Ricardo Roberto Pérez Mérida
Expediente 814/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 814/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 21/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Ricardo Roberto Pérez Mérida
- Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
se aprecia que el auto de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, en donde se desechó de plano la demanda de amparo, no fue recurrido dentro del término legal por el promovente; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido.
- Principal
agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda la razón actuarial de cuenta, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo la Actuaria de la adscripción para notificar personalmente al quejoso **********, los proveídos de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno y veinticinco de julio de dos mil veintidós. En ese sentido, toda vez que el quejoso señaló un domicilio inexacto para oír y recibir notificaciones, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquense al quejoso **********, los proveídos de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, veinticinco de julio de dos mil veintidós, así como el presente auto y los subsecuentes, a través de la lista que publica este juzgado. ACUERDO DE DIECINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por virtud del cual remite el testimonio de la resolución dictada el doce de agosto de dos mil veintiuno, en el conflicto competencial C.C.A. 28/2021, de su índice y anexos. Hágase del conocimiento de las partes que la superioridad resolvió: "ÚNICO. Es legalmente competente para conocer de la demanda de amparo presentada por **********, el Juzgado Sexto de Distrito con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México, por lo que deberá enviarse testimonio de la presente resolución a los juzgados contendientes, y los autos respectivos al juzgado competente.". En tal virtud, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del presente asunto, por lo que acúsese el recibo de estilo correspondiente. Realícense las anotaciones que corresponda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el libro de gobierno. En ese sentido, provéase lo relativo a la admisión de la demanda de amparo Ricardo Roberto Pérez Mérida, contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos de Mexicanos, y otras autoridades. Desechamiento El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". De la lectura integral de la demanda de amparo se observa que la quejosa señala como acto reclamado: La reincorporación laboral de manera presencial al Hospital de su adscripción, contenida en el oficio 208C0101320100L/6684/2021, de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, sin contar con el equipo de seguridad sanitario adecuados para evitar el contagio del virus Sars-Cov2 (Covid-19). Al respecto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I, 5º, fracción II, 107, fracción II a contrario sensu, y 113, todos de la Ley de Amparo, que disponen: "61. El juicio de amparo es improcedente: --- XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley.". "1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: --- I. Por normas Generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". "5º. Son partes en el juicio de amparo: --- II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.". "107. El amparo indirecto procede: II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo.". Ello es así, toda vez que en esencia se reclama la reincorporación laboral de manera presencial al Hospital de su adscripción, contenida en el oficio 208C0101320100L/9327/2021, de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, sin contar con el equipo de seguridad sanitario adecuados para evitar el contagio del virus Sars-Cov2 (Covid-19); sin embargo los actos que reclaman no son de autoridad responsable. Lo anterior atiende a que la relación establecida entre la parte quejosa y las autoridades señaladas como responsables no es de supra a subordinación, sino que se trata de una relación de coordinación regulada por el derecho laboral, pues el acto reclamado, en esencia, es la orden para se reincorpore a prestar sus servicios de manera presencial al centro hospitalario de su adscripción. Luego, no se está en el caso de tener a los patrones como responsables para los efectos del juicio de amparo en este tipo de asuntos, al ser una cuestión de carácter laboral que debe exigirse ante la autoridad ordinaria de trabajo correspondiente. Principalmente que hoy en día, la parte promovente tiene la posibilidad de asistir a los Tribunales laborales competentes, los cuales ya reactivaron sus funciones, por lo que debe acudirse a la vía ordinaria laboral para hacer dicho reclamo, en tanto esa jurisdicción está restablecida. Sin que pase inadvertido para este juzgador federal, que si bien en algún momento de la contingencia, en aras de privilegiar el acceso a la justicia en términos del artículo 17 de la Constitución General, y por estar cerradas las autoridades ordinarias de trabajo, se pudo entender, excepcionalmente, la tutela del derecho en el amparo; empero, hoy día ya no prevalece tal imposibilidad, pues reactivaron sus funciones, por lo que debe acudirse a la vía ordinaria laboral para hacer dicho reclamo, en tanto esa jurisdicción está restablecida. Las consideraciones anteriormente expuestas, encuentran sustento en la jurisprudencia VII.2o.T. J/71 L (10a.), de la Décima Época, con registro digital 2022822, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO TIENEN ESE CARÁCTER LOS PATRONES A LOS QUE SE LES RECLAMA LA NEGATIVA A OTORGAR MEDIDAS PREVENTIVAS (RESGUARDO DOMICILIARIO) ANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR EL VIRUS SARSCoV2, POR LO QUE PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA RELATIVA POR CAUSA NOTORIA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Hechos: Diversos trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que prestan sus servicios en unidades médicas de dichos organismos, reclamaron mediante juicio de amparo indirecto la negativa a otorgarles medidas preventivas (resguardo domiciliario) ante la contingencia sanitaria por el virus SARSCoV2, que causa la enfermedad COVID- 19, siendo admitidas las demandas por los Jueces de Distrito; proceder que fue controvertido a través del recurso de queja por el patrón a quien se le atribuyó el carácter de autoridad responsable. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que los patrones no son autoridad para efectos del juicio de amparo indirecto, cuando se les reclama la negativa a otorgar medidas preventivas (resguardo domiciliario) ante la contingencia sanitaria existente por el virus SARSCoV2, que causa la enfermedad COVID-19, por lo que procede desechar la demanda por causa notoria e indudable de improcedencia. Justificación: Lo anterior es así, porque la relación establecida entre la parte quejosa y las autoridades señaladas como responsables no es de supra a subordinación, sino que se trata de una relación de coordinación regulada por el derecho laboral, pues el acto reclamado, en esencia, es la negativa a otorgar medidas preventivas (resguardo domiciliario) ante la contingencia sanitaria existente por el virus referido, en virtud de que su pretensión final es el otorgamiento de una licencia para ausentarse de sus labores, lo que, evidentemente, no es un acto de autoridad, sino en todo caso, una actuación propia de la relación privada que une al patrón con los quejosos como particulares. Luego, no se está en el caso de tener a los patrones como responsables para los efectos del juicio de amparo en este tipo de asuntos, al ser una cuestión de carácter laboral que debe exigirse ante la autoridad ordinaria de trabajo correspondiente, por lo que en dichos supuestos se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos artículos 1o., fracción I y 5o., fracción II, estos últimos aplicados en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, que provoca el desechamiento de plano de la demanda de amparo, sin que sea obstáculo el hecho de que, si bien en algún momento de la contingencia, en aras de privilegiar el acceso a la justicia en términos del artículo 17 de la Constitución General, y por estar cerradas las autoridades ordinarias de trabajo, se pudo entender, excepcionalmente, la tutela del derecho en el amparo; empero, hoy día ya no prevalece tal imposibilidad, pues reactivaron sus funciones, por lo que debe acudirse a la vía ordinaria laboral para hacer dicho reclamo, en tanto esa jurisdicción está restablecida.". Aunado a lo anterior, es preciso señalar que el treinta y uno de marzo de dos mil veinte, la Secretaría de Salud publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2, mediante el cual ordenó la suspensión inmediata de las actividades no esenciales del treinta de marzo al treinta de abril de dos mil veinte, plazo que fue ampliado al treinta de mayo de dos mil veinte, por diverso publicado en el mismo medio de difusión el veintiuno de abril de dos mil veinte, el cual en el artículo primero, fracciones IV y V, exhortó a toda la población residente en el territorio mexicano, a cumplir resguardo domiciliario corresponsable entendiéndose por éste, la limitación voluntaria de movilidad, el mayor tiempo posible y se estableció que dicho resguardo se aplicaría de manera estricta a toda persona mayor de sesenta (60) años de edad, estado de embarazo o puerperio inmediato, o con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad cardíaca o pulmonar crónicas, inmunosupresión (adquirida o provocada), insuficiencia renal o hepática, independientemente de si su actividad laboral se considera esencial, además de que el personal esencial de interés público podría, de manera voluntaria, presentarse a laborar. Por tanto, con apoyo en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I, 5º, fracción II, 107, fracción II a contrario sensu, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, por ser notoria su improcedencia, con fundamento en el diverso numeral 113, de la ley de la materia. ACUERDO DE VEINTICINCO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación de cuenta, de los que se aprecia que en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), así como en los presentes autos, no obra la constancia de la notificación personal del proveído de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno a la parte quejosa, acuerdo en el que se desechó la demanda de amparo promovida por **********. En las relatadas circunstancias y a efecto de no vulnerar derecho alguno de la parte quejosa, se comisiona al actuario de la adscripción a efecto de que de manera inmediata practique dicha notificación. Hecho lo anterior se proveerá lo que en derecho corresponda.
- Principal
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA EL PRESENTE AUTO, ASÍ COMO EL DIVERSO DE DIECINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO.
- Principal
... Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, remitiendo el testimonio de la resolución dictada en el conflicto competencial C.C.A. 28/2021, estableciendo que este Juzgado es el competente para conocer de la demanda de amparo presentada por ... De igual manera, en el proveído de diecinueve de agosto del año en curso, este Juzgado se pronunció sobre la demanda promovida por ..., desechando la misma.
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