Ricardo Ortiz Navarro
Expediente 597/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 19 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 597/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 02/12/2021
Partes del expediente
- Ricardo Ortiz Navarro
- Integrantes de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Toluca, Estado de México, dos de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos del presente juicio, así como la certificación de cuenta, se aprecia que la parte quejosa no hicieron valer el recurso que contempla el artículo 202 de la Ley de Amparo, en contra del proveído de veinticinco de octubre del año dos mil veintiuno, mediante el cual, se declaró por cumplida la ejecutoria dentro del presente sumario constitucional; en consecuencia, se decreta que dicho auto ha causado estado. En ese sentido, del estado de autos se advierte que el presente sumario constitucional se encuentra debidamente integrado; por tanto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo. Ahora bien, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En consecuencia, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el cuaderno principal es depurable, toda vez que encuadra en la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso b) de la normativa en cita, al ser un juicio de amparo en el que se concedió la protección constitucional. Por tanto, se comunica a las partes que, de conformidad con el artículo indicado en el párrafo anterior, el presente expediente se conservará por el término de tres años, contados a partir de este acuerdo y una vez concluido dicho plazo, dentro de los siguientes noventa días, se depurará el expediente. Además, terminado el proceso de depuración, se solicitará la transferencia de estos expedientes a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, de conformidad con el artículo 35 del citado Acuerdo General se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Finalmente, toda vez que la autoridad responsable agregó a su informe justificado copias certificadas de todo lo actuado del expediente laboral J.3/376/2018; por tanto, mediante oficio devuélvanse los mismos para que sean glosados al juicio natural, solicitándose el acuse respectivo.
- Principal
Toluca, Estado de México, veinticinco de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa mediante proveído siete de octubre del año dos mil veintiuno, para que manifestara lo que a su derecho conviniera con la forma en que las autoridades responsables dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por tanto, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento del fallo protector. Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito publicada con el número 247, en las páginas 203 y 204, de la actualización 2002, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que establece: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En principio, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: La inacción de agotar los mecanismos y medios a su disposición para llevar a cabo el desahogo de la prueba testimonial y documentales ofrecidas en el juicio laboral J3/376/2018, y en consecuencia, la paralización del juicio laboral de origen. Previa substanciación del juicio de amparo, el veintisiete de noviembre de dos mil veinte, se emitió la sentencia correspondiente, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, para los siguientes efectos: "En tales circunstancias, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por Ricardo Ortiz Navarro, para el efecto de que: 1) La Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México, adopte las medidas necesarias para llevar a cabo, prontamente y sin mayor dilación, el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes, y admitidas el primero de abril de dos mil diecinueve, en el juicio laboral J.3/376/2018, incluyendo aquellas, dentro de sus facultades y competencia, para supervisar el debido cumplimiento de los exhortos girados para tal efecto. 2) La Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, adopte las medidas y diligencias necesarias para llevar a cabo, prontamente y sin mayor dilación, el debido cumplimiento del exhorto girado por la responsable ordenadora, es decir, el desahogo de las pruebas". Posterior a ello, el dieciocho de febrero del año dos mil veintiuno, causo ejecutoria la referida sentencia, y se requirió a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México y a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, para que dentro del plazo de tres días dieran total cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto, remitiendo copia certificada de las constancias que así lo acrediten. En ese sentido, el uno de marzo del año en curso, mediante oficio 000999, la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, informó que, en lo que respecta a su competencia, había dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto, pues remitió las constancias en donde se advertía que había remitido el exhorto oportuno, a efecto de que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, en su auxilio, desahogara los medios de prueba afectos al presente sumario de amparo. Posteriormente, el veintisiete de abril, trece y veintisiete de mayo y veinticuatro de junio del año en curso, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, informó las gestiones que se encontraba realizando a efecto de desahogar las diligencias pertinentes para el debido desahogo de las pruebas afectas al presente asunto, y así dar cumplimiento al fallo protector emitido en el juicio de amparo en que se actúa. Siguiente a ello, el nueve de agosto del año en curso, el Presidente de la Junta Especial Numero Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, ordeno devolver el exhorto número 459/2021 de su índice a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, toda vez que los atestes ofrecidos por la parte demandada dentro del juicio laboral de origen, fueron omisos en presentarse a las diversas audiencias