Ricardo Said Suarez Flores
Expediente 376/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 19 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 376/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 27/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ricardo Said Suarez Flores
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, agréguese el oficio que remite la actuaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del diverso oficio por el que se le remitió el expediente original del cual deriva el presente cuaderno, para la substanciación del recurso de revisión interpuesto contra la sentencia emitida en autos, e informa su admisión, el cual quedó registrado con el número 300/2023. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Angélica Estefanía Aponte Ayala, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
21341. TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO EN TURNO. CIUDAD. Para el ulterior trámite del recurso de revisión interpuesto por el autorizado de la parte quejosa, contra la sentencia de once de agosto del año en curso, remito lo siguiente: a) Los autos originales del juicio de amparo 376/2023; b) Escrito de expresión de agravios en la que consta la firma electrónica del autorizado de la parte quejosa y sello de recibo de la oficialía de partes de este juzgado, constante de seis fojas; c) Copia del escrito de expresión de agravios de referencia constante en igual número de fojas; y, d) Cuatro tomos de prueba. Asimismo, solicito atentamente ordene a quien corresponda acuse el recibo correspondiente. Sin otro particular, reitero mi atenta y distinguida consideración. MORELIA, MICHOACÁN, 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023. ATENTAMENTE: JUEZ SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN.
- Principal
Morelia, Michoacán, uno de septiembre de dos mil veintitrés.****************************************Vista la cuenta precedente, agréguese el escrito signado por ********************en su calidad de autorizado del quejoso ********************, mediante el cual interpone recurso de revisión contra la sentencia emitida en autos; en consecuencia, con apoyo en los artículos 81 y 89 de la Ley de Amparo, córrase traslado a las partes con copia del escrito de expresión de agravios.****************************************Asimismo, con fundamento en el artículo 89 de la Ley de Amparo, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente asunto, remítanse dentro de los tres días siguientes los autos originales al Tribunal Colegiado que corresponda, enviándose al efecto el original y copia de los escritos en mención.****************************************Notifíquese por lista, personalmente a los terceros interesados y por oficio a la autoridad responsable.****************************************Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada María Victoria Sánchez Méndez, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las diez horas con cuarenta minutos del once de agosto de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 376/2023, sin la comparecencia de las partes. Enseguida la secretaria da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con las documentales allegas por las autoridades responsables y aportadas por la parte quejosa. Al respecto, el juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogada en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas antes descritas, aportadas por la autoridad. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, se hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se declara precluido el derecho de las partes para formular alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda; y R E S U L T A N D O : Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiocho de marzo de dos mil veintitrés por buzón judicial, de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, compareció Ricardo Said Suárez Flores, por propio derecho, a solicitar el amparo y protección de la justicia federal contra actos del Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Morelia, Michoacán. Segundo. Admisión y trámite de la demanda. Por razón de turno, el conocimiento de dicha demanda correspondió a este juzgado, quien la recibió el veintinueve de marzo de dos mil veintitrés y por auto de treinta de marzo siguiente (foja 107) la admitió a trámite y la registró en el libro de gobierno con el número 376/2023, otorgó al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado Federal, la intervención legal que le compete, y se pidió el informe justificado a la autoridad responsable. En dicho proveído, se reconoció el carácter de tercera interesada a Banco del Bajío S.A. por figurar como actora dentro del juicio civil de origen; y en diverso proveído de doce de mayo de dos mil veintitrés, se le reconoció el carácter de tercero interesado a Maquiladora Textilera de Sahuayo, Sociedad Anónima de Capital Variable, por ser parte demandada. Por auto de seis de julio de dos mil veintitrés, tomando en consideración que del informe del Juzgado Séptimo responsable, manifestó que es cierto el acto que se reclama, pero de las constancias se advierte que por acuerdo de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, ordenó girar exhorto al Juez de Primera Instancia en Materia Civil y Mixto de Distrito Judicial de Sahuayo, Michoacán, para que notificara a Ricardo Said Suárez Flores, a efecto de que interviniera en el avalúo y subasta del bien inmueble materia de la hipoteca; y mediante diligencia de doce de diciembre de dos mil veintidós, la actuaría del Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil de Distrito Judicial de Sahuayo, Michoacán, llevó a cabo la diligencia encomendada, es por ello que se requirió a la parte quejosa para que señalara si era su deseo reclamar la diligencia de doce de diciembre de dos mil veintidós, lo cual no realizó. Seguido el trámite de ley, se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional de mérito, la cual concluyó al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A C I O N E S : Primera. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución General de la República; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 y 50, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues la parte quejosa reclama actos cuya ejecución será en el ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a precisar el acto reclamado, para lo cual es necesario tomar en cuenta la demanda de amparo en su integridad, atento a lo dispuesto en la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En cumplimiento al precepto y jurisprudencia de referencia, debe decirse, que en la especie, la quejosa reclama: Autoridad responsable y actos reclamados: Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Morelia, Michoacán. El auto de trece de febrero de dos mil veintitrés, emitido dentro del juicio sumario civil hipotecario 1098/2019, en el que se señala fecha para llevar a cabo la diligencia de remate en primera almoneda respecto del predio rústico denominado "La Providencia", ubicado en la Tuna Manza, del Municipio de Sahuayo, Michoacán; así como la publicación de edictos convocándose a postores. Tercera. Certeza de los actos reclamados. La autoridad responsable manifestó que son ciertos los actos reclamados (fojas 127 y 128). Lo que se corrobora con las constancias que remitió como soporte de su informe justificado, consistente en copias certificadas del expediente 1098/2019 y de dos cuadernos de amparo (cuatro tomos de pruebas). Probanzas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Por tanto, se tiene por demostrada fehacientemente la existencia del acto que se combate, como indica la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, con número de registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por lo que respecta al valor acreditativo de los documentos públicos, es ilustrativa la jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Cuarta. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado que se atribuye a la autoridad responsable, procede examinar la procedencia del juicio de amparo, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben estudiarse preferentemente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Por ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia del juicio de amparo, pues conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia previstas en el artículo 61 del ordenamiento legal invocado, se analizarán de oficio. Así, a juicio de quien resuelve, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (. . .) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (. . .) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)" Como se ve, la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, instituye que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la Ley de Amparo; lo que deja abierta la posibilidad de atender a otros supuestos que permitan sustentar válidamente la improcedencia del amparo. Por su parte, el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, instituye que si se trata de actos en ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución pronunciada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Y que en los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. Interpretada en sentido contrario dicha disposición, el juicio de amparo resultará improcedente cuando se advierta que no se trata de la última resolución en el procedimiento de ejecución y en el procedimiento de remate, cuando no sea aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Ahora, para una mejor comprensión de lo aquí resuelto, es importante destacar los siguientes antecedentes: I. Demanda. Banco del Bajío, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple a través de sus apoderados mediante escrito presentado el ocho de noviembre de dos mil diecinueve, ante la Oficialía de Partes y Turno en Materia Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en Morelia, Michoacán, turnado el once siguiente al Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, demandó en la vía sumaria civil hipotecaria, a Maquiladora Textilera de Sahuayo, Sociedad Anónima de Capital Variable, las siguientes prestaciones: ". . .I) La declaración judicial de haberse vencido anticipadamente el plazo concedido en el contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria, celebrado entre la entidad financiera que represento y la ahora parte demandada, desde la fecha en que la acreedora lo determinó, en los términos de sus cláusulas quinta, sexta, séptima y décima tercera del pacto crediticio celebrado, y, en consecuencia, el pago de las siguientes prestaciones en dinero. II) Se proceda a hacer efectiva la garantía hipotecaria constituida para obtener el pago del crédito garantizado, sea con el precio que se obtenga con el remate judicial del inmueble gravado o mediante la adjudicación en subasta pública de dicho bien raíz en favor del acreedor hipotecario, en los términos del artículo 2893 del Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal, supletorio en el ramo sustantivo bancario y mercantil, así como de acuerdo a lo pactado en las cláusulas relativas del pacto volitivo que fundan