Ricardo Ortiz Arizmendi

Expediente 72/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 6 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
72/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
01/03/2022

Partes del expediente

  • Ricardo Ortiz Arizmendi

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, uno de marzo de dos mil veintidós. Estado procesal del sumario. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiese recurrido la resolución dictada en estos autos, en la que, en su único punto resolutivo, se negó el amparo solicitado. Firmeza del fallo definitivo. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la misma, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar. Notificación a las partes y anotaciones respectivas. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes y efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Se decreta archivo del presente juicio. En virtud de lo antes expuesto y en atención a que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido. Valoración documental. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 18, párrafo primero, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte); por tanto, es susceptible de depuración. Transferencia del expediente. En virtud de lo anterior, de conformidad con el numeral 18, párrafos tercero y cuarto, del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años, contado a partir de que se ordenó el archivo del presente expediente como asunto concluido, y terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia del presente expediente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, asimismo, no se trata de un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito ni se estableció jurisprudencia, no versa sobre materia agraria, además en el presente asunto no se emitió una sentencia en la que se haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. De la información reservada, documentos originales, incidente y billete de depósito, póliza o fianza alguna. Además, el presente asunto no contiene información reservada, no existen documentos originales exhibidos por las partes, no se formó incidente de suspensión, ni se exhibió billete de depósito, póliza o fianza alguna, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Devolución de seis anexos. Finalmente, hágase la devolución de los anexos formados con motivo de las constancias allegadas por la autoridad responsable Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, al resultar innecesaria su conservación, en el entendido que el sello de recepción del oficio correspondiente hará las veces de acuse. Notifíquese.

  2. Principal

    V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo 72/2021 promovido por ------, por su propio derecho. R E S U L T A N D O: Primero. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el once de agosto de dos mil veintiuno, ante la Sala Tribunal de Justicia del Estado de Morelos, quien posterior lo remitió al Tribunal Colegiado de Circuito, siendo recibido el veinticuatro del mismo mes y año, según sello fechador. Por auto de veintisiete de agosto de ese año, el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Octavo Circuito, se declaró legalmente incompetente, en razón de que el acto reclamado no constituye una sentencia definitiva, y ordenó remitirlo a la Oficina de Correspondencia Común, quien a su vez por razón de turno lo remitió al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, en el que la parte quejosa -----, solicitó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, contra un acto que atribuye a los Magistrados integrantes de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. Segundo. Admisión y trámite de la demanda Por auto de uno de septiembre de dos mil veintiuno, radicó el ocurso inicial bajo el número de expediente 1293/2021, admitió a trámite la demanda, solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo el veintinueve de octubre de dicha anualidad. Tercero. Remisión de autos para dictado de sentencia. Por auto de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, dicho órgano jurisdiccional en cumplimiento al oficio SECNO/STCCNO/668/2021, de ocho de diciembre del actual, signado por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos; y al Acuerdo 120/2021, envió aquel juicio y sus anexos a este juzgado de Distrito para el dictado de la sentencia correspondiente. Cuarto. En ese orden, tal asunto fue remitido a través de la mencionada Oficina de Correspondencia Común, y por acuerdo de veintidós de diciembre de este año, este juzgado federal radicó el mismo bajo el expediente 72/2021, se convalidaron las actuaciones efectuadas por el homólogo federal y se requirió a las partes para que expresaran si tienen conocimiento de algún impedimento que tuviera el suscrito, para dictar sentencia en el sumario en que se actúa, sin que se haya efectuado alguna manifestación al respecto; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 constitucionales, 107, 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, 48 y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo 03/2013 y 26/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que, se reclama un acto atribuido a una autoridad que reside dentro del ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74 fracción I , de la Ley de Amparo, se realiza la fijación del acto reclamado para así determinar con exactitud la intención de la parte quejosa, sin cambiar el alcance de su pretensión. Con base en lo anterior, se precisa que del estudio integral de la demanda de garantías y de las demás constancias de autos, se advierte que la parte quejosa reclama de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos:  La sentencia de nueve de julio de dos mil veintiuno, en la que declaró infundada la excepción de incompetencia por declinatoria, dictada dentro del toca civil ---, derivado del juicio ordinario civil sobre nulidad de contrato ----. Tercero. