Ricardo Ramos Chávez

Expediente 881/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
881/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
21/09/2022

Partes del expediente

  • Ricardo Ramos Chávez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. En atención a la cuenta que antecede, el Juez determina lo siguiente: Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. En atención a la cuenta que antecede, se advierte que en el expediente principal del que emana este incidente de suspensión, con esta fecha se dictó un auto en el que se ordenó el archivo del juicio de amparo, asimismo, que se negó la suspensión provisional y definitiva; y que en los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido; en consecuencia, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se negó la suspensión provisional y definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido acuerdo, se ordena la destrucción del original del presente incidente de suspensión, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso c) del artículo 21 del citado Acuerdo General. Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en virtud que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Por tanto, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del cuaderno original. Notifíquese.

  3. Principal

    S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 881/2022, promovido por ***, contra la omisión atribuida a la autoridad que más adelante se precisará. ANTECEDENTES: En su demanda de amparo refiere el quejoso que el treinta y uno de enero de esta anualidad, elevó una petición ante el delegado del Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del Estado; no obstante, al veinticinco de julio del año en curso, no se había dictado acuerdo en relación a la misma. Por ende, ante dicha omisión de la responsable decidió comparecer a este juicio de amparo. R E S U L T A N D O: PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO. Mediante escrito presentado el veinticinco de julio de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, Ricardo Ramos Chávez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad y por la omisión que más adelante se precisará. El peticionario del amparo señaló como derechos fundamentales violados, el contenido en el numeral 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. La demanda se turnó a este juzgado en esa misma data, donde quedó registrada con el número 881/2022 y fue admitida el veintiséis de julio siguiente; en ese propio auto, se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado; se otorgó la intervención conducente al Agente del Ministerio Público adscrito; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclama una omisión, por lo que a prevención compete su conocimiento. SEGUNDO FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO: El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. En ese sentido, con independencia de la forma en que la parte quejosa fijó los actos, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que de lo que realmente se duele, es la omisión por parte del delegado Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del Estado, de contestarle y notificarle la respuesta recaída a la petición que hizo mediante escrito de treinta y uno de enero de esta anualidad. Tal precisión se realiza acorde a lo establecido en la jurisprudencia 1347 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 1917-Septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) Décima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Materia Común, registro 1003226, página 1511, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." TERCERO EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. El gerente jurídico del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del Estado, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto que se le atribuyó, manifestando al efecto, que el pasado veintiocho de julio de esta anualidad ya había dado contestación al escrito presentado por el quejoso el treinta y uno de enero del año en curso; sin embargo en la fecha en que se presentó la demanda origen de este expediente, esto es, el veinticinco de julio de dos mil veintidós, sí existía el acto reclamado por el quejoso, pues, aún no había recaído respuesta a su escrito; por ende, dicha negativa se desvirtúa y se tiene por cierta la omisión reclamada. Hecho que se corrobora con las documentales que anexó al rendir su informe justificado, las que tienen valor probatorio pleno, al tenor de los normativos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2. CUARTO. ESTUDIO DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Previamente al estudio de fondo del asunto planteado, procede analizar si en el caso se actualiza alguna causa de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público, que debe examinarse de oficio, según lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En la especie sobreviene la hipótesis prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la citada Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio de derechos fundamentales, cuando han cesado los efectos del acto reclamado. Dicha causal de improcedencia se actualiza cuando la autoridad responsable emite un acto que destruye la inacción reclamada, de forma total e incondicional; de modo tal, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación a los derechos fundamentales de la parte quejosa, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, puesto que, la razón que justifica la improcedencia de mérito es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de una omisión que ha dejado de existir por la acción de la autoridad, pues, el efecto del amparo tratándose de este tipo de actos omisivos, será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo derecho exija, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Como se precisó, Ricardo Ramos Chávez, reclamó del delegado del Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del Estado, la omisión para contestarle y notificarle la respuesta recaída a la petición que hizo mediante escrito de treinta y uno de enero de esta anualidad, en la que sustancialmente pidió le generaran un convenio a su favor que contenga un plan de pagos para poder cumplir con el crédito de vivienda que solicitó ante dicha dependencia. Ahora bien, al rendir su informe con justificación, el gerente jurídico del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del Estado, acompañó copia certificada del oficio DR/XVII/GAJ/227/2022 de veintiocho de julio del año en curso, por el cual dio contestación a la petición hecha por el quejoso en el citado escrito de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, recepcionado el uno de febrero siguiente y se le envió el convenio de reestructuración de crédito que pidió Determinación que le fue notificada al correo electrónico que señaló para tal efecto. Por ende, se concluye que en la especie cesaron total e incondicionalmente los efectos del acto combatido, ya que lo pretendido en esencia por el agraviado al promover el juicio de amparo, era que la responsable diera respuesta a la petición que hizo mediante escrito de treinta y uno de enero de esta anualidad; lo que aconteció el veintiocho de julio de la presente anualidad, lo que se corrobora con las constancias recibidas con su informe justificado; por ende, es inconcuso que han cesado los efectos del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 193758, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De modo que, al sobrevenir la causa de improcedencia invocada, procede decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo de conformidad con la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo. Apoya este criterio la tesis 2a./J. 9/98, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, Tomo VII, Febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que reza: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Cabe destacar que el sobreseimiento del asunto, impide el estudio de los conceptos de violación, conforme a lo dispuesto en las tesis 509 y 1028, consultables en las páginas 335 y 708, respectivamente, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en este juicio de amparo, promovido por *** contra el acto reclamado al delegado del Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del Estado. NOTIFÍQUESE.