la presente demanda. III) El pago de la cantidad de $12´668,522.15 (doce millones seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintidós pesos 15/100 M.N.), por concepto de saldo insoluto de capital dispuesto por la acreditada y ahora demandada, en virtud del contrato de apertura de crédito simple celebrado entre las partes, integrado por el capital vencido mensualmente y no pagado durante la vigencia del crédito y por el capital vencido en forma anticipada por el incumplimiento obligacional en que incurrió la acreditada, de conformidad con las cláusulas primera y cuarta del pacto crediticio accionado. IV) El pago de los intereses ordinarios generados a las tasas pactadas en el contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria, correspondientes al periodo comprendido desde el día veintisiete de mayo al día diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, fecha en que mi representada determinó dar por vencido anticipadamente el plazo del contrato base de la acción, atentos a la cláusula décima tercera del indicado acuerdo de crédito, así como el impuesto al valor agregado generado de acuerdo a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, mismos que serán cuantificados en la vía incidental de liquidación de sentencia en la etapa de ejecución de la misma. V) El pago de los intereses moratorios generados y calculados sobre los pagos mensuales de capital vencidos y no pagados, que debía efectuar la parte acreditada de conformidad con las cláusulas contractuales tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima, a las tasas pactadas en el contrato de apertura de crédito simple fundatorio de la acción, en virtud de que los mismos se causaban sobre cualquier suma que estuviere obligada a cubrir la parte acreditada y no fuere pagada, desde la constitución en mora, acontecida al día siguiente del vencimiento de cada pago mensual vencido y no pagado, hasta la total liquidación de dichos pagos mensuales vencidos e insolutos, así como el impuesto al valor agregado que en su caso se generare sobre dichos intereses moratorios, mismos que serán cuantificados en vía incidental de liquidación de sentencia en la etapa de ejecución de la misma. VI) El pago de los intereses moratorios generados y calculados sobre la totalidad del capital adeudado, a las tasas pactadas en el contrato de apertura de crédito simple celebrado entre las partes, de conformidad con sus cláusulas quinta, sexta, séptima y décima tercera, en relación con el numeral 362, primer párrafo del Código de Comercio, desde la constitución en mora acontecida a partir del día veinte de septiembre de dos mil diecinueve, día siguiente a la fecha en que mi representada determinó dar por vencido anticipadamente el plazo del acuerdo base de la acción, hasta la total liquidación del adeudo principal, así como el impuesto al valor agregado que en su caso se generare sobre dichos intereses moratorios, mismos que serán cuantificados en vía incidental de liquidación de sentencia en la etapa de ejecución de la misma. VII) El pago de los gastos y costas procesales que se originen con la tramitación del presente contencioso". II. Sentencia definitiva. El Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, con fecha diez de marzo del dos mil veintiuno, dictó sentencia definitiva, en la que declaró parcialmente procedente la acción, decretando el vencimiento anticipado del plazo de vigencia del crédito abierto y condenó a la demandada al pago de la cantidad de $12´668,522.16 doce millones seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintidós pesos con quince centavos, por concepto de suerte principal; así como al pago de los intereses generados sobre saldos insolutos a razón del 9% nueve por ciento anual, y que lo es el interés legal; en cambio, absolvió a la demandada del pago de los intereses ordinarios y moratorios que se reclamaron, así como el impuesto al valor agregado sobre tales intereses. No realizó condena al pago de gastos y costas. III. Recurso de apelación. Ambas partes, interpusieron recurso de apelación, adhiriéndose la parte demandada al propuesto por la Institución de Crédito, en contra de la sentencia antes mencionada. La Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a quien le correspondió el conocimiento del recurso, dictó resolución el veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, la que concluyó con los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO. SEGUNDO. Los agravios expresados por la moral Maquiladora Textilera de Sahuayo, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderado jurídico resultaron infundados en una parte y fundados en otra. TERCERO. En tanto que los formulados por Banco del Bajío, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, a través de su mandatario legal, se calificaron de infundados en una porción e inatendibles en otra. QUINTO. Se modifica la sentencia definitiva apelada, la que desde ahora deberá regirse conforme a los puntos resolutivos insertos en el último párrafo del Considerando QUINTO de esta ejecutoria. SEXTO. No se hace condena en costas por la tramitación de esta instancia". . ." IV. Amparo directo. Banco del Bajío, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, a través de su apoderado, promovió el juicio de amparo directo 367/2021, resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, mediante ejecutoria del nueve de diciembre del dos mil veintiuno, en el sentido de conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al Banco quejoso, para el efecto de que la autoridad responsable: ". . .I. Deje insubsistente