Ricardo Quevedo Pablo

Expediente 1100/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 7 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1100/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
18/11/2022

Partes del expediente

  • Ricardo Quevedo Pablo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    PRAL.1100/2022.MESA-8 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. 1° Estado de autos. Vistos los autos, advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha fenecido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer recurso de revisión contra la determinación de veinte de octubre de este año, que sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo promovido por el menor de iniciales R.Q.P., sin que hubiese interpuesto ese medio de impugnación en dicho plazo. 2° Causa ejecutoria. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA la referida sentencia; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Resulta innecesario jurídicamente hacer pronunciamiento del término para las autoridades responsables y agente del ministerio público de la Federación adscrita; dado que, como se precisó, en la sentencia emitida se sobreseyó en el juicio de amparo promovido por la parte quejosa, por tanto, ningún agravio les genera, pues carecen de legitimación para inconformarse. Se invoca como apoyo la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Nación, Quinta Época, tomo CXXX, página 676, registro 316096, de rubro: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO". 3° Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la resolución estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la referida resolución se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. En relación con lo anterior, se instruye a la secretaria encargada de este expediente, verifique que la versión pública de la resolución haya sido integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado, de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. 4° Aspecto previo al archivo del expediente. Previo a establecer lo procedente sobre el archivo del expediente, comuníquese a las partes que en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, no hace precisión respecto del archivo de los expedientes que se tramitan en los órganos del Poder Judicial de la Federación; por tanto, en relación con ese tópico, por el momento, se estará a lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 5° Destino y archivo reciente. Conforme al artículo 21 del acuerdo en cita, y Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, toda vez que se dictó sentencia de sobreseimiento, sin que exista auto alguno por el que se hubiere concedido la suspensión de oficio y de plano, este expediente es destruible; así, será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes, se procederá a su destrucción, remitiendo el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. 6° Integración de notificaciones al expediente electrónico. Con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena al (la) actuario (a) de la adscripción verifique que las notificaciones generadas en este expediente, hayan sido integradas al expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 7° Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico, hasta en tanto las áreas competentes del Consejo de la Judicatura Federal determinen la estrategia de transición exclusivamente a libros de control electrónicos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 99 del citado Acuerdo General, y articulo décimo cuarto transitorio. 8° Vigencia de nuevo Acuerdo General. Se comunica a las partes procesales que, de conformidad con el artículo tercero transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se concluyó el esquema con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus covid-19 y a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós se reanudaron labores de forma regular en los órganos jurisdiccionales federales. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL.1100/2022.MESA-8 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de octubre de dos mil veintidós. 1° Se agrega informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el oficio de cuenta, suscrito por la jueza Quinto Familiar del Centro, Oaxaca, con residencia en Oaxaca de Juárez, por el cual rinde informe justificado. 2° Correo electrónico. Considérese, excepcionalmente, la cuenta de correo electrónico que proporciona la autoridad oficiante (para el caso de notificaciones urgentes mediante oficio digitalizado con utilización de firma electrónica, enviado al referido correo electrónico institucional); a fin de confirmar las comunicaciones oficiales que se envíen por dicho medio tecnológico. En el entendido que la notificación que amerite ser enviada mediante correo electrónico institucional surtirá efectos siempre y cuando exista razón de envío en que conste la confirmación de la recepción, pues, de lo contrario, deberá hacerse uso de otros medios de comunicación para la eficacia de la notificación. Lo anterior, hágase del conocimiento del (la) actuario(a) adscrito a este Juzgado, para los efectos legales procedentes. 3° Pruebas. Con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba documental de la citada autoridad la copia certificada de la audiencia de carácter familiar de tres de octubre de este año, celebrada en el expediente 86/2022, de su índice; misma que se desahoga en razón a su propia y especial naturaleza. 4° Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora, vista la copia certificada que anexó la citada responsable a su informe justificado, a la cual se otorga valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2º, al ser un documento expedido por una autoridad en ejercicio de sus funciones y, de conformidad con la jurisprudencia de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO."; se advierte que se actualiza, de manera indudable y manifiesta, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el sobreseimiento fuera de audiencia de este juicio, en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado, por los motivos que a continuación se exponen. El numeral en comento dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado..." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada, o no, de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En este juicio el quejoso menor de edad de iniciales R.Q.P. reclama de la autoridad responsable juez Quinto Familiar del distrito judicial del Centro la omisión de determinar la convivencia con su hermana de iniciales A.Q.P. Sin embargo, de la constancia que anexó la responsable a su informe justificado, se advierte que: En la audiencia de carácter familiar desahogada el tres de octubre de este año, se aprobó el "convenio definitivo", en el cual, entre otros aspectos, los progenitores de ambos menores de edad, acordaron: La guarda y custodia de los menores de edad de iniciales A.Q.P. y R.Q.P. - cláusula tercera-. La convivencia de los aludidos infantes con sus progenitores no custodios -cláusula cuarta-. Por tanto, cesaron los efectos del acto reclamado, dado que la autoridad responsable en audiencia celebrada el tres de octubre de dos mil veintidós aprobó, el "convenio definitivo" de las partes, en el que los progenitores de los menores de edad de iniciales A.Q.P. y R.Q.P., acordaron, entre otros particulares, el régimen de convivencia entre aquéllos -acto reclamado-; por lo que, en el caso, se actualiza la referida causal de improcedencia. Máxime que las causas de improcedencia contenidas en la Ley de Amparo son compatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio constitucional, puesto que su propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo en los casos sin mérito, es en sí legítimo. Aunado a que el representante especial del menor de edad quejoso, Iván Reyes Bautista, mediante ocurso registrado con el número de folio 13319, solicitó el sobreseimiento de este juicio, expresando que en la audiencia celebrada el tres del mes actual los padres de ambos menores de edad, convinieron ".lo más favorable no solo para el niño quejoso, sino también para su hermanita y estando satisfechos los derechos fundamentales que consagra la Constitución en favor de los menores y los tratados internacionales que conforman el Protocolo del Interés Superior de Niño". En consecuencia, al actualizarse la referida causal de improcedencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, con relación al diverso 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE ESTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL; por ende, se deja sin efectos la celebración de la misma señalada para las nueve horas con cincuenta y ocho minutos del veintiuno de este mes y año. Al caso, resulta aplicable la jurisprudencia cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." 5° Anotaciones. Se ordena se realicen las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Miriam Carolina Ramos León, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN PREVIO AVISO Número de expediente: 1100/2022 Acuerdo: PRAL.1100/2022.MESA-8 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de octubre de dos mil veintidós. 1° Se agrega informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el oficio de cuenta, suscrito por la jueza Quinto Familiar del Centro, Oaxaca, con residencia en Oaxaca de Juárez, por el cual rinde informe justificado. 2° Correo electrónico. Considérese, excepcionalmente, la cuenta de correo electrónico que proporciona la autoridad oficiante (para el caso de notificaciones urgentes mediante oficio digitalizado con utilización de firma electrónica, enviado al referido correo electrónico institucional); a fin de confirmar las comunicaciones oficiales que se envíen por dicho medio tecnológico. En el entendido que la notificación que amerite ser enviada mediante correo electrónico institucional surtirá efectos siempre y cuando exista razón de envío en que conste la confirmación de la recepción, pues, de lo contrario, deberá hacerse uso de otros medios de comunicación para la eficacia de la notificación. Lo anterior, hágase del conocimiento del (la) actuario(a) adscrito a este Juzgado, para los efectos legales procedentes. 3° Pruebas. Con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba documental de la citada autoridad la copia certificada de la audiencia de carácter familiar de tres de octubre de este año, celebrada en el expediente 86/2022, de su índice; misma que se desahoga en razón a su propia y especial naturaleza. 4° Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora, vista la copia certificada que anexó la citada responsable a su informe justificado, a la cual se otorga valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2º, al ser un documento expedido por una autoridad en ejercicio de sus funciones y, de conformidad con la jurisprudencia de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO."; se advierte que se actualiza, de manera indudable y manifiesta, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el sobreseimiento fuera de audiencia de este juicio, en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado, por los motivos que a continuación se exponen. El numeral en comento dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado..." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada, o no, de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En este juicio el quejoso menor de edad de iniciales R.Q.P. reclama de la autoridad responsable juez Quinto Familiar del distrito judicial del Centro la omisión de determinar la convivencia con su hermana de iniciales A.Q.P. Sin embargo, de la constancia que anexó la responsable a su informe justificado, se advierte que: En la audiencia de carácter familiar desahogada el tres de octubre de este año, se aprobó el "convenio definitivo", en el cual, entre otros aspectos, los progenitores de ambos menores de edad, acordaron: La guarda y custodia de los menores de edad de iniciales A.Q.P. y R.Q.P. - cláusula tercera-. La convivencia de los aludidos infantes con sus progenitores no custodios -cláusula cuarta-. Por tanto, cesaron los efectos del acto reclamado, dado que la autoridad responsable en audiencia celebrada el tres de octubre de dos mil veintidós aprobó, el "convenio definitivo" de las partes, en el que los progenitores de los menores de edad de iniciales A.Q.P. y R.Q.P., acordaron, entre otros particulares, el régimen de convivencia entre aquéllos -acto reclamado-; por lo que, en el caso, se actualiza la referida causal de improcedencia. Máxime que las causas de improcedencia contenidas en la Ley de Amparo son compatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio constitucional, puesto que su propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo en los casos sin mérito, es en sí legítimo. Aunado a que el representante especial del menor de edad quejoso, Iván Reyes Bautista, mediante ocurso registrado con el número de folio 13319, solicitó el sobreseimiento de este juicio, expresando que en la audiencia celebrada el tres del mes actual los padres de ambos menores de edad, convinieron ".lo más favorable no solo para el niño quejoso, sino también para su hermanita y estando satisfechos los derechos fundamentales que consagra la Constitución en favor de los menores y los tratados internacionales que conforman el Protocolo del Interés Superior de Niño". En consecuencia, al actualizarse la referida causal de improcedencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, con relación al diverso 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE ESTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL; por ende, se deja sin efectos la celebración de la misma señalada para las nueve horas con cincuenta y ocho minutos del veintiuno de este mes y año. Al caso, resulta aplicable la jurisprudencia cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." 5° Anotaciones. Se ordena se realicen las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Miriam Carolina Ramos León, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    PRAL 1100/2022 MESA 8 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de octubre de dos mil veintidós. 1° Se agrega escrito. Agréguese el escrito de la licenciada Nelly Quiroz Tecpanecatl; mediante el cual: a) solicita se señale fecha y hora para que se le discierna el cargo de representante especial de los menores de edad de iniciales R.Q.P. y A.Q.P; b) proporciona un número telefónico y una cuenta de correo "para cualquier comunicación procesal", c) autoriza a diversas personas para recibir notificaciones y consultar los autos que integran este expediente, auxiliándose de medios electrónicos; d) refiere, bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra bajo ninguna causal de impedimento, en términos del artículo 51 de la Ley de Amparo y e) solicita se autoriza el usuario que refiere, para recibir notificaciones y consultar el expediente electrónico relativo a este juicio. Sin emitir mayor pronunciamiento en cuanto a su contenido, pues en auto de cuatro de octubre de dos mil veintidós se precisó que resulta innecesaria su intervención en este sumario con el carácter de representante especial del menor de edad de iniciales R.Q.P., dado que el tres de este mes y año se discernió ese cargo a la diversa persona de nombre Iván Reyes Bautista; en tanto que, respecto de la diversa menor de edad de iniciales A.Q.P., aquélla aún no ha sido llamada a juicio; por lo cual, por el momento, no se requiere que sea asistida por un representante especial. Determinación que se hizo del conocimiento de la delegada del Instituto Federal de Defensoría Pública en el Estado mediante oficio 27741/2022. 2° Se toma conocimiento. Por lo anterior, únicamente se toma conocimiento de: los datos de contacto, personas autorizadas para recibir notificaciones e imponerse de los autos, usuario electrónico y que no se encuentra bajo ninguna causal de impedimento; no obstante, tampoco se emite pronunciamiento. 3° Alegatos. Por otra parte, glósese el escrito signado por Iván Reyes Bautista, representante especial del quejoso menor de edad de iniciales R.Q.P.; mediante el cual realiza diversas manifestaciones, mismas que, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formuladas en vía de alegatos y serán relacionados en la audiencia constitucional respectiva. Finalmente, con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo se tiene como prueba de su parte, la documental anexa al escrito de cuenta, en copia simple. Notifíquese; y, por esta ocasión, a la licenciada Nelly Quiroz Tecpanecatl al usuario electrónico Nellyroz. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Miriam Carolina Ramos León, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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