Ricardo Rangel Juárez
Expediente 542/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 6 actuaciones registradas, la última del 7 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 542/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 07/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Ricardo Rangel Juárez
- Ricardo Rangel Juárez y Otros.
- Francisco Homero Gaytán Gurrola
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
SE NOTIFICA AUTO A LOS QUEJOSOS. Visto el estado procesal que guardan los autos y tomando en consideración las constancias que obran los mismos, este órgano jurisdiccional se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria. Previo al análisis del cumplimiento dado por las autoridades responsables, es necesario establecer que los efectos y alcances de la ejecutoria de amparo en comento fueron los siguientes: "1. Desincorporen de la esfera jurídica de los contribuyentes, en lo presente y en lo futuro, los artículos 79, fracción II, 79-A y Tercero Transitorio, de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza haciendo extensiva dicha protección en relación con el acto de aplicación, consistente en el pago de derechos por servicios registrales y de las contribuciones del fomento a la educación y seguridad pública e impuesto adicional, realizados por los peticionarios, según los formatos únicos de pago expedidos por la Administración Central de Recaudación del Estado de Coahuila de Zaragoza, con números de folio E.C.758194832, E.C.758203174, E.C.758217255 y E.C.758225481, de veintitrés, veinticinco, veintinueve y treinta y uno, todos de marzo de dos mil diecisiete, respectivamente, por sustentarse en un ordenamiento que se ha declarado inconstitucional. 2. Devuelva a los peticionarios de amparo, salvo la deducción de la cantidad mínima a pagar establecida en el numeral 79-B de la ley hacendaria en comento, la cantidad que erogaron por los conceptos de "COMPRAVENTA" y "ARTÍCULO 79-A LHE", así como la totalidad del monto del rubro de "IMPUESTO ADICIONAL", al igual que la suma excedente que se actualice derivados de esta concesión, del título "FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y DE LA SEGURIDAD", de los formatos únicos de pago con números de folio E.C.758194832, E.C.758203174, E.C.758217255 y E.C.758225481, de veintitrés, veinticinco, veintinueve y treinta y uno, todos de marzo de dos mil diecisiete, respectivamente". Inconforme con lo anterior, la autoridad responsable Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila, con residencia en Saltillo, interpuso recurso de revisión del que correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito de esta ciudad, y en proveído de veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, se tuvo por recibida la ejecutoria dictada por dicha superioridad, en la que confirmó la sentencia recurrida. Por tanto, en ese auto se vinculó y requirió el cumplimiento de la misma al Tesorero Municipal de esta ciudad. De lo anterior se desprende, que a fin de determinar si en el presente caso la autoridad responsable cumplió o no con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones complementarias hayan sido correctamente cumplidas, pues incluso, es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. De las constancias remitidas por la responsable, se advierte que desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa los artículos 79 fracción II, 79-A y Tercero Transitorio de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila. Asimismo, en diverso oficio de nueve de marzo de este año, el Administrador Local de Recaudación de esta ciudad remitió copia certificada de la expedición de los cheques 0013462, 0013463, 0013464 y 0013465, en favor de los quejosos Francisco Homero Gaytán Gurrola, Ricardo Rangel Juárez, José Ignacio Montano Donatlan y Olivia Berenice Espinoza Robles, respectivamente, informando que los referidos títulos se encuentran a disposición de los quejosos en las oficinas de esa dependencia. En auto de dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, se ordenó dar vista a los quejosos con el cumplimiento dado por la autoridad responsable, a efecto de que comparecieran ante la autoridad responsable a recibir los aludidos cheques, o manifestaran lo que a su derecho estimaren pertinente, con el apercibimiento de que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional de oficio resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, conforme los elementos que obraran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Precisado lo anterior, este juzgado estima que en el caso se cumplió con la ejecutoria de amparo, porque del contenido de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que desincorporó a la parte quejosa del ámbito de aplicación de los artículos tildados de inconstitucionales y en vía de consecuencia, dejó insubsistentes el pago contenido en los recibos oficiales con folios E.C.758194832, E.C.758203174, E.C.758217255 y E.C.758225481, realizando la devolución del excedente pagado. En efecto, devolvió a los quejosos las cantidades de $4,660.00 (cuatro mil seiscientos sesenta pesos 00/100 moneda nacional), $4,965.00 (cuatro mil novecientos sesenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional) $8,768.00 (ocho mil setecientos sesenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional) y $7,399.00 (siete mil trescientos noventa y nueve pesos 00/100 moneda nacional) mediante la expedición de los cheques 0013462, 0013463, 0013464 y 0013465, los cuales dejó a su disposición. En tal virtud, la ejecutoria de amparo HA QUEDADO CUMPLIDA. Sin que este juzgado advierta que la autoridad señalada como responsable haya incurrido en exceso o defecto en el cumplimiento, debido a que, como ya se precisó, cumplió con la obligación a que se le constriñó, sin ir más allá de lo estrictamente requerido en el fallo protector, o haberla omitido. De ahí que si el quejoso a la fecha no ha comparecido a recibir el aludido documento, en nada interfiere con el cumplimiento del fallo protector, toda vez que la responsable ha satisfecho los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo. En apoyo a lo expuesto se invoca, aplicada por analogía, la tesis aislada clave III.3o.A.52 A, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XXI, mayo de 2005, página 1455, del texto siguiente: "DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS. CUANDO DERIVA DE UNA SENTENCIA DE AMPARO, BASTA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORME QUE EL QUEJOSO PODRÁ HACER EFECTIVO EL COBRO Y LO ACREDITE CON LAS CONSTANCIAS RELATIVAS PARA QUE AQUÉLLA SE CONSIDERE CUMPLIDA. Si en una ejecutoria de amparo se declara la inconstitucionalidad del artículo 109, fracción XI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en el ejercicio fiscal de 2003, y en virtud de ello se ordena la devolución del pago del gravamen realizado en forma indebida, el Juez debe tener por cumplida la sentencia de amparo si la responsable le manifiesta que el quejoso podrá hacer efectivo el cobro porque ya fue emitido el cheque; informa el número de registro y control (con el cual se podrá cobrar el pago de lo indebido); notifica todo esto al promovente, y además en autos obran las constancias que acreditan todo lo anterior, ya que sólo bastará que el referido contribuyente comparezca a hacer efectivo el cobro aludido para recuperar la suma que pagó por concepto del impuesto reclamado". Consecuentemente, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena el ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones correspondientes que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, y encuadra en la hipótesis prevista por la fracción IV de dicho precepto, pues se trata de un juicio en el que, por una parte, se sobreseyó en el juicio y, por otra parte, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión y debido a ello es susceptible de depuración; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que para tal efecto señale la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. En términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación.
- Principal
Se notifica a los quejosos. Agréguese a sus antecedentes el oficio remitido por la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que los cheques correspondientes a la devolución de las cantidades que los quejosos Francisco Homero Gaytán Gurrola, Ricardo Rangel Juárez, José Ignacio Montano Donatlán y Olivia Berenice Espinoza Robles erogaron por concepto de pago de derechos de inscripción de documentos ante el registro público, se encuentran a disposición de los quejosos en las oficinas de dicha dependencia. En tales condiciones, se comisiona al actuario de la adscripción a fin de que notifique el presente auto a la parte quejosa, y le corra traslado con copia del oficio en cuestión, a fin de que comparezca ante la autoridad responsable dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a efecto de recibir el aludido cheque, en cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de amparo que nos ocupa. Bajo el apercibimiento que de no comparecer dentro del término que para tal efecto se le concede y toda vez que el cumplimiento involucra actos positivos de la quejosa, de nada manifestar o de no comparecer ante la responsable, este juzgado, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, proveerá lo correspondiente con lo manifestado por la autoridad, en torno al cumplimiento de la sentencia constitucional. Notifíquese personalmente a los quejosos.
- Principal
Se tiene por recibido el oficio remitido por la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación de esta ciudad mediante el cual informa las gestiones relativas a dar cumplimiento al requerimiento formulado por este juzgado de fecha veintitrés de noviembre de este año; asimismo, solicita una prórroga para dar cumplimiento al mismo. A lo anterior, dígasele que se le otorga un término de diez días, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 193, párrafo tercero de la Ley de Amparo, los cuales son suficientes para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Con el apercibimiento que de no hacerlo en el tiempo concedido para tal efecto o de no contestar la causa legal o material que se lo impida, se hará acreedora a una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización equivalente a ... Asimismo se continuará con el procedimiento que alude el dispositivo 193 de la ley reglamentaria, esto es, se hará efectiva la multa de mérito y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución. Notifíquese; mediante oficio al Administrador Local de Recaudación de esta ciudad.
