Ricardo Pablo Platzgummer Altamirano
Expediente 1399/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 6 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1399/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 20/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Ricardo Pablo Platzgummer Altamirano
- Oficina de CAC Agencia Puerto Peñasco, Sonora, Dependencia de CFE Suministros Básicos de la Comisión Federal de Electricidad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, veinte de octubre de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso (quien es el facultado para hacerlo) interpusiera revisión en contra de la sentencia por la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Capturas. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibidos documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán glosados y correrán la misma suerte que el presente expediente. Notifíquese; y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe. Fabián
- Principal
Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las diez horas con nueve minutos del veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario con quien autoriza y da fe, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, con las constancias de emplazamiento a juicio de las partes e informe justificado rendido por la responsable. Asimismo, en auto de veintiséis de agosto de dos mil veintidós, tomando en consideración el informe justificado rendido por la********************por conducto de su apoderado legal; en el cual se advertía que le pudiera resultar el carácter de autoridad responsable a la ********************se ordenó dar vista a la parte quejosa para que en el plazo de cinco días manifestara si ampliaba o no la demanda en contra de dicha autoridad, apercibido que de no hacerlo, este órgano constitucional continuaría con la secuela procesal y se resolvería únicamente por el acto reclamado y autoridad señalada como responsable en el escrito inicial de demanda. Sin embargo, la parte quejosa omitió hacer manifestación alguna respecto a la nueva autoridad, a pesar de estar debidamente notificada, por lo que se ordena hacer efectivo el apercibimiento decretado en auto de veintiséis de agosto del año en curso, por lo que se procede a continuar con la secuela procesal y resolver el presente asunto únicamente por el acto reclamado y autoridad señalada en el escrito de demanda. A continuación, se declara abierto el periodo probatorio, y el secretario da cuenta con las documentales que remitió la autoridad responsable al rendir su informe justificado. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su especial naturaleza las aludidas probanzas, con excepción de la confesional. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, el secretario hace constar que las partes omitieron realizar manifestaciones. El juez acuerda: con fundamento en lo dispuesto por el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las partes a formular alegatos, por lo que se declara cerrado dicho periodo. Acto seguido, se da por concluido este periodo; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo ********************; y, Resultando Único. Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado el doce de noviembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido al día siguiente hábil, por razón de turno, a este juzgado de distrito, ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del ********************con residencia en Puerto Peñasco, Sonora. El diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, éste órgano jurisdiccional ordenó formar expediente bajo el número ********************; asimismo, al advertir que carecía de competencia territorial, se declaró legalmente incompetente y declinó la competencia a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Sonora en turno, con residencia en Nogales. Luego, el cuatro de marzo de dos mil veintidós, el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Nogales, a quien le correspondió conocer del presente asunto por razón de turno, bajo el número de expediente 47/2022-V, determinó no aceptar la competencia declinada en razón de territorio; y, devolvió a este juzgado, los autos originales del juicio de amparo que nos ocupa. El dieciséis de marzo de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional reiteró que no era legalmente competente para conocer del presente juicio por las razones y términos que fueron sustentados en proveído de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno; por lo que, conforme a lo dispuesto en el artículo 48, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se remitieron los autos al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo, en turno, con residencia en esta ciudad, para el debido tramite del conflicto competencial respectivo. Mediante resolución de cuatro de julio de dos mil veintidós, dictada dentro del conflicto competencial laboral 4/2022, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, con residencia en esta ciudad; determinó y declaró a este Juzgado competente para conocer del juicio de amparo promovido por ********************. El dieciocho de julio de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el testimonio de ejecutoria pronunciado en el conflicto competencial 4/2022; así como los autos originales del juicio de amparo ******************** del índice de este juzgado; se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a la autoridad responsable informe justificado; se dio a la representación social de la adscripción la intervención legal que le compete y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Luego, mediante proveído de veintiséis de agosto de dos mil veintidós, tomando en consideración el informe justificado rendido por la********************por conducto de su apoderado legal; en el cual se advertía que le pudiera resultar el carácter de autoridad responsable a la ********************se ordenó dar vista a la parte quejosa para que en el plazo de cinco días manifestara si ampliaba o no la demanda en contra de dicha autoridad, apercibido