Ricardo Olivares Bribiesca
Expediente 532/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 532/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Ricardo Olivares Bribiesca
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación supraindicada, que la parte quejosa no interpuso recurso de queja, dentro del término legal establecido por el artículo 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, por el que se desechó la solicitud de amparo; por tanto, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En consecuencia, téngase este asunto como totalmente concluido y en su oportunidad envíese al archivo.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito firmado por María Magdalena García Morales, apoderada legal del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución Fiduciaria en el Fideicomiso 269, denominado para el Desarrollo Económico y Social de Acapulco, por medio del cual realiza manifestaciones vertidas a exponer su imposibilidad para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; en razón a lo anterior, resérvese acordar lo conducente hasta en tanto el Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero, superior jerárquico del Fideicomiso para el Desarrollo Económico y Social de Acapulco, de cumplimiento a lo ordenado en acuerdo de nueve de los actuales.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Ricardo Olivares Bribiesca, por su propio derecho, en contra de los actos atribuidos al Director de Catastro del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. .... háganse anotaciones correspondientes y regístrese en el Libro de Gobierno que se lleva en este juzgado con el número 532/2021-II. Ahora bien, de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: ".." Al respecto, debe decirse que se actualiza una causa manifiesta e indudable que hace improcedente el juicio de amparo indirecto, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. El precepto legal antes mencionado es del texto literal siguiente: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En efecto, se considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que se estudia de oficio por tratarse de una cuestión de orden público, que prevé: ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente ... XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.]" El numeral transcrito regula uno de los principios rectores del juicio de amparo: el de definitividad del acto reclamado, que no es otra cosa que la improcedencia del juicio constitucional contra actos recurribles, salvo los casos excepcionales establecidos por la ley y la jurisprudencia. En efecto, la parte quejosa debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la determinación que le causa perjuicio, pues de lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar el principio de definitividad que lo rige. Sobre el particular, tiene aplicación el criterio establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 128 del Tomo XXIV del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS. Los recursos ordinarios que, por no interponerse, hacen improcedente el amparo, son aquellos que concede la ley, y por los cuales, mediante determinado procedimiento, se obtiene que la autoridad misma o su superior, reformen o revoquen la resolución motivo del amparo; pero cuando este medio de modificar o reformar el acto que se reclama, está constituido por una verdadera contienda judicial, entonces no puede considerarse ya que existe el recurso ordinario que hace improcedente el amparo." El principio en comento pretende que el amparo sea la última instancia que utilice el gobernado para lograr la anulación de los actos de autoridad que estima violatorios de sus garantías individuales, por lo que si esa anulación puede obtenerla por medio de la interposición de recursos o medios de defensa ordinarios, debe utilizarlos antes de acudir al juicio de amparo, para que la potestad constitucional, una vez que se ha convertido el acto reclamado en definitivo, esté en oportunidad de analizar, como última instancia, la constitucionalidad del acto. Es aplicable por las razones que la informan, la jurisprudencia J/37 sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 902, tomo XVI, Mayo de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 187016, que es del tenor siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Principio que debe observarse incluso tratándose de actos de imposible reparación. Sirve de apoyo a lo expuesto, la Jurisprudencia 44/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 729, Libro X, tomo I, Julio de 2012, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 2001155, que es del tenor siguiente: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." Asimismo, es de puntualizar que tales recursos deben tener una existencia legal, es decir, deben estar previstos en la ley normativa del acto o de los actos que se impugnen, y además para que tenga el quejoso la obligación de agotarlos previamente a la interposición del juicio constitucional debe existir entre éste y aquél una relación directa de idoneidad, es decir, que el medio común de defensa esté previsto por la ley que rige el acto impugnado. al respecto, el artículo 84, fracción IV de la Ley número 266 de Catastro para los Municipios del Estado de Guerrero, establece: "Artículo 84.