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto que se le atribuye en el presente sumario constitucional, remitiendo copia certificada del toca civil ---, derivado del juicio ordinario civil sobre nulidad de contrato ---, a las que se les da valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo por disposición de su propio artículo 2. Cobra aplicación, la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917 a 2000, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. " Cuarto. Causales de improcedencia. Previamente al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan, por ser ésta una cuestión de orden público y de examen preferente, de conformidad con lo dispuesto en la última parte del artículo 62 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación al caso, la jurisprudencia pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a página 553, Tomo VI, Segunda Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917 a 1995, de rubro: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO." En el caso no se actualiza causal de improcedencia alguna, pues no se advierte alguna de oficio, ni tampoco fueron planteadas por las partes, por lo cual, se procede al análisis del fondo del asunto. Quinto. Estudio de fondo. Se procede a realizar el estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, al tenor de los argumentos con los que el quejoso hace valer su único concepto de violación, mismo que no se transcribe por no ser necesario para el desarrollo y dictado de la presente resolución; además, porque tal cuestión no lo deja en estado de indefensión, al no privarlo del derecho de alegar lo que estime conveniente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. Sirve de apoyo la jurisprudencia número 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala del Alto Tribunal de la Nación, visible en la página 830, del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es el siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.". En el caso, la parte quejosa sostiene, en esencia, en los argumentos de su único motivo de descontento, que la responsable no analizó el fondo del asunto y derivado de ello, no calificó si era correcta o incorrecta la determinación del primigenio respecto a la excepción de incompetencia por cuantía, y que además existe una incongruencia; pues por un lado hace un estudio de la misma y por otro, se declara impedido para pronunciarse. Son infundados los argumentos defensivos vertidos en el único concepto de violación. Ahora bien, para una mejor comprensión del asunto conviene relatar los principales antecedentes, obtenidos del juicio natural. 1. Mediante escrito presentado el seis de agosto de dos mil veinte, ---- (terceros interesados), demandaron de ----- (quejoso), como prestaciones principales la nulidad de contrato de prestación de servicio para eventos sociales (banquete y recepción), del dos diciembre de dos diecinueve, y la devolución de la cantidad entregada como anticipo, cuyo conocimiento fue del Juzgado Segundo Menor en Materia Civil y Mercantil de Primera Instancia Demarcación Territorial del Estado, quien por auto de siete de agosto de dos mil veinte, lo registró el bajo el consecutivo ---; y, ordenó el emplazamiento del contrario (fojas 2 a 12, y 134 del anexo II). 2. El cuatro de noviembre de dos mil veinte, el demandado --- (quejoso), presentó dos escritos, como se detalle acto continuo: a) En el primero de ellos, reconvino a la actora al tenor de las siguientes prestaciones (foja 152 ídem): 1. El pago de la cantidad de $210,000 (doscientos diez mil pesos 00/100), como pena convencional en virtud de la cancelación por parte de los contratantes el día 26 de agosto de 2020, de conformidad con el párrafo segundo la cláusula novena del contrato base de la acción que se encuentra agregado y exhibido por los codemandados reconvencionales y los cuales hago míos para fundar mi pretensión. 2) El pago de gastos y costas judiciales que se ordenen con motivo del presente juicio toda vez que la parte actora en lo principal de manera ilegal ha puesto en movimiento a este H. Órgano Jurisdiccional, irrogándome gastos de representación jurídica para la defensa ante tribunales y posterior reconvención de las penas convencionales a que dieron origen. En dicho ocurso, también contestó la demanda en términos generales y negó las prestaciones reclamadas. Por cuanto hace al segundo escrito, el hoy quejoso opuso la excepción de incompetencia por declinatoria en razón de la cuantía bajo los siguientes argumentos: "el suscrito considera que este H. juzgado es incompetente para conocer del presente asunto en razón de la cuantía, pues derivado de la pretensión inicial de la parte actora en la cual solicita la declaración de nulidad del contrato de prestación de servicios para eventos sociales de fecha dos de diciembre de dos mil diecinueve, dicha pretensión atenta contra la totalidad de dicho contrato y ante tales circunstancias atenta de manera específica contra el monto pactado por ambas partes pues dicha cantidad corresponde a un valor general de $300,000,00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), por lo tanto, este H. Juzgado excede por cuanto al tope máximo de la cuantía de los asuntos autorizados para conocer de conformidad con el artículo 75 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que a la letra se inserta. .Por lo que de la multiplicación aritmética de mil doscientas Unidades de Medida y Actualización cuyo valor al día de hoy es por la cantidad de 86.88 nos arroja la cantidad máxima por la que este H. Juzgado puede pronunciarse de $104,256.00 (CIENTO CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS), en tales circunstancias y ante la pretensión de los actores se establece que este H. Juzgado no puede nulificar un contrato cuyo valor excede de sus facultades, pues las pretensiones de la parte actora son incongruentes e inconexas pues por una parte solicita la nulidad de la totalidad del contrato y por otra solicita la devolución de sus anticipos. Sin embargo, tal y como sucede al caso concreto es mi deseo presentar reconvención en contra de las acciones intentadas en mi perjuicio, en específico es mi deseo solicitar que el juzgado competente se pronuncie y condene a los demandantes al pago de la cantidad de $210,000.00 (doscientos diez mil pesos 00/100 M.N.) por concepto de pena convencional establecido en el párrafo segundo de la cláusula novena, toda vez que la fecha de cancelación del evento se encuentra contenida en dicha hipótesis y por tanto la misma irroga perjuicio además de que ambas partes acordamos que en caso de cancelación por parte del contratante, yo el prestador de servicios tendría derecho a recibir el 100% del precio total pactado para la celebración de la boda. En tales consideraciones, es evidente que por un lado este H. Juzgado que usted dignamente representa se encuentra imposibilitado para nulificar un contrato cuyo valor total es por la cantidad de $300,000 M.N. (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) pues aún y cuando la parte actora en su segunda pretensión solo requiere la devolución de los anticipos esta cantidad solo corresponde a una parte del precio, y no así al total del precio pactado." (fojas 156 a 168 del anexo II). Mediante proveído de siete de diciembre de dos mil veinte (fojas 175 y 176 ídem), el A quo respecto al primer escrito mención registrado bajo el folio 4-- signado por el hoy quejoso, de su contenido advirtió que éste promovió la reconvención contra la parte actora y en virtud de que interpuso la excepción de incompetencia, ordenó reservar la misma hasta ente tanto se resolviera tal excepción. Respecto al diverso escrito identificado con el folio 4---9, el resolutor natural visto a su contenido se tuvo en tiempo y forma dando contestación a la demanda