Ricardo Oviedo Rodríguez
Expediente 456/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 456/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Ricardo Oviedo Rodríguez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que trascurrió el término para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del auto en el que se desechó su demanda, sin que lo haya hecho; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita, se declara firme dicho proveído. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21, inciso b), del citado acuerdo general, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que se dictó un acuerdo que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión. Sin que haya lugar a ordenar la devolución de documentos originales, toda vez que no fueron exhibidos por la parte promovente.
- Principal
Cumplimiento de prevención Por recibido el escrito que suscribe electrónicamente ********************Se le tiene cumpliendo la prevención que le fue formulada el veintiuno de los corrientes en el siguiente sentido: "1. Aclare sí al día de hoy ya cuenta con personalidad reconocida y surtiendo efectos en términos del artículo 2099, es decir, si su mandante ya ratificó el mandato de mérito. En su caso, exhiba la constancia que lo acredite en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo." Al respecto, manifiesta: ".no tengo reconocida la personalidad del mandatario judicial y por la responsable, por ende, no está surtiendo efectos dicha personalidad de mandatario judicial ante la responsable, no obstante, preciso que ********************, actor en el juicio natural, otorgó mandato judicial al suscrito en el libelo actio, por lo que atentos a lo establecido en el ordinario 2099, tildado, en data 18 de abril del 2022, se apersonó a ratificar dicho mandato de manera personal ante el órgano empero no fue aceptada dicha ratificación de manera presencial. Exigiendo que la ratificación se hiciera mediante audiencia, para lo que acompaño los proveídos." (Se precisa que no se adjuntó constancia alguna al escrito de cuenta). Desechamiento de la demanda. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe analizarse la demanda de amparo y si se encontrare un motivo de improcedencia, debe desecharse de plano; de ahí que deben estudiarse de manera preferente las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. En el particular, se materializa la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5, fracción I, 6 y 11, todos de la Ley de Amparo, estos últimos interpretados en sentido contrario. Se explica: El quejoso directo, ******************** demandó a "la madre del menor" (aparentemente de nombre, ********************) en la vía oral ordinaria la pérdida de guarda, custodia y patria potestad del hijo de ambos. En su demanda otorgó mandato judicial al aquí compareciente y solicitó que se emplazara a la demandada por edictos, a desconocer su domicilio. En auto de siete de abril de dos mil veintidós se radicó la demanda. En lo que interesa, se le dijo que previamente "a que este juzgado determine lo conducente en cuanto a ordenar el emplazamiento (.) por medio de edictos (.) este Tribunal requiere a la parte actora para que acredite el desconocimiento generalizado del domicilio del demandado, es decir demuestre los extremos a que se refiere el artículo 324 del código procesal civil del estado". Tocante al mandato judicial se le otorgó, pero supeditado a la condición de que fuera a ratificarlo en términos del artículo 2099 del Código Civil para el estado de Guanajuato, lo que así pretendió pero se le negó verbalmente según su dicho, debido a que la ratificación debe hacerse en audiencia. Ahora bien, el quejoso se duele expresamente del auto de siete de abril de dos mil veintidós en el que la autoridad condicionó el emplazamiento de edictos a un requisito previo y compareció por conducto de quien se ostenta su mandatario legal. Ahora bien, los numerales relacionados con la improcedencia invocada, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]" "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. Artículo 11. Cuando quien comparezca en el juicio indirecto en nombre del quejoso o del tercero interesado afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas, salvo en materia penal en la que bastará la afirmación en ese sentido." De los preceptos trascritos se obtiene que la facultad para acudir al amparo está reservada a quien resienta un agravio, daño o perjuicio con motivo de un acto de autoridad en uno de sus derechos legítimamente tutelados en la Constitución Federal. La mera transgresión a un derecho constitucionalmente protegido, por parte de un acto de autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente a demandar el cese de dicha transgresión y solicitar la restitución en el goce del derecho violado, esto es, lo legitima para acudir al amparo, siendo ese derecho protegido lo que constituye, precisamente, el interés jurídico previsto constitucionalmente para la procedencia del juicio de amparo, o bien, cuando esa afectación derive de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico -interés legítimo-. En esa línea de pensamiento, existe la posibilidad de que el agraviado directo comparezca por conducto de un representante bajo las hipótesis plasmadas en la ley. En lo que interesa, se está ante el supuesto del artículo 11, que exige que quien dice tener la representación en el juicio de origen de cualquier naturaleza, con excepción de la materia penal, lo acredite. En el caso, es el mismo promovente quien expone que le fue reconocida su calidad de mandatario, pero supeditada a que el mandante lo ratificara en términos del artículo 2099 del Código Civil para el Estado de Guanajuato que prevé que el mandato surte sus efectos a partir de su ratificación, lo que no ocurrió pues no solo no exhibió las constancias respectivas, sino que afirmó que no fue ratificado en términos de ley. Es importante destacar que, en principio, una prevención mal cumplida puede ser materia de un segundo auto aclaratorio, siempre que no haya transcurrido el plazo de cinco días primigeniamente concedido; sin embargo, en el caso que nos ocupa la manifestación del promovente es clara: carece de representación plena para actuar en el juicio de origen, por falta de ratificación del mandato. De ahí que no amerite una segunda prevención. También se destaca que no se está en presencia de alguno de los actos de excepción previstos en el artículo 22 constitucional, en relación con el 15 de la Ley de Amparo, en los que se permite la presentación de la demanda por conducto de un tercero por imposibilidad del directo quejoso. En ese contexto, con fundamento en el 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 6, 11 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por Juan Carlos Rico Paredes, quien se ostentó representante en el juicio de origen de ********************.
- Principal
Visto el estado de los autos se advierte que mediante oficio registrado con el número 3762 (atendido por acuerdo de veintiocho de marzo pasado) el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, informó con relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo -respecto del juicio laboral ********************: Que en audiencia verificada el veintitrés de marzo de dos mil veintidós se acordó que el exhorto enviado a su homóloga de Morelia, Michoacán, no fue debidamente diligenciado en relación con lo mandado, concretamente, la fijación de la convocatoria en el último lugar de trabajo y efectuar la investigación pertinente para determinar los posibles beneficiarios del trabajador fallecido como parte del procedimiento ********************, por lo que se giró nueva comunicación 1280/2022 para su cumplimiento. Sin embargo, a la fecha en que se actúa no se tiene noticia al respecto; por tanto, requiérase a las autoridades responsables Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, así como a su homóloga Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Morelia Michoacán, para que dentro del término de tres días, indiquen el estado procesal de la comunicación de mérito (1280/2022) y, en su caso, las gestiones encaminadas a su cumplimentación, para lo cual deberá remitir copia certificada de las constancias que lo acrediten. Lo anterior con el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria, decretada por el ejecutivo federal, incrementada en cien días, en términos a lo dispuesto por los artículos192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, en concordancia con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; además, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la continuación del trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.
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