Ricardo Rivera Marquez
Expediente 1013/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1013/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 21/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Ricardo Rivera Marquez
- Junta Especial Numero Sesenta de la Federal de Conciliacion Y Arbitraje En el Estado de Tamaulipas
Actuaciones
- Principal
Vista la cuenta; agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio 202-B/2021 enviado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en esta ciudad, a través del cual remite los autos originales del juicio de amparo 1013/2020-1 y testimonio de la resolución dictada el ocho de julio del año en curso, en el amparo en revisión 72/2021, en cuyo punto resolutivo se establece: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Ricardo Rivera Márquez, en contra del acto que reclamó de la Junta Especial Número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en esta ciudad; el cual quedó especificado en esta ejecutoria." Acúsese el recibo de estilo respectivo; glósese a los autos que se reciben el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión interpuesto, en la inteligencia que se deberán desglosar de éste las copias fotostáticas simples de las constancias que ya obran en el presente expediente, para evitar duplicidad de actuaciones, mismas que se ordenan destruir o reciclar. Comuníquese este proveído mediante oficio a las autoridades responsables; hágase las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este asunto como total y definitivamente concluido, con apoyo en el artículo 214, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo. Por otro lado, toda vez que este asunto se ubica en la hipótesis a que se refiere el artículo decimoctavo, párrafo primero, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; además, se considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el artículo decimoquinto, del mencionado Acuerdo General, por tanto, este expediente es susceptible de depuración, y una vez que transcurran más de tres años posteriores a la notificación de este proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula de este asunto. Se destaca que en este expediente no se tramitó incidente de suspensión. Notifíquese.
- Principal
En el local del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, siendo las doce horas con cinco minutos del veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, estando en audiencia pública Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, asistido de Rodolfo de León Sánchez, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 1013/2020-1, promovido por Ricardo Rivera Márquez.El Juez declara abierta la audiencia, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, haciendo constar el Secretario que ninguna de las partes ha comparecido a participar en este acto, no obstante su legal notificación según constancias que obran en autos. A continuación, la Secretaria procede a dar lectura al escrito de demanda (fojas 2 a 5), así como a las demás constancias de autos; posteriormente, dicho funcionario hace constar que la autoridad responsable Junta Especial Número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, fue omisa en rendir su informe justificado dentro del término de quince días, a que alude el artículo 117 de la Ley de Amparo, no obstante haber quedado debidamente notificada del oficio a través del cual se le solicitó el informe de mérito, como se advierte de la constancia que obra en autos (fojas 13 y 14). A lo que el Juez acuerda: téngase por relacionadas las constancias de autos, y el Secretario asentando tal certificación para los efectos legales correspondientes. Acto seguido, se abre y cierra el periodo probatorio, en virtud de que no existen pruebas por relacionar. Finalmente, se abre y cierra la fase de alegatos, dado que no hay escrito que reproducir. Sin que exista promoción pendiente de acordar, el Juez dicta la siguiente S E N T E N C I A : VISTOS los autos que integran el juicio de amparo 1013/2020-1; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Mediante escrito presentado el catorce de diciembre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con asiento en esta ciudad, turnado a este Juzgado Octavo de Distrito, Ricardo Rivera Márquez promovió juicio de amparo contra acto de la Presidenta de la Junta Especial Número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, por considerarlo violatorio de los derechos fundamentales a que se refieren los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por auto de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, se admitió la demanda con el número 1013/2020-1, se ordenó dar los trámites administrativos comunes, pedir informe con justificación a la autoridad responsable, se dio a la representante social de la federación adscrita la intervención que legalmente le compete, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó en los términos que se anotan; y C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de derechos fundamentales, con fundamento en los artículos 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Federal; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y Punto Cuarto, fracción XIX, párrafo cuarto, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la Jurisdicción Territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que los actos reclamados tendrían ejecución material en la jurisdicción territorial asignada a este órgano de control constitucional. SEGUNDO. En principio, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se fija de manera clara y precisa que en este asunto el acto reclamado se hizo consistir en la omisión de dictar el laudo en el expediente laboral 149/2017. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia P./J. 40/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta (registro 192097), que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO. La autoridad responsable Junta Especial Número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, fue omisa en rendir su informe justificado dentro del término de quince días, no obstante haber quedado debidamente notificada del oficio 220/A1 de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, a través del cual se le solicitó el informe de mérito, como se advierte de la constancia que obra en autos (fojas 13 y 14), por lo que con apoyo en el artículo 117, párrafo tercero, de la Ley de la Materia, se presume cierto el acto que se le atribuye. En consecuencia, se tiene por cierto el acto reclamado a la mencionada autoridad responsable. Cobra aplicación al caso, la jurisprudencia 2a./J. 7/94, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 17, tomo 79, Julio de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro 206350, que textualmente establece: "INFORME JUSTIFICADO. SU FALTA SOLO HACE PRESUMIR CIERTO EL ACTO RECLAMADO Y NO LA TOTALIDAD DE LOS HECHOS SEÑALADOS EN LA DEMANDA. En términos del artículo 149 párrafo tercero de la Ley de Amparo, la omisión de la autoridad responsable de rendir informe justificado sólo hace presumir la certeza del acto reclamado, pero no la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo." CUARTO. En virtud de que quien esto resuelve no advierte de oficio la actualización de alguna causa de improcedencia que amerite el sobreseimiento en el juicio, ni las partes alegan la configuración de alguna, se procede al examen de los conceptos de violación que se hacen valer, que no se transcriben por no exigirlo así los artículos 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo. En ese sentido, tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, (registro 164618), cuyo rubro y texto marcan: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Cabe precisar que en virtud de que la autoridad responsable fue omisa en rendir su informe con justificación, y tomando en cuenta que el acto reclamado por el peticionario de garantías lo constituye la omisión de dictar el laudo en el expediente laboral 149/2017, cabe decir que no es violatorio de garantías en sí mismo, sino que la constitucionalidad o inconstitucionalidad depende del estado procesal en que se encuentre el asunto; lo cual no se puede determinar con la presunción de certeza de que aún no se han dictado la resolución correspondiente, así como las notificaciones y tramitado el juicio natural en términos de ley, sino que es necesario tener a la vista las constancias del expediente del que deriva el acto reclamado, para así estar en condiciones de analizar si la omisión que se atribuye a la responsable es inconstitucional, lo cual de conformidad con el artículo 117, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, le corresponde demostrar a la parte quejosa. Resulta preciso transcribir lo que dispone dicho numeral y párrafo: "Artículo 117. La autoridad responsable deberá rendir su informe con justificación por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días, con el cual se dará vista a las partes. El órgano jurisdiccional, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá ampliar el plazo por otros diez días. . Los informes rendidos fuera de los plazos establecidos en el párrafo primero podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Si no se rindió informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1o de esta Ley. ..". De la transcripción del citado dispositivo legal, se advierte que la carga de la prueba para demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado, y las garantías que dice el quejoso se violan en su perjuicio, queda a cargo de la parte que solicita el amparo, y al no haber aportado prueba alguna para demostrar tal circunstancia, no se está en posibilidad de analizar si el acto reclamado por la parte quejosa es o no inconstitucional, y que además se violen en su perjuicio las garantías constitucionales que refiere en su demanda de garantías. Se afirma lo anterior, pues no basta el simple hecho de que el impetrante de amparo, en su escrito de demanda, manifieste que se violan en su perjuicio las garantías consagradas en los artículos 1, 14, 16 y 17 Constitucionales; sin embargo, al haber sido omisa la autoridad responsable en rendir