Ricardo Rios Raygoza
Expediente 385/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 10 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 385/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 15/07/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Ricardo Rios Raygoza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
En quince de julio de dos mil quince, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta al Juez con el oficio con registro 14081.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a quince de julio de dos mil quince. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por la Actuaria Judicial adscrita el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad; y en atención al contenido, téngasele por acusando recibo del diverso oficio 14425 por el que se le remitió el juicio de amparo 385/2015; asimismo, comunica que ese Tribunal Federal aceptó la competencia declinada por este Juzgado; para seguir conociendo de la demanda de garantías promovida por Ricardo Ríos Raygoza o Raigosa, contra actos de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Juez Tercero del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de la Capital, ambos con sede en esta ciudad. En consecuencia, con apoyo en el numeral 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, se determina que el presente cuaderno es susceptible de destrucción, conforme a lo dispuesto en la fracción I, del punto vigésimo del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito y Tribunales Colegiados de Circuito; por lo que una vez que transcurra el término de seis meses a que el citado punto vigésimo se refiere, deberán realizarse las gestiones necesarias para su destrucción. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe. Ajc.
- Principal
En ocho de julio de dos mil quince, el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado C E R T I F I C O: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió del veinticuatro de junio al siete de julio del año en curso; sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el dieciséis de junio de dos mil quince, dentro del juicio de amparo número 385/2015. DOY FE. En ocho de julio de dos mil quince, se da cuenta al Juez con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a ocho de julio de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta asentada por el Secretario, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la resolución dictada por este Juzgado el dieciséis de junio de dos mil quince, en la que este juzgado declaró carecer de competencia legal para resolver del presente asunto; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por los artículos 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En consecuencia, en términos del artículo 49, primer párrafo de la Ley de Amparo, remítanse los autos originales del juicio de amparo en que se actúa, toca de apelación civil 385/2015 y juicio mercantil ejecutivo 819/2011, al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, para que sea dicho Órgano Colegiado quien determine lo que en derecho proceda y en su caso, se avoque al conocimiento del presente asunto; previo cuaderno de antecedentes que se forme en su substitución. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con la Secretaria que autoriza, licenciado José de Jesús Martínez Torres. Doy Fe.
- Principal
V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 385/2015; y, R E S U L T A N D O: 1°. Demanda de amparo. En escrito presentado el diecisiete de marzo de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, RICARDO RIOS RAYGOZA, formuló demanda de amparo indirecto, contra actos del Juez Tercero del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de la Capital y otras autoridades que a continuación se precisan: "PRIMERO.- En cuanto al ACTO RECLAMADO de cada una de las AUTORIDADES RESPONSABLES. Se señaló en Demanda de Amparo: I).- Con el Carácter de Autoridad Responsable en los términos del Artículo 5° Fracción I de la Nueva Ley de Amparo: EL C. JUEZ TERCERO DEL RAMO MERCANTIL DE LA CAPITAL.- ACTO RECLAMADO. ACTO O ACTOS RECLAMADOS, A).- Por haber emitido en fecha 13 de enero del año 2014, Resolución Definitiva dentro de los autos del expediente N° 819/2011 en la que condena al suscrito a pagar Prestaciones aun y cuando no existían ya condiciones legales como para Condenarme a pagar estas, máxime cuando se acreditó y colmó cada una de las Excepciones y Defensas que se hicieron valer por el suscrito en mi carácter de demandado en el Juicio Natural aunado a ello, se aportaron Pruebas que si avalaban el que habían Operado dichas Excepciones y Defensas y que se expresaron oportunamente en escrito de contestación a la demanda entre ellas debo resaltar que se hizo valer la Excepción y Defensa de haber Operado la caducidad de la instancia, la excepción y defensa de haber operado de pleno derecho la prescripción de la acción en materia mercantil y la misma prescripción y/o caducidad de los dos título de crédito presentados ante el A quo para su cobro judicial, etc, etc y al momento de resolver dicha Autoridad señalada como Responsable consideró o asumió un criterio personal por demás alejado de toda legalidad sobrepasando lo establecido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, Código de Comercio, Código Civil Federal, Código Federal de Procedimientos Civiles, Jurisprudencias en firme emitidas por Tribunales Federales, etc, etc, Por ellos, hubo la necesidad de inconformarme y recurrir a dicha resolución definitiva, y para ello se expresó en escrito de agravios del RECURSO DE APELACIÓN interpuesto ante el Tribunal de alzada de Zacatecas. II).