió o participó en su comisión, pues tal determinación sólo fija la materia de la investigación y el eventual juicio. De igual forma, es correcta la determinación en relación a la participación del imputado en los hechos delictivos, en términos del artículo 13, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Penales, ya que con los relatados datos de prueba se desprende la probabilidad de que el imputado por sí mismo los ejecutó. Debe destacarse que el auto de vinculación a proceso, no significa el fin de la investigación, por el contrario, la misma va a continuar pero de una manera formalizada o judicializada, ya con una litis determinada; es decir, las partes pueden continuar reuniendo más elementos de convicción. Dicho de otro modo, con la vinculación a proceso sólo se fija la materia a que se constreñirá la investigación por parte de la Fiscalía, dentro del plazo que fijó la Juez de Distrito -cuarenta días-. Así, analizando la legalidad de las razones que dio la Juez responsable, se concluye que fue acertada la determinación tomada con base en los datos que aportó el Ministerio Público -que quedaron precisos con antelación-, pues con éstos es posible determinar las circunstancias de ejecución del evento delictivo y posibilidad de que el quejoso los cometió. De ahí que, no se comparte el argumento del quejoso cuando indica que el auto de vinculación fue dictado sin que existieran elementos probatorios plenos; puesto que, como se ha dicho, en esta etapa del juicio oral, únicamente se señalan los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación para solicitar la vinculación a proceso, con un estándar probatorio mínimo, y será hasta la etapa de juicio, cuando se valoren esos datos, como medios de prueba, momento en que se exigirá de la existencia de pruebas plenas para sostener la culpabilidad del imputado. Además, la juez responsable en relación a la entrevista de José Ramírez Chávez, con base en la cual el defensor particular pretendió controvertir los hechos pronunciados por los elementos captores, indicó que los datos que se arrojan de su contenido pueden dilucidarse en la etapa de investigación complementaria, y si bien pudo hacerse durante la duplicidad del término por encontrarse en etapa de investigación, sin embargo no se recibió mayor información, por lo que la entrevista de aquél no le permitió concluir que la referencia que realizó se tratara de los mismos cuatro detenidos y de la camioneta en que se localizaron los artefactos bélicos y el narcótico. En tal aspecto, es de señalar que no es posible a través de este amparo efectuar un análisis valorativo en torno a dicha probanza, pues ello sería sustituir la función encomendada al juez de instancia; empero, analizando la legalidad de las razones que dio la responsable, se concluye que fue acertada su determinación en tal aspecto, puesto que los datos que indicó la defensa al hacer referencia a esa entrevista no son contundentes para contrarestar los indicios que se obtienen de los datos de prueba que aportó el fiscal investigador. Así las cosas, realizando un ejercicio de ponderación se estima que los datos de prueba aportados en la audiencia inicial son razonables, idóneos y eficaces para establecer que se cometieron los hechos materia de la imputación; además, son indicativos de que RICARDO SAMIR CERVANTES SANDOVAL probablemente los ejecutó. En esas circunstancias, y toda vez que en el nuevo sistema de justicia oral, no es necesario que existan pruebas formalizadas, es decir desaparece la figura de los elementos corpóreos del delito, sustituyéndose la existencia de que los datos establezcan el delito que se imputa, el lugar, tiempo, las circunstancias de ejecución y que exista probabilidad de que aquel lo cometió o participó en su ejecución, lo que en la especie aconteció, por lo que se arriba a la conclusión que correctamente la Juez de Distrito responsable dictó auto de vinculación a proceso al determinar la comisión de los hechos con apariencia de delitos, así como la presunción de que RICARDO SAMIR CERVANTES SANDOVAL los cometió. De ahí que resultan infundados los conceptos de violación formulados, puesto que la resolución reclamada cumple con las exigencias contenidas en los artículo 14 y 16 de la Constitución en torno a la valoración del cuadro fáctico presentado por el representante social al solicitar el auto de vinculación a proceso del imputado. Es aplicable al particular, la tesis de jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, de voz y contenido siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE GARANTÍA, EL TRIBUNAL DE APELACIÓN, LOS JUECES DE DISTRITO Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, AL MOMENTO DE DICTARLO O ANALIZARLO, ÚNICAMENTE DEBEN ATENDER A LOS DATOS DE INVESTIGACIÓN QUE REFIERA EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA AUDIENCIA RELATIVA Y A LAS PRUEBAS QUE SE DESAHOGUEN EN ELLA, SIEMPRE QUE NO SE ESTÉ EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). Conforme al nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial, para el dictado del auto de vinculación a proceso sólo debe atenderse a los datos que establezcan que se cometió un hecho señalado por la ley como delito y exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, lo cual debe atenderse por el Juez de Garantía y, en su caso, analizarse por el tribunal de apelación, los Jueces de Distrito y los Tribunales Colegiados de Circuito, esto es, aquella determinación debe dictarse y/o analizarse únicamente con base en los datos de investigación que refiera el Ministerio Público en la audiencia de vinculación a proceso y las pruebas que se desahoguen en ella, siempre que no se esté en alguno de los supuestos de excepción en donde esos datos se formalizan, como lo son, la etapa preliminar, el reconocimiento de personas, la declaración ministerial del imputado y el anticipo de prueba, previstos en los artículos 262, 298 y 267 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, respectivamente." Por otra parte, la Juez responsable a solicitud de la representación social, reiteró la prisión preventiva decretada contra el imputado RICARDO