informe justificado, y atento a lo establecido en el artículo 117, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, le corresponde al quejoso la carga de la prueba para demostrar la inconstitucionalidad del hecho, y la violación de los derechos fundamentales de que dice es objeto con el actuar de la responsable, es decir, demostrar que realmente existe un juicio en el que es parte el quejoso, y que se ha omitido dictar el laudo en el expediente 149/2017, de ahí que lo constitucional o inconstitucional del acto reclamado por la impetrante, dependa en principio de la existencia del juicio y de la omisión que refiere, y de acreditarse éstos supuestos -que en la especie no aconteció-, del estado procesal del juicio natural, así como de las pruebas o datos que la responsable tenga en consideración para mantener su conducta omisiva, como lo refiere el impetrante de amparo, por lo que al no haber acreditado la parte quejosa tales circunstancias, es decir, lo que argumenta en los conceptos de violación de su demanda de amparo, no es posible analizar lo constitucional o inconstitucional del acto reclamado, menos aún determinar que se viole en su perjuicio las garantías constitucionales a que hace alusión en su libelo de demanda. Tiene aplicación al respecto, la Jurisprudencia 279 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 232, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, Novena Época (registro 917813), que es del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. CONSECUENCIAS DEL MOMENTO DE RENDICIÓN O DE SU OMISIÓN (HIPÓTESIS DIVERSAS DEL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO). Del contexto del artículo 149 de la Ley de Amparo, en relación con los efectos que se producen en el juicio de amparo con la rendición u omisión del informe justificado, se advierten las siguientes hipótesis: a) Por regla general, el Juez de Distrito, al solicitar los informes justificados de las autoridades responsables, concede un término de cinco días, contados a partir de la notificación del auto correspondiente; b) Si el Juez Federal lo estima conveniente, por la importancia y trascendencia del caso, a lo que procede agregar que puede haber situaciones de complejidad para la obtención de constancias, es posible discrecionalmente ampliar el término por cinco días más, para que la autoridad responsable rinda su informe con justificación; c) La circunstancia de que las autoridades responsables presenten sus informes justificados con posterioridad al término de cinco días o, en su caso, al de su ampliación discrecional, no trae como consecuencia que se deba tener por presuntivamente cierta la existencia de los actos que se les atribuyen, según se destacará en inciso subsecuente; d) Las autoridades responsables rendirán sus informes con justificación con la anticipación que permita su conocimiento por el quejoso, al menos ocho días antes de la audiencia constitucional; e) La consecuencia de que se rinda el informe justificado con insuficiente anticipación en relación con la fecha de la celebración de la audiencia constitucional, será que el Juez difiera o suspenda tal audiencia, según lo que proceda, a solicitud de las partes, que inclusive podrá hacerse en la misma fecha fijada para la celebración de la diligencia; f) Si el Juez de Distrito omite dar vista a la parte quejosa con el informe justificado rendido con insuficiente anticipación en relación con la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional, el tribunal revisor podrá ordenar la reposición del procedimiento, atento lo que establece el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo; y g) Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad, cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. Esta parte del precepto se refiere a casos de ausencia de rendición de informe justificado por parte de la autoridad responsable, o bien, para el evento en que dicho informe hubiera sido rendido con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, lo que hace precluir cualquier oportunidad de las partes para apersonarse, presentar promociones o aportar constancias en el juicio de garantías." (Énfasis añadido). Asimismo, resulta oportuno invocar la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, identificada con el número III. 1o. A. 59 K en la página 402, Tomo XIV, Noviembre de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época (registro 209904), que textualmente dispone: "ACTO RECLAMADO. LA NATURALEZA DE LA VIOLACIÓN ALEGADA NO ES LO QUE DETERMINA SI ES O NO INCONSTITUCIONAL EN SÍ MISMO EL. No es la naturaleza de la violación que se alegue, lo que determina si un acto reclamado en amparo es o no inconstitucional en sí mismo, sino que, para establecer cuándo tiene ese carácter, debe estarse a lo que dispone el artículo 149 de la Ley de Amparo, el cual señala substancialmente, que un acto no es en sí mismo violatorio de garantías, cuando su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado ese propio acto; de lo que resulta, que cuando el acto reclamado pueda ser realizado por la autoridad