Ricardo Onofre Vázquez

Expediente 766/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en el Rincón, Municipio de Tepic. 12 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
766/2020
Año
2020
Actuaciones
12
Última actuación
27/05/2021

Partes del expediente

  • Ricardo Onofre Vázquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Incidental

    ...El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se advierte que en el juicio principal de donde deriva el presente incidente de suspensión, el veintiséis de abril de dos mil veintiuno, se dictó la sentencia correspondiente, en la que se sobreseyó respecto a los actos reclamados a las autoridades responsables, misma que al no haber sido recurrida por las partes, causó ejecutoria el día de hoy veintisiete de mayo del año en curso. En ese sentido, dado que se encuentra pendiente de ser resuelto el recurso de revisión interpuesto en contra de la resolución incidental de quince de octubre de dos mil veinte, del cual conoce el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en Tepic, Nayarit, registrado con el número 107/2021 de su estadística, remítanse copias certificadas de la sentencia a que se ha hecho referencia, así como del auto en el que causó ejecutoria, a fin de que esté en condiciones de proveer lo que estime pertinente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante Roberto Díaz Villarreal, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    ......El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, a veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término que el artículo 86 de la Ley de Amparo, concede a las partes para interponer el recurso de revisión contra de la sentencia que la que se sobreseyó el juicio de garantías en que se actúa, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2o., de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En consecuencia, nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido. Ahora bien, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, específicamente en lo relativo al capítulo octavo de octavo de expedientes destruibles, artículo 21, inciso a), se establece que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en razón de que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. Se requiere a las partes para que de ser el caso acudan dentro del término de noventa días hábiles contando al día siguiente del en que surta la notificación personal del presente proveído a recuperar los documentos originales que se hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoseles de que, en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno de correspondiente que se lleve en este Juzgado de Distrito, y las respectivas en el sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE). Notifíquese; personalmente a la parte quejosa a través del usuario "Raul_76". Así lo proveyó y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante Roberto Díaz Villarreal, secretario que autoriza y da fe.

