Ricardo Pérez Solis
Expediente 1805/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 47 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1805/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 47
- Última actuación
- 29/06/2021
Partes del expediente
- Ricardo Pérez Solis
- Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 47.
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Estado de Puebla veintinueve de junio de dos mil veintiuno. Causa estado cumplimiento. Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes promovieran recurso de inconformidad en contra del auto del veintiséis de mayo del año en curso, que declaró cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO el mencionado proveído. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Depúrese el expediente principal, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una sentencia en la que se determinó conceder el amparo en el presente juicio, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en la fracción I, inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: (.) I. b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional..". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo dieciocho, párrafo primero del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Cuaderno incidental (concedió provisional y definitiva). Por otra parte, tomando en consideración que en el incidente de suspensión, se concedió la medida cautelar provisional y la definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), del mismo Acuerdo, por tanto, el cuaderno original es susceptible de depuración, una vez que transcurra el citado plazo de tres años que prevé el numeral en cita, por lo tanto deberán conservarse las resoluciones relativas a su otorgamiento y del presente proveído. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral 20, fracción II, inciso a) de dicho Acuerdo General, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruible una vez que transcurra el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones respectivas en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión para constancia. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Devolución de constancias. Tomando en consideración las constancias que fueron remitidas por la autoridad responsable en atención a los requerimientos efectuados en autos; se ordena la devolución de las copias certificadas del expediente 1814/2015 y un disco compacto al Juez de lo civil del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla. Lo anterior, en la inteligencia de que el acuse de recibo lo constituirá la constancia de notificación de este auto. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese; y, personalmente a las partes y, por oficio al representante especial del menor (así como de manera electrónica).
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE TERCERA INTERESADA ... NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Estado de Puebla veintinueve de junio de dos mil veintiuno. Causa estado cumplimiento. Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes promovieran recurso de inconformidad en contra del auto del veintiséis de mayo del año en curso, que declaró cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO el mencionado proveído. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Depúrese el expediente principal, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una sentencia en la que se determinó conceder el amparo en el presente juicio, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en la fracción I, inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: (.) I. b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional..". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo dieciocho, párrafo primero del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Cuaderno incidental (concedió provisional y definitiva). Por otra parte, tomando en consideración que en el incidente de suspensión, se concedió la medida cautelar provisional y la definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), del mismo Acuerdo, por tanto, el cuaderno original es susceptible de depuración, una vez que transcurra el citado plazo de tres años que prevé el numeral en cita, por lo tanto deberán conservarse las resoluciones relativas a su otorgamiento y del presente proveído. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral 20, fracción II, inciso a) de dicho Acuerdo General, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruible una vez que transcurra el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones respectivas en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión para constancia. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Devolución de constancias. Tomando en consideración las constancias que fueron remitidas por la autoridad responsable en atención a los requerimientos efectuados en autos; se ordena la devolución de las copias certificadas del expediente 1814/2015 y un disco compacto al Juez de lo civil del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla. Lo anterior, en la inteligencia de que el acuse de recibo lo constituirá la constancia de notificación de este auto. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese; y, personalmente a las partes y, por oficio al representante especial del menor (así como de manera electrónica).
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San Andrés Cholula, Estado de Puebla veintinueve de junio de dos mil veintiuno. Causa estado cumplimiento. Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes promovieran recurso de inconformidad en contra del auto del veintiséis de mayo del año en curso, que declaró cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO el mencionado proveído. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Depúrese el expediente principal, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una sentencia en la que se determinó conceder el amparo en el presente juicio, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en la fracción I, inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: (.) I. b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional..". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo dieciocho, párrafo primero del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Cuaderno incidental (concedió provisional y definitiva). Por otra parte, tomando en consideración que en el incidente de suspensión, se concedió la medida cautelar provisional y la definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), del mismo Acuerdo, por tanto, el cuaderno original es susceptible de depuración, una vez que transcurra el citado plazo de tres años que prevé el numeral en cita, por lo tanto deberán conservarse las resoluciones relativas a su otorgamiento y del presente proveído. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral 20, fracción II, inciso a) de dicho Acuerdo General, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruible una vez que transcurra el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones respectivas en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión para constancia. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Devolución de constancias. Tomando en consideración las constancias que fueron remitidas por la autoridad responsable en atención a los requerimientos efectuados en autos; se ordena la devolución de las copias certificadas del expediente 1814/2015 y un disco compacto al Juez de lo civil del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla. Lo anterior, en la inteligencia de que el acuse de recibo lo constituirá la constancia de notificación de este auto. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese; y, personalmente a las partes y, por oficio al representante especial del menor (así como de manera electrónica).