- Principal
Se notifica por lista al quejoso Por recibido el oficio 7699/2018, remitido por el secretario de acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de la ejecutoria de siete de noviembre de dos mil dieciocho, dictada por dicho tribunal, dentro de los autos del amparo en revisión administrativo 421/2018, formado con motivo del recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada en este juicio; hágase del conocimiento de las partes que al substanciar dicho recurso, el tribunal de alzada, resolvió: "PRIMERO. Queda FIRME el sobreseimiento decretado en el (los) considerando(s) tercero y quinto de la sentencia que se recurre. SEGUNDO. En la materia de la revisión, SE CONFIRMA la sentencia de cinco de julio de dos mil diecisiete, emitida en auxilio del Juez Primero de Distrito en la Laguna, sede en esta ciudad, en el juicio de amparo 542/2017. TERCERO. La justicia de la unión AMPARA y PROTEGE a ..., contra los actos, autoridades y por las razones expuestas en el considerando séptimo de la resolución impugnada, para los efectos referidos en el considerando octavo de la misma". Acúsese recibo de estilo y agréguense las constancias que en original constan en el cuaderno de antecedentes que derivó de este asunto; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que para tales efectos se lleva en este juzgado de distrito. Ahora bien, las autoridades que hubieren realizado actos materiales de ejecución del acto reclamado, son a quienes corresponde el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Por tanto, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la ejecutoria de amparo por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, pues el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, atento a los efectos de la ejecutoria; por lo que no deberá requerirse para que informen sobre el cumplimiento de la misma a las autoridades que participaron en el proceso legislativo. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación, contenida en la página 414, tomo VI, octubre de mil novecientos noventa y siete, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el texto siguiente: En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación, con residencia en esta ciudad, para que cumpla con dicha ejecutoria dentro del plazo de tres días, contados a partir del momento en que hayan quedado legalmente hecha la notificación del presente proveído, y remita las constancias en copia certificada que acrediten fehacientemente el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Con el apercibimiento que de no hacerlo en el tiempo concedido para tal efecto o de no contestar la causa legal o material que se lo impida, se hará acreedora a una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización equivalente a $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos 00/100 moneda nacional), con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 258, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, actualizado el diez de enero de dos mil dieciocho, por decreto publicado en esa fecha en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, se continuará con el procedimiento previsto en el dispositivo 193 de la ley reglamentaria, esto es, se abrirá el incidente de inejecución, según lo dispone la jurisprudencia 1ª./J./58/2008, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, cuyo criterio dice lo siguiente: En la inteligencia de que la responsabilidad en que se incurre por desacato al fallo constitucional, perdura durante el tiempo que dure en el encargo y subsiste aun cuando ya no estén en funciones, pudiendo ser enjuiciado por ese motivo, aunque hubiere dejado el encargo, por omitir cumplir la ejecutoria o cumplirla de manera extemporánea, en términos del numeral 195 de la Ley de Amparo, según lo dispone la tesis de jurisprudencia 60/2014, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro 12, noviembre de 2014, tomo I, consultable en la página 7, de la Décima época, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En caso de que el órgano de amparo que conozca del procedimiento para el cumplimiento de una sentencia concesoria estime que las autoridades responsables y/o vinculadas a su cumplimiento han incurrido en una actitud evasiva o el uso de procedimientos ilegales que propicien el retardo en su acatamiento y, en consecuencia, remita los autos al órgano correspondiente, Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, debe estimarse que estos órganos están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, o que el cumplimiento se llevó a cabo fuera de los plazos establecidos para tal efecto en la Ley de Amparo, incluso, podrán verificar la legalidad de las multas que se hubieren impuesto, tomando en cuenta si la autoridad responsable y/o vinculada han cumplido con los plazos previstos en la Ley de Amparo o bien adviertan la existencia de una causa justificada para no cumplir en esos términos. Ahora bien, si una vez concluido el plazo otorgado para el cumplimiento de la sentencia de amparo y antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta el cumplimiento de la sentencia de amparo, dando lugar a que el órgano que concedió el amparo determine que éste se ha acatado, ello no dará lugar a que por ese hecho el asunto quede sin materia, pues de lo contrario se haría nugatorio lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, en cuanto a que el incumplimiento extemporáneo no exime de responsabilidad cuando sea injustificado. De este modo, deberá ser valorado por el órgano que corresponda Juez de Distrito, Tribunal Colegiado de Circuito o incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando los autos estén radicados en ésta, si en el caso existe justificación para el cumplimiento extemporáneo, pues de considerar lo contrario, deben aplicarse las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI constitucional. Cabe agregar que en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la determinación sobre la justificación del cumplimiento extemporáneo corresponde, en principio, al Ministro Ponente, el cual con base en la resolución que hubiere causado estado en el sentido de que el fallo constitucional ha quedado cumplido, sin excesos ni defectos, podrá valorar en el dictamen en el que se proponga declarar sin materia el incidente respectivo las causas de justificación de la extemporaneidad. Lo anterior, sin menoscabo de que cuando se estime necesario revocar las multas impuestas en el respectivo procedimiento de ejecución o se considere dudosa la justificación del cumplimiento extemporáneo, la competencia para resolver lo conducente corresponda a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación".
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