Ricardo Perez Marcos
Expediente 382/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 41 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 382/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 41
- Última actuación
- 31/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Ricardo Perez Marcos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 41.
- Principal
Córdoba, Veracruz, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación de esta fecha, de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la resolución de veintiocho de abril de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicha sentencia para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. Se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse POR HABERSE SOBRESEÍDO FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. En cuanto al cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez transcurridos tres años, de conformidad con lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión se negó la medida cautelar solicitada. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales ni billete de depósito al no obrar éstos en autos.
- Incidental
Córdoba, Veracruz, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación de esta fecha, de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la resolución de veintiocho de abril de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicha sentencia para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. Se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse POR HABERSE SOBRESEÍDO FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. En cuanto al cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez transcurridos tres años, de conformidad con lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión se negó la medida cautelar solicitada. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales ni billete de depósito al no obrar éstos en autos.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA ELECTRONICAY DE ESTRADOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE DICE Córdoba, Veracruz, veintiocho de abril de dos mil veintidós. Del estado de autos se advierte que se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente De la exégesis del precepto legal transcrito, se desprende que el juicio de amparo se torna improcedente, por no poder incidir en la esfera jurídica del peticionario de amparo, cuando el acto reclamado ha dejado de producir sus efectos, ya sea por haber sido sustituido procesalmente por otro, o bien, porque la responsable determinó revocarlo. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que al cesar la omisión de la autoridad que lo emitió, deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, lo que implica la desaparición total de sus efectos. En este sentido, la improcedencia de que se habla tiene su justificación en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, así como en el hecho de que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Cabe destacar que la citada improcedencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; asimismo, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija, lo cual en la especie ya aconteció. En el asunto que nos ocupa, se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado el siguiente: La negativa por parte de la Fiscal Primera de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito Judicial XVI, de Zongolica, Veracruz, de permitirle el acceso y entregarle los registros y/o constancias que integran la carpeta de investigación. de su índice administrativo, para ejercer su derecho de defensa, específicamente respecto a los datos de identificación de los testigos de identidad resguardada, entre ellos, los relativos a las conversaciones en líneas telefónicas. Ahora bien, de las constancias que integran el presente sumario, se desprende, en lo que aquí trasciende, que por proveído de veinte de abril de dos mil veintidós, la autoridad responsable, Fiscal Primera de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito Judicial XVI, con sede en Zongolica, Veracruz, remitió copia autentificada de las diligencias de veintidós de septiembre y una diversa del veinte de octubre, ambos de dos mil veinte, en donde obra la comparecencia de la defensora del imputado aquí quejoso, en las instalaciones de la representación social en cita, y se le entregó y permitió el acceso a los registros y/o constancias que integran la referida indagatoria, en específico, de los datos de identificación resguardada de las víctimas y testigos, así como los relativos a las conversaciones en líneas telefónicas. Documentales que adquieren pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley, en su ordinal 2°, ya que se trata de documentos públicos expedidos por funcionario en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. Por tanto, en atención a que la autoridad responsable, Fiscal Primera de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito Judicial XVI, con sede en Zongolica, Veracruz, permitió y entregó a la defensora del imputado - aquí quejoso-, los registros y/o constancias que integran la carpeta de investigación UIPJ/DXVI/055/2019/F1, de su índice administrativo, para ejercer su derecho de defensa, específicamente respecto a los datos de identificación de los testigos de identidad resguardada, entre ellos, los relativos a las conversaciones en líneas telefónicas; resulta incuestionable que los actos reclamados en esta instancia constitucional cesaron en sus efectos, pues han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional que el quejoso estimó como si los actos no hubieren invadido la esfera jurídica de éste, es decir, como si se hubiera otorgado el amparo. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que aparece publicada en la página número 38, Tomo IX, correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice Por otra parte, cabe destacar que dado el sentido del presente fallo y por economía procesal, se estima innecesario llamar a juicio a quien pudiera asistirle el carácter de tercero interesado, en razón que a nada practico conduciría al haberse actualizado la causal de improcedencia antes indicada, y de hacerlo únicamente se retrasaría el dictado de la sentencia y el resultado sería el mismo, esto es, sobreseer en el juicio.
- Principal
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