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EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA *** Y TERCERA INTERESADA *** NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, RESPECTIVAMENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE VEINTISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintiséis de mayo de dos mil veintiuno. Se declara cumplida la sentencia de amparo. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, tomando en consideración que las partes no desahogaron la vista que les fue otorgada mediante auto de seis de mayo de dos mil veintiuno, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de mérito, por lo que este juzgado se pronuncia sobre el cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Al respecto, se precisa que mediante ejecutoria pronunciada el dieciséis de octubre de dos mil veinte, en el recurso de revisión R-573/2019, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito confirmó la sentencia dictada en este juicio, en la cual se concedió la protección constitucional en los siguientes términos: "VII. DECISIÓN 107. Dado que el acuerdo reclamado vulnera los derechos fundamentales de los quejosos, a fin de restituirlos en el goce de sus derechos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se impone conceder la protección constitucional solicitada para los siguientes efectos: a) Que el Juez responsable deje insubsistente el auto dictado el trece de agosto del dos mil diecinueve en el juicio privilegiado de visita y convivencia 1814/2015, exclusivamente en lo relativo a la modificación del régimen de visita y convivencia convenido entre las partes. b) Enseguida, en atención al interés superior de la menor y con el propósito de velar por su bienestar físico y mental, el juez natural deberá determinar si resulta adecuado o no que el régimen de convivencia entre la menor A.P.C. y su padre se realice en un Centro Estatal de Convivencia Familiar, pues es claro que las instalaciones del Juzgado responsable no son adecuadas para tal efecto, aunado a que deberá descartar la posibilidad de que Raquel Corona Reyna funja como coadyuvante para facilitar la convivencia, pues dado el contexto de crisis intrafamiliar esa medida podría resultar contraproducente e, incluso, desgastar aún más la relación entre los propios progenitores. c) Por otro lado, atento a las consideraciones expuestas en esta sentencia, deberá ordenar y desahogar de manera urgente e inmediata, en un plazo no mayor de diez días hábiles, una prueba pericial en psicología a cargo de la menor, de sus progenitores e, incluso, a cargo de otros familiares o personas que normalmente convivan con la niña, como lo podrían ser las parejas sentimentales de sus progenitores, en virtud de que dicho medio probatorio podrá aportar mayores elementos de convicción para, en su caso, confirmar o descartar la existencia de alienación parental hacia ella, determinar si la niña enfrenta o no algún problema de evolución social o de madurez que impida valorar su opinión y, en general, conocer el origen [real] de la crisis intrafamiliar. d) Para tal efecto, el juez responsable podrá hacer uso de las medidas de apremio previstas en la ley, a fin de vencer las conductas omisivas o de desacato tendentes a impedir o retardar el desahogo de dicha prueba pericial. e) Una vez desahogadas las pruebas antes referidas, el juez natural dentro de los cinco días hábiles siguientes deberá valorar si recaba o no nuevamente la opinión del menor, atendiendo a los resultados sobre su posible alienación parental, pues solo en caso de no haber indicios sobre ella, deberá recabarla nuevamente e, incluso, podría asignarle un valor superlativo. En la inteligencia de que si decide recabar nuevamente la opinión del menor, no deberá perder de vista que la voluntad expresada por un niño con suficiente discernimiento es un elemento clave que debe tomarse en consideración en cualquier procedimiento judicial, a fin de hacer prevalecer el principio de autonomía progresiva. f) Posteriormente, con libertad de jurisdicción, deberá emitir una nueva determinación a partir del resultado de las pruebas desahogadas. 