natural, por hechas las manifestaciones y por opuestas sus defensas y excepciones, las que tomaría en cuenta en su momento procesal oportuno. En el mismo auto de siete de diciembre de dos mil veinte, el Juez primigenio ordenó que se remitiera copias certificadas del expediente natural, así como de las documentales originales resguardadas en dicho juzgado, para que la superioridad con fundamento en el ordinal 42 del Código Procesal Civil resolviera tal excepción; y finalmente, requirió a la demandada para el efecto de que designara abogado patrono en segunda instancia. En sentencia de nueve de julio de dos mil veintiuno (fojas 19 a 28 del anexo I), la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, resolvió la excepción de incompetencia por declinatoria en razón de la cuantía, la cual calificó de infundada. Ahora bien, contrario a lo aseverado por la parte quejosa, se estima que la sentencia reclamada sí se encuentra ajustada a derecho. Ello es así, puesto que de la lectura integral al fallo controvertido, se advierte que la Sala del conocimiento para resolver la excepción de incompetencia planteada, estableció que de conformidad con el artículo 23 del Código Procesal Civil del Estado de Morelos, la competencia de los tribunales se determinará por la materia, la cuantía, el grado y el territorio. En ese sentido, estableció la Ad quem que la competencia por cuantía se determina de conformidad con los numerales 31 del Código Procesal Civil del Estado de Morelos, en relación con el artículo 75 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos. Dijo la responsable que en el caso concreto, la parte actora reclamó como prestaciones a) la nulidad del contrato de prestación de servicios para eventos sociales (boda, banquete y recepción), de dos de diciembre de dos mil diecinueve, evento a realizarse el doce de diciembre de dos mil veinte, celebrado entre el demandado ---- y los actores; y b) la devolución de la cantidad de $90,000 (noventa mil pesos moneda nacional 00/100), cantidad que le fue entregada y transferida al demandado en concepto de 30% (treinta por ciento) de anticipo de la cantidad pactada. Continuó diciendo la Sala del conocimiento que, el artículo 22 del Código Procesal Civil en el Estado de Morelos, establece que las acciones principales son todas las pretensiones, excepto las accesorias o incidentales. Con base en ello, dicha autoridad resolutora puntualizó que en el caso son dos pretensiones principales, las señaladas en los incisos a) y b), y las diversas son accesorias atendiendo al numeral predicho. En ese sentido, estableció la autoridad responsable que, para conocer si un asunto es de cuantía determinada o indeterminada ha de atenderse al ámbito objeto sobre el que versará el proceso en concreto, esto es la causa de pedir. Agregó el Ad quem que la llamada acción declarativa, como en el caso, lo es la pretensión de nulidad, atendiendo al numeral 226 del Código Procesal Civil en el Estado de Morelos, misma que tiene como finalidad dar certeza jurídica a un estado de cosas, a una situación jurídica indefinida o no reconocida y terminar con el estado de incertidumbre jurídica en que se encuentra el demandante; su fin último no consiste en el pago de cantidad monetaria, sino en dar seguridad jurídica al enjuiciante sobre la existencia, eficacia, interpretación, etcétera, de un derecho o de una relación jurídica. Atendiendo a lo expuesto, dicha autoridad apreció que la prestación identificada con el inciso a), es de cuantía indeterminada al ser una acción declarativa virtud a que se reclamó la nulidad, por lo tanto, concluyó aquélla que no era dable tomar como base el monto total del contrato de prestación de servicios de dos de diciembre de dos mil nueve, que en su cláusula cuarta establecía que el banquete contratado para dicho evento sería por la cantidad total de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 moneda nacional), lo anterior, porque no se exigía el cumplimiento del mismo o incluso el pago de la cantidad mencionada, sino que se reclamó la nulidad del documento base de la acción mencionada. Explicó la Sala resolutora que, para determinar la competencia por cuantía, únicamente se toma en cuenta el valor de lo reclamado en la suerte principal, esto es, lo relativo al inciso b), es decir, la cantidad de $90,000.00 (noventa mil pesos 00/100 moneda nacional), toda vez que la prestación marcada con el inciso a), es de cuantía indeterminada. En tal sentido enfatizó la responsable, que toda vez que el juzgado menor conoce de los procedimientos cuya cuantía no exceda de mil doscientas veces el salario diario de la Unidad de Medida y Actualización para el efecto de verificar la competencia, al realizar la operación aritmética de multiplicar mil doscientas veces por la cantidad de $86.88 (ochenta y seis pesos 88/100 moneda nacional), que corresponde al valor en pesos diario de la Unidad de Medida y Actualización para el año dos mil veinte, data en la que se interpuso la demanda, arrojó la cantidad de $104,256.00 (ciento cuatro mil pesos doscientos cincuenta y seis pesos 00/100 moneda nacional), siendo esta la cantidad del monto máximo para el cual los juzgados menores son competentes para conocer por razón de cuantía. En razón de lo anterior, dicha autoridad responsable derivado del que el monto reclamado en el inciso b) no excede de mil doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, estimó que el Juez menor del conocimiento primario era el competente para conocer de ese asunto. Hasta lo aquí expuesto, se concluye que lo determinado por la Sala sí está ajustado a derecho, además, debe precisarse que el impetrante de garantías fue omiso en controvertir frontalmente las anteriores consideraciones que sostuvo la Sala responsable por lo que hizo a las consideraciones del fallo cuestionado por lo que hizo a la cuantía de la acción principal, por tanto, las mismas deben quedar firmes e intocadas en su totalidad. En otro orden, la Sala con base en el cardinal 36 del Código Procesal Civil, estableció que la parte demandada, hoy quejoso, mediante escrito de cuatro de noviembre de dos mil veinte, interpuso reconvención contra los actores reclamando entre otras prestaciones, el pago de la cantidad de $210,000.00 (dos cientos diez mil pesos 00/100 moneda nacional), como pena convencional, en virtud de la cancelación por parte de los contratantes el veintiséis de agosto de dos mi veinte, ello de conformidad con la cláusula novena del contrato base de la acción, empero; sin calificar de correcta o incorrecta la determinación del juez menor al estar reservada dicha reconvención hasta en tanto se resolviera la excepción hecha valer por la demandada, y que era materia de la resolución aquí reclamada, manifestó dicho cuerpo colegiado encontrarse impedido para pronunciarse al respecto. Tal consideración, como se anticipó se ajusta a derecho, ya que la Sala