que de no hacerlo, este órgano constitucional continuaría con la secuela procesal y se resolvería únicamente por el acto reclamado y autoridad señalada como responsable en el escrito inicial de demanda. Ahora bien, tomando en cuenta que la parte quejosa no realizó manifestación alguna respecto a la nueva autoridad, a pesar de estar debidamente notificada, se ordenó al tenor del acta de audiencia, hacer efectivo el apercibimiento debiéndose continuar con la secuela procesal y resolver el presente asunto únicamente por el acto reclamado y autoridad señalada en el escrito de demanda. Finalmente, previo diferimientos, se señaló de nueva cuenta hora y fecha para la audiencia respectiva, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, de conformidad con los siguientes: Considerando I. Competencia Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y, por así haberlo determinado el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, con residencia en esta ciudad. II. Precisión del acto reclamado Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado la negativa de recibir la solicitud de contratación para el suministro de energía eléctrica. III. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto atribuido al ********************pues así se advierte de la lectura de su informe justificado, pues si bien no aceptó ni negó el acto que se le atribuye, lo cierto es que hace manifestaciones que evidencian su certeza. Certeza que se corrobora con la constancia relativa al oficio de fecha dieciséis de agosto de dos mil veintidós, relativo a la solicitud número 00001321/2022, firmado por el ********************así como de la documental consistente en la certificación de Correos Electrónicos Institucionales dirigidos a la parte quejosa ********************, por parte del ******************** respecto a la solicitud de contratación de suministro eléctrico, que acompañó la responsable en cuestión, las cuales se tienen a la vista para resolver y que cuenta con pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2. Cobra aplicación la jurisprudencia 226, cuyo rubro es del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." IV. Causa de improcedencia Conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En ese tenor, quien resuelve advierte que en relación con el acto reclamado consistente en la negativa de recibir la solicitud de contratación para el suministro de energía eléctrica, que se le atribuye al ********************se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. De la interpretación de la referida norma se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos del acto reclamado; es decir, que ha quedado insubsistente, ya sea que la autoridad responsable haya revocado el acto materia de la litis, cuando éste tenga el carácter de positivo, o bien, cuando realice la acción que se le reclama, en el caso de los de índole negativo, como si se hubiese otorgado el amparo, de tal forma que el acto ya no agravie a la parte quejosa. Lo anterior porque el juicio de amparo no tiene razón de ser cuando su objetivo ha desaparecido, que en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, para el caso específico, es que la autoridad responsable respete el derecho fundamental violado. De esta forma, se destaca que la parte quejosa reclamó entre otras la violación al artículo 8° Constitucional, en virtud de la negativa ********************, de recibir la solicitud de contratación para el suministro de energía eléctrica. El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, es el derecho humano consagrado en el artículo 8° constitucional, en función del cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad tiene derecho a que se la reciban y le den una respuesta. Su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de recibir dicha solicitud y producir una respuesta se caracterizan por los siguientes elementos: A. La petición: debe formularse por escrito, de manera pacífica y respetuosa, ser dirigida a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; además, el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla; tendrá que ser congruente con la petición. Además, la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tal efecto; tampoco existe obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló a que provea necesariamente de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver acorde con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso. También es jurídicamente válido considerar que la notificación de la respuesta se tenga por hecha a partir de las notificaciones o de la vista que se practiquen con motivo del juicio de amparo, pues así se cumplen las dos obligaciones previstas en el artículo 8 constitucional, que toda autoridad a quien le fue formulada una petición debe cumplir, es decir, dar respuesta a lo solicitado y darlo a conocer al gobernado en breve término. Por tanto, en atención a lo dispuesto en el artículo 8° Constitucional, la autoridad mencionada adquirió la obligación de emitir un acuerdo en el que diera respuesta, en breve término, congruente con la petición contenida en el escrito citado y, además, notificarla personalmente a la parte quejosa en el domicilio que hubiese señalado para tal efecto. Así, en el caso a estudio, el ********************en atención a la solicitud número 00001321/2022, realizada por ********************, le hizo saber a este mediante oficio fechado el dieciséis de agosto de dos mil veintidós, que no existía inconveniente técnico y administrativo para continuar con el proceso de contratación, conexión y/o regularización del servicio para el suministro de energía. Además, de la documental consistente en la certificación de Correos Electrónicos Institucionales dirigidos a la parte quejosa ********************, por parte del ******************** respecto a la solicitud de contratación de suministro eléctrico, que acompañó la responsable en cuestión, de fechas diez, once, dieciséis y diecinueve de agosto de dos mil veintidós, en los cuales se advierte que se le dio trámite a la solicitud