108. Por otro lado, dada la condición de minoría de edad de la menor A.P.C., así como la probable alienación parental inducida -que constituye un tipo de violencia familiar-, se estima necesario que además de la determinación que se emita en cumplimiento a la presente ejecutoria, el juez familiar también haga de su las medidas que adopte en relación con él, mediante la elaboración de una resolución en formato de lectura fácil y accesible. 109. Al respecto, conviene destacar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de Nación, al resolver el amparo en revisión 159/2013, sostuvo que tratándose de casos en que se involucren derechos de personas disminuidas en sus capacidades, debe elaborarse una sentencia bajo un formato que permita una lectura fácil y accesible para el justiciable, tal como se pone de manifestó en la transcripción siguiente: "Al respecto, es importante hacer notar, que el denominado formato de lectura fácil, si bien resulta novedoso en nuestro país, lo cierto es que goza de un importante desarrollo en otros países, especialmente en el conteniente europeo. Así, la Asociación europea Formely International League of Societies for Persons with Mental Handicap (ILSMH) ha emitido las directrices europeas para facilitar la lectura. En las mismas se indica que acorde a las Normas de Naciones Unidas sobre la Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad, los Estados tienen la obligación de hacer accesible la información y documentación para las personas con discapacidad. Al respecto, la lectura fácil es un formato dirigido mayormente a personas con una discapacidad que influye en su capacidad de leer o de comprender un texto. Debido a ello, tal formato se realiza bajo un lenguaje simple y directo, en el que se evitan los tecnicismos así como los conceptos abstractos, ello mediante el uso de ejemplos. Por tanto, en el mismo se deberá emplear un lenguaje cotidiano, personificando el texto lo más posible. El formato de lectura fácil empleado en la presente sentencia, se encuentra basado en su mayoría precisamente en las directrices de la Asociación europea Formely International League of Societies for Persons with Mental Handicap (ILSMH). Por tanto, el acceso pleno de las personas con diversidades funcionales intelectuales a las sentencias emitidas por los juzgadores, no se agota con permitir que tengan conocimiento de la mismas, sino que es un deber de los órganos jurisdiccionales implementar formatos de lectura fácil, a través de los cuales, dichas personas puedan comprender lo resuelto en un caso que afecte su esfera jurídica. En consecuencia, cuando un juzgador conozca de un asunto en el cual la resolución verse sobre una persona con alguna diversidad funcional, deberá redactar la misma bajo un formato de lectura fácil, misma que no sustituye la estructura "tradicional" de las sentencias, ya que se trata de un complemento de la misma, lo cual es acorde al modelo social contenido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sin embargo, debe señalarse que la redacción del formato de lectura fácil no será idéntico en todos los casos, sino que estará determinado por la discapacidad concreta. En el presente caso, el quejoso tiene síndrome de asperger y se le ha diagnosticado un nivel de "madurez" de 6.6 a 6.11 años." 110. En el caso, si bien la menor quejosa no se ubica en una hipótesis de disfunción o disminución de capacidad, lo cierto es que dada su condición de minoría de edad, así como su probable orientación parental inducida, se estima necesario que conozca el alcance de esta resolución. 111. Por lo anterior, se impone la carga al juez responsable de elaborar una resolución bajo un formato que permita una lectura fácil y accesible para la menor quejosa, la cual deberá agregar como anexo a la determinación que emita y deberá notificársela en esos términos.". Mediante proveído de diez de noviembre de dos mil veinte, este juzgado federal tuvo por recibido el testimonio de la ejecutoria emitida por Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito y, en atención a su contenido se requirió a la autoridad responsable para que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remitiera las constancias relativas para acreditarlo. En mérito de lo anterior, resulta oportuno hacer una relación de las gestiones que realizó la autoridad responsable a efecto de dar cabal cumplimiento a la concesión del amparo otorgado a la