Ricardo Pérez Márquez
Expediente 668/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 668/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 05/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Ricardo Pérez Márquez
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, cinco de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se desprende que al día de hoy no se interpuso recurso de queja contra el auto que desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Así, en observancia al Acuerdo General sin número de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es destruible, ya que se desechó la demanda. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, nueve de julio de dos mil veintiuno. Radicación Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por Ricardo ... por derecho propio, contra el acto atribuido al Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Sexta del Sistema Acusatorio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México; fórmese el expediente relativo con el número 668/2021-III que le correspondió en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este Juzgado. Acto reclamado De la lectura íntegra del ocurso constitucional se aprecia que el acto combatido por el impetrante consiste en: La integración de la carpeta de investigación número 483960360052216 (número económico 1321/2016). Desechamiento El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone que el juzgador de amparo debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda y considerar si se presenta o no una causa de improcedencia manifiesta y notoria, con el propósito de no entorpecer la administración de justicia, admitiendo demandas que, a la postre, resultan improcedentes. De acuerdo con la jurisprudencia I.13o.A. J/6, por manifiesto se entiende dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de amparo; y por indudable se entiende lo que no se puede poner en duda, al ser evidente. En el presente asunto el suscrito considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que disponen que el juicio de amparo será improcedente contra actos que no afecten el interés jurídico o legítimo del quejoso. Para demostrar ese aserto, es necesario tener en cuenta el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: Artículo 21.- La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. En relación con el tema que nos ocupa, el precepto transcrito impone al Ministerio Público la investigación y persecución de los delitos, auxiliándose de una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato. Resulta importante tener presente que la carpeta de investigación constituye medularmente una indagación a través de la cual la fiscalía trata de hacerse del material probatorio necesario para sustentar un caso que presentará ante el juez con el fin de que éste tenga buenas posibilidades de éxito. Es decir, dicho procedimiento administrativo-penal constituye el instrumento con el que cuenta en exclusiva el órgano acusador para construir casos penales. Se insiste que el precepto constitucional transcrito hace referencia a las facultades de investigador que constitucionalmente se otorgan al Ministerio Público en la fase de investigación desformalizada; en esencia, este dispositivo constitucional delimita las obligaciones y prerrogativas que durante esta etapa del proceso penal le confiere la Constitución a esta institución pública. Así, en cualquier caso, dentro del proceso penal y en la etapa de investigación desformalizada, el representante social debe acreditar que se ha acontecido un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. De ahí que, como ya quedó expuesto, al Ministerio Público, por mandato constitucional del artículo 21 de la Ley Fundamental, se le impone la obligación de aportar los elementos demostrativos que acrediten que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, en contraposición a ello, el inculpado goza del derecho de defensa que se le otorga, desvirtuando datos de prueba aportados por el representante social, lo cual no constituye una obligación sino una mera facultad potestativa, ya que en todo momento subsiste la carga del Ministerio Público, en todos los delitos, de acreditar que se ha acontecido un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participo en su comisión. Por esos motivos, la iniciación, desarrollo e integración de la carpeta de investigación no es susceptible de control constitucional, ya que la impugnabilidad, a través del juicio de amparo indirecto, de los actos acaecidos durante la carpeta de investigación debe ser determinada en aras de preservar al menos en su expresión mínima necesaria a la función indagatoria, de manera casuística, tomando en consideración fundamentalmente si éstos constituyen o no actos cuyos efectos podrán o no ser desvirtuados o contrarrestados a través del proceso judicial. Así, ciertamente aquellos actos que de manera irreparable e inmediata trascienden a la esfera jurídica del inculpado son susceptibles de ser combatidos mediante el juicio constitucional. Bajo esa óptica, el hecho de que se integre la indagatoria de origen no ocasiona a la parte quejosa un perjuicio de imposible reparación en su esfera de derechos, sino que aquello se materializará, en su caso, hasta que la autoridad judicial conozca de la causa penal y determine si resulta procedente o no alguna medida restrictiva de libertad en contra del quejoso. Sustenta esta determinación la jurisprudencia tesis 1a. CXXXV/2004 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que estipula: ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de averiguación previa y de ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que no procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción penal, ya que en dicha fase procedimental no le irrogan al quejoso perjuicio alguno pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con el 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda en estudio, con apoyo en el ordinal 113 de la ley de la materia. Domicilio y Autorizados Por así solicitarlo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, aun las de carácter personal, las listas, de conformidad con el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Asimismo, se autorizan a las personas que refiere en términos amplios del artículo 12, primer párrafo, de la normatividad de la materia, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Habilitación de días y horas inhábiles En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. Medios electrónicos Se autoriza el uso de medios electrónicos; tomando en consideración lo resuelto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria de dieciocho de marzo de dos mil nueve y en la circular 12/2009 de esa misma fecha. Transparencia Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. Expediente electrónico Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente. Exhortación a tramitar asuntos en línea En términos del artículo 2 del Acuerdo General 8/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea. Notifíquese por lista a la quejosa.
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