Ricardo Olmos Vega
Expediente 247/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 247/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 23/04/2019
Partes del expediente
- Ricardo Olmos Vega
Actuaciones
- Principal
Visto el estado guardan los presentes autos, se advierte que no existe promoción alguna pendiente de acordar, ni diligencia que desahogar; así como que, obran en autos la totalidad de las constancias de notificación a las partes del auto de diez de abril de dos mil diecinueve; en tal virtud, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo. Anotaciones. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE".
- Principal
Mexicali, Baja California, a diez de abril de dos mil diecinueve. Firme desechamiento. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la cual se advierte que transcurrió término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja en contra del auto de veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, que desechó la demanda de amparo promovida por Ricardo Olmos Vega, representante legal de la Asociación de Residentes Villa Toledo II Mexicali, Asociación Civil; en consecuencia, se declara que dicho auto ha quedado firme para todos los efectos legales procedentes. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Documentos originales. Dado que obra en autos documento original que fue exhibido por la parte quejosa; en consecuencia, requiérase a la citada parte para que dentro del término de noventa días contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, comparezca debidamente identificada ante este Juzgado Federal en días y horas hábiles, a recibir el documento original que exhibió en el presente juicio, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, dicho documento podrá ser destruido junto con el expediente; lo anterior con fundamento en el último párrafo del considerando vigésimo del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes o todos los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción, conforme al Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Anotaciones. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
PERSONALMENTE..
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, la boleta de turno de demanda de amparo que remite la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, a la cual se anexa lo siguiente: El oficio 1655/2019, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, en el cual se encuentra insertó auto de veinte de marzo de la anualidad, relativo al impedimento externo número 11/2019, de su índice; y, Autos originales del juicio de amparo 131/2019 del índice del Juzgado Cuarto de Distrito del Estado, con sede en esta ciudad. Todo lo anterior remitido a este órgano jurisdiccional con motivo de que, mediante auto de veinte de marzo de dos mil diecinueve, dictado dentro del impedimento externo 11/2019, del índice del Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por ********, contra actos del Jefe de Zona Comercial V de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, en la que por razón de turno le toco conocer al Juzgado Cuarto de Distrito del Estado de Baja California, registrándola con el número de amparo 131/2019, de su índice, mismo que se declaran impedidos para conocer de la misma, por los motivos que refiere el Tribunal de alzada. Acuse. Acúsese el recibo de estilo correspondiente al Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad. Radicación. Visto lo de cuenta, se recibe la demanda de amparo promovida por *******. Fórmese el expediente respectivo y regístrese con el número 247/2019, que es el que le corresponde. Improcedencia. Una vez analizado en forma íntegra el escrito de demanda de amparo, este Juzgado de Distrito advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que obliga a desecharla de plano, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor; lo anterior por actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) --- XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de los derechos humanos. Lo anterior, genera la improcedencia del juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de los derechos humanos desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia 2a./J. 9/98, visible en la página doscientos diez, Tomo VII, Febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.".... Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y oportunamente archívese el presente expediente como asunto concluido. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito inicial de demanda, conforme a lo establecido en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición de su numeral 2°. Autorizados. Se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, a los profesionistas ********; y únicamente para oír y recibir notificaciones a ********, toda vez que no se encontró registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Digitalización. De conformidad con el artículo 3º, párrafo octavo, de la ley de la materia, procédase a la digitalización de las promociones, resoluciones y documentos judiciales, para los efectos legales conducentes. Medios electrónicos. En términos de la circular 12/09 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para que se impongan de los autos de este juicio, desde luego, bajo el cuidado y vigilancia del personal judicial respectivo, haciéndose saber al interesado que la posibilidad de fotografiar o utilizar cualquier medio electrónico, no puede trastocar el buen funcionamiento del tribunal al grado que el uso de esa prerrogativa se convierta en instrumento de abuso, por lo que debe ajustarse a la disponibilidad de un tiempo prudente para no obstaculizar las cargas de trabajo o distraer innecesariamente a un funcionario público en las labores que esencialmente debe prestar en su servicio. Asimismo, para mayor eficacia en la notificación de las comunicaciones oficiales, se autoriza para efectos de enviarlas y recibirlas, el uso de los medios electrónicos, sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria. Transparencia y acceso a la información. De conformidad con los artículos 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 8°, 9°, 16, 68, 71, 98, 110, 112, 113 y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 23, 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes no sólo que deben hacerse públicas las resoluciones que causen estado, sino también que pueden solicitar la supresión de sus nombres en las listas publicadas en medios electrónicos, y que para permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requiere el consentimiento del titular de la información relativa, salvo las hipótesis legales reguladas por la ley de la materia. Finalmente, hágasele ver que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos, la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que puedan contener de conformidad con el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con lo dispuesto en el acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce.
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