Ricardo Noé Cortés Castillo

Expediente 882/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
882/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
03/08/2022

Partes del expediente

  • Ricardo Noé Cortés Castillo

Actuaciones

  1. Principal

    VIII.- Visto el contenido de la razón de imposibilidad signada por el actuario judicial adscrito a este juzgado de Distrito, mediante la cual hace del conocimiento los motivos por los cuales no pudo realizar la notificación personal a la parte quejosa, ordenada en auto de veintinueve de julio de dos mil veintidós...se ordena la notificación del citado acuerdo, del presente, así como los subsecuentes, aun las de carácter personal, se le practiquen por medio de la lista que se fija en los estrados de este juzgado federal, y publicada en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, mientras no señale nuevo domicilio para tales efectos en Naucalpan de Juárez, Estado de México. LO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintinueve de julio de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta signado por la secretaria adscrita a este juzgado de Distrito, que contiene inserto el auto de veinticinco de julio de dos mil veintidós dictado en el cuaderno de conocimiento previo 2022, del que se advierte que este órgano jurisdiccional aceptó el conocimiento previo planteado por el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, en el juicio de amparo 853/2022-VII de su índice, por lo que se solicitó a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, el turno correspondiente a este juzgado federal. En ese sentido, se reitera, el suscrito comparte el criterio del citado órgano jurisdiccional, por lo que, con apoyo en el artículo 35 de la Ley de Amparo, este juzgado de Distrito se avoca al conocimiento del asunto; por tanto, vía interconexión comuníquese lo anterior a dicho juzgado y acúsese el recibo respectivo, para los efectos legales correspondientes; fórmese expediente, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno y regístrese bajo el número 882/2022-VIIl. Ahora bien, vista de nueva cuenta la demanda de amparo promovida por *********, por propio derecho, contra actos del Juez de Control, Especializado en Cateos, Órdenes de Aprehensión y Medidas de Protección en Línea del Estado de México, con residencia en Toluca de Lerdo y otras autoridades, se provee: En principio es importante precisar que el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Del precepto de mérito, se advierte la facultad del órgano jurisdiccional para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable, por el criterio que informa, la jurisprudencia1 de rubro: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA.". En ese contexto, del estudio integral del escrito inicial de demanda, se advierte que los actos reclamados por la parte quejosa consisten en: A. La "indebida" integración de la carpeta de investigación con número *******, a cargo del Agente del Ministerio Público Especializado en Combate a la Corrupción en Naucalpan de Juárez, Estado de México, de la Fiscalía Central para la Atención de Delitos Vinculados al Combate de la Corrupción, por el delito de extorsión. B. La orden de aprehensión y/o detención emitida en contra del quejoso y su ejecución. Asimismo, de las propias manifestaciones expuestas por la parte quejosa en su escrito de demanda, se advierte que la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado precisado con el inciso B) fue el seis de junio de dos mil veintidós, cuando, como refiere, agentes policiacos se constituyeron en su domicilio particular preguntando por el ahora quejoso, informando a la esposa de éste sobre una orden de aprehensión girada en su contra por el juez responsable. Por tanto, la confesión expresa de la parte quejosa contenida en el referido escrito respecto de la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado hace prueba plena. Asimismo, en cuanto al acto reclamado marcado con el inciso A), se advierte que por lo menos tuvo conocimiento con el informe justificado (registrado con folio 12755) rendido por el Juez de Control Especializado en Cateos y Órdenes de Aprehensión en Línea del Estado de México, en el que se advierte que ******, agente del Ministerio Público en la carpeta de investigación *********** solicitó se librara orden de aprehensión en contra del quejoso, en el juicio de amparo *******, del índice de este juzgado de Distrito, el veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve. Lo anterior, como un hecho notorio conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo previsto en su numeral 2°, que dispone: "ARTICULO 88. Los hechos notorios pueden ser invocados por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes." Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia de rubro: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. 2" Sirve de apoyo por identidad de razón, la jurisprudencia3 de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO.". En ese contexto, el suscrito estima que, en la especie se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los diversos 17 y 18 todos de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 61, en su fracción XIV, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento.". Por otra parte, los artículos 17 y 18, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días.". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor.". 