responsable resolvió el asunto sometido a su consideración en forma correcta, dado que hasta el momento en que se dictó la sentencia hoy reclamada (nueve de julio de dos mil veintiuno), no estaba integrada la litis natural por lo que hace a la acción reconvencional planteada, precisamente al haber quedado reservada su admisión, debido a la cuestión de competencia propuesta. De ese modo, adverso a lo expuesto por la parte quejosa, la Sala no estaba obligada a tomar en cuenta los montos de la demanda reconvencional, sino únicamente el monto de la demanda principal, como aconteció en la especie, ya que de manera apegada a la ley la autoridad responsable sostuvo el impedimento que tuvo para pronunciarse sobre la excepción de incompetencia por lo que hizo a la reconvención, pues ello es acertado, bajo la idea central de que el A quo mandó a reservar la misma, pues de actuar en la forma pretendida por el solicitante de la protección federal, sería antijuridico conceder el amparo peticionado, para el efecto de que la responsable se pronuncie en cuanto a un aspecto ajeno a su litis, que era resolver la cuestión de competencia opuesta por lo que hizo a la demanda principal, empero, de suyo no pudo determinar lo atinente a la competencia reconvencional por tratarse de una cuestión respecto de la cual no existe pronunciamiento por el juzgador de primer grado; sin que lo antes expuesto impida a dicho juzgador primigenio a que, al quedar expedita su jurisdicción aun de manera oficiosa pueda realizar pronunciamiento en cuanto a la competencia por cuantía derivada de la acción respecto de la cual no se pronunció. En este orden de ideas, ante lo ajustado a la ley del fallo reclamado, lo que procede es negar el amparo y la protección de la justicia federal impetrados. Por lo expuesto y fundado; se R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara, ni protege a -----, en contra del acto y autoridad, que precisados quedaron el considerando segundo de la presente resolución, y por los razonamientos del considerando quinto de este fallo. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    AVISO.- En términos del artículo 27, fracción I, inciso b) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a NOTIFICAR por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte TERCERO INTERESADA: YOAN VELLI CHÁVEZ Y MARIANA VIDALES SIERRA, el auto y/o resolución de VEINTICUATRO DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, que en lo conducente establece: V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo 72/2021 promovido por ------, por su propio derecho. R E S U L T A N D O: Primero. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el once de agosto de dos mil veintiuno, ante la Sala Tribunal de Justicia del Estado de Morelos, quien posterior lo remitió al Tribunal Colegiado de Circuito, siendo recibido el veinticuatro del mismo mes y año, según sello fechador. Por auto de veintisiete de agosto de ese año, el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Octavo Circuito, se declaró legalmente incompetente, en razón de que el acto reclamado no constituye una sentencia definitiva, y ordenó remitirlo a la Oficina de Correspondencia Común, quien a su vez por razón de turno lo remitió al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, en el que la parte quejosa -----, solicitó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, contra un acto que atribuye a los Magistrados integrantes de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. Segundo. Admisión y trámite de la demanda Por auto de uno de septiembre de dos mil veintiuno, radicó el ocurso inicial bajo el número de expediente 1293/2021, admitió a trámite la demanda, solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo el veintinueve de octubre de dicha anualidad. Tercero. Remisión de autos para dictado de sentencia. Por auto de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, dicho órgano jurisdiccional en cumplimiento al oficio SECNO/STCCNO/668/2021, de ocho de diciembre del actual, signado por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos; y al Acuerdo 120/2021, envió aquel juicio y sus anexos a este juzgado de Distrito para el dictado de la sentencia correspondiente. Cuarto. En ese orden, tal asunto fue remitido a través de la mencionada Oficina de Correspondencia Común, y por acuerdo de veintidós de diciembre de este año, este juzgado federal radicó el mismo bajo el expediente 72/2021, se convalidaron las actuaciones efectuadas por el homólogo federal y se requirió a las partes para que expresaran si tienen conocimiento de algún impedimento que tuviera el suscrito, para dictar sentencia en el sumario en que se actúa, sin que se haya efectuado alguna manifestación al respecto; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 constitucionales, 107, 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, 48 y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo 03/2013 y 26/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que, se reclama un acto atribuido a una autoridad que reside dentro del ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74 fracción I , de la Ley de Amparo, se realiza la fijación del acto reclamado para así determinar con exactitud la intención de la parte quejosa, sin cambiar el alcance de su pretensión. Con base en lo anterior, se precisa que del estudio integral de la demanda de garantías y de las demás constancias de autos, se advierte que la parte quejosa reclama de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos:  La sentencia de nueve de julio de dos mil veintiuno, en la que declaró infundada la excepción de incompetencia por declinatoria, dictada dentro del toca civil ---, derivado del juicio ordinario civil sobre nulidad de contrato ----. Tercero. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto que se le atribuye en el presente sumario constitucional, remitiendo copia certificada del toca civil ---, derivado del juicio ordinario civil sobre nulidad de contrato ---, a las que se les da valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo por disposición de su propio artículo 2. Cobra aplicación, la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917 a 2000, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. " Cuarto. Causales de improcedencia. Previamente al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan, por ser ésta una cuestión de orden público y de examen preferente, de conformidad con lo dispuesto en la última parte del artículo 62 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación al caso, la jurisprudencia pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a página 553, Tomo VI, Segunda Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917 a 1995, de rubro: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO." En el caso no se actualiza causal de improcedencia alguna, pues no se advierte alguna