Ricardo Ramón Azuara Ahumada

Expediente 585/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 1 actuación registrada, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
585/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Ricardo Ramón Azuara Ahumada

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Identificación promoventes y registro. Vista la demanda de amparo promovida por ..., contra actos de 1. Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y otras autoridades; regístrese su ingreso en el libro de control electrónico bajo el número 585/2023-II-1. Integración del expediente físico y electrónico. Se precisa que, con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, la integración del presente expediente - electrónico y en su caso físico- se llevará a cabo en términos de lo dispuesto por el numeral 3° del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Desechamiento de la demanda. De la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa pretende reclamar de la Tercera Sala del Supremo Tribunal Superior de Justicia del Estado, la resolución de veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, dictada en el toca civil 606/2023, de su índice, notificada el treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Lo que conduce a desecharla de plano la demanda, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del anterior precepto normativo se advierte, que a fin de que se deseche de plano una demanda de garantías, deben de actualizarse los siguientes supuestos: 1.- Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, y, 2.- Que ese motivo sea manifiesto e indudable. Con relación a lo anterior, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma clara de la lectura de la demanda y lo indudable es cuando se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción distinta, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Por su parte, los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, que disponen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "ARTÍCULO 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y (.)". Conforme a lo dispuesto en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, por actos que tengan una ejecución de imposible reparación, deben entenderse aquellos por virtud de los cuales se afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, tales como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una resolución definitiva favorable en dicho juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trata, ya que en estos casos específicos la Justicia Federal debe intervenir sin demora a través del juicio de amparo indirecto ante el Juez de Distrito competente, sin tener que esperar el quejoso a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, puesto que las consecuencias de violación no desaparecerían en tales hipótesis, aunque el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses. Por lo tanto, no pueden ser considerados actos de imposible reparación, aquellos que tienen como consecuencia una afectación sobre derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son estrictamente formales. Como ya se precisó, el acto que se reclama lo hizo consistir la parte quejosa en la sentencia de veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, dictada en el toca civil 606/2023, de su índice, notificada el treinta y uno de los citados mes y año, en la que se revocó la sentencia apelada y se ordenó reponer el procedimiento para efecto de que se mande llamar legalmente a juicio ********************y se desahoguen diversos medios de prueba. Sin embargo, dicha resolución reclamada no es un acto que afecte material y actualmente derechos sustantivos del quejoso tutelados por la Constitución ni en algún Tratado Internacional en los que el Estado Mexicano es parte, como lo es la vida, libertad, propiedad, posesión, patrimonio, salud, entre otros; esto es, las consecuencias de la resolución son, en su caso, la continuación del juicio lo que equivale a una afectación de derechos adjetivos por los efectos de la reposición, y si bien puede ocasionar un retraso en la solución del conflicto, tal vez en contraposición del artículo 17 constitucional, debe señalarse que el tiempo o dilación para concluir otra vez el procedimiento no se traduce en un acto que afecte un derecho actual y personal del quejoso, sino uno de carácter adjetivo o procesal que podrá eventualmente reclamarlo con posterioridad. Incluso cabe señalar que la resolución de segunda instancia ahora reclamada no contiene algún efecto que haga procedente el amparo indirecto, puesto que no contiene la orden de afectar un derecho personal de alguna de las partes; por el contrario, la autoridad responsable al advertir una violación procesal consistente en la falta de llamamiento del Ejido en cita al juicio de origen, así como lo relacionado con el desahogo de diversos medios de prueba, ordena reponer el procedimiento a efecto de que sea llamado a juicio y se ordene el desahogo nuevamente de las pruebas que refiere. De ahí que el procedimiento continuará su curso ante el juez de origen, por lo que en realidad se trata de una infracción únicamente susceptible de reclamarse en el juicio de amparo directo que llegare a intentarse contra la sentencia definitiva. Es aplicable la tesis P./J. 17/91 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, mayo 1991, Materia Común, página 25, con registro 205810, del texto siguiente: AMPARO INDIRECTO. PARA LOS EFECTOS DE SU PROCEDENCIA CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO QUE DEJA INSUBSISTENTE LA DE PRIMERA INSTANCIA Y ORDENA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO, DEBE DETERMINARSE SI LAS CONSECUENCIAS DE LA INSUBSISTENCIA DEL FALLO Y DE LA REPOSICION, SON O NO DE IMPOSIBLE REPARACION. Para establecer si procede el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que deja insubsistente la de primera instancia y ordena la reposición del procedimiento por violaciones cometidas en éste, en cada caso concreto debe estudiarse y determinarse si las consecuencias producidas por la insubsistencia de la resolución de primera instancia y por la reposición ordenada, son o no de imposible reparación, y para ello debe acatarse el criterio sostenido en la jurisprudencia 6/1991, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en sesión privada de 22 de enero de 1991, con el rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCION QUE DESECHA LA EXCEPCION DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA.". En