- El recurso de inconformidad procederá por: (.) IV.. Cualquier otro error u omisión que modifique la valuación del predio, y que el contribuyente considere le afecta a sus intereses." Causal de improcedencia que cobra vigencia, en virtud de que el promovente se encuentra indefectiblemente obligado a agotar el principio de definitividad que es uno de los principios fundamentales en que se sustenta el juicio de amparo, puesto que conforme a dicho principio, para que sea procedente, el acto reclamado debe ser atacado previamente a través de todos los recursos o medios de defensa ordinarios establecidos en la ley que rige ese acto. Así, el acto que se impugna puede tener remedio ante la autoridad del orden común que lo emitió, y ese remedio no fue seguido por el quejoso, por lo que es inconcuso que el juicio de que se trata resulta notoriamente improcedente. En efecto, de lo expuesto anteriormente, se evidencia que el acto reclamado consistente en: "IV.- ACTO RECLAMADO: La determinación de la base gravable efectuada respecto del inmueble que a continuación se describe: Inmueble con CUENTA CATASTRAL: 023-030-013- 0001, SUP. TERRENO: 533.00 M2., SUP CONSTRUCCIÓN: 415.00 M2, TIPO PREDIO: URBANO CONSTRUIDO, Calle: LOTE 16 AVENIDA GRAN VÍA TROPICAL SECCIÓN JARDINES DE CALETILLA, N° Ext SN, COLONIA: LAS PLAYAS, ACAPULCO DE JUÁREZ, BASE GRAVABLE: $1,887,872.28, datos tomados del CFDI-Factura número de folio 2100340514, que se le expidió al quejoso como consecuencia del pago realizado, con monto total de $6, 479.22 (Seis Mil Cuatrocientos Setenta y Nueve Pesos 22/100M.N.)." No queda exento del principio de definitividad para los efectos del amparo, ya que pudo ser impugnado a través del recurso de inconformidad que debió ser planteado ante el mismo Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, para combatir su indebida determinación, mismo que la parte quejosa estaba obligada agotar previamente al juicio constitucional, habida cuenta que con tal medio de defensa los actos reclamados pueden ser modificados, revocados o nulificados. Así entonces, el hoy quejoso al ser titular de la cuenta catastral 023-030-013-0001, tiene la posibilidad de controvertir la citada actuación, de modo que resulta inconcuso que estuvo en condiciones y debió hacer uso de los medios ordinarios de defensa antes de acudir a la vía constitucional, con la finalidad de satisfacer el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Lo anterior es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo, cuenta habida de que la inobservancia al principio de definitividad que rige la acción del amparo hace improcedente el mismo, ya que previamente al ejercicio de la acción constitucional, se deben agotar los medios ordinarios de defensa que prevén los preceptos aplicables, pues el numeral 61, fracción XX, determina que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Por tanto, al establecer la ley un medio de defensa en contra de la determinación que constituye el acto reclamado, que no fue intentado previamente a la instauración del juicio de garantías, en términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, constitucionales, se surte la causal de improcedencia en estudio, que a más de indudable es manifiesta. No representa obstáculo para arribar a la conclusión anterior, el hecho de que la parte quejosa exprese que no se le otorgó el derecho de audiencia dentro del procedimiento de revaluación, en el que se determinó la modificación de la base gravable del predio catastrado a su nombre, en virtud de que, conforme a la tesis jurisprudencial 186, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no es necesario cumplir con la garantía de previa audiencia establecida en el artículo 14 constitucional, ya que el impuesto es una obligación unilateral y obligatoria, y la audiencia que se puede otorgar a los causantes es siempre posterior a la aplicación del impuesto, que es cuando existe la posibilidad de que los interesados impugnen, ante las propias autoridades, el monto y cobro correspondiente. Es aplicable al caso, la tesis jurisprudencial 186, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice de 2011, Tomo I. Constitucional 3. Derechos Fundamentales Primera Parte-SCJN, Décima Segunda Sección-Debido proceso, página 1125, Séptima Época, con Registro digital 1011478, que estatuye: "AUDIENCIA, GARANTÍA DE, EN MATERIA IMPOSITIVA. NO ES NECESARIO QUE SEA PREVIA. Teniendo un gravamen el carácter de impuesto, por definición de la ley, no es necesario cumplir con la garantía de previa audiencia establecida en el artículo 14 constitucional, ya que el impuesto es una prestación unilateral y obligatoria y la audiencia que se puede otorgar a los causantes es siempre posterior a la aplicación del impuesto, que es cuando existe la posibilidad de que los interesados impugnen, ante las propias autoridades, el monto y cobro correspondiente, y basta que la ley otorgue a los causantes el derecho a combatir la fijación del gravamen, una vez que ha sido determinado, para que en materia hacendaria se cumpla con el derecho fundamental de audiencia, consagrado por el artículo 14 constitucional, precepto que no requiere necesariamente, y en todo caso, de la audiencia previa, sino que, de acuerdo con su espíritu, es