RICARDO RÍOS SERRANO y Otros.
Expediente 765/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 14 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 765/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 13/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- RICARDO RÍOS SERRANO y Otros.
- Sarahi Muñoz Pano
- Ricardo Ríos Serrano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Acapulco, Guerrero; trece de diciembre de dos mil dieciocho. Vistos los escritos de cuenta signados por la parte quejosa; en atención a su contenido, deberá estarse a lo acordado en proveído de doce de noviembre anterior en el que se dejó a su disposición el billete de depósito, así como los documentos que anexó a su escrito de demanda. Notifíquese.Así lo proveyó y firma el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Lorena Morales Saldierna, Secretaria adscrita al propio juzgado que autoriza y da fe.Razón.- Las anteriores firmas corresponden al acuerdo de trece de diciembre de dos mil dieciocho, dictado en el juicio de amparo 765/2018.
- Principal
Acapulco, Guerrero, a doce de noviembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; y en igual termino es depurable el original del incidente de suspensión, atento a lo dispuesto en la fracción III, párrafo segundo, del citado artículo Vigésimo Primero, previa conservación de la demanda y resolución en la cual se concedió la medida cautelar; por lo que, se ordena glosar a estos autos el referido cuaderno; y, una vez que transcurran seis meses a partir del presente auto, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión; lo anterior, de conformidad a la fracción III, del artículo vigésimo del referido Acuerdo General Conjunto. Hágase constar lo anterior, tanto en la caratula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Por otro lado, de autos se advierte que el quejoso Ricardo Ríos Serrano exhibió el billete de depósito número N 617437, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, por la cantidad de $8,000.00 (ocho mil pesos 00/100 M. N.), a fin de garantizar la suspensión provisional de los actos reclamados, y dado que es innecesario que dicho documento de valor continúe a disposición de este juzgado, se le previene para que comparezca a este recinto judicial a recoger debidamente endosado el referido certificado de depósito, previa identificación oficial y firma de recibido que otorgue en autos, para constancia legal; en el entendido de que únicamente se hará entrega del mismo al referido quejoso o a quien acredite tener poder específico para esos efectos; con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del plazo de dos años, contados a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, se declarará prescrito su derecho a reclamarlo y se mandará hacer efectivo a favor del Fisco Federal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación. Finalmente, de autos se aprecia que la parte quejosa acompañó a la demanda de amparo diversas documentales; de conformidad con lo dispuesto en el capítulo tercero, artículo décimo primero, último párrafo, del preindicado Acuerdo General, se dejan a su disposición, para que dentro del lapso de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado federal a recogerlas, previa identificación con documento oficial que contenga su fotografía y certificación de su desglose; apercibida que de no hacerlo así dentro del plazo indicado dichos documentos serán destruidos junto con el expediente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
VISTOS; para pronunciar sentencia, los autos del juicio de amparo número 765/2018. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el doce de septiembre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido el mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Ricardo Ríos Serrano y Sarahí Muñoz Pano, ambos por derecho propio, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES Ordenadora Agente Titular del Ministerio Público del Fuero Común Sector Renacimiento del Distrito Judicial de Tabares, con domicilio en esta ciudad. Ejecutora Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado adscrito al Sector Renacimiento, con domicilio en esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS "A) De la autoridad señalada como ordenadora, identificada y descrita debidamente como (.), toda resolución emitida por esta, relativa a ordenar la INVESTIGACIÓN, DETENCIÓN, COMPARECENCIA O PRESENTACIÓN, O DE APREHENSIÓN E INCOMUNICACIÓN de los suscritos, sin causa justificada, por el inicio de una carpeta de investigación, acta administrativa, averiguación previa, iniciada en mi contra, sin que ninguno de los suscritos haya cometido delito alguno, con el ánimo de perjudicarme en mis garantías individuales, y en nuestras posesiones Y LA ORDEN DE APODERARSE DE NUESTRO INSTRUMENTO DE TRABAJO SIENDO ESTE UNA CAMIONETA URVAN DEL SERVICIO PÚBLICO, MARCA NISSAN, TIPO NV350 URVAN PANEL 4 VENTANAS AMPLIA T/M, COLOR BLANCO, CON NÚMERO DE SERIE: JN6BE6CS1F9012590, MOTOR QR25 558920Q, MODELO 2015, 15 PASAJEROS, CLAVE VEHICULAR 1041813, SIN QUE MEDIE ORDEN JUSTIFICADA, por las razones que explicare posteriormente en el presente escrito. B) De la autoridad señalada como ejecutora, reclamo el cumplimiento que pretendan dar a la orden de INVESTIGACIÓN, DETENCIÓN, COMPARECENCIA O PRESENTACIÓN, O DE APREHENSIÓN