- Con el carácter de Autoridad Responsable en los términos del Artículo 5° Fracción I de la Nueva Ley de Amparo: Es LA PRIMERA SALA CIVIL Y DE LO FAMILIAR DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE ZACATECAS, ZAC.- ACTO RECLAMADO.- ACTO O ACTOS RECLAMADOS A).- Por haber modificado en contra del suscrito la Resolución Definitiva que emitiera primeramente dentro del TOCA A.C.-117/2014, publicada en fecha 23 de Mayo del año 2014, donde se hiso (sic) valer mediante escrito de Agravios la Excepción y Defensa de haber Operado la Caducidad de Instancia, La Excepción y Defensa de haber Operado de pleno derecho la Prescripción de la Acción en Materia Mercantil y la misma prescripción y/o caducidad de los DOS (2) Títulos de Crédito, etc, etc, presentados ante el A quo para su cobro Judicial, etc, etc, y en esta se ME ABSUELVE de pagar Prestaciones que hubiere condenado el Juez Tercero del Ramo Mercantil de la Capital, para luego en fecha 27 del mes de febrero del año 2015, me Notifica Nuevamente de una NUEVA RESOLUCIÓN JUDICIAL de fecha 29 del mes de Enero del año 2015, emitida por el Tribunal Colegiado XXIII de Circuito en Zacatecas, donde ahora ME CONDENA a pagar Prestaciones que en un principio me había condenado pagar dentro del Expediente N°819/2011, máxime cuando a principio de cuentas ya se había declarado la inoperancia de lo establecido por el Artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, esto mediante AUTO Publicado en fecha 26 del mes de junio del año 2014, en donde expone que fue Notificada mediante su Representante legal Lic. Manuel Galindo Casillas en fecha 23 del mes de Mayo del año 2014, la Sentencia Definitiva emitida por la PRIMERA SALA CIVIL Y DE LO FAMILIAR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ZACATECAS, y expone también dicho AUTO de fecha 26 de Junio del año 2014, expone que el termino para el Quejoso de la Interposición de la Demanda de Garantías que comenzaba el día 26 del mes de Mayo del año 2014 y fenecía el día 13 del mes de Junio del año 2014, mediante auto publicado en fecha 26 de Junio del año 2014, pues comparece el Quejoso ante la Autoridad Responsable (LA PRIMERA SALA CIVIL Y DE LO FAMILIAR DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE ZACATECAS, ZAC,) Promoviendo por sus propios derechos Demanda de Amparo en fecha 17 del mes de JUNIO del año 2014, esto se demuestra con las constancias Procesales que el mismo SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA estableció ante el Órgano Jurisdiccional Federal que Resolvió la Improcedencia de la Demanda de Garantías interpuesta por el SR. RODOLFO ROMO QUINTERO y en el cual, recayó por dicha Autoridad señalada también como Responsable. Para luego, sin que se me Notificara el seguimiento del Recurso de Reclamación, ni de la Demanda de Garantías interpuesta por el SR. RODOLFO ROMO QUINTERO, arbitrariamente se le admite sin ser oído en juicio o debo señalar sin que se me notificara de la Audiencia Constitucional, además también debo resaltar que sin mediar que ya se había decretado la Inoperancia de la Demanda de Garantías que interpuso el Quejoso con EVIDENTE exceso de término que la Ley de Amparo vigente le concedía, se le admite, ya que si contamos la fecha en que se le NOTIFICO al abogado Patrono del Quejoso podremos contabilizar que se le NOTIFICO el día 23 de Mayo del año 2014 y acude a interponer Escrito de Demanda de Garantías ante el Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Zacatecas en fecha 17 de Junio del año 2014, ya habían transcurrido 17 días hábiles (A EFECTO DE ACREDITAR ESTO SE ADJUNTA ESTE ESCRITO PRUEBA DOCUMENTAL.