Ricardo René Rodríguez Ramírez

Expediente 2595/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
2595/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
16/10/2018

Partes del expediente

  • Ricardo René Rodríguez Ramírez

Actuaciones

  1. Principal

    Por este medio se notifica a la parte quejosa, el auto de ocho de octubre de dos mil dieciocho, que en lo conducente dice: se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo ... SEGUNDO. La Justicia de la Unión, Ampara y protege a ...

  2. Principal

    Visto el oficio signado por la Tesorera Municipal de Guadalajara, Jalisco, mediante el cual, en cumplimiento al acuerdo de doce de septiembre del presente año, informa que existe imposibilidad para dar cumplimiento al fallo protector, en relación al pago de las cantidades resultantes a favor de la parte quejosa, en virtud de que el monto aprobado para la partida presupuestal, para el ejercicio fiscal del presente año, se encuentra comprometido para el pago de los costos de operación diaria del municipio, situación que no exime a dicha responsable para dar cumplimento al fallo protector, pues puede hacer uso de diversos procedimientos para hacer frente a la devolución de las cantidades, aquí declaradas pago de lo indebido. Lo anterior, tiene sustento por identidad jurídica, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Época: Novena Época Registro: 162469 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIII, Marzo de 2011 Materia(s): Común Tesis: P./J. 5/2011 Página: 10 SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO. AUN CUANDO LAS AUTORIDADES PUEDAN SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA ACATARLAS TAMBIÉN ESTÁN OBLIGADAS A INSTRUMENTAR SIMULTÁNEAMENTE, PARA ESE FIN, MECANISMOS DE TRANSFERENCIAS Y ADECUACIONES DE LAS PARTIDAS QUE LO INTEGRAN. Si bien en términos de lo previsto en los artículos 74, fracción IV; 116, fracción II, párrafo cuarto; 122, apartado C, Base Primera, fracción V, inciso b), 115, fracción IV, párrafo penúltimo y 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presupuesto de egresos de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios debe aprobarse, respectivamente, por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa y los Ayuntamientos, sin que válidamente puedan realizarse pagos que no estén comprendidos en los presupuestos respectivos, lo cierto es que tratándose de las sentencias de amparo que implican el pago de recursos monetarios, las autoridades deben desarrollar todas las acciones que resulten pertinentes, dentro de su ámbito de atribuciones, para dotar a la partida presupuestal correspondiente de los recursos necesarios para acatar la obligación constitucional derivada de las sentencias en comento, conforme a lo dispuesto en los artículos 17, párrafos segundo y sexto y 107, fracción XVI, de la propia Norma Fundamental, los cuales disponen que deben ejecutarse de manera pronta y completa en los plazos y términos fijados, al tenor de lo previsto en la Ley de Amparo y conforme lo ordene el juzgador de garantías. Por tanto, aunque las diversas autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo protector pueden solicitar al órgano legislativo competente o, en el ámbito municipal al Ayuntamiento, la ampliación del presupuesto respectivo, también tienen la obligación de instrumentar los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, tomando en cuenta, por una parte, el carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional de pago -la que debe cumplirse en el plazo fijado en la sentencia respectiva- y, por otra parte, que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitución General puede condicionar su acatamiento. Vías de cumplimiento. En consecuencia, por tanto, de conformidad con el artículo 193, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad informante en vías de cumplimiento.

