Ricardo Peralta Zepeda
Expediente 237/2021 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 16 actuaciones registradas, la última del 19 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 237/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 19/01/2022
Partes del expediente
- Silvia Solís García
- Ricardo Peralta Zepeda
- Luis Alberto Ávila Avendaño
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Juicio de Amparo Directo
Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que el dos de diciembre de dos mil veintiuno, se realizó la última notificación a las partes de la resolución de veintinueve de noviembre del citado año dos mil veintiuno, por lo que el diez de enero del año en curso feneció el término de quince días del que disponía para impugnarla, a través del recurso de inconformidad previsto en el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el punto Octavo, fracción IV, del Acuerdo General número 5/2013 de trece de mayo de dos mil trece del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito; en tal virtud, se declara que dicho auto ha causado estado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a ley de la materia. En mérito de lo anterior, se estima que el presente asunto se encuentra concluido, por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, archívese el expediente. Por otra parte, en atención a la certificación de cuenta y con fundamento en el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al no existir documentos originales aportados por las partes y que el asunto no es de relevancia documental, procede su depuración. Hágase saber a las partes que, en términos del artículo en cita del propio Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este Tribunal por el plazo de tres años a partir de la fecha en que se ordenó su archivo; una vez transcurrido, sin mediar proveído alguno se remitirá al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación que corresponda. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable y autoridad tercero interesada. Así lo proveyó y firma el Magistrado Humberto Suárez Camacho, Presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, asistido por la Secretaria de Acuerdos Laura Zarate Muñoz, quien da fe.
- Juicio de Amparo Directo
Visto el presente expediente para resolver sobre el cumplimiento del fallo protector, en términos del artículo 196 de la actual Ley de Amparo y de acuerdo con el considerando noveno del instrumento normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete que modifica el Acuerdo General 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete del mismo mes y año, se observa que mediante ejecutoria de once de octubre de dos mil veintiuno, este Tribunal concedió el amparo para que la autoridad responsable: 1° dejara insubsistente la sentencia reclamada de treinta de marzo de dos mil veintiuno en el juicio de nulidad 15844/20-17-14-1; y, 2° en su lugar emita una nueva, en la que: a) reiterara lo que no fue materia de la concesión del amparo; y, b) con libertad de jurisdicción, resuelva lo que proceda tomando en cuenta que es inaplicable para el quejoso la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución Federal. En cumplimiento al numeral 1° la autoridad responsable emitió el auto de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno para dejar insubsistente la resolución reclamada de treinta de marzo de dos mil veintiuno, como se puede ver en la siguiente transcripción de ese auto: "(.) Asimismo, en razón de lo anterior, y toda vez que el efecto de la ejecutoria fue para que esta Sala dejara insubsistente la sentencia reclamada y en su lugar se emitiera otra atendiendo a lo resuelto en el último considerando de la ejecutoria que concedió el amparo. En tales consideraciones, se deja sin efectos la sentencia dictada por esta Sala el 30 de marzo de 2021 y se informa que se dará cumplimiento en el plazo establecido por el Tribunal de Alzada. - - - (.).". En cumplimiento al numeral 2°, la autoridad responsable emitió una nueva sentencia de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, en la que siguió los lineamientos de la ejecutoria, pues: a) reiteró lo que no fue materia de la concesión del amparo; y, b) con libertad de jurisdicción, resolvió lo que estimó procedente tomando en cuenta que es inaplicable para el quejoso la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución Federal, como se puede ver en las siguientes porciones de la nueva resolución: "(.) CONSIDERANDO: - - - (.) - - - TERCERO. En primer término, esta juzgadora