de proceso de contratación, conexión y/o regularización del servicio para el suministro de energía. Bajo estas condiciones, se concluye que la autoridad responsable determinó lo que en derecho correspondía respecto a la "solicitud para la contratación del servicio de suministro de energía eléctrica", como se advierte de las constancias remitidas en apoyo a su informe, circunstancia que se hizo del conocimiento de la parte quejosa mediante notificación personal que le hiciera la responsable desde el día dieciséis de agosto de dos mil veintidós. Así, tomando en consideración que la parte quejosa conoció el contenido de la respuesta recaída a la "solicitud para la contratación del servicio de suministro de energía eléctrica", en fecha posterior a la presentación de la demanda de amparo, resulta inconcuso que el acto reclamado aunque resultó cierto, cesó en sus efectos; es decir, la omisión de la citada autoridad quedó insubsistente, ya que la parte quejosa se enteró del oficio que se generó en atención a la solicitud planteada, de tal manera que el acto reclamado ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por la desatención delatada. Es aplicable la tesis P. CL/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." De igual forma, sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 6/2000, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto disponen: "PETICIÓN, DERECHO DE. CUÁNDO SE CUMPLE CON LA GARANTÍA CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 8o. DE LA CARTA MAGNA. Si la protección federal se otorgó por violación a la garantía de petición consagrada en el artículo 8o. constitucional, para que las autoridades responsables dieran contestación congruente por escrito y en breve término a la solicitud formulada por el quejoso, tal exigencia se cumple cuando una de las autoridades responsables, director general de Recursos Humanos de la Procuraduría General de la República, subordinada a otra autoridad responsable, oficial mayor de la misma dependencia, da contestación a la solicitud por instrucciones de éste, aunque esta última autoridad no haya dado contestación, en tanto que se trata de autoridades de una misma dependencia y fundamentalmente lo que pretende la garantía constitucional invocada es la exigencia de dar contestación a la petición, toda vez que el precepto constitucional únicamente establece que el derecho de petición se cumpla en los términos antes especificados, por lo que la autoridad, independientemente de su cargo o jerarquía, tiene la obligación de contestar al peticionario y no dejarlo sin acuerdo alguno." También, conviene citar la jurisprudencia 2a./J. 205/2008 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." En consecuencia, es inconcuso que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. V. Decisión En las relatadas condiciones, al actualizarse las causas de improcedencia analizada en el apartado IV y V, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, es que debe sobreseerse en el juicio de amparo. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 73 al 77 y 217 de la Ley de Amparo, se: Resuelve Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, respecto del acto reclamado en el apartado II, de este fallo, por las razones expuestas en el considerando IV, de la presente resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, dieciocho de julio de dos mil veintidós. I. Recepción de testimonio. Agréguese a los autos el testimonio de ejecutoria proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual remite testimonio de la ejecutoria emitida en sesión de cuatro de julio de dos mil veintidós, de la que se advierte que en el conflicto competencial 4/2022 suscitado entre este órgano y el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sonora, el órgano plenario resolvió lo siguiente: "[.] ÚNICO. Se declara que el Juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Hermosillo, es la autoridad competente para conocer del juicio de amparo indirecto promovido por Ricardo Pablo Platzgummer Altamirano. [.]" II. Acúsese el recibo de estilo del testimonio de ejecutoria pronunciado en el conflicto competencial 4/2022, del control del oficiante, así como los autos originales del juicio de amparo 1399/2021 del propio índice y glósense las constancias originales que formen parte del expedientillo formado con motivo del conflicto competencial. III. Capturas. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). IV. Admisión. En tal contexto, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII, y XV de la Constitución Federal; 1, fracción I, 2, 14, 33 fracción IV, 35, 37, 107, 108, 110, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por Ricardo Pablo Platzgummer Altamirano. V. Audiencia constitucional. Para ello se fijan las nueve horas con cincuenta y nueve minutos del veintiséis de agosto de dos mil veintidós, a fin de que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente juicio. Se comunica a las partes que podrán comparecer a la celebración de la audiencia mediante escrito, videoconferencia o presencialmente -previa solicitud del código QR, el cual puede ser generado a través del sistema de "Agenda OJ" disponible en el Portal de Servicios en Línea-. VI. Informes. Con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se solicita a las autoridades señaladas como responsables rindan su informe justificado, lo que deberán hacer dentro del plazo de quince días, enviando adjunto a dicho informe copia certificada, completa y legible de las constancias que sirvan de apoyo. Se proporciona el correo institucional 1jdo5cto@correo.cjf.gob.mx a efecto de que haga llegar sus informes o cualquier comunicación dirigida al órgano. VII. Apercibimiento a las autoridades responsables. Apercíbaseles que de no cumplir con lo anterior en el lapso fijado, se presumirá cierto el acto que se les reclama, con fundamento en el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo. Además, en términos del numeral 260, fracción II, de la Ley de Amparo, y los artículos transitorios primero, segundo y