RICARDO NAVA MARTÍNEZ y Otros.
Expediente 750/2017 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Chihuahua. 157 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 750/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 157
- Última actuación
- 01/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Uriel Lozoya Cardenaz
- Ricardo Nava Martínez
- RICARDO NAVA MARTÍNEZ y Otros.
- Javier Aldavaz García
- JAVIER ALDAVAZ GARCÍA y Otros.
- URIEL LOZOYA CARDENAZ y Otros.
- ERNESTO RIVAS GALAZ y Otros.
- Presidente Municipal de Casas Grandes Chihuahua
Actuaciones
Las 4 más recientes de 157.
- Principal
se recibe el oficio y anexos del Segundo Tribunal Colegiado en esta ciudad, entre los que figura la resolución recaída en el incidente de inejecución de sentencia relativo, en la cual se determinó lo siguiente: "PRIMERO. Se confirma el auto de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, dictado por el Juez Noveno de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, en el juicio de amparo indirecto 750/2017.--- SEGUNDO. Existe imposibilidad material y jurídica para el cumplimiento del fallo protector." Acuse. Acúsese el recibo de estilo. Cumplimiento sin materia. En mérito de lo anterior, si bien la Alzada relativa confirma el auto de veintisiete de mayo del presente año, del incidente de inejecución relativo, con motivo de la imposibilidad jurídica y material para decretar el cumplimiento que en su momento consideró este tribunal, lo cierto es que en la misma resolución el propio Tribunal Colegiado determinó que confirma el auto de veintisiete de mayo del año en curso decretado por este Juzgado de Distrito y que existe imposibilidad material y jurídica, lo que se hace del conocimiento de las partes para los fines legales a que haya lugar. Anotaciones y archivo. Efectúense las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y, toda vez que el presente ha quedado total y definitivamente concluido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo.
- Incidental
se advierte que este incidente se encuentra totalmente concluido, por lo cual lo conducente es, en su oportunidad, enviarlo al archivo definitivo.
- Principal
se recibe el oficio del Segundo Tribunal Colegiado de esta ciudad, y agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, por el que informa la radicación del medio de defensa relativo, por el cual se tiene por recibida tal información y hágase del conocimiento de las partes para los efectos condignos.
- Principal
Imposibilidad jurídica y material para cumplir la ejecutoria de amparo. En el orden jurídico mexicano, el juicio de amparo constituye el proceso jurisdiccional más importante para la defensa de los derechos humanos. El artículo 103 de nuestra Norma Fundamental concede al Poder Judicial de la Federación la facultad de analizar las normas generales, los actos y omisiones que violen los derechos humanos previstos en la carta magna, así como en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Por ello, la eficacia del juicio de amparo es clave para lograr que todas las personas disfruten en nuestro país de esos derechos. La eficacia del amparo y, en consecuencia, de la protección judicial de derechos humanos, depende en buena medida del cumplimiento de las sentencias firmes que se dicten en los procesos constitucionales. Dada la trascendencia de las propias ejecutorias de este carácter en un Estado de Derecho, es imperativo hacerlas verdaderamente efectivas, pues, de otro modo, el sistema de control constitucional sería una mera ilusión al quedar incompleto y la eficacia del amparo sería trastocada. Por tanto, es incuestionable que las autoridades responsables en el juicio de amparo e inclusive las que carecen de tal carácter, están jurídicamente constreñidas a cumplir, sin demora alguna, todo fallo concesorio. Sin embargo, hay ocasiones en las que las circunstancias que rodean el caso concreto de un amparo, generan una imposibilidad -material o jurídica- de cumplir con el fallo protector, lo que, no libera a las autoridades responsables de su deber irrestricto sobre ese particular, sino que únicamente las constriñe a hacerlo de una manera sustituta, lo que sucede cuando se afecta a la sociedad en mayor grado que los beneficios que pudiera obtener la parte quejosa, o bien, porque es imposible el cumplimiento en sus términos o sea desproporcionalmente gravoso restituir la situación imperante antes del acto violatorio de derechos. En esas condiciones, el cumplimiento sustituto del fallo protector en el amparo no es irrestricto, ni omnímodo, sino que únicamente procede cuando el acatamiento, en sus propios términos, no cumple con la condición óptima de que se trata, y siempre que la propia naturaleza del acto lo permita. Al respecto, cabe citar la tesis P. IV/2016 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página quinientos cincuenta y siete de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo I, que es del tenor literal siguiente: "CUMPLIMIENTO SUSTITUTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA. Para la procedencia del cumplimiento sustituto de la sentencias de amparo, ya sea a petición de cualquiera de las partes o de oficio (caso en el que no existe conformidad de la parte quejosa para que la sentencia de amparo se cumpla de forma diversa a lo que establece), la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no dispone de mayores requisitos que el consistente en que la autoridad responsable manifieste