bastante que los afectados sean oídos en defensa antes de ser privados de sus propiedades, posesiones o derechos". A mayor abundamiento, se advierte que en el caso se actualiza asimismo la diversa causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, ambos de la Ley de Amparo, ya que lo atribuido a la autoridad responsable no constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de garantías, como se expone a continuación. En primer lugar debe señalarse que en diversas tesis y jurisprudencias, el Máximo Tribunal de la Nación construyó con el devenir histórico la definición del concepto de autoridad para los efectos del amparo, abandonándose el primigenio concepto de fuerza pública para distinguir los actos de autoridad del de los particulares, para arribar a una nueva concepción definida acorde con la realidad imperante en el ámbito de las atribuciones y facultades que desarrollan las entidades del Estado. Así, durante la vigencia de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis, se fijó como criterio para distinguir a una autoridad para efectos del juicio de amparo, la posibilidad de que un organismo realice actos unilaterales con fundamento en una norma legal, mediante los cuales cree, modifique o extinga situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, y sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Luego de que la indicada legislación reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos quedó abrogada con motivo de la entrada en vigor de la Ley de Amparo a partir del dos de abril de dos mil trece, en la última de las codificaciones en cita se retomó el criterio antes descrito para definir el concepto de autoridad para los efectos del juicio de garantías, ya que sobre el particular el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo vigente prevé que tiene tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Lo anterior quiere decir que a partir de la entrada en vigor de la llamada Nueva Ley de Amparo, para definir cuándo se está en presencia de una autoridad con esa naturaleza formal, para los efectos del juicio de garantías, debe considerarse si al dictar, ordenar, ejecutar, tratar de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitir realizar el acto que de efectuarse produciría esto último, el ente u organismo del Estado, viole los derechos humanos y las garantías otorgadas para su protección por la Carta Magna o los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, sea que produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso, de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Sin embargo, el invocado artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo vigente en su segundo párrafo dispone lo siguiente: "Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." La anterior porción normativa revela entonces que en tratándose de actos provenientes de entidades estaduales o incluso de quienes carecen formalmente de tal naturaleza, para ser considerados como procedentes de una autoridad para los efectos del juicio de amparo, no solamente debe verificarse si al dictar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar el acto que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitir realizar el acto que de efectuarse produciría esto último, violen los derechos fundamentales constitucional y convencionalmente protegidos, sino también habrá de confirmarse si las funciones que despliega al realizar tales conductas están determinadas por una norma general. En ese sentido, de lo narrado por la parte promovente del amparo da cuenta de que el impuesto predial, cuya base a su vez se constituye por el valor catastral no fue determinado por la autoridad municipal en el ejercicio de sus atribuciones fiscales, sino que fueron los propios contribuyentes quienes se autoliquidaron. Lo anterior adquiere relevancia entonces porque la pretendida determinación que se atribuye al Director de Catastro relativa al valor catastral a que se refieren no puede ponderarse de manera aislada sino como parte de la propuesta planteada por la autoridad municipal sobre el importe del impuesto predial, ya que -se insiste- el importe de tal base no se fijó en forma unilateral y obligatoria, y en todo caso, el entero de tal contribución sólo habilita a los interesados para impugnar la norma que regule su cálculo. Al respecto es aplicable la tesis de jurisprudencia 2a./J.153/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 367, tomo XXVI, Agosto de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO. La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora." Más aún, tampoco debe perderse de vista que la obtención del valor catastral se encuentra regulado en el artículo 44 de la Ley Número 266 de Catastro para los Municipios del Estado de Guerrero, en tanto que los artículos 16, fracción I, y 42, fracción III, de la aludida legislación permiten que a petición del interesado se lleve a cabo el proceso de valuación o revaluación catastral, de modo que el gobernado no queda en estado de indefensión para el caso de que hubiera dado cumplimiento a la obligación del pago del impuesto predial y estime que se determinó indebidamente el valor catastral que sirve como base de aquel tributo, habida cuenta que el importe de dicho impuesto no derivó de una