Ricardo Ruiz Castro

Expediente 78/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
78/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
13/02/2018

Partes del expediente

  • Ricardo Ruiz Castro

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; trece de febrero de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda (fojas 11 a 18), considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos décimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE VEINTICUATRO DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE:Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinticuatro de enero de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por Ricardo Ruiz Castro, contra actos de las autoridades señaladas como: Primera Sala Regional Colegiada en Materia Penal, Zona 01, Tuxtla del Tribunal Superior de Justicia del Estado, ciudad. Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Venustiano Carranza, Chiapas. Director de la Cárcel Distrital de Venustiano Carranza, Chiapas. Alcaide de la Cárcel Distrital de Venustiano Carranza, Chiapas. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 78/2018-2-A. DESECHAMIENTO Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para determinar la improcedencia del juicio es necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable; esto es, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara; el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto del acto reclamado por la parte quejosa, consistente en: a) Lo constituye la sentencia dictada en el Toca de Apelación número 57-C1P01/2016 de fecha 11 once de enero del presente año, por la PRIMERA SALA REGIONAL COLEGIADA EN MATERIA PENAL ZONA 01 TUXTLA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO, que resolvió recurso de apelación en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 31 de marzo del año 2017 dictado por el C. Juez Mixto de Primera Instancia Distrito Judicial Venustiano Carranza, Chiapas, en el expediente civil número 48/2015, relativo al INCIDENTE DE RECLUSIÓN DOMICILIARIA promovido por el hoy quejoso y como consecuencia LA ILEGAL ORDEN DE REENCARCELACIÓN DEL SUSCRITO, que atenta contra mi DIGNIDAD HUMANA, por la tortura de que soy víctima". Así, analizada la demanda de amparo en su integridad, se tiene que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo; precepto que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; (.)" El citado numeral al establecer que el juicio de amparo es improcedente "contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas" alude tanto a las resoluciones pronunciadas por los órganos de control constitucional en el trámite de los juicios de amparo, como a aquellas resoluciones que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el órgano jurisdiccional integrante del Poder Judicial de la Federación les constriñe a realizar determinadas y precisas acciones, esto es, les da lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de decisión, sino que necesariamente tiene que emitir la nueva resolución conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal. En este último supuesto, el actuar de la responsable en ese sentido, emitiendo una resolución en cumplimiento de una ejecutoria de amparo, o en ejecución de ésta, torna improcedente el nuevo amparo que se intente, porque deriva de una decisión definitiva que ya fue materia de análisis en un juicio anterior. Darle entrada al nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica al abrir el camino de un nuevo juicio constitucional. Así, esta causal de improcedencia encuentra justificación en que no sería jurídicamente conveniente que contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas procediera otro amparo, porque de ser así se originaría una cadena interminable de juicios de esa naturaleza. No obstante lo anterior, dicha hipótesis no se actualiza en el caso de un fallo concesorio que no decidió el fondo del asunto y, por consiguiente, se dejó plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, porque ello significa que en el juicio de amparo no se tomó una decisión definitiva sobre el problema jurídico, es decir, no impera el principio de cosa juzgada, por lo cual, la nueva resolución que emita la autoridad responsable en la parte en que se le dejó plenitud de jurisdicción no obedece al cumplimiento de una ejecutoria de amparo, o en ejecución de la misma, atendiendo a lineamientos precisos del órgano federal, resultando en consecuencia, en este supuesto de la emisión de una nueva resolución dictada por la responsable con plenitud de jurisdicción, procedente el nuevo juicio de amparo. Al respecto, cobra aplicación por identidad jurídica, la jurisprudencia 2a./J. 140/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR, O EN EJECUCIÓN DE ÉSTE. NO SE ACTUALIZA CUANDO EN LA SENTENCIA DE GARANTÍAS NO HUBO COSA JUZGADA EN RELACIÓN CON EL TEMA DE FONDO Y SE DEJÓ PLENITUD DE JURISDICCIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE". Establecido lo anterior, conviene retomar que el acto reclamado en el asunto que nos ocupa se hace consistir en la resolución de once de enero de dos mil dieciocho dictada por los Magistrados que integran la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Penal, Zona 01, Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, dentro del toca penal 57-C-1P01/2016, que dejó insubsistente la diversa dictada el quince de agosto de dos mil quince. Ahora bien, se aprecia que dicha determinación fue emitida en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada por este Juzgado, en el juicio de amparo 1216/2017, promovido por Ricardo Ruiz Castro, hoy