Ricardo Rodríguez Lara

Expediente 624/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
624/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
20/12/2019

Partes del expediente

  • Ricardo Rodríguez Lara

Actuaciones

  1. Principal

    Ténganse por recibidos los oficios 44316 y 44288, que remite el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, mediante los cuales con el primero transcribe el proveído de dieciséis de diciembre del año en curso, dictado por el Titular de dicho Órgano Jurisdiccional, dentro del Juicio de Amparo 923/2019-III, de su índice; por el que hace del conocimiento de este Juzgado de Distrito que recibió los autos del juicio de amparo 923/2019-III, e insiste en declinar la competencia de la demanda de garantías promovida por Ricardo Rodríguez Lara; motivo por el cual ordenó remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, para que lo turne al tribunal al Tribunal que le toque conocer del conflicto competencial, suscitado entre éste y aquél órgano Jurisdiccional; de todo lo anterior se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, resulta innecesario hacer mayor pronunciamiento respecto el oficio 44288 toda vez que como del párrafo que antecede se advierte que la oficiante acusa recibo del expediente 932/2019-III de su índice y del 624/2019 del índice de este juzgado. Notifíquese.

  2. Principal

    Recepción del oficio de incompetencia. Se tiene por recibido el oficio de cuenta 44055, que remite el Juez Cuarto de distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en León, en el cual obra inserto el auto de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, en la que dicho Juzgado determinó remitir el escrito de demanda de amparo promovida por Ricardo Rodríguez Lara, por haberse declarado legalmente incompetente. Lo anterior al considerar que los actos reclamados que el quejoso reclama se materializan o se lleva a cabo en el lugar en que este Juzgado ejerce jurisdicción, esto es en la Ciudad de Apatzingán, Michoacán. Al oficio de mérito se acompañan las constancias siguientes: Original del oficio número 44055. Demanda de amparo indirecto signada por Ricardo Rodríguez Lara, con que se ordenó formar el cuaderno de incompetencia 923/2019. Se manda formar expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 624/2019. Ahora bien, el suscrito Juez constitucional estima carecer de competencia legal para conocer la presente demanda, como se verá a continuación. Al respecto, conviene establecer que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juzgado de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con el juicio constitucional, pues de no hacerlo contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal. La Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: Competencia por territorio; Competencia por grado; Competencia auxiliar; y, Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los Tribunales de la Federación, interesa destacar la competencia por territorio, esto es, que para determinar si un órgano judicial federal es competente por razón de territorio, se debe tomar en consideración la naturaleza de la acción, lo que regularmente se puede obtener mediante el análisis cuidadoso de las pretensiones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda. Con el propósito de verificar si efectivamente corresponde a este órgano el conocimiento del asunto, se considera conveniente puntualiza que los artículos 107, fracción VII, de la Constitución y 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, señalan lo siguiente: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)" LEY DE AMPARO Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De los preceptos legales reproducidos, se advierte que la competencia por territorio en materia de amparo, obedece a un criterio unitario: la naturaleza del acto reclamado; por lo que, en principio debe clasificarse ésta, a fin de determinar si posee ejecución material, o bien, si se trata de actos meramente declarativos o carentes de ejecución; esto con la finalidad de analizar posteriormente las características de la ejecución. El análisis de la ejecución de los actos reclamados se lleva a cabo considerando sus consecuencias directas e inmediatas, no así las cuestiones mediatas o posteriores que con motivo de él se generen; así como el lugar en que deba ejecutarse el acto. Al respecto es aplicable la tesis 1a. II/92 consultable en la página 94, tomo IX, mayo de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, emitida por la Primera Sala del más Alto Tribunal del país, cuyo texto y rubro dice: "COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU. En materia de amparo, la competencia se finca primordialmente en tres factores: el territorio, la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y la índole especial de la autoridad responsable. Así, para establecer su competencia el juez de Distrito no sólo debe atender el planteamiento hecho en la demanda de garantías, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Ahora bien, una vez que el Juzgador federal ante quien se promueve una demanda de garantías ha arribado a la conclusión de que no es competente para conocer de ella por cualquiera de las causas señaladas, es su obligación proveer en lo conducente de acuerdo con lo que la Ley de Amparo señala para ese efecto." Sin embargo, cabe precisar que es competencia para conocer del juicio de amparo indirecto interpuesto contra una orden de traslado de un reo de un centro penitenciario a otro, se surte a favor del juez de distrito que previno, es decir que determinó que la orden para trasladar a un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica, es un acto de tracto sucesivo, pues sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, la cual culmina hasta que es ingresado en el otro centro penitenciario; dicho criterio tomó como referencia el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido es similar a la regla competencial prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente. Ahora bien, cuando se reclama una orden de traslado cuya ejecución aún no inicia, para la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación esa circunstancia de ningún modo le quita la naturaleza jurídica de acto de tracto sucesivo, pues su ejecución se caracteriza porque se lleva a cabo en momentos subsecuentes, encaminados a un mismo fin. Esta condición, relacionada con la esencia del acto reclamado, es el factor que permite fijar, de manera objetiva, la competencia territorial de los órganos de control constitucional para conocer de los juicios de