determinación de la autoridad municipal sino de la propuesta que al efecto le planteó la parte interesada. En consecuencia, no es factible estimar que la propuesta planteada por la autoridad municipal en torno al importe del impuesto predial, cuya base es el valor catastral, se ubique en el supuesto previsto en el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la tesis XXI.2o.P.A.96 A que integró el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, consultable en la página 3166, del Tomo XXX, septiembre de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "PREDIAL. LAS PROPUESTAS DE DECLARACIÓN PARA EL PAGO DEL IMPUESTO RELATIVO EMITIDAS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, NO CONSTITUYEN ACTOS DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De acuerdo con los artículos 14 y 16 de la Ley de Hacienda Municipal Número 677; 28 a 32 y 34 del Código Fiscal Municipal Número 152, ambos del Estado de Guerrero, y cuarto transitorio de la Ley Número 547 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal de 2008, se advierte que las propuestas de declaración para el pago del impuesto predial denominadas: "liquidación del impuesto predial", emitidas por la autoridad competente del citado Municipio, no representan el producto final de la manifestación de la voluntad de aquélla, pues sólo tienen como propósito facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de los contribuyentes, por lo que existe la posibilidad de que éstos paguen una cantidad mayor o, incluso, menor al monto propuesto en dicha declaración. Por tanto, no constituyen actos de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de garantías indirecto que se promueva en su contra ante los Juzgados de Distrito, de conformidad con el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los numerales 1o., fracción I y 11 de la Ley de Amparo." En tal virtud, es inconcuso que se actualizan las causas de improcedencia que resulta de relacionar el numeral 61, fracciones XX y XXIII, en concordancia con el diverso 5, ambos de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el diverso 113 de la ley en cita, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS. Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que el promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de garantías y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que la parte promovente interponga oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Se invoca, por analogía, la tesis CCLXXV/2012(10ª), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 525 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, Décima Época, que concluye: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano". Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica, y como autorizados en términos de la primera parte, segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados en derecho Berenice Estévez Sánchez, Jessica Jazmín Olivares Rebolledo y Alberto Maximino Flores, cuyas cédulas profesionales se encuentran registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Como lo solicita la parte promovente, dígasele que de conformidad con los numerales 77, 78, 79 y 80 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de veinticinco de noviembre de dos mil quince, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; se autoriza la clave de usuario "Jessioli", para consultar los acuerdos y determinaciones que se encuentren incorporados al expediente electrónico relativo al presente juicio de amparo, mediante la Firma Electrónica que registraron en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. Así también, se instruye a los Actuarios Judiciales de la adscripción, para que únicamente las notificaciones a la parte quejosa de carácter personal, sean llevadas a cabo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, esto es, a través del medio electrónico implementado para el efecto en el referido sistema; por cuanto a las restantes notificaciones que deban realizarse por lista, se realizarán conforme al artículo 29 de la Ley de Amparo. De la misma forma, se le tiene señalando los correos electrónicos y números telefónicos que indica, a efecto de facilitar la comunicación con el órgano jurisdiccional. Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo del dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como lo establecido en el Acuerdo General de Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. De conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena al oficial judicial, la digitalización diaria de todas las promociones y documentos presentados por las partes; los acuerdos, resoluciones o sentencias que se emitan y toda la información relacionada con los expedientes que deban ser ingresadas en el sistema respectivo. En cuanto a los actuarios, deberán digitalizar diariamente, las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren. Debiendo el secretario, a su vez, cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincida en su totalidad. De conformidad, con el artículo 26, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, se comisiona a cualquiera de los Actuarios Judiciales adscritos a este Juzgado Federal, para que se notifique personalmente el presente proveído.
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