Ricardo Rodríguez Guzmán
Expediente 1789/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1789/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 01/12/2022
Partes del expediente
- Ricardo Rodríguez Guzmán
Actuaciones
- Principal
la parte quejosa no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, se declara que dicho auto ha quedado firme. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese como asunto concluido. Valoración documental. El presente expediente se encuentra concluido, por lo que se estima que no es de relevancia documental ni conservable, sino destruible, en términos de los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte Destrucción de expediente. Por tanto, de conformidad con el artículo 21, inciso d), capítulo octavo respecto de los expedientes destruibles, previsto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis de asuntos destruibles, ya que se trata de un asunto en el que se desechó la demanda; por tanto, una vez transcurrido más de tres años a partir del día de la data, de conformidad con el punto 8.1.2 apartado 4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, procédase a su destrucción material.
- Principal
TVista la demanda de amparo que promueve XXXXXX, por propio derecho, contra actos de los Magistrados que integran la Segunda Sala Colegiada Civil de Toluca y otra autoridad. Fórmese expediente físico y electrónico, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y regístrese bajo el número 1789/2022-IV. Acto reclamado. Del análisis integral de la demanda se advierte que el quejoso reclama de los Magistrados que integran la Segunda Sala Colegiada Civil de Toluca y otra autoridad: La resolución de veinte de octubre de dos mil veintidós, que declaró infundado el recurso de queja interpuesto en contra del proveído de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, emitido por el Juez Sexto Civil de Primera instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, por medio del cual dejó insubsistente la diligencia de embargo de veintiuno de ese mismo mes, únicamente respecto al embargo de cuentas bancarias, pues están debían señalarse con precisión. Hecha tal precisión del acto reclamado, del análisis conjunto a los antecedentes narrados por el quejoso bajo protesta de decir verdad, se advierten los siguientes antecedentes respecto del expediente 574/2020: El veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, a fin de ejecutar la sentencia en el juicio de origen y en cumplimiento a lo ordenado por el Juez Sexto Civil del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México, se llevó acabo diligencia de pago y embargo en el domicilio del XXXXXX, por la cantidad de $3XXXXX). Diligencia en la que el aquí quejoso entre otras cosas solicitó se trabara embargo sobre las cuentas bancarias de su contraparte y del inmueble ubicado en XXXXXXX. Mediante promoción presentada ante el juez primigenio el veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, el aquí quejoso, solicitó se girara oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que rindiera información respecto a las cuentas a nombre del demandado XXXXXX. Emitiéndose acuerdo de esa misma fecha, en el que no se acordó favorable lo solicitado y se dejó insubsistente la diligencia de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, únicamente respecto a la solicitud de embargo de cuentas bancarias. Inconforme con tal determinación, interpuso recurso de apelación, el cual fue inadmitido por el juez primigenio, al no ser el auto recurrido apelable. Contra esa determinación, el aquí quejoso, interpuso recurso de queja, del cual conoció la Segunda Sala Colegiada Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, quien mediante resolución de veinte de octubre de dos mil veintidós, declaró infundado dicho recurso. Determinación que constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional. De tal manera, esta juzgadora advierte de oficio y de manera notoria, manifiesta e indudable la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, por lo que debe desecharse de plano la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, de conformidad con lo establecido en el artículo 113, de la ley de la materia, por las siguientes consideraciones. De la interpretación del numeral 113 del ordenamiento legal citado, se advierte que el órgano jurisdiccional que conozca del amparo indirecto tiene la obligación de estudiar la demanda y, en caso de encontrar una causa manifiesta e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, en el entendido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda de amparo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos de prueba que eventualmente pudieran allegar las partes. Por su parte, el artículo 61, fracción XXIII, y el precepto 107, fracción IV, segundo párrafo, refieren lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. - - - Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. - - - En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; De la interpretación armónica de los preceptos legales que han quedado transcritos, se desprende que para la impugnación de actos dictados en ejecución de una sentencia, es necesario que estos se traten de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo de ejecución, de manera que no cualquier auto o resolución pronunciados en esa etapa, son reclamables en juicio constitucional. En ese contexto, por última resolución del procedimiento de ejecución, debe entenderse aquélla en la que se aprueba o reconoce expresa o tácitamente el cumplimiento total de la resolución, o bien que declare la imposibilidad material o jurídica para su cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Asimismo, en los procedimientos de remate la última resolución es aquella en la que se ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien rematado. En razón de lo anterior, de los antecedentes señalados en los párrafos anteriores, es evidente que el acto reclamo, se emitió con posterioridad al dictado de la sentencia definitiva. Asimismo, dicho auto no se trata de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia emitida en el juicio de origen, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, ni tampoco la que ordena el archivo definitivo del expediente ni ordena la entrega del inmueble adjudicado. En este sentido, es evidente que el acto reclamado no constituye la última resolución en el procedimiento de ejecución, por lo que, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, acorde con la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, no es aplicable la regla genérica de procedencia contenida en la citada fracción, sino la que específicamente se refiere a los actos dictados en ejecución de sentencia. Aunado a que el proveído de que se duele, no impide ejecutar la sentencia definitiva emitida en autos, por lo que no se ve violado derecho en contra de la persona quejosa. En ese contexto, si en el caso el acuerdo reclamado fue dictado en ejecución de sentencia firme, emitida en un juicio en el que el quejoso fue parte, como se deprende de sus propias manifestaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, el presente juicio resulta improcedente y por tanto, se desecha de plano la demanda de amparo.
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