Ricardo Olivano Espiritu

Expediente 1409/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 13 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1409/2019
Año
2019
Actuaciones
13
Última actuación
07/12/2022

Partes del expediente

  • Ricardo Olivano Espiritu
  • Ricardo Olivano Espiritu y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, siete de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta signado por el quejoso Ricardo Olivano Espíritu, en atención a su contenido, dígase que se esté a lo acordado en proveído de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, en el que se dejó a su disposición el billete de depósito exhibido en autos del incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo. Por otro lado, hágase del cono cimiento a las partes para los efectos legales procedentes que el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, tomó posesión como titular de este juzgado Federal, Karina Castillo Flores. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario César Iván Rendón Patricio, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintinueve de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta de los que se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, mediante el cual sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. En consecuencia, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese como asunto concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 21, inciso a), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación personal del presente proveído, será DESTRUIDO en su totalidad, al haberse sobreseído el presente juicio respecto a todos los acto reclamados. En ese orden de ideas, conforme al artículo 18, fracción I, inciso a), del citado acuerdo el cuaderno original del incidente de suspensión es DEPURABLE, ello en razón de que en resolución interlocutoria de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, se negó y concedió la suspensión definitiva, en el incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo; asimismo deberá conservarse en el archivo del Juzgado durante tres años y luego transferirse al Centro de Documentación y Análisis, se dejan sin efectos las medidas cautelares decretadas en el mismo. Al punto, se advierte que en proveído de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, dentro del incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo, se tuvo por recibido el billete de depósito N843305, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, (BANSEFI), que ampara la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos m.n. 00/100), mismo que fue exhibido para que surtiera efectos la suspensión definitiva ahí decretada. Por tanto, se deja a disposición del directo quejoso Ricardo Olivano Espíritu, el mencionado certificado a fin de que comparezca a recibirlo debidamente identificado con credencial de validez oficial que contenga su fotografía y razón de su recibo correspondiente; apercibido que de no hacerlo así, comenzará a transcurrir el término de dos años que establece el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, para su prescripción a favor del Fisco Federal. Ahora bien, a efecto que la parte quejosa se encuentre en condiciones de recoger los mencionados certificados de depósito, se le conmina para que agende una cita, en términos del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el cual indica el procedimiento para las visitas al órgano correspondiente a través del módulo denominado "Agenda de Visitas"; trayendo consigo su código QR a fin de que le sea autorizado el acceso a este órgano jurisdiccional en la temporalidad agendada. Luego, en términos del artículo 20, del citado acuerdo, debe destruirse el duplicado del incidente de suspensión; por lo que una vez transcurrido el plazo de seis meses, procédase a la destrucción del mismo. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Finalmente, hágase la devolución su lugar de origen de las copias certificadas de la causa penal 16/2018-I, constante de dos tomos, que anexó a su informe justificado la autoridad responsable Segundo Secretario del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Los Bravo, con sede en esta ciudad, recibidas en proveído de trece de noviembre de dos mil diecinueve; sin que haya lugar a solicitar el acuse de recibo correspondiente, por no tratarse de autos originales. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por medio de oficio a las autoridades responsables. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario César Iván Rendón Patricio, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Visto lo de cuenta, se advierte que el término otorgado a la parte quejosa para desahogar el requerimiento de dieciséis de octubre de dos mil veinte, a la fecha le ha transcurrido, tal y como se advierte de la certificación secretarial de cuenta. Por tanto, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de dieciséis de octubre de dos mil veinte, y por ende, se procede a dictar las consecuencias derivadas ante la falta de cumplimiento a lo prevenido. Ahora bien, de constancias de autos se advierte que después de haberse ordenado el emplazamiento de la tercera interesada Ma. Clementina Guzmán Sánchez, en los domicilios que se advirtieron de las constancias que obran en autos hasta este momento, se aprecia que dicho emplazamiento no ha podido tener verificativo. Pues, por autos de once de diciembre de dos mil diecinueve, diecisiete de marzo y diez de septiembre de dos mil veinte, se requirió a la parte quejosa el domicilio cierto donde pudieran ser emplazados la tercera interesada Ma. Clementina Guzmán Sánchez, sin que señalara domicilio alguno para tal fin, y en ese tenor quedó sujeto a la prevención realizada en once de diciembre de dos mil diecinueve. Luego, por auto de trece de enero de dos mil veinte, se decretaron las medidas de investigación previstas en el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, y al efecto se ordenó girar oficios