quejoso, en contra de la resolución interlocutoria de quince de agosto de dos mil diecisiete, dictada por la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Penal Zona 01, Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, dentro del toca penal 57-C-1P01/2016, mediante la cual revocó la diversa de treinta y uno de marzo del año en curso, emitida por la Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Carranza, Chiapas, en la causa penal 48/2015, declarando improcedente el incidente no especificado de reclusión domiciliaria promovido por el aquí quejoso Ricardo Ruiz Castro. Al tener a la vista el citado fallo protector dictado por este órgano de control constitucional, además de que constituye un hecho notorio para quien esto resuelve, se aprecia que se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a efecto de que el juzgado responsable procediera en los siguientes términos: ".En consecuencia, al resultar fundados los conceptos de violación, suplidos en su deficiencia, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión para el efecto de que la autoridad responsable 1. Primera Sala Regional Colegiada en Materia Penal Zona 01 Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad a) Deje sin efectos la resolución interlocutoria de quince de agosto de dos mil diecisiete, dictada dentro del toca penal 57-C-1P01/2016. b) Dicte otra en la cual revoque la diversa de treinta y uno de marzo del año en curso, emitida por la Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Carranza, Chiapas, en la causa penal 48/2015, y ordene reponer el procedimiento en el incidente relativo, para efecto de recabar todas las pruebas que fueron admitidas en proveído de uno de septiembre de dos mil dieciséis; es decir, 1) informe del Director de la Clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social de Venustiano Carranza, Chiapas, en relación a la atención médica que recibió el quejoso el diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, el diagnóstico emitido, así como la exhibición de su expediente clínico; y 2) el diagnóstico médico y las consecuencia de su enfermedad que debiera remitir el Director del Hospital General "Dr. Gilberto Gómez Maza", de esta ciudad Concesión de amparo que se hace extensiva a los actos atribuidos a las autoridades ejecutoras, por no haberse reclamado por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hizo depender de los actos reclamados a la ordenadora, respecto de los cuales se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal." Por tanto, este órgano, entre otras determinaciones, estimó procedente conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para constreñir a la responsable a dejar insubsistente la resolución combatida, y ordenó revocara la diversa de treinta y uno de marzo del año en curso, emitida por la Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Carranza, Chiapas, en la causa penal 48/2015, y ordenara reponer el procedimiento en el incidente relativo, para efecto de que recabara todas las pruebas que fueron admitidas en proveído de uno de septiembre de dos mil dieciséis, con las precisiones mencionadas. Luego, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 1216/2017, pronunciada por este Juzgado, la autoridad responsable dictó nueva resolución de once de enero de dos mil dieciocho, en cuyos puntos resolutivos decretó lo siguiente: "PRIMERO: En cumplimiento a la ejecutoria de 21 veintiuno de noviembre de 2017 dos mil diecisiete, pronunciada por el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en los autos del juicio de amparo indirecto 1216/2017, quienes hoy resuelven proceden a declarar INSUBSISTENTE y SIN NINGÚN VALOR JURÍDICO, la resolución dictada por esta Sala el 15 quince de agosto de 2017 dos mil diecisiete, en la que se revocó la RESOLUCIÓN INCIDENTAL de fecha 31 treinta y uno de marzo de 2017 dos mil diecisiete, pronunciada por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Carranza, en el expediente penal número 48/2015, en el que se determinó como procedente el incidente no especificado de reclusión domiciliaria promovido por el licenciado José Alberto Cadenas Santiago, en su calidad de defensor del procesado RICARDO RUIZ CASTRO, a quien se le instruye proceso como probable responsable de la comisión del delito de VIOLACIÓN EQUIPARADA, previsto por el artículo 235, fracción III, y sancionado por el diverso numeral 233, tercer párrafo, en relación a los dispositivos 14, fracción I, 15, párrafo segundo, y 19, fracción II, del Código Penal vigente en el Esta o, que se dice cometido en agravio de una menor de edad, (cuyo nombre se omite para proteger su identidad, en atención a los puntos 6 y 7, del capítulo III, relativo a las Reglas y Consideraciones Generales para las y los Juzgadores contenidos en el Protocolo de actuaciones para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. SEGUNDO: Se REVOCA la RESOLUCIÓN INCIDENTAL de fecha 31 treinta y uno de marzo de 2017 dos mil diecisiete, pronunciada por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Carranza, en el expediente penal número 48/2015, en el que se determinó como procedente el incidente no especificado de reclusión domiciliaria promovido por el licenciado José Alberto Cadenas Santiago, en su calidad de defensor del procesado RICARDO RUIZ CASTRO, a quien se le instruye proceso como probable responsable de la comisión del delito de VIOLACIÓN EQUIPARADA, previsto por el artículo 235, fracción III, y sancionado por el diverso numeral 233, tercer párrafo, en relación a los dispositivos 14, fracción I, 15, párrafo segundo, y.19, fracción II, del Código Penal vigente en el