Ricardo Saldaña Gonzalez

Expediente 357/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
357/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
14/05/2018

Partes del expediente

  • Ricardo Saldaña Gonzalez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que el auto de veintitrés de abril de dos mil dieciocho por el que DESECHÓ la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja procedente en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, CAUSA ESTADO dicho auto. Anótese lo procedente en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. En razón de lo anterior, en cumplimiento a lo que establece el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente expediente en que se actúa, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes, conforme a lo que dispone la fracción XVIII, del capítulo primero, del referido acuerdo general conjunto; por lo cual, una vez transcurridos TRES AÑOS a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa la anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el capítulo tercero, punto décimo primero, párrafo segundo, del multicitado acuerdo general conjunto número 1/2009.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra los actos del JUEZ QUINTO DE LO PENAL DE LA CIUDAD DE PUEBLA y otra autoridad, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 357/2018. Ante todo, debe puntualizarse que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de garantías, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Bajo esa tesitura, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que el promovente reclama del Juez Quinto de lo Penal de Puebla el acuerdo de veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, dictado dentro de los autos del proceso 262/2008 del índice del juzgado de su adscripción, por medio del cual se le niega la cancelación de la ficha signalética. Ahora bien, como cuestión previa resulta necesario precisar que a Ricardo Saldaña González le reviste el carácter de sentenciado en el proceso 262/2008, generador del acto reclamado, por lo que es parte formal en dicha causa penal. En consecuencia, esta potestad federal advierte que en la especie se actualiza una causal de improcedencia de la demanda de amparo que se provee, prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, que refiere: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII.- Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.. Se exceptúa de lo anterior:. a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales;. b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal;. c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento.. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" De la interpretación relacionada de los numerales antes mencionados, se conoce que el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado, toda vez que si con aquéllos logra anular los efectos que le causan agravio, es evidente que el interesado no debe acudir a un medio extraordinario de protección de sus derechos esenciales cuando tiene al alcance los recursos con los que logrará el mismo objetivo, pues de otra manera el juicio de amparo se convertiría en un medio ordinario de defensa más. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo. Así, el auto que niega la cancelación de la ficha signalética, por tratarse de un acto de autoridad, se rige por lo dispuesto en el artículo 16 constitucional, que de manera alguna afecta o impone algún tipo de restricción o perturbación de la libertad del acusado, ni constituye una pena, ya que es un simple auto de trámite que para reclamarse en la vía del juicio de amparo, se requiere agotar dicho principio de definitividad, contenido en el primer párrafo de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Ahora bien, los artículos 267 y 273 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, establecen: "Artículo 267. El recurso de revocación procede, cuando este Código no conceda el de apelación". "Artículo 273.- Son apelables, salvo disposición legal en contrario:. I.- Las sentencias de primera instancia;. II.- Los autos de falta de elementos para procesar;. III.- Los autos en que se conceda o niegue la libertad bajo caución;. IV.- Los autos que concedan o nieguen la libertad por desvanecimiento de datos;. V.- Los autos que resuelvan algún incidente no especificado;. VI.- El auto en que se niegue la orden de aprehensión y el que niegue la citación para preparatoria;. VII. Los autos que ratifiquen la constitucionalidad de una detención conforme al párrafo VI del artículo 16 Constitucional;. VIII.- Los autos en que se fije o modifique el monto de la caución para obtener la libertad provisional, teniendo la autoridad revisora, en este caso, un término de cuarenta y ocho horas para resolver al respecto, y. IX.- Las demás resoluciones que señale la Ley." De las transcripciones que anteceden, se conocen cuáles son las resoluciones en materia penal respecto de las que procede el recurso de apelación, en el caso concreto, el proveído que constituye el acto reclamado por el impetrante de amparo es el acuerdo de veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, dictado dentro de los autos del proceso 262/2008 del índice del juzgado de su adscripción, por medio del cual se le niega la cancelación de la ficha signalética, el cual si bien no se encuadra dentro de las hipótesis previstas en el artículo 273 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla; sin embargo, el diverso artículo 267 del ordenamiento legal en cita establece que cuando el Código en mención no conceda el de apelación procederá el recurso de revocación, lo que lleva a concluir que si la resolución o acuerdo materia de estudio no es apelable de conformidad con el artículo 273 anteriormente referido es indudable que en contra de dicha resolución PROCEDE EL RECURSO DE REVOCACIÓN. Conforme con lo expuesto, se colige que el acto reclamado por el quejoso es impugnable a través del recurso de revocación previsto en el artículo 267 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, por no encuadrar dentro de las hipótesis a que se refiere el artículo 273 del mismo cuerpo de leyes. En el contexto que antecede, resulta indudable que la demanda de amparo que se provee, resulta improcedente al no haberse agotado el principio de definitividad, dado que a través de la interposición del referido medio ordinario de impugnación, se puede obtener la confirmación, modificación o revocación de los autos que se reclaman a través del presente juicio de amparo, esto es, el quejoso debió haber cumplido con el principio de definitividad previo a ocurrir al juicio del amparo, impugnando a través del RECURSO DE REVOCACIÓN que prevé el artículo 267 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, el acuerdo por medio del cual se le niega la devolución de su vehículo, mismo que constituye el acto reclamado, por no ser extraño al juicio natural y no tratarse de aquellos que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, ni de los previstos en el artículo 61, fracción XVIII, incisos a), b) y c) de la Ley de la Materia, no opera en su favor la excepción a que se refiere éste último ordenamiento legal. En consecuencia, al no haberse agotado el principio de definitividad rector del juicio constitucional, mediante la previa interposición del recurso de revocación aludido, por parte del promovente del amparo, es evidente la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, circunstancia que obliga a DESECHAR DE PLANO la demanda en estudio por resultar notoriamente improcedente, con fundamento en el diverso artículo 113 de la invocada Ley de la Materia. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la quejosa en su escrito de demanda y como su autorizado para esos al profesionista que menciona por no encontrarse registrado en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra los actos del JUEZ QUINTO DE LO PENAL DE LA CIUDAD DE PUEBLA y otra autoridad, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 357/2018. Ante todo, debe puntualizarse que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de garantías, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Bajo esa tesitura, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que el promovente reclama del Juez Quinto de lo Penal de Puebla el acuerdo de veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, dictado dentro de los autos del proceso 262/2008 del índice del juzgado de su adscripción, por medio del cual se le niega la cancelación de la ficha signalética. Ahora bien, como cuestión previa resulta necesario precisar que a Ricardo Saldaña González le reviste el carácter de sentenciado en el proceso 262/2008, generador del acto reclamado, por lo que es parte formal en dicha causa penal. En consecuencia, esta potestad federal advierte que en la especie se actualiza una causal de improcedencia de la demanda de amparo que se provee, prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, que refiere: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII.- Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.. Se exceptúa de lo anterior:. a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales;. b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal;. c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento.. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" De la interpretación relacionada de los numerales antes mencionados, se conoce que el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado, toda vez que si con aquéllos logra anular los efectos que le causan agravio, es evidente que el interesado no debe acudir a un medio extraordinario de protección de sus derechos esenciales cuando tiene al alcance los recursos con los que logrará el mismo objetivo, pues de otra manera el juicio de amparo se convertiría en un medio ordinario de defensa más. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo. Así, el auto que niega la cancelación de la ficha signalética, por tratarse de un acto de autoridad, se rige por lo dispuesto en el artículo 16 constitucional, que de manera alguna afecta o impone algún tipo de restricción o perturbación de la libertad del acusado, ni constituye una pena, ya que es un simple auto de trámite que para reclamarse en la vía del juicio de amparo, se requiere agotar dicho principio de definitividad, contenido en el primer párrafo de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Ahora bien, los artículos 267 y 273 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, establecen: "Artículo 267. El recurso de revocación procede, cuando este Código no conceda el de apelación". "Artículo 273.- Son apelables, salvo disposición legal en contrario:. I.- Las sentencias de primera instancia;. II.- Los autos de falta de elementos para procesar;. III.- Los autos en que se conceda o niegue la libertad bajo caución;. IV.- Los autos que concedan o nieguen la libertad por desvanecimiento de datos;. V.- Los autos que resuelvan algún incidente no especificado;. VI.- El auto en que se niegue la orden de aprehensión y el que niegue la citación para preparatoria;. VII. Los autos que ratifiquen la constitucionalidad de una detención conforme al párrafo VI del artículo 16 Constitucional;. VIII.- Los autos en que se fije o modifique el monto de la caución para obtener la libertad provisional, teniendo la autoridad revisora, en este caso, un término de cuarenta y ocho horas para resolver al respecto, y. IX.- Las demás resoluciones que señale la Ley." De las transcripciones que anteceden, se conocen cuáles son las resoluciones en materia penal respecto de las que procede el recurso de apelación, en el caso concreto, el proveído que constituye el acto reclamado por el impetrante de amparo es el acuerdo de veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, dictado dentro de los autos del proceso 262/2008 del índice del juzgado de su adscripción, por medio del cual se le niega la cancelación de la ficha signalética, el cual si bien no se encuadra dentro de las hipótesis previstas en el artículo 273 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla; sin embargo, el diverso artículo 267 del ordenamiento legal en cita establece que cuando el Código en mención no conceda el de apelación procederá el recurso de revocación, lo que lleva a concluir que si la resolución o acuerdo materia de estudio no es apelable de conformidad con el artículo 273 anteriormente referido es indudable que en contra de dicha resolución PROCEDE EL RECURSO DE REVOCACIÓN. Conforme con lo expuesto, se colige que el acto reclamado por el quejoso es impugnable a través del recurso de revocación previsto en el artículo 267 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, por no encuadrar dentro de las hipótesis a que se refiere el artículo 273 del mismo cuerpo de leyes. En el contexto que antecede, resulta indudable que la demanda de amparo que se provee, resulta improcedente al no haberse agotado el principio de definitividad, dado que a través de la interposición del referido medio ordinario de impugnación, se puede obtener la confirmación, modificación o revocación de los autos que se reclaman a través del presente juicio de amparo, esto es, el quejoso debió haber cumplido con el principio de definitividad previo a ocurrir al juicio del amparo, impugnando a través del RECURSO DE REVOCACIÓN que prevé el artículo 267 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, el acuerdo por medio del cual se le niega la devolución de su vehículo, mismo que constituye el acto reclamado, por no ser extraño al juicio natural y no tratarse de aquellos que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, ni de los previstos en el artículo 61, fracción XVIII, incisos a), b) y c) de la Ley de la Materia, no opera en su favor la excepción a que se refiere éste último ordenamiento legal. En consecuencia, al no haberse agotado el principio de definitividad rector del juicio constitucional, mediante la previa interposición del recurso de revocación aludido, por parte del promovente del amparo, es evidente la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, circunstancia que obliga a DESECHAR DE PLANO la demanda en estudio por resultar notoriamente improcedente, con fundamento en el diverso artículo 113 de la invocada Ley de la Materia. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la quejosa en su escrito de demanda y como su autorizado para esos al profesionista que menciona por no encontrarse registrado en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito.

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