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco; diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho. Interposición de queja. Visto el escrito signado por Gerardo Alejandro Tamayo Méndez en su carácter de quejoso y en representación de sus menores hijos Paulina, Alejandro Maximiliano y Aldo Mariano, todos de apellidos Tamayo Guerrero, mediante el cual interpone recurso de queja y expresa agravios en contra del auto de cinco de septiembre de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso e), 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja en contra del aludido auto. Trámite del Recurso. De conformidad con el artículo 101 de la Ley de Amparo, se ordena notificar el recurso de queja a las partes, para que dentro del término de tres días señalen las constancias que en copia certificada deberán remitirse a quien resuelva la materia de la queja; una vez transcurrido el citado término a las partes, remítanse el original y copia del escrito de agravios, así como copia certificada de diversas constancias que integran el presente cuaderno de antecedentes, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito en turno; además de las constancias que se estimen pertinentes y ríndase el informe sobre la materia, para la substanciación de los recursos que se hacen valer. Pretende desahogar vista. Por otra parte, visto el escrito suscrito por Gerardo Alejandro Tamayo Méndez en su carácter de quejoso y en representación de sus menores hijos Paulina, Alejandro Maximiliano y Aldo Mariano, todos de apellidos Tamayo Guerrero, mediante el cual, desahoga la vista otorgada en auto de cinco del presente mes y año; asimismo, solicita copias certificadas; además, solicita se precise la forma en que ha de darse cumplimiento a la sentencia de amparo; dadas sus manifestaciones de imposibilidad de cumplimiento; y finalmente promueve incidente de aclaración de sentencia. Copias. Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídasele a su costa, las copias certificadas de lo que indica, previa toma de razón y recibo que otorgue en autos, mediante persona autorizada para ello, a excepción de las descritas en el inciso V del propio escrito de solicitud, dado que no precisa a que constancias se refiere; por tanto una vez que comparezca ante este Juzgado a efecto de tramitar la reproducción fotostática de las constancias autorizadas, y en caso de señalar diversas a las especificadas deberá ser previamente autorización del secretario encargado de la tramitación del presente asunto, ello con la finalidad de otorgar seguridad jurídica a las partes. Se desecha incidente de precisión de sentencia. Por lo que respecta a precisar en qué forma ha de darse cumplimiento a la sentencia de amparo; indíquesele que no ha lugar a acordar favorablemente su solicitud, toda vez que las razones que precisa a fin de acreditar la necesidad de dicha precisión no es suficiente para acordar favorablemente lo solicitado. Ello en virtud de que toralmente, en el escrito que se acuerda, precisa dicha necesidad debido a que los menores amparados no cuentan con disponibilidad de horario; pues resulta incompatible la presencia de los mismos en el colegio demandado a fin de recibir las clases de regularización correspondientes, dado los motivos que expone en el ocurso de cuenta; y finalmente indica el daño psicológico que les pudiera causar a los menores amparados con dichas clases. Es por ello que dichas circunstancias no resultan suficientes para realizar tal pronunciamiento, ello en virtud de que el artículo 193 cuarto párrafo invocado por el quejoso, otorga plenitud de jurisdicción a este Juzgado a fin de determinar si existe necesidad dicha precisión o no en base a las constancias de autos, de las cuales se tiene, que la sentencia amparadora , fue revisada mediante el recurso de revisión sustanciado ante el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en el que se decidió confirmar el fallo recurrido, por tanto dicha sentencia causó estado en base a los lineamientos trazados tanto en la sentencia como en la ejecutoria de la superioridad, aunado al hecho de que aún no se realiza pronunciamiento de cumplimiento acordado en el que se determine la necesidad de dicha precisión. Es por ello que los motivos que precisa el ocursante a fin de determinar tal necesidad, no son suficientes para precisar los alcances del fallo protector que nos ocupa. Por tanto, se desecha por improcedente el incidente propuesto. Finalmente, y dado que el ocursante no precisa su conformidad con los horarios establecidos por el colegio responsable; por lo tanto, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere nuevamente a la autoridad responsable, Institución Educativa denominada Educación Integral de Occidente, Asociación Civil, también conocida como CEM, y Centro Escolar México, para que dentro del término de cinco días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, realice lo siguiente: Haga del conocimiento del accionante constitucional el lugar, día y hora en que se llevaran a cabo las reposiciones de clases de cada uno de los quejosos Paulina, Alejandro Maximiliano y Aldo Mariano, Todos Tamayo Guerrero; remitiendo constancia fehaciente de ello Apercibimiento. De no acatar lo anterior, sin causa justificada, en el lapso indicado, se le impondrá una multa relativa a la cantidad que resulte equivalente a cien unidades de medida y actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, en términos del numeral 258, de la Ley de Amparo, y se procederá a dar inicio al procedimiento de inejecución a que se refiere el segundo párrafo del primero de los numerales en cita, que puede culminar con la separación. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión contra la sentencia dictada el quince de agosto de dos mil dieciocho (folios 46 a 56), en la cual, por una parte, se sobreseyó en el presente juicio de amparo, y por otra parte, se concedió el amparo y protección de la justicia federal solicitados; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su artículo 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley.Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.En el fallo protector se determinó que la autoridad obligada al cumplimiento, debe realizar los actos siguientes: Deje insubsistente el oficio FGH/CGAP/DHR/5480/2018, emitido el veintidós de mayo de dos mil dieciocho.En su lugar, dicte otro, en el cual atienda lo considerado en esta sentencia, esto es exprese debidamente el fundamento y motivo por el cual el quejoso, no satisface los requisitos para el pago del estímulo de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional. Así, debe precisarse, que tales actos por su naturaleza, se estima que sí son susceptibles de cumplimiento en el plazo de tres días, en virtud de que no implica la realización de trabajos especiales o de un procedimiento específico para sustentarlo.Con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Director de Recursos Humanos de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del momento siguiente al en que reciba la comunicación respectiva, realice lo mencionado e informe a este juzgado su cumplimiento, remitiendo copia certificada que lo acredite.Apercíbase a la autoridad responsable que de no acatar lo anterior, sin causa justificada, en el lapso indicado, se le impondrá, en términos de los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, una multa relativa a la cantidad que resulte equivalente a cien unidades de medida y actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, aplicado en relación con lo dispuesto en los artículos primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformado y adicionados diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, que entró en vigor el día siguiente de su publicación, esto es, veintiocho de enero siguiente; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.En acatamiento al numeral 192, párrafo segundo, y 193, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se requiere al Fiscal General del Estado de Jalisco, quien resulta ser el superior jerárquico de la citada autoridad encargada del cumplimiento, para que le ordene, cumplir con la ejecutoria de amparo, y remita a este juzgado constancia fehaciente de que lo hizo, bajo apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá una multa en los términos señalados, además de que se incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad encargada del cumplimiento.

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