la imposibilidad o inconveniencia de cumplir la sentencia de amparo en sus términos o porque se afecte a la sociedad en mayor grado que los beneficios que pudiera obtener o porque sea imposible el cumplimiento en sus términos o desproporcionalmente gravoso. Ahora bien, con la reforma constitucional en materia de amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once y que entró en vigor el cuatro de octubre de ese año, el supuesto relativo a la afectación social frente al beneficio del quejoso sufrió los siguientes tres cambios importantes: a) se suprimió el calificativo "gravemente" respecto de la afectación social, lo que supone la flexibilización de esta figura, dado que aquélla podría ser de una entidad menor; b) se excluyó a los terceros como sujetos cuya afectación podría generar el que una sentencia de amparo se cumpla de manera sustituta, de modo que sólo será la sociedad la que se proteja a través de esta figura; y, c) se eliminó el vocablo "económico", que modulaba el beneficio del quejoso, frente al cual se contrasta la afectación social, y esto sólo supone que el beneficio del quejoso no deberá tasarse única o preponderantemente en términos económicos, pues sin duda este criterio deberá seguir considerándose, ya que sería imposible que, de entre los beneficios que obtiene un quejoso con el cumplimiento de la sentencia de amparo, no se encuentre el económico. Se prevé, además, la posibilidad de que se decrete el cumplimiento sustituto cuando las circunstancias del caso impliquen que sea imposible (material o jurídicamente) cumplir con la sentencia de amparo, supuesto que si bien no se encontraba en la Constitución, ya se reconocía en la jurisprudencia. De este modo, el único supuesto introducido con motivo de esa reforma, al tenor del cual se puede decretar el cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo, es el referente a que resulte desproporcionalmente gravoso restituir la situación que imperaba antes de la violación. Sobre este último aspecto, resulta importante precisar que, para determinar si se actualiza la condición referente a la "desproporcionalidad gravosa", deberá justificarse si retrotraer las condiciones que prevalecían antes de la violación implica un costo desproporcionalmente mayor que cumplir con la sentencia de amparo de manera sustituta. Es importante recalcar que esta condición no se actualizará si se aduce un gasto sólo mayor, ya que se requiere que el gasto que implica cumplir con la sentencia de amparo en sus términos sea mucho mayor que el que implica hacerlo de manera sustituta. Éste es un mandato de optimización para que en el caso del cumplimiento de las sentencias de amparo se aplique un criterio racional a partir del cual se maximice el beneficio individual (derivado de la concesión del amparo) sin sacrificar el beneficio social (representado por el recurso público destinado al cumplimiento de la sentencia de amparo). En este sentido, se autorizará el cumplimiento sustituto del fallo protector cuando el acatamiento en sus términos no cumpla con la condición óptima y, por ende, implique que el quejoso obtenga un beneficio y al mismo tiempo ello se traduzca en un decremento considerable para el Estado." Para el suscrito en el caso se reúnen las condiciones que justifican la declaratoria de imposibilidad jurídica y material para el cumplimiento de le ejecutoria de amparo en el juicio que nos ocupa. Es el caso que la parte quejosa acudió a esta vía con el objeto de reclamar una corrida de un hato de ganado, así como su remate y adjudicación junto con los efectos relativos. En relación con los actos de que se trata, en el fallo protector se concluyó que la parte tercero interesada -Álvaro Bustillos Delgado- carece del carácter de propietaria del lugar conocido como Lote de Quevedo, por lo menos para efecto de una corrida como las reguladas en la Ley Ganadera Estatal, de ahí que las autoridades responsables no estuvieron en lo correcto al realizar la corrida de ganado reclamada. Por lo anterior, se concedió a la parte impetrante el amparo para el efecto de que las autoridades responsables, en el ámbito de su competencia legal, dejen insubsistente la corrida de ganado y sus efectos, y en su lugar pongan al ganado objeto de tal corrida en el lugar en que se encontraba antes del alumbramiento de los actos reclamados, o sea, en el lugar conocido como Lote de Quevedo. Por proveído de 17 de agosto de 2018, se requirió el cumplimiento respectivo -f 1364 y 1365-. Con lo anterior queda claro que para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, las autoridades responsables estuvieron constreñidas a proceder en los términos siguientes: Dejar insubsistentes la corrida del hato de ganado y sus efectos. Transportarlo al Lote de Quevedo. Ingresarlo al propio lote del que fue extraído. Hacer entrega del ganado a la parte quejosa, en diligencia formal, ya en el interior del lote de que se trata. En resolución de treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, este Juzgado declaró la procedencia del incidente de cumplimiento sustituto, ante la imposibilidad de las autoridades para cumplir con los lineamientos del fallo protector. Lo anterior fue así, porque las autoridades transportaron, ingresaron al Lote Quevedo y entregaron a la parte quejosa únicamente ciento ochenta y seis de las doscientas ochenta cabezas de ganado relativas, pues la concesión del amparo alcanzó a la totalidad del ganado y no sólo a una parte