parte quejosa en el presente juicio de control constitucional, por lo que a manera de antecedentes se señalan los siguientes: 1. El nueve de diciembre de dos mil veinte, se tuvo al Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, informando el proveído de cuatro de diciembre de dos mil veinte, de cuyo contenido se desprende: a) Que dejó sin efectos el auto de trece de agosto de dos mil diecinueve, dictado en el juicio privilegiado 1814/2015, exclusivamente en lo relativo a la modificación de régimen de visita y convivencia convenido entre las partes; b) Determinó la modificación temporal o provisional a la cláusula tercera del convenio referido, a fin de que la visita y convivencia de la menor sea vigilada tomando en consideración que la infante sufre una alteración emocional; c) La convivencia se llevaría a cabo en las instalaciones del Centro de Convivencia Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla; d) Que señaló de las catorce a quince horas de cada viernes, para que de manera semanal la madre presente a la menor en dichas instalaciones; e) En el supuesto de que no pudiera verificarse la convivencia de la menor con su progenitor debía iniciarse en el Centro de Convivencia Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla terapia psicológica con los involucrados; f) Que instruyó al personal adscrito a dicho Centro de Convivencia para que, una vez realizada la convivencia o iniciada la terapia psicológica, le comunicaran al juzgado responsable el comportamiento o conducta desplegada por la menor, así como por sus progenitores; g) Requirió a la Delegada Regional 14 de Atlixco, DIF, Puebla a fin de que designara un psicólogo y llevara a cabo un estudio en esa materia a cargo de la menor, de sus progenitores y de otros familiares o personas que normalmente convivan con la niña; h) Apercibió a los progenitores con una multa para el caso de que no acudan el día y hora señalado para el desahogo de la valoración en cita; i) Que una vez desahogada la pericial en comento, valoraría si recabaría o no nuevamente la opinión de la menor A.P.C.; y, j) Una vez que contara con el resultado de las pruebas que ordenó, con libertad de jurisdicción, emitiría una nueva determinación, atendiendo al interés superior de la menor. 2. Por auto de quince de diciembre de dos mil veinte, se tuvo al Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla informando que el once del mes y año en cita, entre otras cosas, determinó que las convivencias decretadas entre la menor A.P.C. y su progenitor debían llevarse a cabo de manera virtual a través de la plataforma Google Meet, en el horario y fechas indicados en el auto de cuatro de diciembre previo. 3. En acuerdo de dos febrero de dos mil veintiuno, este juzgado tomó conocimiento del proveído de veintiocho de enero de dos mil veintiuno dictado por el Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla en el que, en lo que interesa, determinó: Girar oficio a la Delegada Regional 14 Atlixco SEDIF, a fin de que en el término de tres días informara si se practicó el estudio en materia de psicología a la menor A.P.C. y sus progenitores Ricardo Pérez Solís y Raquel Corona Reyna. Que ordenó girar oficio a la Directora del Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado de Puebla, a fin de proporcionarle los correos electrónicos de los progenitores, a fin de llevar a cabo las convivencias decretadas en auto de cuatro de diciembre de dos mil veinte de su expediente de origen. Le dio vista a Raquel Corona Reyna a fin de que manifestara lo que a su derecho e interés conviniera en relación a la solicitud que formuló Ricardo Pérez Solís, en el sentido de realizar el pago diferido de las pensiones alimenticias adeudas. 