efecto, si bien la mera reposición del procedimiento, por regla general, no produce la afectación cierta e inmediata de algún derecho sustantivo, consagrado por las garantías individuales, cuyas consecuencias no sean reparables aun cuando quien las sufra obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, en algunos casos las consecuencias de dicha reposición del procedimiento pueden llegar a producir tales afectaciones, caso en el que procederá el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que decretó la reposición. Por el contrario, si las consecuencias de la insubsistencia del fallo o de la reposición del procedimiento no afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado por las garantías individuales, se estará frente a una violación del procedimiento reclamable en el amparo directo que llegare a intentarse contra la sentencia definitiva, pues tal caso es análogo, por su gravedad y efectos, a los previstos por el artículo 159 de la Ley de Amparo, y afecta las defensas de la parte agraviada pudiendo trascender al resultado del fallo. Máxime que no se soslaya que en juicio de origen, la resolución de primer grado fue desfavorable al aquí quejoso, puesto que se determinó que éste no probó su acción de reivindicación. Lo que corrobora el aspecto de que con el sentido de la resolución reclamada y efectos concretos, no se afecta un derecho sustantivo del actor aquí quejoso, ya que de modo alguno se desprende que la responsable haya anulado o se encuentre eliminando beneficio obtenido derivado de la resolución del juicio natural. Es aplicable al caso la jurisprudencia 1a./J. 37/2012 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , consultable a página 741, Libro VIII, mayo de 2012, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación, con registro electrónico 2000789, de contenido: EMPLAZAMIENTO. LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA NULO EL REALIZADO POR EDICTOS, Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO A FIN DE QUE SE EMPLACE NUEVAMENTE A LA DEMANDADA POR ESE MEDIO, NO GENERA UNA AFECTACIÓN CIERTA E INMEDIATA A LOS DERECHOS SUSTANTIVOS DEL ACTOR RESPECTO DEL PAGO QUE HIZO DE LAS PUBLICACIONES, POR LO QUE LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE HABERLAS PAGADO NO HACE PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (MATERIA CIVIL). La determinación judicial que en definitiva declara nulo el emplazamiento por edictos y ordena reponer el procedimiento para que se emplace nuevamente a la demandada por ese medio no constituye una afectación a los derechos sustantivos de la actora respecto del pago que hizo de las publicaciones respectivas, sino una de tipo adjetivo, ya que la sola circunstancia del impacto patrimonial consistente en dejar sin efectos los edictos cuya publicación subvencionó, jurídicamente está vinculada con su respectiva carga procesal en el litigio, de las que son propias e inherentes a todo procedimiento judicial. Esto último encuentra explicación en que si el contenido del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, revela que fue voluntad del legislador proscribir que el juicio de amparo indirecto proceda indiscriminadamente respecto de cualquier acto en el juicio, y si es máxima de la experiencia que en la prosecución de los juicios civiles, es regla general que las partes se ven determinadas a efectuar diversas erogaciones de tipo patrimonial a fin de responder a las cargas procesales, o hacer peticiones derivadas del interés que tienen en que se resuelva el juicio a favor de sus pretensiones, entonces debe admitirse que jurídicamente y para efectos de fijar el alcance conducente del citado artículo 114, fracción IV, la sola circunstancia consistente en el impacto patrimonial que sufre el actor al cumplir con la carga procesal de pagar las publicaciones de edictos para emplazar a su contrario en la tramitación de un juicio, no afecta sus derechos sustantivos, sino sólo los adjetivos, pues las anotadas erogaciones patrimoniales no pueden desligarse ni entenderse sin atender a la conducta procesal que le dio origen. Lo anterior, sin perjuicio de que se pueda analizar en cada caso particular, si es que existen otras consecuencias de la reposición del procedimiento (diferentes a la sola circunstancia de que el actor tuvo que erogar los gastos de la publicación de los edictos correspondientes) que puedan significar una afectación de imposible reparación para los efectos de decidir sobre la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados dentro de juicio. Como se dijo, es cierto que el acto reclamado en todo caso produce retardo en la conclusión del juicio; sin embargo, tal circunstancia no justifica la procedencia del juicio de amparo, ya que toda reposición de procedimiento para subsanar violaciones procesales implica en todo caso una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello involucre violación al principio de justicia pronta, establecida en el ordinal 17 de la Constitución Federal. De ahí que, resulta claro que no existe afectación material sobre algún derecho sustantivo reconocido en la Constitución o en los Tratados Internacionales, que amerite de inmediato el análisis constitucional del acto reclamado. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia 3a. 43, emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 291, del Tomo IV, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 207343, que establece: EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. Asimismo, la jurisprudencia P./J. 24/92, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, del Tomo 56, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de agosto de mil novecientos noventa y dos, con número de registro 205651, que establece: EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. En este orden de ideas, se concluye que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el precepto legal 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este último aplicado a contrario sensu, pues como se ha expuesto, el amparo contra actos emitidos dentro de juicio, únicamente se pedirá ante el juez de distrito, contra aquellos que afecten materialmente y de manera directa e inmediata derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, lo que en el caso no ocurre. Resulta de utilidad en lo conducente la tesis III.1o.T.Aux.3 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado Auxiliar, con residencia en Guadalajara, Jalisco, publicada en la página 1379, Tomo XXXII, Septiembre