a las dependencias correspondientes, para que en auxilio de la labores de este Juzgado Federal informaran si dentro de sus respectivos registros obraba algún antecedente a nombre de los terceros interesados referidos. De los informes de las autoridades requeridas se obtuvieron diversos domicilios donde mediante proveído de dieciocho de febrero de dos mil veinte, se ordenó el emplazamiento de la tercera interesada Ma. Clementina Guzmán Sánchez, sin que se lograra su emplazamiento. En ese sentido, este juzgado federal por auto de dieciséis de octubre de dos mil veinte, con apoyo en el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley en cita, por así disponerlo su artículo 2, decretó el emplazamiento de la tercera interesada Ma. Clementina Guzmán Sánchez, por medio de edictos a costa de la parte quejosa, los cuales deberían contener una relación suscinta de la demanda y se publicarían por tres veces, de siete en siete días, en el Diario Oficial de la Federación y en un periódico de mayor circulación en la república mexicana. Edictos que se dejaron a disposición de la parte quejosa en la secretaría de este juzgado, sin que hasta la fecha haya comparecido ante este juzgado federal a recibir los edictos relativos al emplazamiento de citada tercera interesada, no obstante de encontrase legalmente notificada para ello, tal y como se aprecia de la constancia de notificación que obra en autos; y en ese tenor, los dispositivos 61, fracción XXIII, 27, fracción III, inciso b) y 5, fracción III, inciso b), todos de la Ley de Amparo, disponen: "ARTICULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "ARTICULO 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas. (.) III. Cuando no conste en auto domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: a). b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiere señalado, Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter. (.) b) La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso." El extremo que se contiene en la causa de improcedencia que sobreviene, se actualiza en el presente caso, virtud a que en el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el emplazamiento a juicio del tercero interesado se hará mediante notificación personal siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, hipótesis ésta que evidentemente no se actualiza en el sumario; también precisa el numeral invocado al principio de este párrafo, que el emplazamiento a juicio del tercero interesado, podrá realizarse mediante edicto a costa de la parte quejosa, si la investigación para conocer el domicilio no fructificara, supuesto este que se evidencia en las constancias, pues aún y cuando se realizó la investigación relativa, no se logró conocer el domicilio para que la parte tercera interesada pudiera ser llamada a deducir sus derechos en el presente asunto, circunstancia por la cual mediante proveído de dieciséis de octubre de dos mil veinte, se ordenó emplazarla a través de edictos, sin que tampoco se lograra el cometido, porque la parte quejosa no compareció ante este órgano de control constitucional, a recoger los edictos de trato, mismos que se le dejaron a su disposición en la secretaría de este juzgado por el plazo de veinte días hábiles. Luego, si se ordenó realizar la relación sucinta de la demanda y se estableció además su publicación de tres veces de siete en siete días, en el Diario Oficial de la Federación y en un Periódico de mayor circulación en la República Mexicana, habiéndose dejado a su disposición para que realizara su publicación, sin que hasta el momento jurídico procesal en que se actúa así lo hubiera acreditado; por ende, si del análisis sistemático del artículo 61, fracción XXIII, de la ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 27, fracción III, inciso b) y 5, fracción III, inciso b), del propio ordenamiento legal, así como el numeral 14 párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo que se infiere, que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 27, fracción III, inciso b) y ordenado el emplazamiento a juicio de la parte tercera interesada, por medio de edictos a costa de la parte quejosa, éste no los recibe para su publicación, ni exhibe la misma, cuando se realizara su entrega, lo que procede decretar en consecuencia, el sobreseimiento en el juicio de amparo en que se actúa, toda vez que incumple con el presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento (artículo 14 Constitucional) y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional. Por ende, sobreviene la causa de improcedencia de marras, pues con la no publicación de los edictos ordenados, quedaría paralizado el presente juicio de garantías, al arbitrio del impetrante de garantías, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la resolución del conflicto, ya que ello no es atribuible al Órgano de Control Constitucional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la Ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del solicitante del amparo y protección de la Justicia Federal. Consecuentemente, al sobrevenir la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos dispositivos 27, fracción III, inciso b) y 5, fracción III, inciso b) todos de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente asunto, con fundamento en el artículo 63, fracción II de la Ley de la Materia. Tiene aplicación al caso concreto la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª./J.64/2002, emitida por la Segunda Sala del más alto Tribunal del País, publicada en la página doscientos once, tomo XVI, Julio de dos mil dos, correspondiente al Pleno y Salas, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso." De ahí pues, que en el caso sea dable decretar el sobreseimiento del presente juicio de garantías, por lo que resulta ocioso esperar la celebración de audiencia constitucional; por tanto, se deja sin efectos la audiencia señalada para las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE.