4. En veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, se tuvo al Juez responsable informando el contenido de los proveídos de ocho de febrero del año en curso dictados en el juicio privilegiado 1814/2015 de su índice, de cuyo contenido se advierte lo siguiente: Que giró oficio a la Delegada Regional 14 Atlixco SEDIF, a fin de que en el término de tres días informara si se practicó el estudio en materia de psicología a la menor A.P.C. y sus progenitores Ricardo Pérez Solís y Raquel Corona Reyna, señalado para los días veintiuno y veintidós de diciembre pasados. La Directora del Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado de Puebla designó a la Claudia Maribel González Ramírez, como psicóloga encargada para supervisar e intervenir en el régimen de convivencia electrónica entre la infante y el quejoso. Que tuvo a la licenciada en comento, informando que a partir del dieciocho de diciembre de dos mil veinte -fecha en la que se iniciaron de forma virtual las convivencias-, únicamente se había conectado en la plataforma correspondiente Ricardo Pérez Solís, no así la tercera Raquel Corona Reyna y la menor A.P.C. La tercera interesada Raquel Corona Reyna solicitó suspender las convivencias decretadas entre Ricardo Pérez Solís, y la menor, en virtud de la medida cautelar decretada por la Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de Sentencias, Región Judicial Centro Poniente, en el proceso 107/2019/ATLIXCO. La autoridad responsable declaró improcedente dicha solicitud en virtud de que si bien la Juez de Oralidad Penal estableció como medida cautelar que Ricardo Pérez Solís no pueda acercarse a Raquel Corono Reyna y a la menor A.P.C., ello no incluía la convivencia de manera virtual. Consecuentemente, apercibió con multa a la tercera interesada Raquel Corona Reyna, para que los días viernes de cada semana de las catorce a quince horas, se conectara a la plataforma virtual denominada Google Meet y permitiera la convivencia entre Ricardo Pérez Solís y la menor A.P.C. 5. El cinco de marzo de dos mil veintiuno se tuvo al Juez responsable informando lo siguiente: La Delegada Regional 14 Atlixco SEDIF informó que Ricardo Pérez Solís, Raquel Corona Reyna, María de la Paz Reyna y Edith Corona Reyna comparecieron los días y horas indicadas para llevar a cabo la prueba psicológica, sin embargo aún continuaban las sesiones psicológicas. Que giró oficio a la Delegada Regional 14 Atlixco SEDIF, a fin de que agilizara las sesiones psicológicas que se le practicarían a Ricardo Pérez Solís, Raquel Corona Reyna, María de la Paz Reyna y Edith Corona Reyna, para que a la brevedad remitiera el dictamen psicológico correspondiente o bien informara lo conducente. La Directora del Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado de Puebla, informó que se habían contabilizado siete fechas de las convivencias virtuales, de las cuales, únicamente en la del doce de febrero de dos mil veintiuno, Raquel Corona Reyna y la menor A.P.C, se conectaron veinticinco minutos tarde. Requirió a Raquel Corona Reyna, para que los días viernes de cada semana de catorce a quince horas, se conectara de manera puntual a la plataforma virtual denominada Google Meet y permitiera la convivencia entre Ricardo Pérez Solís y la menor A.P.C., haciéndole saber que si bien debía estar presente en las convivencias, no podía intervenir en las mismas, ello para seguir reforzando los lazos afectivos de la menor con su progenitor, apercibiéndola de multa en caso de no dar cumplimiento. 6. Por acuerdo de once de marzo de dos mil veintiuno, este juzgado federal tuvo al Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de Sentencias, Región Judicial Centro Poniente con sede en Atlixco, informando el contenido de diversos acuerdos dictados en la carpeta administrativa 107/2019/ATLIXCO de su índice y remitiendo copias certificadas de la carpeta administrativa en cita, así como dos discos compactos en formato dvd. En razón de ello, se determinó levantar la reserva ordenada en auto de veintitrés de febrero del año en curso, en torno a la petición que formuló la parte tercera interesada mediante escrito recibido el diecinueve del mes y año referidos en el que solicitó, en esencia, que "[.] se sirva ordenar al Juez de lo civil actualice el cumplimiento de la sentencia a las circunstancias que hago de su conocimiento [.]". Al respecto, se determinó que no era procedente ordenar que se suspendiera el régimen de convivencia virtual que se decretó en el juicio natural, ya que si bien es cierto que en la carpeta administrativa 107/2019/ATLIXCO se decretó auto de vinculación a proceso en contra del padre de la menor por el delito de violencia familiar y se impuso la medida cautelar consistente en la prohibición de acercarse a las víctimas Raquel Corona Reyna y la niña A.P.C., lo cierto es que el Juez de Control de Oralidad Penal y Ejecución Región Judicial Centro Poniente de Atlixco, Puebla, informó que esa medida cautelar únicamente impide que exista acercamiento físico con las víctimas más no que se pueda entablar comunicación virtual entre el progenitor y la menor para el desarrollo del régimen de visita correspondiente. 