de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 163746, que establece: REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA SENTENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN QUE REVOCA LA DEL JUICIO NATURAL Y ORDENA AQUELLA ACTUACIÓN PARA LLAMAR A JUICIO A DIVERSOS LITISCONSORTES PASIVOS, SI EL QUEJOSO OBTUVO RESOLUCIÓN DESFAVORABLE EN PRIMERA INSTANCIA (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 106/2004). De la jurisprudencia 1a./J. 106/2004 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, enero de 2005, página 199, de rubro: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE DEJA INSUBSISTENTE LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA INTEGRARLO, ES UN ACTO CONTRA EL QUE PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", se obtiene que la sentencia de segunda instancia que revoca la de primera y ordena reponer el procedimiento, sólo es impugnable en amparo indirecto si satisface el atributo de ser un acto de imposible reparación, y esto no ocurre sino cuando se colman las condiciones siguientes: a) que el quejoso sea quien haya obtenido sentencia favorable a sus intereses en primera instancia y, por tanto, esté conforme con ella; y b) que por virtud de la resolución de alzada quede insubsistente aquel fallo para llamar a un sujeto hasta ese momento ajeno a la litis, que eventualmente puede no ser un litisconsorte pasivo. Lo anterior se explica porque la reposición de un procedimiento jurisdiccional, por más que cause, en mayor o menor grado, una molestia en los litigantes que tendrán que volver a intervenir en defensa de sus intereses, por sí misma no justifica la procedencia del amparo indirecto contra la sentencia de segunda instancia que la ordena, sino que se necesita una situación concreta, capaz de cambiar el sentido de la sentencia que llegue a dictarse en relación con la revocada, como por ejemplo, la anulación del desahogo de pruebas que, para el nuevo juicio que se instaure, podría ser imposible que se desahogaran nuevamente, ya sea por el fallecimiento de testigos o por la destrucción de documentos, o debido a nuevos requerimientos, bajo apercibimientos graves como el de desechar la demanda, formulados al actor para que cumpla con ciertas conductas al momento de reponer el procedimiento. Por ende, es improcedente el juicio de garantías biinstancial promovido contra la sentencia del recurso de apelación que revoca la del juicio natural y ordena reponer el procedimiento para llamar a juicio a diversos litisconsortes pasivos, si el quejoso obtuvo resolución desfavorable en primera instancia y, por ende, es inaplicable la indicada jurisprudencia, aun cuando se argumente retardo en la impartición de justicia, atento a la tesis 2a./J. 23/2008 de la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en la página 593 del Tomo XXVII, febrero de 2008, del indicado medio de difusión y Época, de rubro: "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO. En consecuencia, se impone desechar de plano la demanda, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este último aplicado a contrario sensu. Acceso a expediente electrónico y notificación electrónica. Como lo solicita la parte quejosa, autorícese el acceso para la consulta del expediente electrónico, así como para recibir notificaciones del juicio que nos ocupa al usuario "********************", de conformidad con los artículos 35, 36 y 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; en tal virtud, instrúyase a la Oficial Judicial "A" para que realice las autorizaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En la inteligencia de que se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el carácter de persona física, por lo que deberá ingresar con tal carácter al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que pueda consultar el expediente electrónico en que se actúa, conforme lo establece el artículo 34 del referido acuerdo general. En el entendido que de conformidad con el último párrafo del artículo 60 del citado Acuerdo General, la notificación se tendrá por hecha a partir de que la persona autorizada consulte el expediente o de que el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación genere automáticamente constancia de notificación ante la falta la consulta al expediente electrónico dentro de los plazos previstos en el numeral 62 de ese mismo acuerdo. Autorizados. Se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************y ******************** al contar con cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Exhortación a tramitar asuntos "en línea", y consulta de expedientes. Con apoyo en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, reformado a través del acuerdo general del propio Consejo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Asimismo, de conformidad con los artículos 261 y 262 del primero de los citados acuerdos generales, hágase del conocimiento de las partes, que las personas que acudan a los órganos jurisdiccionales podrán hacer uso de los equipos de cómputo que en cada órgano jurisdiccional se dispondrán para tal efecto, los cuales podrán destinarse a la consulta de expedientes electrónicos, a la actuación en el Portal de Servicios en Línea, o a la participación en videoconferencias con el personal del órgano cuyo equipo se esté utilizando. Habilitación de días y horas inhábiles para la práctica de notificaciones. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. Digitalización. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el expediente en el sistema electrónico, a efecto de que el expediente electrónico se encuentre debidamente integrado; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, oficial judicial "A" y oficiales judiciales "c" que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. Transparencia y protección de datos personales. Con fundamento en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tomando en cuenta lo previsto en los artículos 1, 9, 16, 68, 113, fracción l, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 23 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción Vlll, 43, 46 y 47, fracción ll, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; en el entendido que aun cuando no se opongan expresamente a tal publicación, en la versión pública de la sentencia respectiva y demás resoluciones que se dicten en el presente juicio de amparo, así como de las diversas constancias, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

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