Ricardo Peñafiel Olan

Expediente 186/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
186/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
05/12/2019

Partes del expediente

  • Ricardo Peñafiel Olan

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, cinco de diciembre de dos mil diecinueve. [...] agréguense a los autos los oficios de cuenta, del Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de México y el Jefe de Custodia Penitenciaria del Centro Penitenciario y de Reinserción Social "Santiaguito", en Almoloya de Juárez, Estado de México, mediante los cuales, por una parte, rinden el informe respecto a la suspensión de plano decretada; y por otra, el primero de los referidos, informa el impedimento que tiene para dar cumplimiento [...] una vez que desahogue la prevención de dos del mes y año en curso, se acordara lo conducente en relación a la autoridad inexistente. Notifíquese.

  2. Principal

    En dos de diciembre de dos mil diecinueve, la Secretaria da cuenta a la Secretaria Encargada del Despacho, con una demanda de amparo; asimismo, hace constar que se digitalizó en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Conste. De igual forma, certifica: Que al realizar una búsqueda en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, se encontró registrada la cédula profesional de Enrique Ramírez Celaya, para los efectos legales conducentes. Doy fe. Secretaria. Toluca, Estado de México, dos de diciembre de dos mil diecinueve. Radicación. Vista la demanda de cuenta promovida por Ricardo Peñafiel Olan, por propio derecho, contra actos del Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de México y otras autoridades, regístrese bajo el número 186/2019. De la lectura de la demanda de amparo se advierte que el promovente, señala como actos reclamados malos tratos, incomunicación, tratos crueles e inhumanos y degradantes, así como tortura física y psicológica. Suspensión de plano y de oficio. Ahora bien, como la demanda de amparo se promueve en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, en virtud de que Ricardo Peñafiel Olan, se encuentra aislado, segregado y es objeto de malos tratos, con fundamento en dicho numeral y en el diverso 126 de la Ley de Amparo, se decreta de plano y oficio la suspensión de los actos precisados por el quejoso para el efecto de que, si es el caso, cesen de inmediato, debiendo la autoridad responsable informar, en un término no mayor a veinticuatro horas, el cumplimiento que dé a esta determinación, apercibida de que si al rendir su informe correspondiente afirmare una falsedad o negare la verdad, en todo o en parte, será sancionada en términos del Código Penal Federal, ello acorde con lo dispuesto en el artículo 262, fracción III, de la ley de la materia. Dicha suspensión no surtirá efecto alguno, si el acto reclamado por el inconforme no constituye alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 126 de la Ley de Amparo, o no produce algún efecto semejante al de aquéllos, independientemente como lo identifique el agraviado. Se invoca la jurisprudencia I. 3o. A. J/7, publicada en la página 951, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, enero a junio de 1989, Segunda Parte - 2, Octava Época, número de registro 229397, con el rubro siguiente: "SUSPENSIÓN DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA." A la autoridad responsable se hace de su conocimiento que de no acatar esta suspensión de plano y oficio, se hará acreedor a las sanciones establecidas en el artículo 262 de la ley de la materia. Prevención. En diverso orden, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108 y 114 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar ante todo, el escrito de demanda, y si de dicho análisis advierte que hubiere alguna irregularidad, mandará prevenir al promovente para que cumpla los requisitos omitidos, expresando en el auto relativo las irregularidades o deficiencias que deban complementarse, para que éste pueda subsanarlas en tiempo. En esas condiciones, con fundamento en lo establecido en los artículos 114, fracciones I, II y IV y 108, fracciones III, IV y V, de la Ley de Amparo, se considera pertinente requerirlo para que dentro del plazo de cinco días, siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, por escrito, bajo protesta de decir verdad y entendido de la responsabilidad en que incurren las partes en el juicio de amparo que declaran con falsedad para tener una ventaja indebida, realice lo siguiente: Precise si los actos que hace consistir en el aislamiento, castigo, segregación, el traslado de dormitorio, de que dice es objeto en el Centro Preventivo y de Reinserción Social "Santiaguito", Almoloya de Juárez, Estado de México, deriva de la imposición de alguna sanción disciplinaria que sea consecuencia de la tramitación de algún procedimiento administrativo seguido por las autoridades penitenciarias del lugar en el que se encuentra interno. De ser así, tendrá la obligación de indicar lo siguiente: Ante qué autoridad o autoridades se tramitó dicho procedimiento disciplinario. La fecha en que se resolvió, y de ser el caso, el día y la forma en que se le notificó y/o tuvo conocimiento de esa resolución. Si contra dicho acto promovió la controversia que para tal efecto contempla la Ley Nacional de Ejecución Penal. De haber formulado controversia tendrá que señalar el estado procesal que guarda, esto es, si se encuentra en trámite, o bien si ya se resolvió, en qué data, y el sentido de la determinación respectiva. Tal requerimiento tiene razón de ser, pues la Ley Nacional de Ejecución Penal establece diversas normas que deben observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial, así como establecer los procedimientos para resolver controversias que surjan con motivo de la ejecución penal y, regular los medios para lograr la reinserción social. Asimismo, en el citado ordenamiento legal, particularmente en el Capítulo III referente al Procedimiento Administrativo, el legislador estableció un mecanismo legal con el fin de que las personas privadas de su libertad y aquellas legitimadas conforme a los términos de dicha ley (familiares, visitantes, defensores públicos, Ministerio Público, etc.), pudieran formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria en contra de hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento, y así poder salvaguardar los derechos de las personas que se encuentran privadas de su libertad, ya sea por prisión preventiva o en cumplimiento a una pena. Cabe acotar, que tales requerimientos obedecen a que de lo narrado en el escrito de demanda por el promovente de la protección constitucional, específicamente en el apartado relativo a los hechos que conforman los antecedentes del acto reclamado, resulta insuficiente para tener por colmado el requisito inserto en la fracción V del artículo 108 de la Ley de Amparo. Al caso es aplicable, se invoca, la tesis número I.7o.A.100 K, que se aprecia en la página 990, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2006, Tomo XXIII, Novena Época, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que establece: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley." Finalmente, resulta aplicable a lo anterior la tesis publicada con el número XX.57 K, en la página 871, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 1996, Tomo III, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "ACTO RECLAMADO. SI ES OSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda." b) Indique si es su deseo se tenga como autoridad responsable a la Directora del Centro Penitenciario y de Reinserción Social "Santiaguito", Almoloya de Juárez, Estado de México. Se apercibe a la parte quejosa que de no dar cumplimiento a los requerimientos insertos en este proveído, se tendrá por no presentada la demanda de amparo en términos de la parte final del artículo 114 de la Ley de Amparo. Domicilio. De conformidad con lo señalado en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el lugar de reclusión del quejoso. En otro punto, en atención a la certificación de cuenta, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Enrique Ramírez Celaya, por contar con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Días y horas inhábiles. Acorde con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de la materia, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que se ordenen en el presente asunto. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Sofía Dávila Estrada, Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, encargada del despacho por licencia académica otorgada al titular, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, comunicada mediante oficio CCJ/ST/6951/2019, de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa asistida de Laura María Bosse Navarro, Secretaria que autoriza, firma y da fe. Doy fe. 895JLVG

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