la sentencia reclamada. II. Pronuncie una nueva en la que reitere las consideraciones que sustentan la anterior resolución, y que no fueron materia de estudio en el presente juicio de amparo. III. Realice un nuevo estudio de los agravios formulados por la parte actora apelante, y siguiendo los lineamientos que se dan en esta ejecutoria, proceda al estudio de la procedencia de la reclamación relacionada con el cobro de los intereses ordinarios y moratorios pactados por las partes en el contrato base de la acción, y resuelva lo que en derecho corresponda, inclusive por lo que hace a las costas de ambas instancias". V. Sentencia cumplimentadora. En cumplimiento a la ejecutoria protectora, la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, dictó nueva resolución el veintiséis de enero del dos mil veintidós, conforme a los puntos resolutivos siguientes: "PRIMERO. SEGUNDO. En cumplimiento a la ejecutoria pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito con residencia en esta ciudad, dentro del juicio de amparo directo civil registrado con el número 367/2021, relacionado con el 368/2021, resueltos en sesión celebrada el 9 nueve de diciembre de 2021 dos mil veintiuno, se deja insubsistente y sin ningún efecto la sentencia pronunciada en este toca el 26 veintiséis de mayo del año aquí citado. TERCERO. Los agravios formulados por Banco del Bajío, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, a través de su mandatorio legal, se calificaron de fundados. CUARTO. En que los expresados por la moral Maquiladora Textilera de Sahuayo, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderado jurídico, resultaron infundados en una parte e inatendibles en otra. QUINTO. Por cuanto ve a los motivos de disenso formulados, en vía adhesiva, por la parte demandada, su estudio se estimó innecesario; en consecuencia, SEXTO. Se modifica la sentencia definitiva recurrida, la que desde ahora deberá regirse por los puntos resolutivos que insertos aparecen en el último párrafo del Considerando SÉPTIMO de esta ejecutoria. OCTAVO. Remítase copia autorizada de la presente resolución, en dos tantos, al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, para acreditar el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en el cuaderno identificado". VI. Juicio de amparo directo. El veintidós de febrero de dos mil veintidós, Maquiladora Textilera de Sahuayo, Sociedad Anónima de Capital Variable, a través de su apoderado promovió juicio de amparo contra dicha sentencia definitiva. El conocimiento del asunto correspondió al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, y el siete de julio de dos mil veintidós, se emitió sentencia constitucional por la que negó el amparo solicitado por Maquiladora Textilera de Sahuayo, Sociedad Anónima de Capital Variable. VII. Ejecución. Por auto de diecisiete de agosto de dos mil veintidós, tomando en consideración que la sentencia causo ejecutoria, el Juez responsable requirió a la parte demandada para que cumpliera voluntariamente con el fallo. Por auto de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, al no dar cumplimiento voluntario con el requerimiento realizado el diecisiete de agosto citado, a solicitud de la parte actora se pusieron los autos en estado de ejecución, por lo que se ordenó evaluar y sacar a remate el bien inmueble hipotecado; asimismo, se ordenó notificar al aquí quejoso Ricardo Said Suárez Flores, en el domicilio ubicado en el inmueble marcado con el número 196, de la calle Benito Juárez, del Centro y/o marcado con el número 136, de la calle Gante, Centro y/0 con domicilio conocido en el Residencial Real Sahuayo, todos con domicilio en Sahuayo, Michoacán; lo anterior, en virtud de que del certificado de gravamen que exhibió la parte actora, se desprendía que tiene la calidad de acreedor diverso. Por tal motivo, se giró despacho al Juez de Primera Instancia en Materia Civil y Mixto del Distrito Judicial de Sahuayo, Michoacán, para que en auxilio y delegación de las labores de ese juzgado, comisionara al actuario adscrito a ese órgano jurisdiccional, se constituyera en legal y debida forma en los domicilios del acreedor diverso, y le hiciera saber el estado de ejecución, para que interviniera en el avaluó y subasta del bien inmueble materia de la hipoteca (foja 518 del Tomo de pruebas); lo que sucedió el doce de diciembre de dos mil veintidós, mediante notificación personal en el domicilio ubicado en la calle Gante número 156, de la colonia centro de esa ciudad de Sahuayo, Michoacán, que se entendió directamente con el aquí quejoso, quien se identificó con su credencial de elector como se observa de la imagen que se inserta a continuación (fojas 548 a 551 del tomo de pruebas). Por auto de diecisiete de enero de dos mil veintitrés, se señaló fecha y hora a efecto de que se llevara a cabo la audiencia de remate en su primer almoneda, respecto del bien inmueble embargado, ordenándose la publicación de tres edictos de siete en siete días, en los estrados de ese juzgado, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación en la Entidad, y en los estrados del Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Sahuayo, Michoacán; por lo que se giró exhorto para tal efecto (foja 559 del tomo de pruebas). El trece de febrero de dos mil veintitrés, se dejó sin efectos la fecha señalada en el acuerdo antes citado, y se señaló nueva fecha para que se llevara a cabo la audiencia de remate en su primera almoneda respecto del bien inmueble embargado, y se ordenó la publicación de edictos, por lo que se ordenó girar exhorto (Este auto es