procede a reiterar las consideraciones y las decisiones que no fueron controvertidas, o que, habiéndolo sido, quedaron intocadas por la ejecutoria de 11 de octubre de 2021, pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, tal y como se observa a continuación: - - - (.) - - - Resulta infundada la causal de improcedencia (.). - - - (.) - - - Por tanto, resulta competente este Tribunal Federal de Justicia Administrativa para conocer por afinidad, de la legalidad del oficio PRS/9151/2020 de 9 de julio de 2020, por lo que no se sobresee en el presente juicio. - - - CUARTO. (.) A juicio de los suscritos magistrados que integran la Décimo Cuarta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el concepto de impugnación resulta fundado y suficiente para declarar la nulidad de la resolución impugnada, por las siguientes consideraciones legales: - - - (.) - - - En mérito de lo anterior, atendiendo al régimen especial en el cual se encuentra previsto el actor, este Cuerpo Colegiado arriba a la conclusión de que le asiste la razón en el sentido de que el acto mediante el cual se decreta la terminación de los efectos del nombramiento como 'Jefe de Departamento' carece de la debida fundamentación y motivación, al motivarse esencialmente en los supuestos resultados, para concluir que incumple con el requisito de permanencia, incurriendo en la omisión de precisarse la evaluación que no aprobó, en contravención a los principios en comento, e igualmente al contenido de los artículos 31 y 40 de la Ley de la Policía Federal, mismos que a la letra dicen: - - - (.) - - - En consecuencia, la autoridad no acredita el incumplimiento por parte del actor al requisito de permanencia, por ende, la resolución impugnada carece de la debida fundamentación y motivación, resultando ilegal de conformidad con el artículo 51, fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. - - - Por lo anteriormente expuesto, esta juzgadora considera que si bien como se ha mencionado anteriormente, la autoridad demandada determinó dar por terminados los efectos del nombramiento del actor cuyo cargo era Jefe de Departamento de Sistemas de Seguridad y Radiocomunicaciones adscrito a la Dirección General de Administración de Prevención y Readaptación Social, en razón a que el resultado de sus exámenes de control de confianza fue no aprobado, al haberse declarado la nulidad de la resolución impugnada debido a que la autoridad no acreditó el incumplimiento por parte del actor al requisito de permanencia, resulta procedente que la autoridad demandada restituya al actor en el goce de sus derechos, a la situación en la que se encontraba hasta antes de la emisión de la resolución impugnada. - - - (.) - - - En la jurisprudencia citada, se advierte que de la interpretación del artículo referido 123 constitucional, en relación con el numeral 73 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se advierte que el régimen de excepción de derechos previsto en el precepto constitucional, sólo es aplicable a los miembros de las instituciones policiales que realicen la función de policía y que estén sujetos al Servicio Profesional de Carrera Policial; en consecuencia, quienes aún perteneciendo a dichas instituciones (trabajadores administrativos) no realicen funciones similares a las de investigación, prevención y reacción en el ámbito de seguridad pública y no estén sujetos al sistema de carrera policial, mantienen una relación de naturaleza laboral con tales instituciones, la cual se rige en términos de la fracción XIV del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: - - - (Se transcribe) - - - Del precepto constitucional, así como de la jurisprudencia transcrita, se observa el derecho fundamental que tienen todas las personas a un trabajo digno, socialmente útil, distinguiendo la relación laboral de los particulares y sus trabajadores, con la de los Poderes de la Unión y sus trabajadores, considerando que estos últimos, de acuerdo a la ley que determine que los cargos conferidos sean de confianza, éstos gozarán de medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social, en ese sentido, es dable reiterar que de conformidad con el artículo 5, fracción III, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la resolución impugnada es ilegal, debido a que la demandada no acreditó el incumplimiento por parte del actor al requisito de permanencia, careciendo entonces de la debida fundamentación y motivación, por lo que se declara su nulidad para el efecto de que la autoridad demandada, en un plazo no mayor a cuatro