- En copia simple de escrito presentado por el quejoso ante el Tribunal Superior de Justicia en el Estado donde comparece interponiendo demanda de garantías contra resolución emitida por la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia), existiendo en esto CONSTANCIAS en el mismo TOCA. A.C-117/2014 certificadas y avaladas por el Secretario General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, que resultaba excesivo el término del quejoso para interponer demanda de garantías contra la RESOLUCIÓN QUE EMITIERA LA PRIMERA SALA CIVIL Y DE LO FAMILIAR DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE ZACATECAS, ZAC, DONDE ME ABSUELVE DEL PAGO DE PRESTACIONES. Entonces pues es AUTORIDAD RESPONSABLE LA PRIMERA SALA CIVIL Y DE LO FAMILIAR DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE ZACATECAS, ZAC, al REVOCAR Y/O MODIFICAR la Resolución que emitiera primeramente donde me Absuelve por otra NUEVA RESOLUCIÓN QUE ME CONDENA A PAGAR PRESTACIONES que fue emitida por el Tribunal Colegiado XXIII de Circuito en Zacatecas, el cual, presenta esta Ultima Violaciones a las Garantías Constitucionales enmarcadas en los Artículos 14 y 16 Constitucionales, así como contener en dicha NUEVA RESOLUCIÓN irregularidades en el procedimiento. Preceptos constitucionales que se estiman violados. El quejoso señaló como garantías individuales violadas, las contempladas en los artículos 1°, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2°. Trámite del juicio de amparo. La demanda de garantías de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, por lo que su Titular dictó proveído el dieciocho de marzo de dos mil quince, la registro bajo el número 385/2015; y, previno al promovente para que precisara con claridad el acto que reclama de cada una de las autoridades responsables (fojas 38 y 39); así, mediante escrito de veintisiete de marzo de dos mil quince (fojas 40 a 49), el quejoso dio cumplimiento a la citada prevención en los términos anotados en el punto 1 de este propio resultando, por lo que en auto de treinta de marzo de dos mil quince, se admitió a trámite la demanda en la que ordenó su admisión sólo por cuanto hace a los actos reclamados al Juzgado Tercero del Ramo Mercantil y a la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas; se pidió informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; se ordenó emplazar al tercero interesado; se dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; y, fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O ÚNICO. Este Juzgado debe declararse legalmente incompetente para conocer del presente juicio de amparo, en razón de lo que a continuación se expone: La competencia es un presupuesto procesal de estudio previo y oficioso, por ser una cuestión de orden público. Conforme a dicho presupuesto procesal, cada autoridad debe actuar dentro de los límites normativos que le están asignados. En cuanto a la delimitación de la competencia de las autoridades jurisdiccionales, debe señalarse que en todo proceso resulta imprescindible verificar su competencia legal porque si la misma no se actualiza, la relación procesal entre el órgano jurisdiccional y las partes no se integrará correctamente, y por consiguiente, no podría emitirse una sentencia válida en cuanto al fondo. En tal panorama jurídico, los juzgadores deben actuar exclusivamente dentro de las funciones y facultades que les han sido fijadas legalmente, pues resulta condición indispensable para la validez de sus actuaciones. Dicho de otro modo, los actos de un juez o tribunal serán válidos en la medida en que se ajusten a su competencia legal. Así pues, debe establecerse si a favor de este juzgado se actualiza la competencia para conocer del juicio de garantías promovido por RICARDO RÍOS RAYGOZA. Al respecto debe señalarse que en materia de amparo la competencia puede estar delimitada principalmente por la materia, por territorio, o bien, por razón de la vía. En cuanto a la competencia por razón de la vía, y en lo que concierne a las acciones de amparo que conocen los tribunales de la Federación, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, Constitucionales establece procedimientos de naturaleza distinta para impugnar la inconstitucionalidad de los actos de autoridad. Uno de ellos, denominado juicio de amparo indirecto o "bi-instancial" que está regulado en el "título segundo" "De los procedimientos de Amparo" capítulo I "EL AMPARO INDIRECTO" "Sección Primera, Procedencia y demanda" (artículos 107 y siguientes de la Ley en cita). El otro, llamado juicio de amparo directo o "uni-instancial", regulado en el "CAPÍTULO II" "EL AMPARO DIRECTO" "SECCIÓN PRIMERA "PROCEDENCIA" (artículo 170 y siguientes de la Ley en comento). Los supuestos de procedencia para el primero de los procedimientos constitucionales en cita (que fijan de hecho la competencia del juez de amparo), están contemplados en el artículo 107; y las hipótesis legales que fijan la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, se consignan en el artículo 170 de dicho cuerpo de normas. En la especie interesa examinar los elementos del último precepto aludido, por ser necesario para la solución de la cuestión de competencia suscitada. El citado precepto jurídico establece: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo." Conforme a dicha norma adjetiva, el procedimiento constitucional de amparo directo es competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito y procede contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que ponen fin a juicio. Por su parte, el