de oficio, ni tampoco fueron planteadas por las partes, por lo cual, se procede al análisis del fondo del asunto. Quinto. Estudio de fondo. Se procede a realizar el estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, al tenor de los argumentos con los que el quejoso hace valer su único concepto de violación, mismo que no se transcribe por no ser necesario para el desarrollo y dictado de la presente resolución; además, porque tal cuestión no lo deja en estado de indefensión, al no privarlo del derecho de alegar lo que estime conveniente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. Sirve de apoyo la jurisprudencia número 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala del Alto Tribunal de la Nación, visible en la página 830, del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es el siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.". En el caso, la parte quejosa sostiene, en esencia, en los argumentos de su único motivo de descontento, que la responsable no analizó el fondo del asunto y derivado de ello, no calificó si era correcta o incorrecta la determinación del primigenio respecto a la excepción de incompetencia por cuantía, y que además existe una incongruencia; pues por un lado hace un estudio de la misma y por otro, se declara impedido para pronunciarse. Son infundados los argumentos defensivos vertidos en el único concepto de violación. Ahora bien, para una mejor comprensión del asunto conviene relatar los principales antecedentes, obtenidos del juicio natural. 1. Mediante escrito presentado el seis de agosto de dos mil veinte, ---- (terceros interesados), demandaron de ----- (quejoso), como prestaciones principales la nulidad de contrato de prestación de servicio para eventos sociales (banquete y recepción), del dos diciembre de dos diecinueve, y la devolución de la cantidad entregada como anticipo, cuyo conocimiento fue del Juzgado Segundo Menor en Materia Civil y Mercantil de Primera Instancia Demarcación Territorial del Estado, quien por auto de siete de agosto de dos mil veinte, lo registró el bajo el consecutivo ---; y, ordenó el emplazamiento del contrario (fojas 2 a 12, y 134 del anexo II). 2. El cuatro de noviembre de dos mil veinte, el demandado --- (quejoso), presentó dos escritos, como se detalle acto continuo: a) En el primero de ellos, reconvino a la actora al tenor de las siguientes prestaciones (foja 152 ídem): 1. El pago de la cantidad de $210,000 (doscientos diez mil pesos 00/100), como pena convencional en virtud de la cancelación por parte de los contratantes el día 26 de agosto de 2020, de conformidad con el párrafo segundo la cláusula novena del contrato base de la acción que se encuentra agregado y exhibido por los codemandados reconvencionales y los cuales hago míos para fundar mi pretensión. 2) El pago de gastos y costas judiciales que se ordenen con motivo del presente juicio toda vez que la parte actora en lo principal de manera ilegal ha puesto en movimiento a este H. Órgano Jurisdiccional, irrogándome gastos de representación jurídica para la defensa ante tribunales y posterior reconvención de las penas convencionales a que dieron origen. En dicho ocurso, también contestó la demanda en términos generales y negó las prestaciones reclamadas. Por cuanto hace al segundo escrito, el hoy quejoso opuso la excepción de incompetencia por declinatoria en razón de la cuantía bajo los siguientes argumentos: "el suscrito considera que este H. juzgado es incompetente para conocer del presente asunto en razón de la cuantía, pues derivado de la pretensión inicial de la parte actora en la cual solicita la declaración de nulidad del contrato de prestación de servicios para eventos sociales de fecha dos de diciembre de dos mil diecinueve, dicha pretensión atenta contra la totalidad de dicho contrato y ante tales circunstancias atenta de manera específica contra el monto pactado por ambas partes pues dicha cantidad corresponde a un valor general de $300,000,00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), por lo tanto, este H. Juzgado excede por cuanto al tope máximo de la cuantía de los asuntos autorizados para conocer de conformidad con el artículo 75 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que a la letra se inserta. .Por lo que de la multiplicación aritmética de mil doscientas Unidades de Medida y Actualización cuyo valor al día de hoy es por la cantidad de 86.88 nos arroja la cantidad máxima por la que este H. Juzgado puede pronunciarse de $104,256.00 (CIENTO CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS), en tales circunstancias y ante la pretensión de los actores se establece que este H. Juzgado no puede nulificar un contrato cuyo valor excede de sus facultades, pues las pretensiones de la parte actora son incongruentes e inconexas pues por una parte solicita la nulidad de la totalidad del contrato y por otra solicita la devolución de sus anticipos. Sin embargo, tal y como sucede al caso concreto es mi deseo presentar reconvención en contra de las acciones intentadas en mi perjuicio, en específico es mi deseo solicitar que el juzgado competente se pronuncie y condene a los demandantes al pago de la cantidad de $210,000.00 (doscientos diez mil pesos 00/100 M.N.) por concepto de pena convencional establecido en el párrafo segundo de la cláusula novena, toda vez que la fecha de cancelación del evento se encuentra contenida en dicha hipótesis y por tanto la misma irroga perjuicio además de que ambas partes acordamos que en caso de cancelación por parte del contratante, yo el prestador de servicios tendría derecho a recibir el 100% del precio total pactado para la celebración de la boda. En tales consideraciones, es evidente que por un lado este H. Juzgado que usted dignamente representa se encuentra imposibilitado para nulificar un contrato cuyo valor total es por la cantidad de $300,000 M.N. (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) pues aún y cuando la parte actora en su segunda pretensión solo requiere la devolución de los anticipos esta cantidad solo corresponde a una parte del precio, y no así al total del precio pactado." (fojas 156 a 168 del anexo II). Mediante proveído de siete de diciembre de dos mil veinte (fojas 175 y 176 ídem), el A quo respecto al primer escrito mención registrado bajo el folio 4-- signado por el hoy quejoso, de su contenido advirtió que éste promovió la reconvención contra la parte actora y en virtud de que interpuso la excepción de incompetencia, ordenó reservar la misma hasta ente tanto se resolviera tal excepción. Respecto al diverso escrito identificado con el folio 4---9, el resolutor natural visto a su contenido se tuvo en tiempo y forma dando contestación a la demanda natural, por hechas las manifestaciones y por opuestas sus defensas y excepciones, las que tomaría en cuenta en su momento procesal oportuno. En el mismo auto de siete de