Ricardo Pérez Flores

Expediente 835/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
835/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
26/10/2021

Partes del expediente

  • Ricardo Pérez Flores

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de octubre de dos mil veintiuno. Vistos los autos y la certificación que antecede; se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso contra el auto que desechó de plano la presente demanda de amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto dicho medio de impugnación; en consecuencia, con apoyo en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición de su artículo 2º, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por otra parte, tomando en consideración que en la caja de valores con que cuenta este Juzgado, no existen documentos originales exhibidos por las partes, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 3°, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Con apoyo en el artículo 21, inciso d, del referido Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que se desechó de plano la demanda de amparo; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en cita; hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Consecuentemente, una vez que transcurran TRES AÑOS, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del expediente, en términos de los artículos 21, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General antes citado. Para los efectos a que alude el citado Acuerdo General, se instruye al Secretario judicial encargado del presente expediente, a verificar que, tanto en el expediente electrónico, como en el impreso, sea incorporada cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Notifíquese; y también publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de diciembre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo electrónica recibida vía Sistema Integral del Seguimiento de Expedientes, promovida por Ricardo Pérez Flores, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario, Distrito XXII veintidós de la ciudad de Tuxtepec, Oaxaca, de quien reclama la emisión del auto de cuatro de diciembre de dos mil veinte, en el expediente 644/2020, de su índice; fórmese expediente físico y electrónico y regístrese su ingreso en el libro de gobierno, con el número 835/2020, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que debe examinarse la demanda a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia que lleve a su desechamiento de plano. En el caso, se estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia que deriva de relacionar los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción VIII, aplicada a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) MEDARDO GORDILLO VARGAS 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.34.31.30.36.39.39.33.31.30 07/05/22 08:20:35 SECCIÓN AMPARO MESA III. PRAL. 835/2020. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto.". En principio, previo a analizar los motivos de la aludida causa de improcedencia, se estima dable destacar que como se advierte del contexto del escrito de demanda, el acto destacado aquí reclamado, lo constituye la resolución de cuatro de diciembre del dos mil veinte, emitida por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito veintidós, con sede en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, dentro del expediente 644/2020, en la cual se declaró incompetente la responsable, para conocer y resolver el expediente agrario de que se trata. Ahora bien, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar la trascrita fracción VIII del artículo 107, de la Ley de Amparo, determinó que aunque en esa disposición el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, dicha fracción no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese sólo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza. De ahí que se aprecie con claridad que al margen de cualquier consideración al respecto vertida por la accionante en esta vía, su reclamo se contrae a un acto que, conforme a lo preceptuado por el artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, no constituye un acto procesal de ejecución irreparable, que vulnere los derechos fundamentales previstos en la constitución, dado que sus efectos pueden ser reparados si el Tribunal ante quien se declinó la competencia para el conocimiento del juicio natural no acepta aquélla y en su momento se planteara conflicto competencial, por ende, no puede considerarse tal aspecto, es decir, el acto mediante el cual ordena declinar la competencia legal a diversa autoridad, como en el presente caso, como un acto de imposible reparación. Máxime que la sola existencia de la resolución que dictó el Tribunal Agrario (cuatro de diciembre del dos mil veinte) en la cual MEDARDO GORDILLO VARGAS 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.34.31.30.36.39.39.33.31.30 07/05/22 08:20:35 SECCIÓN AMPARO MESA III. PRAL. 835/2020. se declara incompetente legalmente para conocer del asunto natural, no tiene el carácter de definitivo, ya que por