amparo indirecto promovidos en su contra, sin importar si la ejecución del traslado aún no inicia, o bien ha concluido, pues ello puede variar con el transcurso del tiempo y, por consiguiente, esa circunstancia cambiante, ajena a la naturaleza del acto, no podría operar como dato decisivo para fijar la mencionada competencia, pues de ser así, se provocaría incertidumbre jurídica y retardo en la pronta impartición de la justicia. Tampoco debe confundirse la indicada naturaleza jurídica del traslado con su eventual inexistencia, pues de llegarse a resolver en el momento procesal oportuno que no es cierta, tal situación no daría lugar a la incompetencia territorial del órgano de control constitucional ante el cual se estuviera tramitando el asunto, sino al sobreseimiento en el juicio, en términos de lo dispuesto en la fracción IV del artículo 63 de la ley de la materia. Precisado lo anterior, resulta pertinente destacar que este juzgado federal advierte que carece de competencia legal para conocer del presente asunto, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo. Tesis: 1a./J. 63/2019 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2020829 1 de 1 Primera Sala Libro 71, Octubre de 2019, Tomo I Pag. 933 Jurisprudencia(Común) Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia por contradicción de Tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la 933, Tomo I, octubre de 2019, Decima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y textos siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA LA ORDEN PARA TRASLADAR A UN INTERNO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO, CUANDO SU EJECUCIÓN NO HA INICIADO, O BIEN, HA CONCLUIDO, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 90/2007-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 35/2008, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", determinó que, la orden para trasladar a un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica, es un acto de tracto sucesivo, pues sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, la cual culmina hasta que es ingresado en el otro centro penitenciario; dicho criterio tomó como referencia el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido es similar a la regla competencial prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente. Ahora bien, cuando se reclama una orden de traslado cuya ejecución aún no inicia, para esta Primera Sala esa circunstancia de ningún modo le quita la naturaleza jurídica de acto de tracto sucesivo, pues su ejecución se caracteriza porque se lleva a cabo en momentos subsecuentes, encaminados a un mismo fin. Esta condición, relacionada con la esencia del acto reclamado, es el factor que permite fijar, de manera objetiva, la competencia territorial de los órganos de control constitucional para conocer de los juicios de amparo indirecto promovidos en su contra, sin importar si la ejecución del traslado aún no inicia, o bien ha concluido, pues ello puede variar con el transcurso del tiempo y, por consiguiente, esa circunstancia cambiante, ajena a la naturaleza del acto, no podría operar como dato decisivo para fijar la mencionada competencia, pues de ser así, se provocaría incertidumbre jurídica y retardo en la pronta impartición de la justicia. Tampoco debe confundirse la indicada naturaleza jurídica del traslado con su eventual inexistencia, pues de llegarse a resolver en el momento procesal oportuno que no es cierta, tal situación no daría lugar a la incompetencia territorial del órgano de control constitucional ante el cual se estuviera tramitando el asunto, sino al sobreseimiento en el juicio, en términos de lo dispuesto en la fracción IV del artículo 63 de la ley de la materia. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38 y 48 de la Ley de la Amparo, este órgano jurisdiccional no acepta la competencia declinada para conocer de la demanda a favor del Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León. Por tanto, devuélvase el original de la demanda de garantías y sus anexos, al Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, a quien se estima legalmente competente de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, para los efectos legales consiguientes, solicitando informe a este Tribunal el acuerdo que recaiga sobre la incompetencia planteada. Por otra parte, y no obstante la incompetencia legal para conocer del presente asunto, este tribunal estima que en el presente caso, no es necesario pronunciarse respecto a la suspensión del acto, pues la autoridad judicial de origen ya se pronunció concediéndola de plano. Notificación al quejoso. Con independencia de lo anterior, este Juzgado de Distrito, en los casos de considerarlo necesario, practicará la notificación personal al quejoso en el lugar donde se encuentra recluido; virtud a lo anterior y toda vez que el domicilio en donde se encuentra recluido el quejoso directo, se encuentra fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional, con fundamento en los artículos 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento DESPACHO al Juez de Primera Instancia en Materia Penal, con sede en Apatzingán, Michoacán, para que en auxilio y delegación de las labores de este juzgado, ordene a quien corresponda realice lo siguiente: Se constituya en legal y debida forma en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS-Michoacán", ubicado en el municipio de Buena Vista, Tomatlán, Michoacán, a efecto de que localice a Ricardo Rodríguez Lara y le notifique personalmente el presente proveído. De igual forma, requiera al quejoso en cita, a fin de que al momento de la notificación o, bien, dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, nombre a un abogado que lo represente, apercibido que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional le designará uno de oficio. Lo anterior tiene apoyo en la jurisprudencia siguiente: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja.". Datos personales. Por otra parte, de conformidad con el reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos del artículo 8° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuando se presente la solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal posición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley referida; así como para precisar las constancias, que en su caso, consideren reservadas o confidenciales, esto último atendiendo a lo dispuesto para el segundo párrafo del artículo 6° del ordenamiento legal en cita. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

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