responsable, mediante el cumplimiento de determinados requisitos, no debe ser tenido, en sí mismo, como violatorio de garantías, y en cambio, cuando en ningún caso la responsable pueda realizar el acto impugnado, llenando o no requisito alguno, debe estimarse como violatorio de garantías en sí mismo." De igual manera, cobra aplicación la Jurisprudencia VI. 2o. J/241 del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 39, tomo 64, Abril de 1993, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época (registro 216529), cuyo rubro y texto marcan: "INFORME JUSTIFICADO. OMISION DE RENDIRLO. No es verdad que la omisión de la autoridad responsable de rendir su informe justificado implique que el acto reclamado sea lisa y llanamente cierto, sino que de conformidad con el párrafo tercero del artículo 149 de la Ley de Amparo, ello sólo da lugar a que se tenga como presuntivamente cierto, pero tal circunstancia, de ninguna manera acredita el interés jurídico del quejoso para solicitar la protección constitucional, ni la inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que legalmente sólo es demostrativa de la existencia presuntiva de este último, no de su falta de constitucionalidad, la que de acuerdo con el precepto en cita, mismo párrafo, debe ser justificada por quien pide amparo." Ante tales razonamientos, y al no haber demostrado la parte quejosa con prueba alguna la inconstitucionalidad del acto que reclama, lo que procede es NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL a RICARDO RIVERA MÁRQUEZ, respecto del acto consistente en la omisión de dictar laudo en el expediente 149/2017, atribuido a la Junta Especial Número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. La aplicación de las jurisprudencias emitidas con apoyo en la legislación anterior al dos de abril de dos mil trece, invocadas en esta ejecutoria son vigentes, de conformidad con el artículo sexto transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril citado, que abroga la anterior Ley de Amparo, por no oponerse a la vigente. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1°, fracción I, 73, 74, 75, 76 y 124 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE al quejoso RICARDO RIVERA MÁRQUEZ, en el juicio de amparo 1013/2020-1, respecto del acto atribuido a la Junta Especial Número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, por los motivos anotados en el último considerando de esta resolución. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Rodolfo de León Sánchez, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe. L'RDLS/alez*
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, quince de enero de dos mil veintiuno. Vista la cuenta; del estado actual que guardan los autos de este expediente, se advierte que la autoridad responsable Junta Especial Número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, no ha rendido informe justificado, en virtud que de la razón actuarial del diecisiete de diciembre de dos mil veinte, se advierte que no se entregó el oficio 220/A1, en el que se le solicitó dicho informe, toda vez que las oficinas que ocupa esa autoridad se encuentran cerradas para la atención y recepción de documentos, debido a las medidas de contingencia por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. Por tanto, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y se fijan en términos del artículo 115 de la Ley de Amparo, las diez horas con cuarenta y cinco minutos del veintitrés de febrero de dos mil veintiuno. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Rodolfo de León Sánchez, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
...se admite demanda de amparo... sin tramitar incidente de suspensión... para la celebración de la audiencia constitucional se fijan las doce horas con cinco minutos del quince de enero de dos mil veintiuno... pídase informe justificado... hágase saber a las partes que cuanto tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato... de lo contrario se les impondrá una multa... se reserva el emplazamiento...Ahora bien, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 de veintiocho de julio de dos mil vente, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal... se exhorta a las partes para que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicio en Línea y propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan entablar comunicación no procesal... los demás acuerdos a las autoridades responsables se le notificará por medio de lista... se autoriza la expedición de copias simples y certificadas de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas que guardan siglo... desde el dieciocho de marzo de dos mil nueve, se determinó que no existe inconveniente el uso de cámaras, grabadoras o lectores ópticos... se habilita a los Actuarios para que procedan a practicar las diligencias encomendadas en horas y días inhábiles... Finalmente, indíquese a las partes que aun cunado no hayan ejercido oposición a que se publiquen sus datos personales... se suprimirán los mismos...
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