Ricardo Perry Osorio

Expediente 59/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
59/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
09/03/2021

Partes del expediente

  • Ricardo Perry Osorio

Actuaciones

  1. Principal

    De la certificación secretarial a que se refiere la razón de cuenta que antecede, de la cual se advierte que la parte promovente no se inconformó contra el auto de veintidós de enero de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo; en tales condiciones, con apoyo en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme; en consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, en atención a que fue desechado y carece de relevancia documental e histórica.

  2. Principal

    De la certificación secretarial que antecede, de la cual se desprende que la parte quejosa omitió inconformarse contra el auto de veinticuatro de agosto de dos mil veinte, que declaró cumplida la sentencia dictada en este expediente; en consecuencia, en términos de los artículos 80, 201 fracción I y 202 primer párrafo de la Ley de Amparo, se declara firme tal auto; por tanto, previas las anotaciones que se hagan en el libro respectivo de este juzgado, archívese el presente juicio de amparo como asunto concluido. En tales condiciones, el presente juicio de amparo es susceptible de depuración, en atención a que carece de relevancia documental, y al sentido de la resolución pronunciada en el mismo.

  3. Principal

    I. Creación del expediente. Con la demanda de amparo a que se refiere la razón de cuenta que antecede, que promueve ****, por propio derecho, contra actos atribuidos al Subdelegado de prestaciones, de la Delegación Estatal de Puebla del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 8, 14, 16 y 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese expediente y regístrese bajo el número que le corresponda. II. Decisión sobre la procedencia de la demanda. Previo a proveer sobre la admisión de la citada demanda, es preciso mencionar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que ésta se examine y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano. Así, del análisis integral de la demanda, se tiene que el quejoso reclamó, lo siguiente: Del Subdelegado de prestaciones, de la Delegación Estatal de Puebla del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. El oficio SP/****/2020, de once de diciembre de dos mil veinte, mediante el cual la autoridad responsable da respuesta a la petición formulada por el quejoso, respecto a la correcta cuantificación de la pensión por jubilación que le fue otorgada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Bien, de lo anterior se colige que respecto al acto que reclama la parte quejosa, se considera que la demanda de amparo origen de este juicio, es notoriamente improcedente, de conformidad con en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia que se deseche de plano. El mencionado numeral, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior". De conformidad con el precepto legal en cita, para que la demanda de amparo se torne improcedente, se deben reunir los requisitos siguientes: 1. Que el acto reclamado sea emitido por una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; en el caso, por autoridades administrativas; 2. Dicho acto reclamado deba ser revisado de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal; 3. Que a través de dicho medio de defensa legal, el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado; 4. La norma que regula el recurso, juicio o medio de defensa legal, permita suspender los efectos del acto reclamado; 5. Para la procedencia de la suspensión, el mencionado recurso, juicio o medio de defensa legal, no exija mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, con independencia que el acto en sí mismo sea o no susceptible de ser suspendido; y, 6. Por último, que no exista excepción al principio de definitividad. En el caso, como se dijo anteriormente, el quejoso reclamó en la demanda de amparo, el oficio SP/****/2020, de once de diciembre de dos mil veinte. Así, del citado oficio respecto de la cual la parte quejosa adjuntó en original a la demanda, se advierte que la autoridad responsable da respuesta a la petición formulada por el quejoso, respecto a la correcta cuantificación de la pensión por jubilación que le fue otorgada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. En ese orden, se puede concluir que la demanda de amparo es improcedente, al acreditarse el requisito señalado en el punto 1, debido a que los actos reclamados fueron emitidos por una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; esto es, por el Subdelegado de prestaciones, de la Delegación Estatal de Puebla del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. El requisito indicado en el punto 2, también se cumple, ya que debe ser revisado de oficio, conforme a las leyes que los rijan, a través del juicio, recurso o medio de defensa legal; pues contra dicho acto procede el procedimiento contencioso administrativo, en términos del artículo 3, fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que dice: "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: "VII. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; 3. A través del juicio contencioso administrativo previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo puede ser modificado, revocado o nulificado el acto reclamado. En efecto, el artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo señala que la sentencia definitiva del juicio podrá reconocer la validez de la resolución impugnada, declarar la nulidad de la resolución impugnada o declarar la nulidad de la resolución impugnada para efectos. 4. El Titulo II, Capitulo III "De las Medidas Cautelares", artículos 24 a 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establecen, regulan y permiten la suspensión de la ejecución del (los) acto(s) impugnado(s) en el juicio de nulidad. 5. La Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo vigente, conforme a la reforma publicada el 13 de junio de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, no exige mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva del (los) acto(s) reclamado(s). Además, el artículo 28, fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo reformado el 13 de junio de 2016, establece un plazo idéntico al artículo 112 de la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión provisional, es decir, 24 horas. En consecuencia, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no establece un plazo mayor que el que prevé la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión provisional. 