Estado, que se dice cometido en agravio de una menor de edad, (cuyo nombre se omite para proteger su identidad, en atención a los puntos 6 y 7, del capítulo III, relativo a las Reglas y Consideraciones Generales para las y los Juzgadores, contenidos en el Protocolo de actuaciones para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación). TERCERO:- Se ordena reponer el procedimiento incidental a efectos de recabar todas las pruebas que fueron admitidas en proveído de uno de septiembre de dos mil dieciséis; es decir, 1) informe del Director de la Clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social de. Venustiano Carranza, Chiapas, en relación a la atención médica que recibió el procesado el diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, el diagnóstico emitido, así como la exhibición de su expediente clínico; y 2) el diagnóstico médico y las consecuencia de su enfermedad que debiera remitir el Director del Hospital General "Dr. Gilberto Gómez Maza", de esta ciudad capital. CUARTO:- Se ordena al juez de la causa gire la boleta de reencarcelación del procesado RICARDO RUIZ CASTRO." Por tanto, si en cumplimiento a la mencionada ejecutoria de amparo, la sala responsable, dejó insubsistente la resolución de quince de agosto de dos mil diecisiete y, en su lugar, dictó una nueva determinación en la que dejó sin efectos la diversa resolución incidental de treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, pronunciada por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Carranza, en el expediente penal número 48/2015, en el que se determinó como procedente el incidente no especificado de reclusión domiciliaria promovido por el procesado Ricardo Ruiz Castro; por tanto, deviene inconcuso que actuó en estricta observancia a las directrices marcadas por este Juzgao. Proceder en el que la responsable se limitó a acatar los lineamientos ordenados sin margen de decisión, esto es, actuó sin plenitud de jurisdicción, lo cual denota que el auto combatido fue pronunciado en los precisos términos que lo estimó ajustado al orden constitucional un órgano del Poder Judicial de la Federación. En ese sentido, quien esto resuelve se encuentra jurídicamente impedido para examinar la constitucionalidad del acto reclamado, pues ello implicaría realizar un ejercicio de control constitucional sobre una actuación emitida en cumplimiento de una resolución de amparo que no dio pauta a la responsable a proceder de otro modo, lo cual supone que su dictado ya fue previamente autorizado en sede constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica, la jurisprudencia V.1o. J/15, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, de rubro "AMPARO IMPROCEDENTE AL SEÑALARSE COMO ACTO RECLAMADO UNA RESOLUCION EMITIDA EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA". Criterio en el que se toma en consideración que la ejecutoria relativa fue pronunciada por el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, y tal como fue esgrimido en párrafos que anteceden, su conocimiento se advierte de las constancias remitidas por la autoridad responsable, aunado a que constituye un hecho notorio para quien esto resuelve, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI.1o.P. J/25, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, de rubro y texto: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO. Por hechos notorios para un tribunal, deben entenderse aquellos que conozcan por razón de su actividad jurisdiccional. En ese sentido, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, los Magistrados de Tribunal de Circuito y los Jueces de Distrito pueden válidamente invocar de oficio, como un hecho notorio, las ejecutorias que se hayan emitido anteriormente, a fin de poder resolver un asunto en específico, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes, ya que esa es una facultad que la propia ley les confiere y que desde luego es de su conocimiento." Por lo antes expuesto, y con fundamento en lo establecido por el artículo 113 en relación con el diverso 61 fracción IX, de la Ley de Amparo, se estima procedente DESECHAR DE PLANO la demanda promovida por el quejoso, por resultar notoriamente improcedente. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Ahora bien, toda vez que la parte quejosa Ricardo Ruiz Castro, refiere que actualmente se encuentra recluido en la Cárcel Distrital de Venustiano Carranza, Chiapas; de conformidad con lo establecido en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese despacho al Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en Venustiano Carranza, Chiapas, para que en auxilio de las labores de este órgano de control constitucional, ordene a quien corresponda, notifique personalmente por única ocasión al quejoso Ricardo Ruiz Castro, el presente proveído. Asimismo, con fundamento en el artículo 24 segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por autorizado en términos restringidos a Ricardo Ruiz Castro, toda vez que no cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; lo anterior, en el entendido que una vez que se cumpla con tal requisito, podrá solicitar que se acuerde lo conducente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que estos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.Así lo proveyó y firma la Juez Minerva López Constantino, Titular del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida del Secretario que autoriza y da fe Jorge Bandera Gutiérrez, quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y el acuerdo mismo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy Fe.

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