tercero, del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, que reformó y adicionó diversos dispositivos del texto constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, se les impondrá en la sentencia que se dicte, multa de cien unidades de medida de actualización. VIII. Requerimiento a las autoridades. Requiérase a las autoridades señaladas como responsables para que, al momento de rendir su informe con justificación, comuniquen si la parte quejosa ha tramitado diverso juicio de amparo en contra de los mismos actos reclamados; asimismo, para que tan pronto como ocurra una causa notoria de sobreseimiento o hayan cesado los efectos del acto combatido, así lo hagan saber a este juzgado. En el entendido que no cumplir con lo anterior, se les impondrá una multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, ello de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la legislación reglamentaria. IX. Prevención a las autoridades. En caso de que las autoridades se nieguen a recibir un oficio de notificación, se tendrá por hecha la misma, debiendo el actuario adscrito levantar una razón sobre el particular. X. Herramientas de comunicación. Se pone a disposición de los justiciables para entablar comunicación sobre cuestiones no procesales -sólo se atenderán consultas relativas a organización, horarios, lineamientos de trabajo y temas análogos, esto es, no se brindará información sobre el estado procesal de los asuntos- con el órgano en el teléfono institucional (662) 108 21 00, extensión 1018. XI. Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Conforme al artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete. XII. Tercero interesado. Resérvese proveer respecto al señalamiento de terceros interesados hasta en tanto obren en autos los informes justificados solicitados a las autoridades responsables. XIII. Información de contacto. En apego al artículo 23, fracción I y III, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazo y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se requiere a las partes para que proporcionen una dirección de correo electrónico y número telefónico. En este apartado se hace la precisión que la parte quejosa proporciona el correo electrónico que indica en su escrito inicial de demanda para entablar comunicación sobre cuestiones no procesales. XIV. Incidente de suspensión. Sin necesidad de tramitarse por separado y duplicado el incidente de suspensión, toda vez que no fue solicitado por la parte quejosa. XV. Domicilio. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su escrito de cuenta. XVI. Autorizados. En el caso que la parte quejosa sea el patrón, se tienen por autorizadas a las personas que menciona en su demanda, en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en caso contrario, para el sólo efecto de recibir notificaciones e imponer de los autos, atento a lo que se prevé en el segundo párrafo del precepto legal citado. En la inteligencia que, dado el evento que la parte quejosa recaiga en el trabajador, se autoriza para oír y recibir notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, con las facultades conferidas en el párrafo primero del precepto en cita. XVII. Pruebas. La parte quejosa no oferto medios de convicción. XVIII. Presentación de documentos o valor. En el supuesto de que el órgano requiera por la exhibición físicamente de un documento o valor, las partes podrán presentarlo ante la Oficialía de Partes Común, salvo que elijan agendar una cita para hacerlo directamente, en cuyo caso será su responsabilidad cumplir el requerimiento dentro del plazo establecido. X1X. Autorización de medios electrónicos. En atención a su solicitud relativa a la autorización de medios electrónicos, de conformidad con la circular 12/2009, de la Secretaria Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza para que tome fotografías de las constancias que integran el presente juicio de amparo, con los medios tecnológicos que refiere la citada circular; en la inteligencia que podrán hacer uso de tal derecho una vez que las labores de este órgano jurisdiccional lo permitan, en atención a que nos encontramos en el contexto de las medidas de protección adoptadas por el Consejo de la Judicatura Federal frente a la pandemia por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). XX. Comunicación a las responsables de las resoluciones que se le notificarán por oficio. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª./J.176/2012 (10ª), se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que en el presente juicio únicamente le serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales, y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado. XXI. Autorización a los actuarios adscritos. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluyendo emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. XXII. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. XXIII. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente físico. XXIV. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se ordena a la secretaría que, en su oportunidad, capture la sentencia que se dicte en el presente juicio y, a fin de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. XXV. Exhortación a las partes. Se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, lo anterior, en cumplimiento al artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARSCoV2. Notifíquese; personalmente a la representación social, mediante oficio a la autoridad responsable, así como al órgano revisor y por lista a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, cinco de abril de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio remitido por el actuario adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Quinto Circuito, mediante el cual acusa recibo del oficio 6172/2022, de la estadística de este juzgado, asimismo, informa que admitió a trámite el conflicto competencial el cual registró bajo el número 4/2022, de su índice. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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