7. En veintitrés de marzo de dos mil veintiuno se tuvo al Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, remitiendo copia certificada de la prueba pericial en psicología solicitada a la Delegada Regional 14 Atlixco SEDIF, a cargo de la menor A.P.C. y sus progenitores Ricardo Pérez Solís y Raquel Corona Reyna, dentro del juicio privilegiado 1814/2015 de su índice. 8. Por acuerdo de seis abril de dos mil veintiuno se tuvo al Juez responsable informando que por auto del treinta de marzo siguiente determinó: Que con el dictamen psicológico practicado a la menor A.P.C, la psicóloga Montserrat Reyes Rojas concluyó que no se detectó alienación parental hacia la menor en cita. Señaló las once horas del siete de mayo de dos mil veintiuno, a fin de que compareciera la menor A.P.C. y su progenitora Raquel Corona Reyna, para llevar a cabo la preparación y entrevista de la infante en cita dentro del juicio privilegiado 1814/2015 de su índice. Ordenó girar oficio a la Delegada Regional 14 Atlixco SEDIF, a fin de que designara perito en psicología. Apercibió a Raquel Corona Reyna que de no comparecer a lo ordenado se haría acreedora a una multa. 9. El veinte de abril de dos mil veintiuno se tuvo al Juez responsable informando que señaló las diez horas del veintiocho del mes y año referidos para llevar a cabo la preparación y entrevista de la menor A. P. C.; asimismo, se le tuvo remitiendo copia certificada del acuse de recibo del oficio 784 por el cual notificó a la Delegada Regional Catorce de Atlixco DIF Estatal Puebla, la nueva fecha señalada. 10. El seis de mayo de dos mil veintiuno se tuvo al Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, remitiendo copia certificada de la entrevista realizada a la menor A.P.C. el veintiocho de abril del año en curso, así como de la resolución de tres de mayo del presente año dictada dentro del juicio privilegiado 1814/2015 y de su formato de lectura fácil. Así, este órgano de control constitucional considera que la autoridad responsable demostró haber dado cumplimiento a la sentencia protectora dictada en el presente juicio de amparo, tal como lo corrobora el siguiente cuadro sintético: Efecto Cumplimiento 1. Dejar insubsistente el auto dictado el trece de agosto del dos mil diecinueve, en el juicio privilegiado de visita y convivencia 1814/2015, exclusivamente en lo relativo a la modificación del régimen de visita y convivencia convenido entre las partes. El cuatro de diciembre de dos mil veinte se dejó insubsistente el auto de trece de agosto de dos mil diecinueve, dictado en el juicio privilegiado de visita y convivencia 1814/2015, exclusivamente en lo relativo a la modificación del régimen de visita y convivencia convenido entre las partes. 2. Determinar si resultaba adecuado o no que el régimen de convivencia entre la menor A.P.C. y su padre se realice en un Centro Estatal de Convivencia Familiar y descartar la posibilidad de que Raquel Reyna Corona funja como coadyuvante para facilitar la convivencia. El cuatro de diciembre de dos mil veinte se determinó modificar el régimen de visita y convivencia entre la menor A.P.C. y su progenitor y se ordenó su realización de forma vigilada en las instalaciones del Centro de Convivencia Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla. El once de diciembre de dos mil veinte se decretó que las convivencias entre la menor A.P.C. y su progenitor debían ser de manera virtual, por lo que se instruyó a las partes que en los horarios y fechas establecidos se realizaran las convivencias a través de la plataforma Google Meet. 3. Ordenar y desahogar prueba pericial en psicología a cargo de la menor, de sus progenitores e, incluso, a cargo de otros familiares o personas que normalmente convivan con la niña, como lo podrían ser las parejas sentimentales de sus progenitores, para confirmar o descartar la existencia de alienación parental. El nueve de diciembre de dos mil veinte se desahogó la prueba pericial en psicología a cargo de la