  3. Incidental

    ...El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, veintinueve de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio 2196/2021 procedente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en Tepic, Nayarit, mediante el cual, acusa recibo de los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo indirecto 766/2020-VI y de los agravios respectivos, a fin de substanciar el recurso de revisión interpuesto en contra de la resolución incidental de quince de octubre de dos mil veinte, el cual quedó registrado con el número 107/2021 de su estadística; lo que se toma conocimiento para los efectos legales a los que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante Roberto Díaz Villarreal, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    ...AUDIENCIA CONSTITUCIONAL El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, a las nueve horas con seis minutos del veintiséis de abril de dos mil veintiuno, hora y día señalados para la audiencia constitucional del juicio de amparo 766/2020-VI, promovido por Ricardo Onofre Vázquez, por derecho propio. Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, asistido del licenciado Roberto Díaz Villarreal, secretario quien autoriza y da fe, declara abierta la audiencia, sin asistencia de las partes. Acto seguido, el secretario hace relación de las constancias de autos entre las cuales destacan el escrito inicial de demanda; auto admisorio de diez de septiembre de dos mil veinte; constancias de notificación de las partes e informes justificados. El Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias y por rendidos los informes justificados de las autoridades responsables que los suscriben, los cuales serán tomados en consideración al momento de dictar la sentencia que en derecho corresponda. Abierto el período probatorio, el secretario certifica que la parte quejosa ofreció las siguientes probanzas: ? Copia certificada de los oficios SEPEN-DEB-DSG 0269/2018 y SEPEN-DEB-DSG 1264/2020, de ocho de enero de dos mil dieciocho y diecisiete de agosto de dos mil veinte, respectivamente, suscritos por el Jefe de Departamento de Educación Secundaria General de los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit; y, ? Presuncional legal y humana. En tanto que las autoridades responsables, hicieron suyas las documentales presentadas por la parte quejosa y ofrecieron las pruebas instrumental de actuaciones y presuncional, en su doble aspecto legal y humana. El Juez acuerda: Con fundamento en lo previsto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, dada su propia y especial naturaleza, las pruebas documentales aludidas en el apartado precedente. Se cierra el período de pruebas. A continuación, se procede a abrir el período de alegatos, el secretario hace constar que ninguna de las partes formuló expresión en ese sentido que hubiere de ser considerada en la presente audiencia. El Juez acuerda: Téngase por hecha la certificación que antecede para los efectos legales a que haya lugar y por precluido el derecho de las partes para realizar alegatos. Se declara cerrado el período de alegatos. Cerrado el período de alegatos y no habiendo diligencias pendientes por desahogar ni promoción que acordar, se declara cerrada la audiencia y se procede a dictar la siguiente resolución. VISTOS; para resolver los autos del juicio de amparo 766/2020VI, promovido por Ricardo Onofre Vázquez, por derecho propio. ANTECEDENTES: PRIMERO. DEL ACTO RECLAMADO. El uno de enero de dos mil siete se le otorgó a la parte quejosa nombramiento de base y tiempo indeterminado de maestro, con adscripción a las oficinas centrales de trabajo 18ADG0004K; posteriormente, el ocho de enero de dos mil dieciocho, se le otorgó de manera provisional el nombramiento de Asesor Técnico Pedagógico por reconocimiento y por necesidades de del servicio educativo, con adscripción al centro de trabajo Q18FIS007C, ubicado en Xalisco, Nayarit. Posteriormente, el veinticinco de agosto de dos mil veinte, fue notificado del cambio de adscripción y del nombramiento que venía desempeñando, a fin de que se trasladara a Tecuala, Nayarit, con el nombramiento provisional de maestro de química y ayudante de laboratorio, por necesidades del servicio. Lo que constituye el acto reclamado. SEGUNDO. DEL TRÁMITE. Presentación de la demanda: Ocho de septiembre de dos mil veinte, misma que por razón de turno correspondió conocer al Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit (fojas 3 a 24). Admisión con incidente de suspensión: Diez de septiembre de dos mil veinte (fojas 27 a 32). Emplazamiento al Ministerio Público adscrito: Treinta de septiembre de dos mil veinte (foja 37), quien no formuló alegatos. Radicación en este órgano jurisdiccional en cumplimiento al oficio SECNO/STCCNO/439/2020: Tres de noviembre de dos mil veinte (fojas 57 a 61). Audiencia constitucional: Veintiséis de abril de dos mil veintiuno. C O N S I D E R A C I O N E S: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo establecen los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 55, y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, los acuerdos Generales 3/20131 y 3/20202 ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón que los actos que se reclaman son de naturaleza laboral y las autoridades responsables residen en el lugar en el que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. Además, el presente juicio de amparo fue recibido mediante OCC/C24/JDCATJF/48/2020, por el cual la Jefa de Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia 1 Relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Circuito. 2 Referente a la Transformación de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia en el Rincón, municipio de Tepic, en el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en el Rincón, Municipio de Tepic, y Juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales en la misma entidad federativa y sede. de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, remitió la boleta correspondiente al cambio de turno del juicio de amparo 972/2020 del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, en cumplimiento al punto de acuerdo 82/2020, de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas para el equilibrio de las cargas de trabajo de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit; a fin de continuar con su trámite hasta su total conclusión, notificado mediante el SECNO/STCCNO/439/2020, remitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LA LITIS. De conformidad con el artículo 74 de la Ley de Amparo, del análisis integral del escrito de demanda, se desprende que el acto reclamado es el siguiente: Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit y Jefe de Departamento de Educación Secundaria General: ? El cambio de nombramiento que desempeñaba como Asesor Técnico Pedagógico, por el diverso de maestro de química y ayudante de laboratorio, así como el cambio de adscripción. NO. DE ORDEN AUTORIDAD RESPONSABLE ACTO RECLAMADO CERTEZA FOJAS 1 SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT. NIEGA (Desvirtúa) 39 a 49. 