su naturaleza sólo constituye un acto cuyo propósito es remitir los autos que conforman el juicio agrario a la autoridad que considera competente, pendiente de aceptarse. Ilustra lo antes expuesto el criterio que rige la jurisprudencia 2059, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, publicada en la página 2363, del Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Segunda Parte-TCC Quinta Sección - Procedencia del amparo indirecto, del Apéndice 1917- Septiembre 2011, Novena Época, Materia Laboral, registro 1003938, del tenor literal siguiente: "INCOMPETENCIA POR DECLINATORIA. LA RESOLUCIÓN DE LA JUNTA POR LA CUAL LA DETERMINA NO ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, NI DEFINITIVO PARA EFECTOS DEL AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo establecido por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el diverso 114, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente contra actos en el juicio que no tengan una ejecución de imposible reparación; ahora bien, la resolución en la cual una Junta declina la competencia para conocer de un asunto no es definitiva para los efectos del juicio de amparo indirecto, ni puede considerarse que sea de imposible reparación, en virtud de que está supeditada a la aceptación o rechazo por parte de la autoridad a quien se declinó la competencia, y sería, en todo caso, la que ésta emita la que causaría el agravio y que pudiera ser impugnada a través del amparo indirecto." En íntima relación con la jurisprudencia número 625, sustentada por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 694, del Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Quinta Sección - Procedencia del amparo indirecto, Octava Época, materia Común, registro 1002691, de rubro y texto siguientes: "INCOMPETENCIA, DECLARACIÓN DE. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO. La declaración de incompetencia de la autoridad de trabajo que inicialmente conoce de un juicio laboral y que remite los autos a la autoridad que estima competente, no constituye un acto de ejecución irreparable, pues no se sabe si aceptará o no la competencia la segunda autoridad, ni cómo se resolverá, en su caso, el conflicto competencial, razón por la que en ese estado, no es procedente el amparo indirecto." En ese orden de ideas, se estima que dicho acto no lo deja sin defensa, ni es de aquéllos cuya ejecución debe estimarse como de imposible reparación, por no afectar los derechos sustantivos protegidos por los derechos humanos, pues la resolución que emita uno u otro órgano competente para ello, no puede ser considerada MEDARDO GORDILLO VARGAS 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.34.31.30.36.39.39.33.31.30 07/05/22 08:20:35 SECCIÓN AMPARO MESA III. PRAL. 835/2020. para tal efecto, por lo que se concluye que sus efectos son meramente procesales, sin que se afecte un derecho sustantivo del disconforme. Por ello, al no tener el acto reclamado, carácter irreparable, por no afectar de manera directa e inmediata derecho alguno, no es reclamable en amparo indirecto, ya que únicamente podría constituir la violación de derechos adjetivos con efectos meramente intraprocesales, y la procedencia del amparo indirecto se presenta cuando los actos tengan una ejecución de imposible reparación o afecten a personas extrañas al juicio, lo que no acontece en la especie. Criterio el anterior, que se encuentra plasmado en la Jurisprudencia 17/2015 (10a.), del Máximo Tribunal del País, visible a página 5, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro y texto son los siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas". MEDARDO GORDILLO VARGAS 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.34.31.30.36.39.39.33.31.30 07/05/22 08:20:35 SECCIÓN AMPARO MESA III. PRAL. 835/2020. Bajo esa perspectiva, cabe decir que el acto reclamado en la especie, atendiendo a sus efectos, no encuadra en la hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto. Así, se tiene que, en el particular, como ya se dijo, la decisión reclamada no constituye una determinación definitiva, dado que está sujeta a que el órgano a favor del cual se declinó la competencia, la acepte y se avoque al conocimiento del juicio natural; pues incluso insístase, existe la posibilidad de no acontecer así, se podría en su caso plantear un conflicto competencial. Por tanto, insístase sólo la resolución que emita la autoridad a quien se declinó competencia, aceptando ésta, será en todo caso la que pudiera causar agravio a la parte impetrante de amparo, y entonces podría ser impugnada la misma, en su caso de existir a través del medio ordinario que la ley establezca o del juicio de amparo. En consecuencia, toda vez que la resolución aquí reclamada en donde la autoridad responsable declina la competencia, para que diversa autoridad conozca del procedimiento, no es una determinación definitiva y por ende no le causa agravio a la parte impetrante de amparo, pues tiene como única consecuencia que se remitan los autos del juicio natural al juzgado del fuero común en materia civil en turno del