SAMIR CERVANTES SANDOVAL, como medida cautelar. Se estima apegado a derecho, ya que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 19 párrafo segundo de la Constitución, en vinculación con el artículo 167 tercer párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se trata de delito de los que ameritan prisión preventiva oficiosa , dado que al activo se le imputan delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea; y un delito en contra de la salud. Finalmente, la Juez de Distrito determinó procedente otorgar el plazo de cuarenta días para el cierre de la investigación complementaria; en tal aspecto, no existió inconformidad de ninguna de las partes, ni se advierte de oficio alguna vulneración a los derechos del imputado, dado que se sujeta a lo establecido en el artículo 312 del Código Nacional de Procedimientos Penales . Por los motivos expuestos, se determina que el proceder de la Jueza de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, no conculca derechos fundamentales del quejoso RICARDO SAMIR CERVANTES SANDOVAL, de ahí lo infundado de los conceptos de violación formulados. Por tanto, al no advertir deficiencia que suplir en favor del quejoso, lo procedente es NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO promovido por RICARDO SAMIR CERVANTES SANDOVAL, por los actos y autoridades que quedaron precisados en los considerandos tercero y quinto de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a RICARDO SAMIR CERVANTES SANDOVAL, por las razones dadas en el considerando sexto de esta sentencia. Notifíquese personalmente a las partes; y al quejoso en el lugar en que guarda prisión preventiva oficiosa. Así lo resolvió y firma el Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, SERGIO SANTAMARÍA CHAMÚ, hasta el día de hoy veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, en que concluyó la emisión del fallo; ante la secretaria Maira Flor López Valencia, con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, nueve de junio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Autorizado en términos amplios realiza manifestaciones. Téngase por recibido el escrito firmado electrónicamente por Rubén Israel Villaseñor Reynaga, autorizado en términos amplios del quejoso, por medio del cual refiere lo siguiente: Derivado del auto que antecede con fecha de publicación 06 seis de junio del presente año 2022 dos mil veintidós, se ordena notificar como tercero interesado al Agente del Ministerio Público en comento, sin embargo en la segunda promoción presentada ante este órgano jurisdiccional el días 25 veinticinco de mayo del presente año 2022 dos mil veintidós, se solicitó la ampliación de la presente demanda de garantías por las razones y fundamentos expuestos en dicha promoción, solicitando se requiera como autoridad responsable al multicitado agente del ministerio público federal En atención al ocurso del autorizado del quejoso se acuerda: Se desconoce carácter a MP en cuanto tercero Visto el estado que guardan los autos, así como de una revisión del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes -herramienta que permite cumplir con el esquema estricto de distanciamiento social y trabajo a distancia como elementos centrales específicamente en el expediente electrónico del presente juicio de amparo, se advierte que en proveído de seis de junio de dos mil veintidós, se reconoció el carácter de tercero interesado a Lauro Pallares Mora, Agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con residencia en esta ciudad, que intervino dentro de la causa penal 130/2022, ordenándose su emplazamiento por medio del oficio 17496/2022 Ahora bien, como lo refiere la parte quejosa en su escrito de cuenta, en auto del pasado veintiséis de mayo se le tuvo ampliando demanda de amparo, para señalar como autoridad responsable al Agente del Ministerio Público Federal, Titular de la Célula III-4 en el Estado, con residencia en Uruapan. Por lo que, al ser el Ministerio Público una sola institución, cuya intervención se acota en atención al procedimiento en que se genera el acto reclamado, con independencia de la persona que ostenta ese cargo, al haberse señalado como autoridad responsable a aquélla autoridad, procede el desconocimiento del carácter de tercero interesado otorgado a Lauro Pallares Mora, Agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con residencia en esta ciudad, que intervino dentro de la causa penal 130/2022. Al ampliar demanda de amparo se giró oficio para emplazar al Ministerio Público responsable Por otro lado, en cuanto a la solicitud que realiza la parte quejosa, para que se requiera el Ministerio Público como autoridad responsable, deberá estarse a lo acordado en el auto de veintiséis de mayo del año en curso, en que se libró el oficio 15966/2022, al Agente del Ministerio Público Federal, Titular de la Célula III-4 en el Estado, con residencia en Uruapan, requiriéndole el informe justificado respecto de la ampliación de demanda. Razón actuarial Finalmente, vista la razón actuarial elaborada el nueve de junio del año en curso, por el actuario adscrito a este Juzgado, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo para entregar el oficio 17496/2022, dirigido a Lauro Pallares Mora, Agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con residencia en esta ciudad, que intervino dentro de la causa penal 130/2022, en razón de que al constituirse en las oficinas que ocupa la Fiscalía General de la República, Delegación Michoacán, en esta ciudad, fue informado por el licenciado Erick Dimas Martínez, Auxiliar Ministerial Encargado de Control de Gestiones de la referida Fiscalía, que dicho agente se encuentra en Zamora, Michoacán. Sin embargo, no ha lugar a realizar mayor pronunciamiento, toda vez que en esta fecha se desconoce el carácter de tercero interesado al citado representante social, por haberse señalado como autoridad responsable. Notifíquese a las partes mediante lista que se publique en el Portal de Internet de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Maira Flor López Valencia, secretaria que autoriza y da fe.

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