testimoniales, por lo que solicitó a su Homóloga con residencia en esta ciudad, realizara las gestiones necesarias a efecto de que ordenara su presentación. En esa tesitura, el dieciséis de agosto siguiente, el Presidente por Ministerio de Ley de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, mediante oficio 0008686, informó que fijo fecha para el desahogo de la audiencia testimonial de mérito, bajo el apercibimiento que de no presentarse los testigos, se decretaría la deserción de la probanza de referencia. Luego, en fechas veintisiete de septiembre y siete de octubre del año en curso, la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, tuvo por desierta la testimonial ofrecida por la parte demandada dentro del procedimiento laboral de origen a cargos de los atestes Oscar Eduardo Fernández Banda, Jesús Enrique Castillo Montes, Diego Irigoyen Ramos, Luis Armando Méndez Miranda, Luis Manuel Mora Estrada y Jorge Mondragón Serrano, y requirió a la autoridad Comisión Nacional Bancaria y de Valores a efecto de que rinda el informe solicitado. Con el contenido de los oficios antes relatados y sus anexos, el pasado siete de octubre, se dio vista a la parte quejosa para que en el término de tres días legalmente computados, manifestara lo que a su interés conviniera De las misiva antes mencionadas remitidas por las autoridades responsables, se advierte que éstas cumplieron con la directriz de la concesión de amparo, es decir, adoptarán las medidas necesarias para que se llevara a cabo el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes, y admitidas el primero de abril de dos mil diecinueve en el juicio laboral J.3/376/2018. A las constancias remitidas por la autoridad responsable por ser documento público tiene valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. Así pues, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y la conducta desplegada por la responsable al respecto de aquélla, se concluye que en el caso particular se ha dado cumplimiento al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, y consecuentemente, se colige que se ha restituido al quejoso en el goce de sus derechos humanos transgredidos, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo; por lo tanto, toda vez que la autoridad responsable no incurrió en defecto, al acatar los efectos de la sentencia amparadora en su totalidad; así como tampoco incurrió en exceso, ya que no se extralimitó de lo expresamente solicitado; por tanto, se declara cumplida la sentencia. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Hágase del conocimiento del quejoso la presente determinación, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo, previas anotaciones en el libro de gobierno, quedando a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que considere convenientes. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, asistido de Vadim Ambriz Tapia, Secretario con quien actúa. Doy fe.
- Principal
MESA VII. Toluca, Estado de México, siete de octubre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta (con anexos), a través del cual, la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, en cumplimiento al requerimiento que le fue formulado en fecha veinte de septiembre pasado, informa que en fecha treinta de septiembre del año en curso, decreto la deserción del testigo ** asimismo, que ya cuenta con el acuse de recibo del requerimiento que hizo a la autoridad Comisión Nacional Bancaria y de Valores a efecto de que rinda el informe solicitado, remitiendo copias certificadas de diversas constancias a fin de acreditar lo informado; circunstancias de las que se toma conocimiento. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con los diversos oficios de cumplimiento a la sentencia vertidos por las responsables y sus anexos, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga en relación con la forma en que la responsable da cumplimiento al fallo protector; apercibida que en caso de ser omisa, se resolverá sobre el particular, con base en las constancias que obran en el sumario constitucional. Encuentra sustento lo anterior, en lo conducente, en la Jurisprudencia 247, de La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Novena Época, a página 203, cuyo contenido es del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia."
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE SIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, TODA VEZ QUE NO ACUDIO A NOTIFICARSE CON MOTIVO DEL CITATORIO QUE LE FUE ENTREGADO EL OCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, AUTO QUE REFIERE: MESA VII. Toluca, Estado de México, siete de octubre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta (con anexos), a través del cual, la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, en cumplimiento al requerimiento que le fue formulado en fecha veinte de septiembre pasado, informa que en fecha treinta de septiembre del año en curso, decreto la deserción del testigo ** asimismo, que ya cuenta con el acuse de recibo del requerimiento que hizo a la autoridad Comisión Nacional Bancaria y de Valores a efecto de que rinda el informe solicitado, remitiendo copias certificadas de diversas constancias a fin de acreditar lo informado; circunstancias de las que se toma conocimiento. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con los diversos oficios de cumplimiento a la sentencia vertidos por las responsables y sus anexos, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga en relación con la forma en que la responsable da cumplimiento al fallo protector; apercibida que en caso de ser omisa, se resolverá sobre el particular, con base en las constancias que obran en el sumario constitucional. Encuentra sustento lo anterior, en lo conducente, en la Jurisprudencia 247, de La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Novena Época, a página 203, cuyo contenido es del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia."
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