E INCOMUNICACIÓN que fue emitida por la autoridad ordenadora a que hago alusión y detallo en el punto anterior, así como LA ORDEN DE APODERARSE DE NUESTRO INSTRUMENTO DE TRABAJO SIENDO ESTE UNA CAMIONETA URVAN DEL SERVICIO PÚBLICO, MARCA NISSAN, TIPO NV350 URVAN PANEL 4 VENTANAS AMPLIA T/M, COLOR BLANCO, CON NÚMERO DE SERIE: JN6BE6CS1F9012590, MOTOR QR25 558920Q, MODELO 2015, 15 PASAJEROS, CLAVE VEHICULAR 1041813, SIN QUE MEDIE ORDEN JUSTIFICADA, por las razones que explicare posteriormente en el presente escrito." SEGUNDO. Preceptos constitucionales vulnerados. Los quejosos sostienen que se violan en su perjuicio los derechos contenidos en los artículos 14, 16, 17, 20 y 21 de la Constitución General de la República. TERCERO. Tramite del juicio de amparo. Previo desahogo de prevención contenida en acuerdo de trece de septiembre de dos mil dieciocho, por auto de veintiuno de septiembre siguiente, se admitió a trámite la demanda de garantías registrada con el número de expediente 765/2018; se solicitó de las autoridades responsables rindieran sus informes justificados; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó con el resultado asentado en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracciones III, inciso b), y VII de la Constitución Federal; 33, 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque se reclama un acto emitido por una autoridad administrativa que tiene su residencia dentro de la circunscripción territorial de este juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del análisis que se realiza a la demanda así como a su escrito aclaratorio, se precisa que los quejosos reclaman por esta instancia lo siguiente: a) La orden de comparecencia, presentación, detención, aprehensión, retención y/o privación de la libertad personal que se llegue a emitir en su contra, dentro de la carpeta de investigación 12030290300296190418; y su ejecución. b) La orden de aseguramiento del vehículo marca Nissan, tipo Urvan, modelo 2015, color blanco, con placas de circulación 904-300-E del servicio público de la ruta Vacacional-Aeropuerto, que por esta vía defienden, decretada dentro de la carpeta de investigación 12030290300296190418. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Establecido lo anterior, procede ahora verificar la certeza de los actos reclamados; en ese sentido, tenemos que el Agente Titular del Ministerio Público del Fuero Común Sector Renacimiento del Distrito Judicial de Tabares y el Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado adscrito al Sector Renacimiento, al rendir sus respectivos informes con justificación, negaron la existencia de los actos consistentes en la orden de comparecencia, presentación, detención, aprehensión, retención y/o privación de la libertad personal que se llegue a emitir en contra de los quejosos, dentro de la carpeta de investigación 12030290300296190418 y su ejecución. Asimismo, el Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado adscrito al Sector Renacimiento, también negó el diverso acto reclamado consistente en la orden de aseguramiento del vehículo marca Nissan, tipo Urvan, modelo 2015, color blanco, con placas de circulación 904-300-E del servicio público de la ruta Vacacional-Aeropuerto, decretada dentro de la carpeta de investigación 12030290300296190418. Ahora bien, teniendo en cuenta el sentido de lo informado, debe decirse que la ley de la materia, según indica una interpretación sistemática de sus artículos 63, fracción IV, 117 y 124, establece tres vías para que los solicitantes de la protección constitucional acrediten la existencia del acto reclamado: la primera es desde luego la prueba directa; la segunda es a través de la presunción legal que se genera ante la falta de informe de las autoridades responsables; y la última, aunque más usual, es mediante el reconocimiento que a modo de confesión hacen estas últimas al justificar su proceder. En ese sentido, tomando en cuenta el contenido negativo de los informes relacionados y del estudio de las constancias que obran en el sumario, las que surten efectos probatorios plenos en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por remisión expresa de su artículo 2, se advierte que los quejosos no rindieron prueba tendente a demostrar la existencia de los actos precisados con anterioridad y consecuentemente, a desvirtuar lo aseverado por las autoridades responsables, no obstante el conocimiento oportuno que de aquéllos tuvieron, por lo cual cabe acoger como cierto su tenor. Así las cosas, no habiéndose demostrado la existencia de los actos a que se ha hecho referencia en este considerando, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio a su respecto. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Por otro lado, por lo que hace al acto identificado en el inciso b), tenemos que el Agente Titular del Ministerio Público del Fuero Común Sector Renacimiento del Distrito Judicial de Tabares, con domicilio en esta ciudad, al rendir su informe con justificación, en principio negó la certeza del mismo; no obstante, en el cuerpo de su informe realizó diversas manifestaciones que evidencian su certeza. Por tanto, pese a la negativa indicada, debe tenerse por cierto el mismo. Certeza que además se corrobora, con las diversas constancias que integran la carpeta de investigación 12030290300296190418, y que adjuntó en copia certificada a su informe así como a su oficio 5929, en las que obra glosado el acuerdo de aseguramiento que se combate (foja 78), las cuales adquieren pleno valor probatorio, de conformidad con lo señalado en los preceptos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2. QUINTO. Actualización de una causal de improcedencia. Una vez verificada la certeza de los actos reclamados, previo al estudio de fondo del presente asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que invoquen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, este órgano de control constitucional de oficio advierte que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del numeral 61, en relación con el artículo 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (.)." Las citadas hipótesis legales encuentran su origen en lo establecido por la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la cual el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de las autoridades que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, principio éste que reglamenta los artículos 5, fracción I y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Dicho principio dispone, en lo conducente, que el juicio únicamente puede promoverse por quien sea titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1, de dicha ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En ese orden de ideas, para que un particular pueda ocurrir ante la Justicia Federal a fin de obtener su amparo y protección, es presupuesto indispensable que cuente con un derecho que haya sido trastocado por actos de la autoridad; además, deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, como lo establece el primer precepto legal transcrito. De tal afirmación se desprende que son dos los supuestos que integran el interés jurídico, consistentes, el primero de ellos, en ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo y en la existencia y titularidad de un derecho; y el segundo, en que se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Ha de tenerse en cuenta que el artículo 14 de la Constitución Federal dispone que nadie puede ser privado de sus posesiones, propiedades o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. En esta norma constitucional están consagrados diversos derechos del individuo, y comúnmente se conoce al conjunto de garantías tuteladas por esta disposición como de audiencia o de debido proceso. En virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la ley suprema, procede el juicio de amparo para proteger cualquier derecho, ya sea de propiedad, usufructo, habitación, arrendamiento, etcétera, que resulte afectado sin agotar las garantías de audiencia y defensa que en él se consagran. Esa afectación debe comprobarse para que prospere la acción de amparo, y su demostración debe realizarse de una forma fehaciente, sin que pueda inferirse tan sólo a base de presunciones. Esto es, para impugnar mediante el juicio de amparo una conducta autoritaria es necesario que se acredite la afectación real y actual a la esfera jurídica del individuo o gobernado, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, lo que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ahora bien, el acto reclamado se hace consistir en la orden de aseguramiento del vehículo marca Nissan, tipo Urvan, modelo 2015, color blanco, con placas de circulación 904-300-E del servicio público de la ruta Vacacional-Aeropuerto, de doce de septiembre del año en curso, decretada dentro de la carpeta de investigación 12030290300296190418. Conforme a lo anterior, para la procedencia del juicio de garantías se requiere que los quejosos, sean titulares de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, en la existencia y titularidad de un derecho; y que se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Lo anterior, hace que ello se traduzca en el derecho que la ley de la materia toma en cuenta para la procedencia del juicio constitucional, lo que determina que la parte promovente del amparo deba justificar plenamente que el referido acto le cause un perjuicio y por ende pueda acudir a éste. Así, puede afirmarse que el invocado derecho debe ser acreditado por quien ejercita la acción, pues de lo contrario no puede justificarse la actividad jurisdiccional, mucho menos, la declaración o sentencia de condena que se pretende. Por ello, tanto el derecho que se afirma afectado, como los actos o circunstancias que motivan esa afectación, deben darse a conocer claramente, quedar evidentes, en el propio escrito en que se ejercita la acción a efecto de que, en primer término, el Órgano Jurisdiccional esté en posibilidad de analizar la pretensión a través del derecho que se invoca y decidir sobre su procedencia, idoneidad y mérito. Cabe destacar que los quejosos, al promover la demanda de amparo, lo hicieron ostentándose como propietarios del vehículo marca Nissan, tipo Urvan, modelo 2015, color blanco, con placas de circulación 904-300-E del servicio público de la ruta Vacacional-Aeropuerto, cuyo aseguramiento fue decretado el doce de septiembre del año en curso, dentro de la carpeta de investigación 12030290300296190418; sin embargo, no demostraron en la presente litis su interés jurídico. En efecto, los quejosos para acreditar su interés jurídico allegaron al sumario: a) Copia certificada