  4. Incidental

    RESOLUCIÓN Mediante la que se resuelven los autos del incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo indirecto 881/2022, promovido por ***, en contra de los actos de la autoridad que se menciona más adelante. I. ANTECEDENTES Según consta en autos, a juicio de la parte quejosa, la autoridad señalada como responsable pretende ha sido omisa en contestarle su escrito de petición de treinta y uno de enero del presente año y presentado el uno de febrero siguiente. Por ello, estima que dicha autoridad viola en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 8 y 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. TRÁMITE La demanda de amparo fue recibida en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, el veinticinco de julio de dos mil veintidós. La parte quejosa señaló como autoridad responsable al delegado del Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores del Estado y como acto reclamado la falta de contestación de su escrito de petición de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, mismo que fue presentado el uno de febrero del año en curso. La demanda fue remitida a este Juzgado de Distrito por razón de turno, donde quedó registrada con el número 881/2022 y fue admitida el veintinueve de julio de dos mil veintidós. En el mismo acuerdo se ordenó tramitar -por duplicado y por cuerda separada- el incidente de suspensión, donde se negó la medida provisional solicitada. La audiencia incidental se llevó a cabo el día de hoy en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para resolver sobre la suspensión definitiva solicitada, conforme a los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 125, 128, 144 y 157 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 146 de la Ley de Amparo establece que la resolución que decida sobre la suspensión definitiva, deberá contener, entre otras cosas, la fijación clara y precisa del acto reclamado. En el caso concreto, la pretensión del quejoso es reclamar la la falta de contestación de su escrito de petición de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, mismo que fue presentado el uno de febrero del año en curso V. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO La autoridad señalada como responsable, rindió su informe previo, negando la existencia de los actos reclamados atribuidos, pues al efecto informó que el veintiocho de julio del año en curso, proveyó lo solicitado por el quejoso y al efecto se le otorgó el beneficio de "solución a tu medida", el cual se le notificó el veintiocho de julio del presente año, vía correo electrónico. Sin que la parte quejosa hubiese desvirtuado dicha negativa, pues ninguna prueba ofreció al respecto. Consecuentemente, lo que procede, en el caso, es negar la suspensión definitiva solicitada. Hágase del conocimiento de las partes, que con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de esta resolución. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva a *** por las razones expresadas en el apartado V de esta resolución. NOTIFÍQUESE.

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