diciembre de dos mil veinte, el Juez primigenio ordenó que se remitiera copias certificadas del expediente natural, así como de las documentales originales resguardadas en dicho juzgado, para que la superioridad con fundamento en el ordinal 42 del Código Procesal Civil resolviera tal excepción; y finalmente, requirió a la demandada para el efecto de que designara abogado patrono en segunda instancia. En sentencia de nueve de julio de dos mil veintiuno (fojas 19 a 28 del anexo I), la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, resolvió la excepción de incompetencia por declinatoria en razón de la cuantía, la cual calificó de infundada. Ahora bien, contrario a lo aseverado por la parte quejosa, se estima que la sentencia reclamada sí se encuentra ajustada a derecho. Ello es así, puesto que de la lectura integral al fallo controvertido, se advierte que la Sala del conocimiento para resolver la excepción de incompetencia planteada, estableció que de conformidad con el artículo 23 del Código Procesal Civil del Estado de Morelos, la competencia de los tribunales se determinará por la materia, la cuantía, el grado y el territorio. En ese sentido, estableció la Ad quem que la competencia por cuantía se determina de conformidad con los numerales 31 del Código Procesal Civil del Estado de Morelos, en relación con el artículo 75 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos. Dijo la responsable que en el caso concreto, la parte actora reclamó como prestaciones a) la nulidad del contrato de prestación de servicios para eventos sociales (boda, banquete y recepción), de dos de diciembre de dos mil diecinueve, evento a realizarse el doce de diciembre de dos mil veinte, celebrado entre el demandado ---- y los actores; y b) la devolución de la cantidad de $90,000 (noventa mil pesos moneda nacional 00/100), cantidad que le fue entregada y transferida al demandado en concepto de 30% (treinta por ciento) de anticipo de la cantidad pactada. Continuó diciendo la Sala del conocimiento que, el artículo 22 del Código Procesal Civil en el Estado de Morelos, establece que las acciones principales son todas las pretensiones, excepto las accesorias o incidentales. Con base en ello, dicha autoridad resolutora puntualizó que en el caso son dos pretensiones principales, las señaladas en los incisos a) y b), y las diversas son accesorias atendiendo al numeral predicho. En ese sentido, estableció la autoridad responsable que, para conocer si un asunto es de cuantía determinada o indeterminada ha de atenderse al ámbito objeto sobre el que versará el proceso en concreto, esto es la causa de pedir. Agregó el Ad quem que la llamada acción declarativa, como en el caso, lo es la pretensión de nulidad, atendiendo al numeral 226 del Código Procesal Civil en el Estado de Morelos, misma que tiene como finalidad dar certeza jurídica a un estado de cosas, a una situación jurídica indefinida o no reconocida y terminar con el estado de incertidumbre jurídica en que se encuentra el demandante; su fin último no consiste en el pago de cantidad monetaria, sino en dar seguridad jurídica al enjuiciante sobre la existencia, eficacia, interpretación, etcétera, de un derecho o de una relación jurídica. Atendiendo a lo expuesto, dicha autoridad apreció que la prestación identificada con el inciso a), es de cuantía indeterminada al ser una acción declarativa virtud a que se reclamó la nulidad, por lo tanto, concluyó aquélla que no era dable tomar como base el monto total del contrato de prestación de servicios de dos de diciembre de dos mil nueve, que en su cláusula cuarta establecía que el banquete contratado para dicho evento sería por la cantidad total de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 moneda nacional), lo anterior, porque no se exigía el cumplimiento del mismo o incluso el pago de la cantidad mencionada, sino que se reclamó la nulidad del documento base de la acción mencionada. Explicó la Sala resolutora que, para determinar la competencia por cuantía, únicamente se toma en cuenta el valor de lo reclamado en la suerte principal, esto es, lo relativo al inciso b), es decir, la cantidad de $90,000.00 (noventa mil pesos 00/100 moneda nacional), toda vez que la prestación marcada con el inciso a), es de cuantía indeterminada. En tal sentido enfatizó la responsable, que toda vez que el juzgado menor conoce de los procedimientos cuya cuantía no exceda de mil doscientas veces el salario diario de la Unidad de Medida y Actualización para el efecto de verificar la competencia, al realizar la operación aritmética de multiplicar mil doscientas veces por la cantidad de $86.88 (ochenta y seis pesos 88/100 moneda nacional), que corresponde al valor en pesos diario de la Unidad de Medida y Actualización para el año dos mil veinte, data en la que se interpuso la demanda, arrojó la cantidad de $104,256.00 (ciento cuatro mil pesos doscientos cincuenta y seis pesos 00/100 moneda nacional), siendo esta la cantidad del monto máximo para el cual los juzgados menores son competentes para conocer por razón de cuantía. En razón de lo anterior, dicha autoridad responsable derivado del que el monto reclamado en el inciso b) no excede de mil doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, estimó que el Juez menor del conocimiento primario era el competente para conocer de ese asunto. Hasta lo aquí expuesto, se concluye que lo determinado por la Sala sí está ajustado a derecho, además, debe precisarse que el impetrante de garantías fue omiso en controvertir frontalmente las anteriores consideraciones que sostuvo la Sala responsable por lo que hizo a las consideraciones del fallo cuestionado por lo que hizo a la cuantía de la acción principal, por tanto, las mismas deben quedar firmes e intocadas en su totalidad. En otro orden, la Sala con base en el cardinal 36 del Código Procesal Civil, estableció que la parte demandada, hoy quejoso, mediante escrito de cuatro de noviembre de dos mil veinte, interpuso reconvención contra los actores reclamando entre otras prestaciones, el pago de la cantidad de $210,000.00 (dos cientos diez mil pesos 00/100 moneda nacional), como pena convencional, en virtud de la cancelación por parte de los contratantes el veintiséis de agosto de dos mi veinte, ello de conformidad con la cláusula novena del contrato base de la acción, empero; sin calificar de correcta o incorrecta la determinación del juez menor al estar reservada dicha reconvención hasta en tanto se resolviera la excepción hecha valer por la demandada, y que era materia de la resolución aquí reclamada, manifestó dicho cuerpo colegiado encontrarse impedido para pronunciarse al respecto. Tal consideración, como se anticipó se ajusta a derecho, ya que la Sala responsable resolvió el asunto sometido a su consideración en forma correcta, dado que hasta el momento en que se dictó la sentencia hoy reclamada (nueve de julio de dos