del acta de matrimonio con número de folio 5227643 expedida el veintitrés de diciembre de dos mil quince. b) Original de la carta factura de nueve de enero de dos mil quince, expedida por Autos Acapulco, Sociedad Anónima de Capital Variable, a favor de la quejosa Sarahí Muñoz Pano. Sin embargo, los referidos medios de convicción no resultan idóneos para acreditar la propiedad del vehículo que defienden, lo anterior es así, ya que la copia certificada del acta de matrimonio, no obstante que cuenta con valor probatorio de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, sólo acredita que los aquí quejosos se encuentran casados bajo el régimen de sociedad conyugal desde el dieciséis de enero de dos mil quince; en tanto que por lo que hace a la carta factura conviene recordar que constituye un documento diverso a la factura original, cuyos efectos y alcances probatorios en relación a ésta son distintos y limitados, sin que pueda hacer las veces de ella, sin embargo, puede servir de evidencia respecto del derecho que le asiste al adquirente del bien a que se refiere cuando se adminicula con otros datos, hechos o circunstancias que corroboren o apoyen la adquisición del bien. Así, de la carta factura exhibida, si bien se aprecia que a la quejosa Sarahí Muñoz Pano, se le entregó en venta el vehículo marca Nissan, tipo NV350 Urvan Panel 4 ventanas amplia t/m, modelo 2015, color blanco, con número de motor QR25558920Q, número de serie JN6BE6CS1F9012590, y clave vehicular 1041813, de su texto se desprende que fue expedida el nueve de enero de dos mil quince por una vigencia de quince días -es decir a la fecha no se encuentra vigente- y además que solo la faculta para realizar trámites administrativos relacionados con las placas del vehículo, por tanto, constituye un documento privado y como tal únicamente tiene el valor de indicio, sin que sea suficiente para acreditar el interés jurídico de la parte quejosa, amén que no la reforzó con otros medios idóneos convictivos. Es decir, el derecho de propiedad al ser una situación jurídica debe constar en documentos, por lo que prueba plena de la propiedad del vehículo indiscutiblemente lo sería la factura original expedida a nombre de la citada quejosa, así como la tarjeta de circulación del vehículo en la que figurara ella como titular, al igual que todos aquellos recibos de contribuciones, ya que éstos acreditan que quien pagó los respectivos impuestos está reconocido como propietario por las oficinas públicas recaudadoras. En atención a lo anterior, es claro que los quejosos carecen de interés jurídico para reclamar, a través de la presente vía constitucional el aseguramiento del vehículo descrito con anterioridad, al no haber justificado fehacientemente que ostentaran la calidad de titulares sobre el referido mueble o que ejercieran su dominio material y directo, lo que conduce a estimar que el acto atribuido al agente responsable no produjo afectación real, objetiva y actual a los quejosos. Consecuentemente, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con el numeral 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que obliga a sobreseer en el juicio, conforme a lo dispuesto en el artículo 63, fracción V del mismo ordenamiento legal. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, los criterios invocados en el presente asunto a pie de página no obstante que algunos fueron integrados conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo número 765/2018, promovido por Ricardo Ríos Serrano y Sarahí Muñoz Pano por las razones señaladas en el tercero y quinto de los considerandos de esta sentencia. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.
- Incidental
Acapulco, Guerrero; cinco de octubre de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el escrito y anexo de cuenta signado por Edgar Lenin Lobato Tapia, autorizado de la parte quejosa, mediante el cual exhibe únicamente por lo que hace al quejoso Ricardo Ríos Serrano el billete de depósito número N 617437, del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, por la cantidad de $8,000.00 (ocho mil pesos 00/100 moneda nacional), a disposición de este juzgado federal, suma que le fue fijada para que continuara surtiendo efectos la suspensión provisional y en su momento la definitiva de los actos reclamados en el presente cuaderno incidental. Ahora, tomando en consideración que con fecha veintiocho de septiembre pasado, se dictó resolución interlocutoria en la que se negó a los quejosos la suspensión definitiva por inexistencia de los actos reclamados, agréguese a los autos el escrito de cuenta, sin proveer en relación a su contenido; y por cuanto al billete de depósito se ordena su registro en el libro respectivo, así como su guarda en la caja de valores de este órgano jurisdiccional, quedando el mismo a disposición del incidentista Ricardo Ríos Serrano, el cual podrá recoger en cualquier día hábil, previa identificación con documento de validez oficial que contenga su fotografía, y constancia de recibido que se deje en autos para debida constancia. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.Así lo proveyó y firma el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Lorena Morales Saldierna, Secretaria adscrita al propio juzgado que autoriza y da fe.
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