2 JEFE DE DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL, DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT El citado. NIEGA (Desvirtúa) 39 a 49. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Las autoridades responsables al rendir su informe justificado negaron los actos que se les atribuyen; sin embargo, de una lectura del informe remitido, se desprende que realizan manifestaciones que evidencian la existencia de los actos reclamados. Por tanto, se tienen por ciertos los actos reclamados. 3 CUARTO. PROCEDENCIA. Previamente al estudio del fondo del asunto, se procede al análisis de las causas de improcedencia que invoquen las partes o que de oficio advierta este órgano jurisdiccional, de 3 Resulta aplicable la jurisprudencia con datos de localización: Registro digital 238592, Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tipo de tesis: Jurisprudencia, Séptima Época, Materias: Común, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Volumen 60, Tercera Parte, página 27, del rubro y texto: ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD DEBE COMPROBAR QUE CUMPLIÓ LA REQUISITOS QUE SE LE RECLAMAN. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, debe entenderse que la carga de la prueba de esas omisiones o de los hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las responsables a las que toca demostrar que no incurrieron en ellos. Así como la tesis con datos de localización: Registro digital 208122, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, tipo de tesis: Tesis aislada, Octava Época, Materias: Común, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV-2, Febrero de 1995, página 189, del rubro y texto: "ACTOS NEGATIVOS, CORRESPONDE A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES LA CARGA DE LA PRUEBA DE LOS. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos imputados a las autoridades responsables, la carga de la prueba de que no existen esas omisiones o hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino a las responsables." conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese tenor, no obstante la certeza de los actos reclamados, resulta innecesario el estudio de los conceptos de violación, ya que, como bien lo señalaron las autoridades responsables, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el arábigo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1o., fracción I, y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, como enseguida se explicará. En efecto, los invocados artículos disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. (.) Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". De la interpretación conjunta de la parte relativa de los artículos transcritos, se colige que el juicio de amparo es improcedente contra actos que provengan de entes que no tengan el carácter de autoridad. En ese sentido, se considera que los actos reclamados no revisten las características de actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo, ya que se trata de aspectos relativos a las condiciones de trabajo, que constituyen una controversia que se suscita en el plano laboral, por lo que no puede considerarse tal como una actuación u omisión de las instancias señaladas como responsables como actos de autoridad para efectos del amparo.4 De los dispositivos legales previamente transcritos se advierte con claridad que el juicio de amparo procede solamente en contra de "actos de autoridad", concepto éste que, precisamente, es el que, en la especie, no se estima que pueda recaerle al acto impugnado en este juicio de amparo. De la interpretación sistemática de dichos ordinales, se advierte que el juicio de amparo tiene por objeto resolver controversias 4 Encuentra sustento lo anterior la tesis VI.T.86 L, de la Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 163533, de epígrafe: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE PUEBLA. LA ACCIÓN PARA RECLAMAR LA REINSTALACIÓN O INDEMNIZACIÓN POR EL CESE O DESPIDO INJUSTIFICADO DEBE EJERCERSE EN LA VÍA LABORAL, CUANDO ÉSTE NO SEA EL RESULTADO DE UNA SANCIÓN FIRME DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DERIVADA DE UN PROCEDIMIENTO SEGUIDO CONFORME A LA LEY ESTATAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS." que se susciten por actos de autoridad que violen derechos humanos, y que es autoridad para efectos del juicio de amparo, aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; sin embargo, el precepto en cita únicamente ejemplifica las formas en que la autoridad puede llevar a cabo los actos objeto del amparo constitucional, pero no aborda las características que deben reunir éstas para ser consideradas como tales, pues en el caso de no tener dicho carácter, se actualiza la improcedencia del juicio, en los términos establecidos en el último de los numerales transcritos. En ese orden de ideas, la definición del concepto de autoridad responsable ha quedado a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución General de la República, la cual ha sostenido que una autoridad para efectos del amparo es la que teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aún en contra de ella. La definición del concepto "autoridad responsable" a que se refiere el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo vigente, ha sido delimitado con precisión por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución General de la República, tal como se puede observar en la tesis P. XXVII/975, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON 5 Visible en la página 118, Tomo V, febrero de 1997, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO". Dicho de otro modo, es autoridad aquella persona física o moral perteneciente a la Federación, los Estados o los Municipios, que con facultades de hecho o derecho o aquel particular que con facultades establecidas en una norma, en uso del poder público de decisión o ejecución, o bien de ambas, de manera unilateral y obligatoria, crea, modifica o extingue situaciones generales o concretas, de hecho o jurídicas, en perjuicio del gobernado; todo lo cual, válidamente, permite estimar, a su vez, que los elementos necesarios para la conformación de un acto de autoridad, son los siguientes: a) Que su emisor tenga características de órgano público o particular con funciones y facultades establecidas en una norma general; b) Que las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar; y, c) Que sea dictado unilateralmente afectando la esfera jurídica del gobernado. Sobre el particular resultan ilustrativas la tesis 2a. XXXVI/996, de rubro "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA 6 Tesis publicada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Marzo de 1999, Página: 307, JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES". Así como la tesis 2a. CCIV/20017, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Respecto a la primera nota distintiva