Ricardo Rojas Álvarez
Expediente 1125/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1125/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 12/04/2021
Partes del expediente
- Ricardo Rojas Álvarez
Actuaciones
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DOCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación secretarial que antecede, de donde se desprende que la parte quejosa dentro del término legal de cinco días, no se inconformó en contra del proveído de diecisiete de diciembre de dos mil veinte, en el que se tuvo por no presentada su demanda de amparo; consecuentemente, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ese auto QUEDA FIRME para todos sus efectos legales procedentes. En consecuencia, una vez que obre agregada la constancia de notificación del presente proveído, sin previo acuerdo, ARCHÍVESE el expediente como asunto totalmente concluido. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de destrucción, pues se tuvo por no presentada la demanda de amparo; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, procédase a su destrucción. NOTIFÍQUESE.
- Principal
EN TEPIC, NAYARIT, VEINTICUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la Circular SECNO/10/2021 de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal y el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19 -cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020-, de donde se advierte en el punto II, número 1 y 2, así como artículos 1, 2, fracciones I y II, y 20, respectivamente, se establece lo siguiente: "II. En relación con los Circuitos Judiciales no incluidos en el apartado anterior se determina lo siguiente: 1. El ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. 2. Como ocurrió con la entrada en vigor del Acuerdo General 21/2020, se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, IV, V y VIII, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el 12 de febrero de 2021. Los órganos jurisdiccionales deben hacer del conocimiento de las personas justiciables la aplicabilidad de los preceptos en cita como parte del fundamento en cada determinación en que se actúe con base en dicho artículo. (.) Artículo 1. Vigencia. Con el objetivo de reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación (en adelante "PJF"), mientras se garantiza la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19, del 3 de agosto al 31 de octubre, ambos de 2020, la actividad jurisdiccional se sujetará a las reglas establecidas en el presente Acuerdo. Artículo 2. Reanudación de plazos y términos procesales. Se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del 18 de marzo al 31 de julio de 2020, con las siguientes precisiones, que atienden a la subsistencia de la situación de emergencia y a la necesidad de permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal: I. Dado que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. II. Como regla especial en los juicios de amparo indirecto y en juicios federales en los que se encuentre pendiente la celebración de la audiencia, la reanudación de plazos operará hasta que se notifique la nueva fecha de celebración de la audiencia constitucional. (.)" "Artículo 20. Reactivación de todos los asuntos. El levantamiento de la suspensión de plazos implica que todos los órganos jurisdiccionales puedan dar trámite a los asuntos que les sean turnados y a los que ya tengan radicados, de conformidad con la normatividad aplicable y sin restricción alguna, aunque debiendo implementar los ajustes previstos en el presente capítulo. (.)" De los numerales transcritos se advierte que el objetivo de la circular y acuerdo de mérito es reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación, y por ende, el levantamiento de suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, del uno al nueve y del diez al quince, todos de febrero de dos mil veintiuno, así como de los días considerados de transición dieciséis y diecisiete del mes y año referidos en último lugar, acorde con sus similares 4/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020, 18/2020, así como de las Circulares CAP/3/2020, SECNO/08/2021, SECNO/09/2021 y SECNO/10/2021 lo que implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Se establece también que el levantamiento de la suspensión de plazos implica que todos los órganos jurisdiccionales puedan dar trámite a los asuntos que les sean turnados y a los que ya tengan radicados. Así, y en acatamiento a la Circular SECNO/10/2021 y al Acuerdo General 21/2020, lo procedente es ordenar la reanudación del procedimiento en el juicio que nos ocupa para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, vista la certificación que antecede, de la que se advierte que la parte quejosa dentro del término de tres días que se le concedió mediante proveído de cuatro de marzo de dos mil veinte, no hizo manifestación alguna respecto del cumplimiento dado al fallo protector por la Delegada de la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad de Tepic, aun cuando se le apercibió que de no hacerlo, se resolvería al respecto conforme a las constancias que obran en autos. Luego, tomando en consideración que en el juicio de amparo indirecto en que se actúa, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso JUAN RICARDO RAMÍREZ ULLOA para el efecto de que se desincorporara de su esfera jurídica lo previsto por los numerales 23, fracción IV, y 24, fracción IV, de la Ley de Ingresos para el Estado Libre y Soberano de Nayarit, para los ejercicios fiscales dos mil dieciocho y dos mil diecinueve, para que las autoridades responsables no le aplicaran en el presente ni en el futuro tales preceptos, hasta su modificación. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit devolviera a la parte quejosa la cantidad que resultara a su favor por la revalidación de permiso de alcoholes de forma anual, en específico por el giro de venta de bebidas alcohólicas en restaurante bar. Cantidades sobre las cuales dicha autoridad debería recalcular las aportaciones relativas a los impuestos adicionales de fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit y en el mismo sentido devolver a la quejosa la suma que resultara a su favor. En cumplimiento a ello, la Delegada de la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad de Tepic, mediante oficio recibido en este Juzgado de Distrito el cuatro de febrero de dos mil veinte, informó que realizó el pago a la parte quejosa, lo que acreditó con la copia de la transferencia de treinta y uno de enero de dos mil veinte, a cargo del Banco Mercantil Banorte, a la cuenta bancaria del quejoso JUAN RICARDO RAMÍREZ ULLOA, realizada por la cantidad de $25,807.29 (veinticinco mil ochocientos siete pesos 29/100 moneda nacional), que adjuntó al oficio de referencia. Asimismo, mediante diverso oficio recibido el tres de marzo de dos mil veinte, la autoridad responsable remitió el recalculo de actualización y la forma en que analizó las operaciones aritméticas con las que se realizó el pago al contribuyente por la cantidad antes mencionada; restituyendo de esa manera a la parte quejosa en el pleno goce y disfrute de sus derechos fundamentales. En ese orden de ideas, debe decirse que la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo indirecto se encuentra cumplimentada conforme a los lineamientos indicados; por tanto, procede hacer efectivo el apercibimiento de que fue objeto la parte quejosa por auto de cuatro de marzo de dos mil veinte, y el día de hoy se tiene por CUMPLIDA la sentencia de amparo pronunciada en el juicio de amparo indirecto en que se actúa; consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez que obren agregadas las constancias de notificación del presente proveído, sin previo acuerdo, ARCHÍVESE el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración, dado que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal en el presente juicio de amparo; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, procédase a su depuración. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término concedido a RICARDO ROJAS ÁLVAREZ, para que diera cumplimiento al requerimiento que se le hizo mediante auto de veintitrés de octubre de dos mil veinte, dictado dentro del presente juicio de amparo; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el mismo y con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene POR NO PRESENTADA su demanda de amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Agréguese a sus autos el oficio signado por el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, con sede en esta ciudad de Tepic, y documental que acompaña, mediante el cual informa el cumplimiento dado al fallo protector dictado en el juicio de amparo en que se actúa;; consecuentemente, con su contenido, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días contado a partir del en que quede notificada del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga respecto al referido cumplimiento; apercibida que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado resolverá al respecto conforme a las constancias que obran en autos. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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