mil veintiuno), no estaba integrada la litis natural por lo que hace a la acción reconvencional planteada, precisamente al haber quedado reservada su admisión, debido a la cuestión de competencia propuesta. De ese modo, adverso a lo expuesto por la parte quejosa, la Sala no estaba obligada a tomar en cuenta los montos de la demanda reconvencional, sino únicamente el monto de la demanda principal, como aconteció en la especie, ya que de manera apegada a la ley la autoridad responsable sostuvo el impedimento que tuvo para pronunciarse sobre la excepción de incompetencia por lo que hizo a la reconvención, pues ello es acertado, bajo la idea central de que el A quo mandó a reservar la misma, pues de actuar en la forma pretendida por el solicitante de la protección federal, sería antijuridico conceder el amparo peticionado, para el efecto de que la responsable se pronuncie en cuanto a un aspecto ajeno a su litis, que era resolver la cuestión de competencia opuesta por lo que hizo a la demanda principal, empero, de suyo no pudo determinar lo atinente a la competencia reconvencional por tratarse de una cuestión respecto de la cual no existe pronunciamiento por el juzgador de primer grado; sin que lo antes expuesto impida a dicho juzgador primigenio a que, al quedar expedita su jurisdicción aun de manera oficiosa pueda realizar pronunciamiento en cuanto a la competencia por cuantía derivada de la acción respecto de la cual no se pronunció. En este orden de ideas, ante lo ajustado a la ley del fallo reclamado, lo que procede es negar el amparo y la protección de la justicia federal impetrados. Por lo expuesto y fundado; se R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara, ni protege a -----, en contra del acto y autoridad, que precisados quedaron el considerando segundo de la presente resolución, y por los razonamientos del considerando quinto de este fallo. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    AVISO.- En términos del artículo 27, fracción I, inciso b) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a NOTIFICAR por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte TERCERO INTERESADA: YOAN VELLI CHÁVEZ RUEDA Y MARIANA VIDALES SIERRA, el auto y/o resolución de VEINTIDÓS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, que en lo conducente establece: Cuernavaca, Morelos, veintidós de diciembre de dos mil veintiuno. Recepción juicio de amparo con audiencia celebrada. Téngase por recibido el oficio firmado por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, por medio del cual, en atención al Punto de Acuerdo 120/2021 relativo a las Medidas de equilibrio de asuntos en los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con motivo del inicio de funciones del Juzgado Décimo de Distrito en esa sede, de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, firmado por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, remite el juicio de amparo ********************de su estadística y seis anexos, promovido por ********************contra actos de la Tercera sala del Primer Circuito Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, sumario dentro del cual la audiencia constitucional fue celebrada a las diez horas con nueve minutos del veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. Acuse de recibo. Acúsese el recibo de estilo correspondiente al órgano oficiante. Radicación del juicio. Regístrese en el libro de gobierno con el número 72/2021, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por el punto segundo del Acuerdo General 28/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, antepóngase la carátula correspondiente al sumario principal y a los anexos e intégrese el expediente electrónico respectivo, el cual deberá coincidir cabalmente con el sumario físico que se recibe. Homologación de actuaciones. En tal virtud, acorde con lo dispuesto en el Punto de Acuerdo 120/2021 relativo a las Medidas de equilibrio de asuntos en los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con motivo del inicio de funciones del Juzgado Décimo de Distrito en esa sede, de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, firmado por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento de este juicio de amparo y continúa con su tramitación, a efectos de su resolución, validándose las actuaciones practicadas por el juzgado oficiante, para todos los efectos legales a que haya lugar. Resolución del juicio de amparo. Bajo esa tesitura, se hace del conocimiento de las partes que esta sede federal, resolverá el presente juicio de amparo; así, con el propósito de evitar posibles nulidades, irregularidades o, en su caso, incurrir en alguna responsabilidad, con fundamento en el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, a la ley de la materia, se requiere a las partes para que en un término común de tres días, expresen si tienen conocimiento de algún impedimento que tenga el titular de este órgano, Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, para dictar sentencia en el sumario en que se actúa, acorde con lo estatuido en el numeral 51 de la Ley de Amparo, en el entendido de que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo otorgado, sin ulterior acuerdo, se procederá a turnar los autos para el dictado de la sentencia correspondiente. Por otra parte, con independencia de que se radique el juicio de amparo de mérito, una vez que se avoque al estudio de la sentencia, se verificará que el asunto remitido cumpla los supuestos que establece el punto de acuerdo 120/2021, emitido Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la "Medida de equilibro de asuntos en los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con motivo del inicio de funciones del Juzgado Décimo de Distrito en esa sede." Comunicación a la responsable. De igual manera, gírese el oficio correspondiente a la autoridad responsable a fin de informarle que este Juzgado Décimo de Distrito a partir de este momento se avoca al conocimiento del sumario en que se actúa, a efectos de su resolución, de ahí que, en lo subsecuente, sus oficios o promociones deberán dirigirlos a este órgano jurisdiccional. Transparencia y acceso a la información pública. Con fundamento en los artículos 1 al 23; 113; 68, fracción I y 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, se comunica a las partes que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona; en la inteligencia que de existir alguna oposición, este órgano jurisdiccional como sujeto obligado realizará el trámite respectivo para determinar si dicha oposición puede surtir efectos y se omitirá la publicación de los datos personales en las listas de notificación que se publiquen. Asimismo, se hace del conocimiento a las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo del año antes citado, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Consulta del expediente vía internet. Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx en el apartado "SERVICIOS", elegir la liga "CONSULTA DE EXPEDIENTES", a continuación elegir el 18º Circuito-Morelos; seleccionar el Órgano Jurisdiccional "Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos" y, finalmente, ingresar el número de expediente. Adicionalmente, se les informa que pueden consultar las actuaciones judiciales vía electrónica a través de la página del Consejo de la Judicatura Federal, sin tener que acudir al órgano jurisdiccional, únicamente necesitan un nombre de usuario. Para obtener el nombre de usuario, deben realizar lo siguiente: Registrarse en el sitio de internet https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ y seguir estos pasos: 1. Llenar el formulario, proporcionar nombre completo, domicilio, correo electrónico y contraseña preferida. 2. Revisar su correo electrónico y confirmar el registro dando click al enlace que aparecerá en el mensaje. 3. Imprimir la solicitud para consultar el expediente electrónico. 4. Presentar la solicitud ante el órgano jurisdiccional federal que conozca del expediente de amparo y esperar que la solicitud se acuerde favorablemente. 5. Hecho lo anterior, el usuario estará listo para utilizar el portal de Consulta de Expediente Electrónico en línea del Consejo de la Judicatura Federal. Actuación electrónica como eje rector en la tramitación de expedientes. En ese sentido, se exhorta a las partes dentro del presente asunto para que, de ser posible y tomando en consideración la contingencia sanitaria, transiten a la tramitación de su asunto mediante el esquema de "juicio en línea", consultable en el portal del propio Consejo de la Judicatura Federal https://www.cjf.gob.mx/, esto para que en lugar de presentar promociones en forma física o por escrito, lo hagan electrónicamente desde el Portal de Servicios en Línea, mediante el uso de la firma electrónica que comprende la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL" y a la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), proporcionando el nombre del usuario. En la inteligencia que, quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Horario presencial de labores. Ahora bien, se informa a las partes dentro del presente juicio que, para el caso del personal adscrito a este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, la jornada laboral presencial se desempeña dentro de un horario matutino, a saber, de 8:30 a 14:30. Términos para la consulta de expedientes físicamente y Modelo de atención presencial basado en citas. De la misma forma, se comunica a las partes que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, a partir del tres de agosto del año en curso, se encuentra disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables tienen a su disposición los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, así como las listas para sesión y de acuerdos. Adicionalmente, en dicho micrositio se encuentra a su disposición el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional con la finalidad de que puedan generar citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. La generación de citas es un proceso automatizado que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un código QR que, a su vez, permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional. El código de mérito podrá presentarse electrónicamente en un dispositivo móvil o podrá llevarse impreso. Para el caso de juzgados de Distrito las citas serán generadas dos cada media hora, durarán un máximo de veinticinco minutos cuando fueron solicitadas por las partes y tanto se estima necesario cuando fueron agendas por el órgano. Condiciones para el desahogo de notificaciones personales. Toda notificación de carácter personal que deba llevarse a cabo en lo subsecuente, deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Publicaciones en el portal electrónico. Por otra parte, dado que no se permite la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, los órganos jurisdiccionales remiten por correo electrónico a las administraciones de los edificios las listas a publicar, para que estos las coloquen en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita. Domicilio procesal. En otro aspecto, con base en el arábigo 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de amparo, en la inteligencia que de ser incierto o inexacto, sin ulterior acuerdo se le notificará por lista las subsecuentes, aún las de carácter personal, lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Autorizado con facultades amplias. En atención a lo dispuesto por el artículo 12 párrafo primero del cuerpo normativo en cita, se tiene por autorizado con facultades amplios a ********************, en razón de que se trata de un asunto en materia civil y acredita tener registrada sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que se refieren los artículos 261 al 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reglamenta la Organización y Funcionamiento del propio Consejo, no así a ********************, en virtud de que no colma el extremo en cita, a quien únicamente se les autoriza para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Autorizados con facultades restringidas. Además, conforme a lo estatuido en el segundo párrafo del numeral 12 de la legislación de la materia, en relación con el párrafo segundo del diverso numeral 24 del cuerpo normativo en cita, se tienen por autorizados en términos restringidos, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a las diversas personas que señala con tales facultades, por así haberlo solicitado expresamente. Habilitación de días y horas inhábiles. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, que deriva en la obligación de cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de garantía constitucional. Comunicación entre órganos jurisdiccionales federales e instituciones públicas con las cuales el Consejo de la Judicatura Federal haya suscrito convenios de interconexión. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto en los artículos 1 y 8 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, se instruye a los actuarios de la adscripción para que, por regla general, remitan los oficios que se libren dentro del presente asunto a Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito, Centros de Justicia Penal Federal e Instituciones Públicas con las cuales el Consejo de la Judicatura Federal haya suscrito convenios de interconexión vía electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (en uso del canal de interconexión), esto es, se optará por la remisión física de los memoriales, únicamente y por excepción, en casos estrictamente necesarios, es decir, cuando se requiera forzosamente el envío de constancias originales, voluminosas o de expedientes. Notifíquese; y personalmente a las partes.

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