menor A.P.C. y de Ricardo Pérez Solís, Raquel Corona Reyna, María de la Paz Reyna y Edith Corona Reyna. El cuatro de marzo de dos mil veintiuno la psicóloga Montserrat Reyes Rojas, adscrita a la Delegación 14 Atlixco del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla (SEDIF), emitió dictamen psicológico de la menor A.P.C., a través del cual determinó que no detectó problema alguno en la evolución social de la menor y que no detectó alienación parental. De igual forma, el veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, se tuvo al juez responsable remitiendo los dictámenes psicológicos derivados de la prueba pericial en psicología a cargo de Ricardo Pérez Solís, Raquel Corona Reyna, María de la Paz Reyna y Edith Corona Reyna. 4. Valorar si resultaba necesario recabar o no nuevamente la opinión de la menor. El treinta de marzo de dos mil veintiuno determinó que sí resultaba necesario recabar nuevamente la opinión de la menor, por lo que señaló las once horas del siete de mayo de dos mil veintiuno para llevar a cabo la entrevista correspondiente. El quince de abril de dos mil veintiuno, en cumplimiento al requerimiento que se le formuló el seis de abril previo, el juez responsable señaló las diez horas del veintiocho de abril del año en curso para llevar a cabo la preparación y entrevista de la menor A.P.C. El día y hora indicados el Juez responsable llevó a cabo la entrevista con la menor A.P.C. y recabó su opinión a fin de emitir una nueva determinación en torno al régimen de visita y convivencia con su progenitor. 5. Con libertad de jurisdicción, emitiera una nueva determinación a partir del resultado de las pruebas desahogadas; El tres de mayo de dos mil veintiuno, el Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, con libertad de jurisdicción, emitió una nueva resolución, en la que determinó: "(.) lo más benéfico para la menor es suspender temporalmente el régimen de visita y convivencia que sostiene con RICARDO PÉREZ SOLÍS, sin embargo, la menor A. P. C. y los CC. RICARDO PÉREZ SOLÍS, RAQUEL CORONA REYNA, MARÍA DE LA PAZ REYNA y EDITH CORONA REYNA, deberán acudir a terapia psicológica a fin de resarcir la afectación que la presente situación familiar pudiera haber provocado y generar una correcta intervención e interacción familiar. En cuánto a la menor, de forma particular generar mayor confianza y estabilidad en la toma de decisiones y definir sus emociones y sentimientos en cuanto a su relación con su padre..." 6. Hiciera una resolución en formato de lectura fácil y accesible. Al emitir la resolución de tres de mayo de dos mil veintiuno, el Juez responsable formuló un capítulo denominado "Resolución de lectura fácil dirigida a la niña A. P. C., quien cuenta con siete años ocho meses de edad", a través del cual mediante dibujos y una explicación con lenguaje sencillo y coloquial explicó a la menor los alcances de su resolución. Por lo tanto, se concluye que el fallo protector ha quedado cumplido, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal. No se soslaya que el juez responsable ordenó la realización de un plan de restitución, el cual consiste en el desahogo de terapias psicológicas entre la menor y sus familiares Ricardo Pérez Solís, Raquel Corona Reyna, María de la Paz Reyna y Edith Corona Reyna a fin de resarcir la afectación que la presente situación familiar pudiera haber provocado y generar una correcta intervención e interacción familiar. Sin embargo, esa medida fue adoptada por el juez responsable con motivo de la resolución que dictó con libertad de jurisdicción, razón por la cual no es parte de los efectos que se delimitaron en la sentencia ejecutoria y, por lo tanto, no es el caso de evaluar su cumplimiento. En consecuencia, se estima que se colmaron los alcances del fallo protector; por tanto, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido en su totalidad, sin excesos ni defectos, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento a las partes la anterior determinación y que de convenir a sus intereses, en el término de quince días siguientes a su legal notificación puedan interponer recurso de inconformidad. Notifíquese; y personalmente a las partes y, por oficio, al representante especial del menor.
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