meses, restituya al actor en el goce de sus derechos que se vieron vulnerados con la emisión de la resolución impugnada, reinstalándolo en el puesto referido y realizando el pago de las cantidades que dejó de percibir con la emisión de la resolución declarada nula con el presente fallo. - - - (.).". Por tanto, con fundamento en el tercer párrafo del artículo 196 de la actual Ley de Amparo y considerando lo expuesto en los párrafos que anteceden, se resuelve que la autoridad responsable CUMPLIÓ totalmente lo ordenado en el fallo protector sin exceso ni defecto, siendo que las manifestaciones de la autoridad tercera interesada son insuficientes para llegar a una conclusión diversa. Al respecto, se ha considerado que el vocablo "defecto" denota y connota una ejecución incompleta que no comprenda todo lo dispuesto en el fallo amparador, como consta en la tesis aislada con registro digital 367390 de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página de Internet https://www.scjn.gob.mx, opción "Semanario Judicial de la Federación", que dispone: "QUEJA POR DEFECTO DE EJECUCIÓN. Si en una ejecutoria se ordena: 'procede conceder el amparo para el efecto de que en un nuevo laudo se haga el estudio de la prueba cuyo análisis omitió (la responsable) y relacionada con las demás de autos resuelva lo que estime pertinente', (sic) y en el nuevo laudo al juicio (sic), es incuestionable que de conformidad con lo dispuesto por la fracción IX del artículo 95 de la Ley de Amparo, contra tal defecto de ejecución debió haberse ejercitado el recurso, y en el caso debió haberse enderezado contra la omisión en que incurrió la responsable al cumplir la ejecutoria, pues es obvio que el defecto de ejecución de una ejecutoria consiste en dejar de hacer algo de lo que ella disponga que se lleve a cabo o se realice; o sea, que el vocablo 'defecto' denota y connota una ejecución incompleta que no comprenda todo lo dispuesto en el fallo, y si la responsable no tomó en consideración todas las pruebas, es manifiesta la procedencia del recurso de queja, y no del juicio de amparo, salvo el caso de tratarse de nuevas violaciones de fondo, o sean aquellas cometidas en los laudos, figura la omisión del estudio de las pruebas llevadas al juicio; pero tal criterio tiene su salvedad cuando la omisión es en cumplimiento de una ejecutoria, porque en tal caso se trata de un defecto en la ejecución del mismo fallo, para cuya reparación ha sido establecido el recurso de queja.". Por su parte, la autoridad tercera interesada alega que existe defecto en el cumplimiento porque es improcedente reinstalar al quejoso, toda vez que la autoridad responsable: 1° fundó y motivó indebidamente la nueva sentencia, pues omitió observar que el quejoso es trabajador de confianza, en términos del inciso a) de la fracción II del artículo 5 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B) del artículo 123 Constitucional, en relación con el segundo párrafo del artículo 73 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y tesis aislada 2a. VII/2017 (10a.), por lo que no es trabajador de base; 2° aplicó indebidamente la fracción XIV del apartado B del artículo 123 constitucional, pues ese precepto no establece la inamovilidad del trabajador; y, 3° en el fallo amparador no se ordenó la reinstalación del quejoso. En ese orden de ideas, todos esos aspectos que alega la autoridad, no muestran defecto en el cumplimiento del fallo protector, pues no denotan ejecución incompleta que no comprenda todo lo dispuesto en el fallo; más bien, atacan directamente la legalidad de la nueva sentencia, en lo tocante a la reinstalación del quejoso, respecto de lo cual se dejó en libertad de jurisdicción a la autoridad responsable. Luego, las manifestaciones de la autoridad son insuficientes para llegar a una conclusión diversa a la sostenida en este auto, lo cual encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 120/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página de Internet https://www.scjn.gob.mx, opción "Semanario Judicial de la Federación", que dice: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. MATERIA DE ESTUDIO DE DICHO RECURSO. La materia del recurso de inconformidad previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, conforme a su fracción I, la constituye la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, en los términos del artículo 196 de la propia ley; es decir, el estudio de legalidad de la determinación de la autoridad que haya conocido del juicio de amparo, en el sentido de que la ejecutoria ha sido