párrafo primero de la fracción I del artículo 170 antes transcrito dispone que se entenderá por sentencias definitivas los que decidan el juicio en lo principal. Ahora bien, en la especie, al acto concreto de aplicación consistente en la resolución de veintiséis de febrero del dos mil quince, dictada por la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, en cumplimiento a la ejecutoria emitida dentro del juicio de Amparo Directo Civil número 394/2014. Lo anterior se desprende de las constancias remitidas por la autoridad consistentes en el original del expediente número 819/2011 del índice del Juzgado Tercero del Ramo Mercantil, relativo al juicio ejecutivo mercantil y el original del toca 1172014; a las que se les concede pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de donde se observa que el hoy quejoso RICARDO RÍOS RAYGOZA, es parte demandada en el juicio ejecutivo mercantil número 819/2011 del índice del Juzgado Tercero del Ramo Mercantil. En auto de trece de julio del dos mil once (fojas 10 y 11 del Juicio Ejecutivo Mercantil), se admitió a trámite el juicio ejecutivo mercantil promovido por Rodolfo Romo Quintero por conducto de su endosatario en procuración, contra Ricardo Ríos Raygoza, en el cual demandó entre otros, el pago de la cantidad de $341,000.00 (trescientos cuarenta y un mil pesos 00/100 moneda nacional). Seguido el juicio por sus etapas legales correspondientes, el trece de enero del dos mil catorce, se dictó sentencia definitiva en la que la parte demandada fue condenada al pago de pesos (fojas 514 a 524 del juicio ejecutivo mercantil). Inconforme con esa determinación el demandado Ricardo Ríos Raygoza, interpuso recurso de apelación el cual fue resuelto por la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, el veintidós de mayo del dos mil catorce, en la que revocó la resolución reclamada y en su lugar absolvió al demandado al pago de pesos (fojas 29 a 47 del Toca). Contra esa resolución, el actor Rodolfo Romo Quintero interpuso demanda de amparo directo el cual fue radicado con el número 394/2014 y resuelto por el Tribunal Colegiado de este propio Circuito el veintinueve de enero del dos mil quince (fojas 92 a 125 del toca), en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso. En cumplimiento a esa ejecutoria la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, el veintiséis de febrero del dos mil quince, dictó sentencia en la cual confirmó la sentencia condenatoria de trece de enero del dos mil catorce, dictada por el Juez Tercero del Ramo Mercantil de la Capital (fojas 127 a 147 del Toca). Resolución esta que resulta ser el acto reclamado en esta instancia constitucional. En esas condiciones es claro que la resolución de veintiséis de febrero del dos mil quince, dictada por la Primera Sala del Ramo Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, que confirmó la sentencia de trece de enero del dos mil catorce, resulta ser una sentencia definitiva que decide el juicio en lo principal. Sobre el tema, es de indicarse que este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, es legalmente incompetente para resolver el presente juicio constitucional. Al efecto es necesario tener en cuenta el texto de los artículos 48, 170 fracción I, y 178, de la Ley de Amparo, que textualmente disponen: "Artículo 48.- Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: Fracción I: Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido." "Artículo 178. Dentro del plazo de cinco días contados a partir del siguiente al de presentación de la demanda, la autoridad responsable que emitió el acto reclamado deberá: I. Certificar al pie de la demanda, la fecha de notificación al quejoso de la resolución reclamada, la de su presentación y los días inhábiles que mediaron entre ambas fechas. Si no consta en autos la fecha de notificación, la autoridad responsable dará cumplimiento a lo dispuesto en este artículo, sin perjuicio de que dentro de las veinticuatro horas siguientes a la en que obre en su poder la constancia de notificación respectiva proporcione la información correspondiente al órgano jurisdiccional competente; II. Correr traslado al tercero interesado, en el último domicilio que haya designado para oír notificaciones en los autos del juicio de origen o en el que señale el quejoso; y III. Rendir el informe con justificación acompañando la demanda de amparo, los autos del juicio de origen con sus anexos y la constancia de traslado a las partes. Deberá dejar copia certificada de las actuaciones que estime necesarias para la ejecución de la resolución reclamada o para proveer respecto de la suspensión." De las transcripciones anteriores, se advierte que el amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá por conducto de la responsable y que se entenderán por resoluciones que pongan fin al juicio las que decidan el juicio en lo principal o que sin decidirlo, las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. En