  4. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, dieciséis de octubre de dos mil veinte. Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa no hizo manifestaciones con relación a la vista ordenada en proveído de diez de septiembre de dos mil veinte, respecto del domicilio cierto y completo a fin de emplazar a juicio a la tercera interesada ***. En atención a lo anterior, el suscrito provee respecto al emplazamiento de la menciona tercera interesada, no obstante las medidas de investigación decretadas por este juzgado federal no fue posible localizar el domicilio cierto de la citada parte. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de trece de noviembre de dos mil diecinueve y con fundamento en los artículos artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al juicio en que se actúa, emplácese a la tercera interesada ****, por medio de edictos a costa de la parte quejosa, mismos que deberán contener una relación sucinta de la demanda y se publicarán por tres veces, de siete en siete días, en el Diario Oficial de la Federación y en un periódico de mayor circulación en la República Mexicana, haciéndole saber que deberá presentarse ante este órgano jurisdiccional dentro de un término de treinta días contados a partir del siguiente al de la última publicación; fíjese además en los estrados de este juzgado federal una copia íntegra de ésta resolución por todo el tiempo del emplazamiento; bajo el apercibimiento a la tercera interesada que de no comparecer, las ulteriores notificaciones aún las de carácter personal le surtirán efectos por medio de lista que se publique en los estrados de este juzgado federal. A fin de que se lleve a cabo la publicación de mérito, se deja en la secretaría de este juzgado, a disposición de la parte quejosa los edictos relativos, para que dentro del plazo de veinte días siguientes al en que surta efectos legales la notificación del presente auto, los recoja, realice la entrega de los mismos para su publicación y acredite ante este órgano jurisdiccional su entrega (es decir, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos). Aplica a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 27/2015, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, dentro de la Décima Época, visible a página 27 del Tomo I, Septiembre de 2015, que establece: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL PLAZO PARA QUE EL QUEJOSO ACREDITE ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE LOS ENTREGÓ PARA SU PUBLICACIÓN, DEBE CONTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE PONEN A SU DISPOSICIÓN. Conforme al artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, cuando tenga que emplazarse al tercero interesado por edictos, el quejoso debe acreditar que los entregó para su publicación dentro del plazo de 20 días siguientes al en que se pongan a su disposición; ahora bien, dicho plazo, conforme al artículo 22 de la misma ley, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que señale que los edictos se ponen a disposición del quejoso; de ahí que en el plazo referido, éste debe (i) recogerlos, (ii) entregarlos para su publicación, y (iii) acreditar ante el órgano jurisdiccional su entrega (esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos); por lo que no procede la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles para establecer distintos plazos, ya que el relativo para acreditar la entrega para la publicación de los edictos se encuentra previsto expresamente en la Ley de Amparo.". Apercibida que de ser omisa en el cumplimiento de cualquiera de los supuestos anteriores, dará lugar al sobreseimiento en el presente juicio de amparo; toda vez que se incumpliría con un presupuesto procesal que se rige en formalidad esencial del procedimiento y hace que este juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional, en términos de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5° y 63 fracción II, todos de la Ley de Amparo. Ahora bien, a fin de que la parte quejosa se encuentre en condiciones de recoger los mencionados edictos, se le conmina para dentro del término de veinte días siguientes al en que le surta efectos la notificación del presente proveído, agende una cita, en términos del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el cual indica el procedimiento para las visitas al órgano correspondiente a través del módulo denominado "Agenda de Visitas"; trayendo consigo su código QR a fin de que le sea autorizado el acceso a este órgano jurisdiccional en la temporalidad agendada. En virtud de lo anterior, la audiencia constitucional señalada para este día, se difiere y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Notifíquese.

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