Ricardo Rodríguez Bueno

Expediente 886/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
886/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
08/09/2023

Partes del expediente

  • Ricardo Rodríguez Bueno

Actuaciones

  1. Principal

    Se declara que ha causado estado determinación de demanda no presentada. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Valoración de destino y archivo. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que la presente pieza de actuaciones es conservable, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido.

  2. Principal

    Manifestaciones del directo quejoso. Glósese a los autos la constancia de notificación personal que antecede y, en atención a su contenido, se tiene al directo quejoso ********** manifestando que comparecerá ante este Juzgado Federal dentro del término concedido. En atención a lo anterior, una vez que transcurra el plazo otorgado en proveído de dieciséis de agosto pasado, provéase lo conducente.

  3. Principal

    Se decreta suspensión de plano respecto de los actos de arresto administrativo y demás prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con fundamento en los artículos 15, 125 y 126 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO de los actos reclamados consistentes en el arresto administrativo e incomunicación, de la que aduce el promovente es objeto el directo quejoso********************, así como cualquier otro de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, para el efecto de que de manera inmediata cesen dichos actos. Ahora bien, para el caso de que el quejoso haya sido privado de su libertad fuera de procedimiento, el artículo 164 de la Ley de Amparo, establece que se concederá la medida cautelar solicitada para el efecto de que el directo quejoso sea inmediatamente remitido al agente del Ministerio Público que corresponda; en caso contrario, de haber sido privado de la libertad, sin motivo aparente, deberá ser dejado inmediatamente en libertad, lo que deberá informar precisando la fecha y hora exacta en que fue privado de su libertad, así como la data y hora en que fue puesto en libertad o a disposición del Ministerio Público, de ser el caso. En su caso, si la detención reclamada proviene de mandamiento de algún agente del Ministerio Público, el directo impetrante podrá ser retenido hasta por cuarenta y ocho horas o noventa y seis horas, según sea el caso, a partir del momento en que fue puesto a su disposición, plazo en el que deberá ponerse a disposición de la autoridad judicial, u ordenar su libertad, según proceda. Bajo esa misma línea de pensamiento, se requiere a la autoridad señalada como responsable informe a este juzgado ante qué autoridad quedó a disposición la parte quejosa, lo anterior para estar en aptitud de, en su caso, llamarla a juicio como autoridad responsable. Asimismo, en el supuesto de que la detención provenga de un mandato de autoridad judicial, la autoridad responsable deberá poner a la preindicada parte quejosa a disposición del juez sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad, en la inteligencia de que la contravención a lo anterior será sancionado por la ley penal, ello de conformidad con el artículo 16, tercer párrafo, constitucional. VI. Consideraciones sobre la suspensión para el caso de que el directo quejoso se encuentre a disposición del juez Cívico señalado como responsable, con motivo del arresto administrativo impuesto por conducir vehículos de motor en estado de ebriedad o intoxicación. En caso de que el directo quejoso se encuentre a disposición de la autoridad administrativa responsable (juez cívico), con motivo del arresto que le haya sido impuesto por conducir vehículos de motor en estado de ebriedad o intoxicación, deberá ser dejado en libertad con motivo de la suspensión aquí otorgada, única y exclusivamente si el estado de ebriedad o intoxicación ha cesado, lo cual deberá ser corroborado con la opinión médica que al efecto se recabe, técnicamente respaldada. De lo contrario, es decir, si al momento en que la responsable reciba el oficio que comunique la suspensión, el quejoso continúa en estado de ebriedad o intoxicación, la autoridad deberá proceder a dejarlo en libertad con motivo de la suspensión decretada, únicamente cuando se actualice una o más de las siguientes hipótesis: Cuando el estado de ebriedad o intoxicación cese; Cuando se cumpla el tiempo del arresto que le fue impuesto, o bien; En caso de que, a criterio de la propia autoridad administrativa, se cumplan los requisitos de conmutación del arresto, si es que ello fuera procedente. SE PRECISA QUE LA PRESENTE DETERMINACIÓN NO TIENE EL ALCANCE PARA QUE EL DIRECTO QUEJOSO SEA PUESTO EN LIBERTAD DE FORMA AUTOMÁTICA. La suscrita estima que si la suspensión se concediera para que el directo quejoso fuera puesto en libertad sin condición alguna (incluso en caso de que persistiera el estado de ebriedad o intoxicación), se contravendrían los artículos 128 y 129 de la Ley de Amparo, que establecen que la suspensión debe ser concedida siempre y cuando con sus efectos no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público; pues en ese escenario, el quejoso quedaría en libertad teniendo la posibilidad de conducir nuevamente un vehículo de motor en estado de ebriedad, con las graves consecuencias que ello pudiera acarrear para su propia seguridad y la de la sociedad en general, lo que contraviene el espíritu de la fracción VI, del numeral 129 de la ley de la materia, que literalmente señala: "Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: (.) VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción; (.)". -Lo subrayado no es de origen-. Así, esta forma de conceder la suspensión solicitada, armoniza la protección de los bienes jurídicos tutelados en favor del quejoso, con el interés social que no debe ser afectado con el otorgamiento de la suspensión, según lo dispone el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que la sociedad está interesada en que se apliquen medidas de prevención y combate al abuso del alcohol para evitar la proliferación de accidentes y muertes por ese motivo, debiendo por tanto privilegiarse el interés colectivo. No pasa inadvertido que los artículos 128 y 129 de la Ley de Amparo, regulan los requisitos para que sea decretada la suspensión a petición de parte (y no la suspensión de plano que aquí se solicita); sin embargo, la hipótesis de imposición de un arresto que en este apartado se desarrolla, implica la existencia de un procedimiento administrativo del que el propio quejoso debe formar parte, lo cual significa que de estar en ese supuesto, no se colmarían los requisitos previstos para el otorgamiento de la suspensión de plano, que procede entre otros casos, cuando se trate de actos que impliquen ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, según el artículo 126 de la norma en comento. De ahí que resulte procedente, en aplicación de los artículos 128, 129 y 147 de la Ley de Amparo, condicionar la libertad del quejoso, principalmente, a que haya cesado su estado de ebriedad o intoxicación, en caso de que se encuentre a disposición del juez cívico responsable con motivo del arresto impuesto por conducir vehículos de motor precisamente en ese estado; pues de esa manera la suscrita asegura que la medida cautelar no tendrá efectos que impliquen perjuicio al interés social o que contravengan disposiciones de orden público. Hágase saber al juez cívico requerido que la liberación del quejoso por considerar que ha cesado su estado de ebriedad o intoxicación, deberá ser soportada con el examen médico respectivo que justifique dicha circunstancia, pues en caso contrario, la puesta en libertad del probable infractor y sus consecuencias, quedará dentro del ámbito de la exclusiva responsabilidad de la citada autoridad administrativa. Se apercibe al juez cívico responsable que de no dar cumplimiento a lo anterior, esto es, dejar en libertad al directo quejoso sin comprobar que ha cesado su estado de ebriedad o intoxicación, se hará acreedor a una multa de doscientas unidades de medida y actualización, conforme lo establece el artículo 259 de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que si el quejoso, por así convenir a sus intereses, manifiesta su deseo de cumplir con las horas de arresto que le fueron impuestas, el otorgamiento de la presente suspensión no será impedimento para que ello le sea permitido; en ese caso, la autoridad responsable deberá recabar constancia por escrito en la que se asiente la manifestación de voluntad del sujeto arrestado para permanecer detenido hasta agotar el tiempo de la sanción impuesta. Por lo que se requiere a la autoridad señalada como responsable para que, en un plazo de veinticuatro horas, informe sobre el cumplimiento dado a la presente determinación, apercibida que de no hacerlo podrá incurrir en el delito establecido en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. La anterior determinación constituye un cambio de criterio al que esta Juzgadora Federal venía sosteniendo en asuntos donde se reclamaba el arresto administrativo como sanción impuesta a los directos quejosos por haber cometido alguna infracción por conducir en estado de ebriedad, o bien, derivado de la comisión de una falta administrativa; pues atendiendo al incremento de incidencias de este tipo, en las que inclusive diversos quejosos han sido reincidentes, lo que evidencia que no se ha generado la conciencia esperada respecto a los efectos negativos de conducir en estado de ebriedad, entonces, de una nueva reflexión y en aras de privilegiar el interés social y el orden público, es que se advierte la imperiosa necesidad de ajustar los efectos de la suspensión de plano que se dicte en ese tipo de asuntos, con relación también a lo que en determinaciones recientes han emitido los homólogos titulares de los diversos Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad, esto último con el objeto (además) de generar certeza jurídica para las partes y la sociedad en general. VII. Ratificación de la demanda y verificación del estado físico del directo quejoso. Luego, toda vez que de la demanda de amparo se advierte que la directa parte impetrante se encuentra detenida en la Delegación Poniente, de esta ciudad; en tal virtud, se comisiona al actuario judicial adscrito a que se constituya en el lugar señalado, para los siguientes efectos: 1) Proceda a la localización del directo quejoso. 2) Una vez localizado, lo haga comparecer ante su presencia, le notifique el presente proveído y lo requiera para qué dentro de los tres días siguientes, comparezca ante este órgano jurisdiccional a manifestar si ratifica o no la demanda de amparo promovida a su favor, apercibido que de no hacerlo se tendrá por no presentada, con fundamento en el numeral 15 de la ley reglamentaria, quedando sin efectos las providencias que se hubiesen dictado. 