indicada, es necesario señalar que la teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materia de derecho público, en la que la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación los derechos humanos contenidos en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. De ahí que, el concepto de autoridad se ubica dentro de las relaciones denominadas de supra a subordinación entablada entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado, y el gobernado, por el otro, en donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva al poderse exigir su cumplimiento inclusive, mediante el uso de la fuerza pública o a través de las autoridades respectivas. Luego, es evidente que entre el trabajador y las autoridades señaladas responsables subyace un vínculo empleado-patrón, atendiendo a la relación laboral que existe entre el citado 7 Tesis sustentada por la Segunda Sala, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Noviembre de 2001, Página: 39. trabajador y los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit, por ende, nos encontramos ante una relación de coordinación -no subordinación (gobierno-gobernado)-, cuyas diferencias están sujetas a la jurisdicción de las instituciones laborales acorde al contenido del artículo 123 Constitucional; ante ello, al emanar los actos reclamados de una institución educativa actuando como patrón, la parte quejosa tiene expedito su derecho para hacerlo valer sus inconformidades en relación a dicha actuación ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit conforme a los artículos 1, 172 y séptimo transitorio de la Ley Burocrática del Estado de Nayarit, pues el acto impugnado no puede ser objeto de examen constitucional, en tanto, ello es propio de una controversia ante las autoridades del trabajo y no del juicio de amparo, pues como se dijo entre ellos existe una relación de coordinación, obrero-patrón, la cual debe ventilarse ante las instancias correspondientes, ya que el juicio de amparo tiene entre otros objetos, resolver las controversias que se susciten por actos u omisiones de autoridad, sin que pueda considerarse actos de autoridad las diferencias de carácter laboral, suscitadas entre aquéllas y sus empleados. Se afirma lo anterior, en virtud de que la Ley Laboral Burocrática del Estado de Nayarit, en los dispositivos 1o., 172, y séptimo transitorio establece lo siguiente: "Artículo 1. Naturaleza y objeto. La presente Ley es de observancia general y rige, en sus términos, las relaciones de trabajo entre los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial y los Municipios; así como las instituciones descentralizadas de carácter estatal y municipal, Organismos Constitucionalmente Autónomos y Empresas y fideicomisos de carácter estatal y municipal, hacía con sus trabajadores, independientemente de lo que dispongan sus normas de creación. (.) Artículo 172. Integración del Instituto. El Instituto estará integrado por: I. Una Junta de Gobierno; II. Unidad de Medios alternos de solución de Conflicto en Materia Laboral, y III. Por Salas Laborales encargadas de conocer y dirimir los conflictos individuales y colectivos en materia laboral burocrática. Séptimo. Las demandas o procedimientos que se interpongan en el lapso que medie entre la entrada en vigor de la presente Ley y la Integración e inicio de funciones del Instituto de Justicia Laboral del Estado de Nayarit, deberán ser incoadas y tramitadas por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje aplicando la Ley aprobada mediante la presente Ley, con la salvedad de que no será necesario para los actores, acreditar haber agotado el procedimiento ante la Unidad de Medios Alternos de Solución de Conflictos laborales a que se refiere el Artículo 259 fracción VII de la presente Ley." [Lo resaltado es propio de este Juzgado de Distrito]. Por consiguiente, los actos combatidos por el impetrante de amparo, son actuaciones que se circunscriben exclusivamente al plano laboral y en esa medida, desvinculados totalmente de las características propias que revisten los actos de autoridad para efectos del juicio de amparo; lo cual implica que la parte quejosa, debe acudir ante las instancias ordinarias a impugnar los derechos laborales que dice, le vulneran con dichas actuaciones, para en su caso, estar en condiciones de someter a la jurisdicción constitucional las determinaciones que se adopten al respecto y le irroguen perjuicio. 8 Cabe señalar que la competencia del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit para dirimir los conflictos individuales que se susciten entre el Poder Estatal con sus 8 Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia I.6o.T. J/28 (10a.), sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el viernes uno de abril de dos mil dieciséis, Décima Época, Materia Común, con número de registro 2011343, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN." trabajadores, esto es, resolver las controversias laborales entre los patrones y sus trabajadores, y tiene por objeto el análisis de los mencionados requisitos a fin de establecer si las determinaciones se ajustan o no a las normas legales aplicables. Entonces, el juicio de amparo no es el medio para reclamar las supuestas acciones de los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit, sobre el quejoso en su calidad de trabajador, como bien lo manifestó el propio impetrante en su demanda de amparo; pues en tal caso, éste tiene que hacer valer la vía ordinaria ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, puesto que la relación entre el quejoso y los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit, entabla una relación entre particulares actuando en un mismo plano, es decir, en igualdad y no gobiernogobernado por tratarse de un conflicto laboral. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia precisada en párrafos que anteceden, procede sobreseer en el juicio constitucional, con fundamento en lo dispuesto en la fracción V, del artículo 63, de la Ley de Amparo. QUINTO. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Aun cuando las partes no se opusieron expresamente a la publicación de sus datos personales en la consulta o publicación de la presente sentencia, de conformidad con lo señalado por los artículos 68, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución. Por lo expuesto y con apoyo en lo dispuesto por los artículos 63 y del 73 al 79 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio, promovido por Ricardo Onofre Vázquez, por propio derecho, contra los actos y las autoridades precisadas en el considerando segundo, por las razones expuestas en el diverso cuarto de esta resolución. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución, en términos del último considerando. NOTIFÍQUESE; y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Así lo resolvió y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante Roberto Díaz Villarreal, Secretario que autoriza y da fe.

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