la especie, como ya se dijo, en contra de la sentencia dictada dentro del toca civil 117/2014, emitida por la Primera Sala del Ramo Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad; de acuerdo a su naturaleza, procede el juicio de amparo directo, en términos de lo dispuesto en el artículo 170 fracción I, de la Ley de Amparo antes transcrito; dado que, el acto reclamado se trata de una sentencia que resuelve el juicio y le pone fin y que por ello la competencia para conocer de la demanda de garantías de que se trata, se surte en favor del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, en esta ciudad, salvo su mejor opinión. Por tanto, con fundamento en el citado artículo 48, de la Ley de Amparo, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, se declara legalmente incompetente para resolver del presente juicio de garantías y se ordena remitir al Tribunal Colegiado de referencia, para los efectos legales a que haya lugar, previo cuaderno de antecedentes, se deje en este juzgado. Orienta a lo anterior, aplicado a contrario sensu, la jurisprudencia por contradicción de tesis, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis P./J. 40/97, Página 6, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, V, Junio de 1997, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA ANTE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. ÉSTE, EN NINGÚN CASO, DEBE DESECHARLA, SINO DECLARAR SU INCOMPETENCIA Y REMITIRLA AL JUZGADO DE DISTRITO CORRESPONDIENTE." Conforme a lo dispuesto en los artículos 158 de la Ley de Amparo y 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Tribunales Colegiados de Circuito conocerán del juicio de amparo directo en los términos de lo señalado en el artículo 107, fracciones V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin al juicio, entendiéndose, en términos del artículo 46 de la ley de la materia, por sentencias definitivas, las que decidan el juicio en lo principal, y por resoluciones que ponen fin al juicio, aquellas que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún medio de defensa ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. Por tanto, ante la presentación de una demanda de amparo de la que deba conocer un Juez de Distrito, el Tribunal Colegiado deberá ajustar su actuación a lo previsto por el artículo 47, tercer párrafo, de la referida ley reglamentaria, declarando su incompetencia de plano y remitiendo la demanda de cuenta, con sus anexos, al Juzgado de Distrito correspondiente, no pudiendo, en consecuencia, ni siquiera por economía procesal, desechar la demanda por estimar que ésta es improcedente, habida cuenta de que las cuestiones de procedencia o improcedencia del juicio de amparo corresponde decidirlas únicamente al tribunal competente. Además, si bien es cierto que compete al Tribunal Colegiado conocer del amparo indirecto en grado de revisión, según se advierte de los artículos 83, 84 y 85 de la ley en cita, también lo es que su competencia no es absoluta, pues sólo opera cuando se plantean cuestiones de legalidad, dado que si se controvierten aspectos de constitucionalidad, el conocimiento del recurso compete a la Suprema Corte, de modo que con la alteración de la competencia que implicaría esa facultad para desechar de plano la demanda de amparo indirecto, el Tribunal Colegiado estaría decidiendo la competencia del máximo tribunal en segunda instancia." Por lo expuesto, y con apoyo además, en los artículos 48, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo, se : R E S U E L V E PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, determina carecer de competencia legal para resolver el presente juicio de amparo promovido por RICARDO RÍOS RAYGOZA, por las consideraciones expuestas en el considerando único de esta sentencia. SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48, de la Ley de Amparo, remítase el juicio de garantías en que se actúa al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, a fin de que determine si acepta la competencia declinada, previa cuaderno de antecedentes que se forme con las constancias necesarias. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Así lo resolvió y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con el Secretario que autoriza, licenciado Juan García Trejo, hasta el día de hoy dieciséis de junio de dos mil quince, en que las labores del Juzgado lo permitieron. DOY FE.
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, once de mayo de dos mil quince. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta, signado por el quejoso RICARDO RÍOS RAIGOZA, y con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente, téngasele por expresando las alegaciones que vierte en el mismo y dese nueva cuenta con ellas en la audiencia constitucional que al efecto se celebre. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe. DOY FE. aksa
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