6. No existe excepción al principio de definitividad. I. Cuando los actos afectan a personas extrañas al procedimiento del cual emanan. No se actualiza la excepción porque el juicio de amparo indirecto no es promovido por persona extraña a la controversia, sino por Ricardo Perry Osorio, quien es la persona directamente afectada, esto es, la titular del derecho en cuestión. Además, conforme al artículo 16, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo el juicio de nulidad puede promoverse incluso si el actor manifiesta que no conoce la resolución administrativa que pretende impugnar, en cuyo caso, así lo expresará en su demanda de nulidad, señalando la autoridad a quien la atribuye, su notificación o su ejecución. En este caso, al contestar la demanda, la autoridad acompañará constancia de la resolución administrativa y de su notificación, mismas que el actor deberá combatir mediante ampliación de la demanda. II. Los actos que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación. El acto reclamado no es intraprocesal, sino definitivo, de modo que no podría constituir un acto procesal de imposible reparación. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la irreparabilidad del acto reclamado no constituye, por sí misma, una excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto. III. Los actos administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución. No se actualiza porque, como ha quedado ya expuesto, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no exige mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto. IV. Los actos que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal. El acto reclamado es de naturaleza administrativa, no penal, por lo que no puede existir una transgresión al artículo 16 constitucional en materia penal, y no se aduce alguna violación de derechos contenidos en los numerales 19 y 20 constitucionales. V. Las leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación. La parte quejosa no reclama leyes, tratados internacionales, reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general, de modo que no se actualiza está excepción. VI. Los actos que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional. Tampoco se actualiza el supuesto, debido a que no se reprocha alguna de las conductas citadas. VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra. No se actualiza la excepción porque, como ya se dijo, el Titulo II, Capitulo III "De las Medidas Cautelares", artículos 24 a 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establecen, regulan y permiten la suspensión de la ejecución del acto impugnado(s) en el juicio de nulidad. VIII. Los actos que carezcan totalmente de fundamentación. Al respecto, no se actualiza la excepción porque el acto reclamado consiste en la determinación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, respecto al pago de la pensión de la quejosa. Sin embargo, la indebida fundamentación no constituye una excepción al principio de definitividad previsto en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. IX. Los actos en que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal. En la especie, no se reclaman únicamente violaciones directas a la Constitución Federal, sino la determinación del Subdelegado de prestaciones, de la Delegación Estatal de Puebla del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, contenida en el oficio SP/****/2020, de once de diciembre de dos mil veinte, además de la lectura de la demanda se aprecia que el acto reclamado se fundamenta en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; por lo que tampoco se actualiza la hipótesis de excepción. X. Los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia. No se actualiza la excepción porque el juicio de nulidad está previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y no en un reglamento. En resumen, la parte quejosa no agotó el principio de definitividad en virtud de que no acudió al juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, no se actualiza excepción alguna al principio de definitividad y, en consecuencia, el juicio de amparo indirecto resulta improcedente, ante lo cual, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 61, fracción XX, de la misma legislación, se desecha de plano por ser notoriamente improcedente. III. Domicilio. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señaló en la demanda. La quejosa, solicita, autorización para consultar el presente asunto de manera electrónica y para ello proporciona un nombre de usuario. En atención a su solicitud, se acuerda favorable, de conformidad en lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, en virtud de que **** cuenta con el nombre de usuario "****", registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), como se advierte de la certificación secretarial. Requiérase al Encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, realice las gestiones pertinentes para tal efecto. Asimismo, se tiene por autorizados en términos amplios del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ****, e ****, pues de la certificación secretarial que antecede, se advierte que cuentan con registro de cédula profesional ante los órganos del Poder Judicial de la Federación. Por otra parte, la quejosa proporciona un correo electrónico de contacto; en consecuencia, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tienen como formas especiales y expeditas de contacto, los datos que proporciona, a través de los cuales se podrán entablar comunicaciones no procesales. IV. Habilitación de días y horas. En otro aspecto, a fin que puedan practicarse todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, se faculta a los Actuarios Judiciales para que una vez agotadas sin éxito las visitas correspondientes a un domicilio señalado por las partes para oír y recibir notificaciones en días y horas hábiles, realicen las diligencias conducentes en días y horas inhábiles en términos del numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2º; lo cual encuentra sustento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio. V. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en Todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a Cargo del Propio Consejo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración. Por tanto, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3, quinto y séptimo párrafos, de la Ley de Amparo, así como 3 fracción III, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en Todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a Cargo del Propio Consejo, se comisiona al Secretario que integre la presente en el expediente electrónico. En el entendido que no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las cuáles son: Copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier tipo de material sin leyenda relevante alguna, cuya presentación se aprecie encaminada a la protección de los documentos que se ingresan; copias presentadas como "anexos" y que correspondan a actuaciones del propio órgano jurisdiccional. Sin embargo, es criterio de esta juzgadora que se digitalicen las pruebas, poderes, valores, garantías diversas así como las constancias que sirvan de justificación al acto reclamado remitidas por las autoridades responsables, para el efecto de una debida integración del expediente electrónico. VI. Protección de datos personales. En atención a lo dispuesto en los artículos 9°, 11, fracción VI, 113, fracciones I y III, y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; hágase saber a las partes que los datos considerados como confidenciales habrán de salvaguardarse en cualquier caso, a efecto de evitar su publicidad.

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