el que constituye el acto reclamado). El doce de abril de dos mil veintitrés, se tuvo al Juez de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Sahuayo, Michoacán, devolviendo diligenciado el exhorto 28/2023. Una vez expuesto los antecedentes que se desprende de autos, a juicio del suscrito, la acción de amparo que se estudia deviene improcedente en la medida que se trata de una resolución emitida en un procedimiento de remate que no actualiza los supuestos de procedencia establecidos expresamente en la fracción IV del artículo 107, de la Ley de Amparo, ya que no se trata de aquella resolución que ordena el otorgamiento de la escritura y tampoco del auto que ordena la entrega de los bienes rematados, sino del auto (trece de febrero de dos mil veintitrés), por el que se dejó sin efectos la fecha señalada en diverso proveído de diecisiete de enero del año en curso, y señala nueva fecha para que se llevara a cabo la audiencia de remate en su primera almoneda respecto del bien inmueble embargado, y se ordenó la publicación de edictos. Es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo I, septiembre de 2019, página 110, registro 2020631, Décima Época, Materias(s): Común, Civil; de rubro y texto siguiente: "ESCRITURACIÓN EN EL REMATE. LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA SU OTORGAMIENTO EN FORMA VOLUNTARIA. La interpretación gramatical, teleológica y funcional del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, lleva a concluir que en los procedimientos de remate, tratándose de la formalización de la venta judicial, la última resolución es aquella que en definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación en forma voluntaria. En la disposición apuntada, el legislador democrático dispuso que el juicio de amparo indirecto procede contra actos realizados fuera de juicio o después de concluido, no obstante, a fin de resguardar la operatividad del sistema del juicio de amparo y evitar dilaciones innecesarias en la ejecución de sentencias, estipuló que únicamente procederá contra la última resolución dictada en esa etapa. Lo anterior refleja una lógica en el requisito de procedibilidad del juicio de amparo indirecto que pretende dos objetivos, el primero, asegurar que no existirá ningún acto posterior a esa última resolución, por el cual se puedan modificar, revocar o cesar los efectos del acto reclamado en el juicio de amparo y, el segundo, evitar dilaciones y obstáculos innecesarios en la ejecución de sentencias emanadas de los procedimientos jurisdiccionales. Ahora, en lo que ve al procedimiento de remate y en el preciso tema de la formalización de la adjudicación, la norma es precisa al definir la última resolución como aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura. Al respecto, la definitividad a la que se refiere el precepto en cuestión deriva de la inimpugnabilidad del acto y no de la actuación material que, frente a esa determinación, pueden adoptar las partes. En ese tenor, la circunstancia de que la resolución que ordena el otorgamiento voluntario de la escritura, con apercibimiento de que el Juez lo hará en caso de rebeldía, apela a la voluntad de la persona a la que va dirigida la orden, pero la eficacia de lo ordenado no depende de la actitud que pueda adoptar el ejecutado, si se considera que la eventual contumacia de éste, solamente dará lugar a que dicha facultad de otorgar la escritura pase al juzgador, con lo que se consolida el derecho sustantivo de propiedad en favor del adjudicatario y, en tal virtud, no existe razón fundada para esperar a que se haga efectivo el apercibimiento a fin de acudir al juicio de amparo, pues con motivo de aquel requerimiento, el quejoso estará en aptitud de hacer valer las violaciones que, en su concepto, se hubieren presentado durante el procedimiento de remate, sin el riesgo de incurrir en prácticas dilatorias indeseables ni contravenir los objetivos perseguidos por el legislador, en el sentido de impedir la promoción desmesurada de juicios de amparo. Se realiza la anterior afirmación, toda vez que de las constancias relativas a la contienda se advierte que la parte quejosa fue notificada de manera personal el doce de diciembre de dos mil veintidós, por lo que fue incorporada al procedimiento de ejecución, y no obstante a ello no compareció al mismo, a ejercer sus derechos de acreedor diverso. En ese contexto, si la aquí quejosa fue notificada y no compareció al juicio de origen, debe entenderse que la incorporación al procedimiento la faculta para oponer los medios de defensa necesarios para controvertir las determinaciones que afecten el interés que le asiste. Sin que haya reclamado dicha notificación, pues como se advierte de autos, se le dio terminó para que manifestara si era su deseo ampliar la demanda de amparo en relación con dichos actos y no lo hizo. Por ende, dado que la parte quejosa fue llamada para la audiencia de remate, quedando con ello integrada a ese procedimiento, deben sujetarse a lo establecido el artículo 107, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo, esto es, solo puede promover el juicio de amparo contra la última resolución que es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso podrán hacer valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. De tal suerte que al no estar en presencia de la última resolución dictada dentro de la etapa de ejecución de sentencia correspondiente a ese remate, se acredita la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, párrafo tercero de la Ley de Amparo. Se cita como sustento por identidad jurídica substancial, la