3) También se ordena al actuario de la adscripción que cuestione a la directa parte imperante si se encuentra incomunicado o si está en una situación que lo ponga en riesgo de ser privada de la vida, que afecte su integridad física, o sujeto a alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, consistentes en tormentos, mutilación, marca, azotes, palos o tormentos de cualquier especie. 4) Además, deberá dar fe de las condiciones físicas en las que se encuentra la directa parte quejosa, así como de la estancia en la que permanece detenida. 5) Debiendo cuestionar a la directa parte impetrante si se le ha obligado, bajo tortura física o psicológica, a firmar algún documento hasta el momento en que se efectuó la ratificación. Por otra parte, en aras de efectivizar la función de este órgano de control constitucional, se requiere a la autoridad responsable para que preste al actuario judicial de este juzgado todas las facilidades de información sobre la situación jurídica de la directa parte quejosa, la ubicación de su lugar de detención y dé libre acceso personal al mismo, a fin de entrevistarse con el impetrante en forma confidencial y segura. Del mismo modo, se hace saber a la autoridad responsable que en ningún caso podrá obstaculizar o impedir el cumplimiento de la presente determinación, ni bajo el supuesto de existir incorrección en la denominación de la misma. Destacándose que en el informe que se rinda con motivo de la presente suspensión de plano, la responsable deberá especificar la denominación actual y correcta que se ostenta. En caso de que la directa parte impetrante no se encuentre en el lugar que refiere la parte promovente del amparo, o en su defecto, no exista como lo asevera, se comisiona al actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional que se constituya en: Las instalaciones policiales de detención o separos pertenecientes a la Fiscalía General de Justicia del Estado. Las instalaciones policiales de detención o separos pertenecientes a la Delegación de la Fiscalía General de la República, en esta ciudad. Las instalaciones policiales de detención o separos pertenecientes a la Dirección General de la Policía Municipal. En el Hospital General Regional de la ciudad. En el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de esta ciudad. En el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de esta ciudad. En el Hospital Psiquiátrico "San Pedro del Monte", con sede en esta ciudad. Lo anterior, a fin de que localice a la directa parte quejosa y lleve a cabo la diligencia encomendada con antelación. Para lo cual, ordénese al actuario judicial para que, al momento de la diligencia de notificación de la presente determinación, requiera a la parte quejosa para que en dicho acto proporcione su domicilio particular actual y correcto, bajo protesta de conducirse con verdad; debiendo dejar constancia de esta circunstancia en el acta que al efecto levante. Asimismo, hágase de su conocimiento que de ser dejado en libertad por haber cesado el estado de ebriedad o intoxicación, o por la actualización de algún otro supuesto (como se señaló en supralíneas), ello no es motivo suficiente para considerar que se le exonerará del pago del servicio de grúa que en su caso se haya utilizado para el traslado del vehículo a un depósito público o privado concesionado, así como tampoco de los gastos generados durante la estancia del vehículo en el depósito vehicular respectivo, en caso de que éste haya sido retenido para garantizar la infracción que le fue impuesta con motivo de manejar en estado de ebriedad. De igual manera, la presente determinación no tiene el alcance de que el vehículo de motor que conducía la parte impetrante le sea devuelto cuando su retención derive de la detención del directo quejoso por haber conducido en estado de ebriedad o intoxicación. VIII. Domicilio para oír y recibir notificaciones y autorizado. Como se solicita expresamente que las notificaciones se practiquen a la parte quejosa de manera electrónica; en consecuencia, con fundamento en los artículos 26, fracción IV, 30, fracciones II y III, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, se autoriza que se lleve a cabo la notificación electrónica de las determinaciones que se dicten en el presente juicio y que ameriten notificación personal, al usuario (AlejandroMoralesLara), toda vez que se encuentra registrado con FIREL (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación), por lo que satisface los requisitos exigidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. En consecuencia, se comisiona a la oficial judicial "A", para que aperture los campos necesarios para la notificación electrónica, en los términos apuntados con antelación. Por otra parte; téngase como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Alejandro Morales Lara en virtud de que sí cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Público de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. IX. Se exhorta a las partes. Por otra parte, se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. X. Transparencia de las resoluciones judiciales. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2° párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. XI. Acuerdos generales. En otro orden de ideas, y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en observancia de lo dispuesto en el numeral 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones de carácter personal en el presente juicio principal, como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Comuníquese a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo.

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