3 Con número de registro 200094. Así, de los preceptos legales transcritos, se evidencia que el plazo al que todo gobernado debe ajustarse para promover el juicio de amparo es de quince días, contados de la forma que estatuye el artículo 18 del propio ordenamiento legal, que por regla general es de la siguiente forma: a) Desde el día siguiente al que hubiese surtido efectos la notificación del acto reclamado de acuerdo con la ley que rija el acto reclamado; b) Desde el día siguiente al en que la parte quejosa hubiese tenido conocimiento del acto que pretenda reclamar; y, c) Desde el día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor de la existencia del acto reclamado. En este sentido, los supuestos mencionados se excluyen entre sí, y, además, no guardan prelación alguna; por tanto, es clara la intención del legislador de establecer que el término para la promoción del juicio de amparo, se computa a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los supuestos en ella contenidos y se presente siempre, invariablemente, en el improrrogable plazo de quince días siguientes. La referida regla que rige el plazo de quince días como término preprocesal que se exige a los gobernados, admite ciertas excepciones que se indican en el artículo 17 de la Ley de Amparo, de cuya intelección se pone de manifiesto que el legislador ordinario tuvo la intención de poner límites en lo temporal para promover el juicio de amparo, con relación a algunos actos respecto de los que con anterioridad no lo establecía, tales como los actos en materia agraria provenientes de autoridades administrativas e, incluso en la materia penal hasta el caso de actos que afecten la libertad emitidos por una autoridad judicial como sucede con los relativos a una orden de aprehensión, reaprehensión, auto de formal prisión o de sujeción a proceso-, esto es, aquellos regulados por los artículos 16 y 19 de la Constitución Federal; lo anterior es así, pues el precepto reproducido no revela que el legislador hubiere establecido nuevamente excepciones a la regla general que establece el plazo de quince días para promover el juicio de amparo. Ahora bien, la causa que torna inejercitable la acción de garantías tiene lugar cuando ésta no se promueve dentro del plazo de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo en lo general, cuando no se está en algunas de las excepciones, dado que el legislador consideró que si un gobernado afectado por la ley o por el acto de autoridad no se opone a ella a través de su demanda de amparo, significa que consintió una u otro de forma tácita, lo que resulta explicable en razón de que la temporalidad para el ejercicio de la acción constitucional -fuera de los casos en que la vida o la integridad física se encontrare comprometida- no podría quedar a la libre elección del gobernado; aceptarlo implicaría desconocer la fuerza legal y eficacia de la cosa juzgada, así como de la garantía de certeza jurídica que todo acto, sea de autoridad o de un particular cobra con el transcurso del tiempo. Sobre el tema de la causa de improcedencia a que se alude, cobra aplicación la tesis4 de rubro: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO.". Debe precisarse que en el caso, no se surte ninguno de los supuestos que pudiere dar origen a la excepción a la regla contenida en el propio artículo 17 de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado no es de aquellos que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como la incorporación forzosa al Ejército; como tampoco se reclama una norma general autoaplicativa, o un procedimiento de extradición, ni una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, y menos aún se promueve el amparo contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Ahora bien, en el caso la parte quejosa reclama: A. La "indebida" integración de la carpeta de investigación con número **********, a cargo del Agente del Ministerio Público Especializado en Combate a la Corrupción en Naucalpan de Juárez, Estado de México, de la Fiscalía Central para la Atención de Delitos Vinculados al Combate de la Corrupción, por el delito de extorsión. B. La orden de aprehensión y/o detención emitida en contra del quejoso y su ejecución. 4 Con número de registro 219095. Empero, el accionante del amparo manifestó en su escrito de demanda, que tuvo conocimiento de dicha orden de aprehensión el seis de junio de dos mil veintidós cuando, como refiere, agentes policiacos se constituyeron en su domicilio particular preguntando por el ahora parte quejosa, informando a la esposa de éste sobre una orden de aprehensión girada en su contra por el juez responsable. Asimismo, como se precisó, se advierte que por lo menos tuvo conocimiento del informe justificado rendido por el Juez de Control Especializado en Cateos y Órdenes de Aprehensión en Línea del Estado de México, en el que se advierte que **********, agente del Ministerio Público en la carpeta de investigación ********** solicitó se librara orden de aprehensión en contra del quejoso, en el juicio de amparo 1349/2019-III, del índice de este juzgado de Distrito, el veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve. Precisado lo anterior, se evidencia que a la fecha de presentación de la demanda de amparo (catorce de julio de dos mil veintidós) ha transcurrido en exceso el término con el que contaba la parte quejosa para promover la acción constitucional, toda vez que el plazo con el que contaba para promover la demanda de amparo contra el acto precisado con el inciso B) transcurrió del siete al veintisiete de junio de dos mil veintidós, descontando de dicho cómputo los días once, doce, dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de junio pasado, porque fueron inhábiles de conformidad con los artículos 19 de la Ley de Amparo y 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente. Asimismo, se evidencia que a la fecha de presentación de la demanda de amparo (catorce de julio de dos mil veintidós) ha transcurrido en exceso el término con el que contaba la parte quejosa para promover la acción constitucional, toda vez que el plazo con el que contaba para promover la demanda de amparo contra el acto precisado con el inciso A) transcurrió del veintisiete de noviembre al diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, descontando de dicho cómputo los días treinta de noviembre, uno, siete, ocho, catorce y quince de diciembre de dos mil diecinueve, porque fueron inhábiles de conformidad con los artículos 19 de la Ley de Amparo y 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, debido a que se infiere que el quejoso ya tenía conocimiento de la existencia de la carpeta de investigación iniciada en su contra, como él mismo lo indica bajo protesta de decir verdad en la presente demanda de amparo. Así, la extemporaneidad en el ejercicio de la acción de amparo se hace patente, pues transcurrieron más de quince días desde el día siguiente a la fecha en que tuvo conocimiento de los actos que reclama, esto es, el seis de junio de dos mil veintidós, y veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve a la presentación de la demanda de amparo (catorce de julio de dos mil veintidós), lo que pone en evidencia que, a esa fecha, había fenecido el plazo de quince días que tenía para hacerlo. Por