tesis aislada emitida por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXI, Materia Civil, Página 1549, Quinta Época, Registro 352738, , que dice: "HIPOTECAS, INCORPORACION DE LOS ACREEDORES GARANTIZADOS POR, EN LOS PROCEDIMIENTOS DE REMATE. Cuando al acreedor hipotecario se le hace saber en un juicio en el que no había figurado como parte, que se va a proceder al remate de la finca que está hipotecada a su favor, por ese solo hecho queda incorporado a ese procedimiento y deja de tener desde entonces la calidad de extraño a él, pudiendo intervenir en las diligencias de remate, para hacer valer sus derechos e interponer el recurso de apelación contra el auto aprobatorio del expresado remate; por consiguiente, el amparo que promueva contra dicho auto aprobatorio, sin agotar los recursos que establezca la ley, es improcedente, conforme a la fracción XIII, del artículo 73 de la Ley Orgánica de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. En efecto, el artículo 567 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito y Territorios Federales, establece la intervención forzosa de los acreedores resultantes de un certificado de gravámenes, en los juicios en que no son parte, seguidos por otros acreedores contra el deudor común, y como no puede considerarse en manera alguna, como limitativa o restrictiva de los derechos de los acreedores, la enumeración que contiene el artículo 568 del ordenamiento citado, debe estimarse que al concederles el mencionado artículo 567, el derecho de intervenir en el avalúo y subasta de los bienes, implícitamente les reconoce el derecho de interponer en el procedimiento de ejecución, los mismos recursos que la ley establece en favor de las partes principales. El derecho de intervenir en el acto del remate y de hacer al Juez las observaciones oportunas para garantizar sus derechos, constituye, en el sentido más amplio del vocablo, un verdadero recurso, es decir, un medio de defensa que la ley concede a tales acreedores, para que el Juez titular, al revisar los procedimientos del ejecutor, repruebe el remate, si encuentra fundadas las observaciones de los acreedores en el acto de la subasta. Por otra parte, debe considerarse que la organización dada a los tribunales de primera instancia por el Código de Procedimientos Civiles en vigor, al crear el cargo de Juez ejecutor, demuestra que el legislador quiso, en garantía de los derechos de las partes y de los terceros extraños, establecer un doble grado de jurisdicción, al subordinar los actos del ejecutor a la revisión del titular, y los de éste a la Sala de apelación." De igual forma, se cita en lo conducente la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 13/2016 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, página 1066, décima época, materia común, con registro digital 2011474, que dice: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial". Asimismo, sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 1ª.J.29/2003, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página once, Tomo XVII, junio de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto: la primera regla genérica consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de las garantías individuales, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, a saber, la personalidad de las partes, el embargo o la negativa a denunciar el juicio a terceros, entre otros; la segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso; y la regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; en el entendido de que conforme al criterio sustentado por el más Alto Tribunal de la República, la última resolución es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En estas condiciones, y en atención a que las citadas reglas tienen aplicación en diversas etapas del juicio natural, según la naturaleza y finalidad de cada uno de los actos dictados durante su prosecución, es claro que cada una de ellas es aplicable a hipótesis diferentes, por lo que no pueden adminicularse entre sí con el grave riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías; por tanto, a los actos dictados en juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no se les pueden aplicar las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente en contra de todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación; de igual manera, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no puede aplicárseles la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas, fue evitar el abuso del juicio de garantías". En tales condiciones, al acreditarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con sustento en el diverso 63, fracción V, del mismo ordenamiento. Consecuentemente, ante el sobreseimiento decretado, este órgano jurisdiccional está impedido para examinar los conceptos de violación relacionados con la inconstitucionalidad de esos artículos, según criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia 509, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 335, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 1995, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Quinto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 33, 35, 37, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se: R E S U E L V E Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Ricardo Said Suárez Flores, por el acto, autoridad precisada en el considerando segundo y por las razones contenidas en el diverso cuarto de la presente sentencia. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.
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