cumplida totalmente. Por tanto, su análisis debe atender a la materia determinada por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó la protección de la Justicia Federal, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo. Así, el cumplimiento total de las sentencias, sin excesos ni defectos, a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 196, supone el análisis y la precisión de los alcances y efectos de la ejecutoria, a partir de la interpretación del fallo protector y de la naturaleza de la violación examinada en él, para que, una vez interpretada esa resolución, se fijen sus consecuencias para lograr el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional de que se trate, sin que ello signifique que el juez pueda incorporar elementos novedosos a su análisis para extender los efectos precisados en el fallo a otras posibles violaciones aducidas por los quejosos, que no hayan sido motivo de protección por parte de la Justicia de la Unión.". Máxime que la autoridad tercera interesada carece de legitimación para invocar defecto en el cumplimiento del fallo protector, de conformidad con la tesis aislada 2a. III/2011 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, difundida en la página de Internet https://www.scjn.gob.mx, opción "Semanario Judicial de la Federación", que informa: "QUEJA POR DEFECTO EN LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL RECURSO INTERPUESTO POR EL TERCERO PERJUDICADO AL CARECER DE LEGITIMACIÓN. El defecto en la ejecución de una sentencia de amparo constituye la falta de realización, por parte de la autoridad responsable, del acto que implique el alcance o extensión del fallo, por lo que sólo puede alegarlo el quejoso, al ser quien debe ser restituido íntegramente en el goce de la garantía individual violada. Por tanto, el tercero perjudicado carece de legitimación para plantear defecto en la ejecución y el recurso que haga valer en ese sentido es improcedente, considerar lo contrario significaría estimar que también debe ser restituido en el goce de alguna garantía, desnaturalizando así la acción de amparo, confundiendo la figura del quejoso, en quien recae la titularidad de las garantías individuales vulneradas, con la del tercero perjudicado, cuyo interés consiste en que subsista el acto reclamado. No es óbice a lo anterior, que el artículo 96 de la Ley de Amparo disponga que el recurso de queja por defecto en la ejecución podrá interponerlo cualquiera de las partes en el juicio o quien justifique legalmente que le agravia el cumplimiento, toda vez que dicho numeral debe interpretarse en consonancia con los principios básicos del juicio constitucional, entre los que se encuentra el de agravio personal y directo, como condición indispensable tanto para la procedencia del juicio como de los recursos que la Ley contempla dentro de éste, sin que baste, por consiguiente, la sola calidad de parte.". Notifíquese; personalmente al quejoso y por oficio a las autoridades responsable y terceras interesadas.
- Juicio de Amparo Directo
Vistos; agréguese el oficio de cuenta remitido por el Director de Área en Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos de Prevención y Readaptación Social dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en representación de la autoridad tercero interesada; mediante el cual en atención a la vista otorgada a las partes de la sentencia de cumplimiento emitida por la Sala responsable formula manifestaciones, las cuales se tiene por hechas y serán valoradas al momento de pronunciarse sobre el cumnplimiento dado a la sentencia de amparo. No pasa inadvertido que en el oficio de mértito la autoridad menciona que formula queja por defecto en el cumplimiento; sin embargo del contenido se advierte que formula manifestaciones en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo conforme a lo dispuesto en el articulo 196 de la Ley Amparo. Notifíquese.
- Amparo en revisión
Vistos; agréguese el oficio de cuenta remitido por el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual acusa recibo del oficio con el que se le comunicó la resolución dictada en este asunto. Por otra parte, visto el estado procesal que guarda el expediente, del que se advierte que no existen diligencias pendientes por realizar y dado que el asunto se encuentra concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, archívese éste de conformidad con las disposiciones aplicables de la Ley de Amparo en los términos precisados en la resolución dictada. Notifíquese.
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