tanto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo, con fundamento en el ordinal 113 de la ley en cita, se desecha por extemporánea la demanda promovida por Ricardo Noé Cortés Castillo, por propio derecho. Se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Luis Álvarez Calva y Saúl Evaristo Rodríguez Martínez, porque sus cédulas profesionales están debidamente registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales; y únicamente para oír y recibir notificaciones y documentos, en términos de la parte final del segundo párrafo del citado artículo 12, a *********, porque su cedula profesional no está registrada en dicho sistema. Es aplicable en lo conducente la tesis I.11o.A.4.A, titulada: "SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO. PARA TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, EL ABOGADO DEBE ACREDITAR SU INSCRIPCIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DE ALGÚN MEDIO DE DEFENSA.".5 Con fundamento en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública Derivado del Virus Covid-19, se toma conocimiento de las cuentas de correo electrónico proporcionadas, a fin de establecer contacto en caso de que este juzgado lo considere necesario durante la tramitación del presente juicio. Tomando en consideración que la parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en **********; con fundamento en el artículo 26 fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, por única ocasión, se comisiona al actuario judicial de la adscripción, para que se constituya en el domicilio en cita y le notifique personalmente el presente acuerdo; asimismo, lo requiera para que en la diligencia, o bien por escrito en el término de tres días señale domicilio para oír y recibir notificaciones en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, lugar de residencia de este órgano jurisdiccional. Apercibido que de no hacerlo en el plazo señalado, de conformidad con el artículo 27, fracción II, en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado federal, hasta en tanto señale uno en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, para tal efecto. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilita al actuario judicial adscrito a este juzgado de Distrito para que, en caso de ser necesario, practique las diligencias derivadas de este asunto, en días y horas inhábiles. Asimismo, se destaca al fedatario adscrito a este órgano jurisdiccional que para realizar las notificaciones que con motivo del presente trámite surjan, deberá ceñirse a la temporalidad prevista en el artículo 24 de la Ley de la Materia. Se instruye a los actuarios judiciales para que cuando practique la notificación a que se refiere este acuerdo acaten los protocolos para su seguridad personal elaborados por el Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, derivado del esquema de trabajo establecido con motivo de la emergencia sanitaria derivada del virus SARSCoV2, conforme a lo dispuesto en los normativos 22, fracción I, y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase al promovente que está en aptitud de solicitar la consulta del expediente electrónico a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y continuar la tramitación del presente expediente utilizando los medios electrónicos disponibles en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Con fundamento en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública Derivado del Virus Covid-19, requiérase a la parte quejosa para que, de estimarlo conveniente, proporcione un número de teléfono móvil, a fin de establecer contacto en caso de que este juzgado lo considere necesario durante la tramitación del presente juicio. Con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, expídase a su costa un juego de copia certificada de este auto, y entréguese previa identificación y toma de razón que por su recibo se asiente en autos para debida constancia legal. En la inteligencia, que lo anterior deberá realizarse conforme a los lineamientos establecidos en el Acuerdo General 21/2020 cuya vigencia fue ampliada por los diversos 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021, 1/2022, 7/2022 y 9/2022 así como el anexo del Acuerdo General 9/2022 y circular SECNO/6/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con el período de vigencia y horario de atención, respecto de las medidas de seguridad sanitaria que llevarán a cabo los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en el horario de las nueve a las trece horas, de lunes a viernes, para la atención al público en relación con el centro de copiado, en relación con el horario de las siete horas con cuarenta y cinco minutos a las quince horas con quince minutos, de lunes a viernes, para la atención al público en este juzgado de Distrito, a fin de que le sean entregadas con oportunidad. Para tal efecto, en términos de lo dispuesto en los artículos 3 y 6, fracción II, del referido Acuerdo General 21/2020 del propio, tiene la vía expedita para generar la cita correspondiente a través del sistema "Agenda OJ", disponible en el Portal de Servicios en Línea, atendiendo el esquema de trabajo que prevalece en los órganos jurisdiccionales con motivo de la emergencia sanitaria decretada en el país. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se instruye a los secretarios y demás personal de este juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto. Por tanto, dichos servidores públicos deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica, para incorporarlas al expediente impreso. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 106 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se instruye a los secretarios del juzgado a efecto de que elaboren la versión pública de la sentencia y/o resolución que al efecto se dicte en este juicio de amparo, con estricto apego a dichos ordenamientos legales y demás normatividad aplicable. Finalmente, de acuerdo con lo establecido en los artículos 1°, 3, 4, 9, 68, 113, fracción I, 117 y 118 de la Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la Información Pública, así como 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, comuníquese a las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial."

  2. Principal

    VIII.-...Notifíquese personalmente a la parte quejosa...

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