distrito judicial de Tuxtepec, Oaxaca, quien dictará providencia en la que, en su caso, aceptará tal competencia, y es entonces cuando, de ser así, sin prejuzgar, se materializaría jurídicamente alguna transgresión. De ahí que, en el caso, la resolución reclamada no puede considerarse una determinación que justifique la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII de la Ley de Amparo, por no tratarse de una decisión definitiva. Bajo esa condición, en atención a que lo aquí reclamado no cumple con el presupuesto de ser un acto definitivo (teniendo tal carácter aquéllos en que la autoridad a favor de la cual se declina la competencia la acepta), indispensable para la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta a que alude la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo, se impone DESECHAR DE PLANO la presente demanda, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la citada ley. MEDARDO GORDILLO VARGAS 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.34.31.30.36.39.39.33.31.30 07/05/22 08:20:35 SECCIÓN AMPARO MESA III. PRAL. 835/2020. Cabe destacar que la determinación de desechar la demanda de amparo, no contraviene la garantía de acceso a la justicia tutelada por el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón que ese derecho es limitado, pues para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual además brinda certeza jurídica; aunado a la circunstancia de que con esta determinación queda incólume el derecho del inconforme para interponer los recursos y los juicios que procedan en defensa de los derechos que estime vulnerados; lo que además es acorde a lo que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica). Se estima pertinente citar la tesis XVI.1o.A.T.2 K (10a.) de la Décima Época, visible en la página 1167 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, marzo de 2012, tomo 2, que es del rubro: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS". Lo anterior, sin que pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que el presente pronunciamiento, se está impartiendo de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente. En apoyo se cita la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, julio de 2006, página 921, cuyo rubro establece: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo para los casos en los que se deban realizar notificaciones personales, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción, logre llevarlas a cabo. AUTORIZADOS DEL PROMOVENTE Y NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA MEDARDO GORDILLO VARGAS 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.34.31.30.36.39.39.33.31.30 07/05/22 08:20:35 SECCIÓN AMPARO MESA III. PRAL. 835/2020. Se tiene designando como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones, a las personas que menciona en su demanda de amparo, por no tener registrada su cédula profesional en la base de datos del "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales" (REGPROF), para ejercer la profesión de licenciado en derecho. Por otra parte, vista la certificación de cuenta se autoriza al usuario RICARDOPF75, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, para consultar vía internet el expediente electrónico del juicio en que se actúa; en consecuencia, realícese la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para lo cual instrúyase al analista jurídico de dicho sistema adscrito a este Juzgado de Distrito. Asimismo, con fundamento en el artículo 3° y 30, fracción II, de la ley de la materia, se ordena que las notificaciones a dicha parte quejosa se realicen por vía electrónica, para efecto de recibir cualquier notificación al usuario de mérito; en el entendido que, ante cualquier eventualidad propia de los sistemas de información y comunicación que imposibilite las notificaciones solicitadas de esta forma, se continuará con las formas tradicionales de notificación, previstas en el artículo 26 y 29 de la ley de Amparo. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y los preceptos 5°, fracción XVI, 14 y 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, reformado mediante su publicación en el Diario Oficial de la Federación de ocho de mayo de dos mil quince, que disponen que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad; asimismo, hágaseles saber que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, MEDARDO GORDILLO VARGAS 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.34.31.30.36.39.39.33.31.30 07/05/22 08:20:35 SECCIÓN AMPARO MESA III. PRAL. 835/2020. se publiquen con sus datos personales; en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. Asimismo, de conformidad con el artículo 94 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos del artículo 113 de la mencionada Ley. GRATUIDAD EN EL SERVICIO. Hágase saber a las partes que de conformidad con lo que dispone el artículo 17 de la Carta Magna, todos los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. NOTIFÍQUESE VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA.

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