de él. Tal decisión fue recurrida en queja por las autoridades responsables presidenta Municipal de Casas Grandes Chihuahua y Secretario de Desarrollo Rural del Estado de Chihuahua. El recurso del mencionado secretario fue desechado por improcedente, y el de la presidenta se declaró infundado, en sesión de veintisiete de enero de dos mil veintiuno. Corolario de lo anterior, el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, se aperturó el incidente de liquidación, a efecto de determinar la cantidad que habría de pagarse a la parte quejosa por las noventa y cuatro cabezas de ganado faltantes. Seguido el trámite del incidente, en interlocutoria de seis de abril de dos mil veintidós, se declaró sin materia el incidente de liquidación ante la omisión de las partes en cuanto a ofrecer pruebas de su intención, ya que en tales condiciones, no se tuvieron elementos de juicio que permitieran a este Juzgador determinar el valor pecuniario de las noventa y cuatro cabezas de ganado faltantes, ni por ende, la cuantía de los menoscabos patrimoniales sufridos. Tal resolución quedó firme el veinticinco de mayo de dos mil veintidós. Así pues, se colige que resulta jurídica y materialmente imposible el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, en la medida de que en el caso se determinó la procedencia del cumplimiento sustituto, el cual consistía en liquidar la cuantía del menoscabo sufrido por la parte quejosa en su patrimonio, traducida en el valor pecuniario de las noventa y cuatro cabezas de ganado faltantes al devolver al ganado al predio del que fue extraído por las autoridades responsables. Por tanto, es inconcuso que jurídica y materialmente los efectos del fallo constitucional no se han concretado ni pueden ser concretados, pues con el solo cumplimiento parcial de la sentencia, no se acataron los lineamientos ahí establecidos, sino que se incurre en defecto al no acatarse por cuanto a la totalidad de ellos, al existir el faltante de las noventa y cuatro cabezas de ganado mencionadas. En tal tesitura, para el suscrito se colman los lineamientos jurídicos que justifican la figura de la imposibilidad jurídica para cumplir con la ejecutoria de amparo, sin que sea el caso de determinar el cumplimiento sustituto del fallo protector, básicamente porque ya se agotó tal recurso con los resultados antes apuntados. Apoyan esta decisión las consideraciones vertidas en la interlocutoria de liquidación derivada de este incidente, pues con esto, no es posible sustentar el incidente de cumplimiento sustituto, en principio porque no se actualizan las directrices jurídicas del cumplimiento sustituto. En verdad no se dan, al final porque para el suscrito no hay materia para acatar el fallo protector en este juicio, en los términos patentemente ahí establecidos, porque el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de los actos del amparo, obliga a las partes a allegar a este Juzgador de los elementos necesarios para ello, lo que escapa del control de este Juzgado y en el caso, como se ha visto, no aconteció, por lo que deviene imposible el cumplimiento. En tal virtud, pese a que las autoridades están constreñidas a realizar cualquier acto idóneo y eficaz para el cabal acatamiento, lo cierto es que en el caso concreto eso no resulta posible dada la naturaleza del acto reclamado, que impide el cumplimiento sustituto, como es en todo caso indemnizar a la parte quejosa previa substanciación del incidente de daños y perjuicios, o bien mediante convenio que las partes establezcan, debidamente sancionado por este órgano jurisdiccional, a través del cual se tenga por cumplido el fallo protector, lo que se explica por la autoridad de la cosa juzgada, que radica en la regulación obligatoria e inalterable de las relaciones jurídicas que son sometidas a juicio, de modo que es una cualidad especial de los efectos de todo fallo jurisdiccional, los que, por virtud de la cosa juzgada, se vuelven definitivos, incontestables e inatacables al vincular a las partes, de ahí que, se insiste, a las autoridades no les queda más que cumplir con el fallo protector, ya sin más, se insiste, siempre y cuando esto sea posible, lo cual no acontece en el caso concreto. Conviene invocar al respecto, la tesis P. II/2016 (10a.), del Pleno del máximo Tribunal del País, plasmada en la página 559, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice así: "CUMPLIMIENTO SUSTITUTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS Y FORMAS EN LOS CUALES PROCEDE DECRETARLO. De conformidad con el artículo 107, fracción XVI, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del seis de junio de dos mil once, y que entró en vigor el cuatro de octubre de ese año, el cumplimiento de la sentencia de amparo de forma sustituta procede cuando: 1) la parte quejosa lo solicite; 2) el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo decrete de oficio; o, 3) las partes establezcan un convenio, sancionado ante el propio órgano jurisdiccional, a través del cual se tenga por cumplido el fallo protector. Asimismo, dicho precepto constitucional prevé dos formas a través de las cuales la sentencia de amparo podrá cumplirse de manera distinta a lo previsto en la propia resolución: 1) mediante el incidente de pago de daños y perjuicios al quejoso; o, 2) a través del convenio referido. La razón que subyace a esta figura es que las sentencias de amparo siempre deben cumplirse, pues precisamente, ante la inconveniencia de ello o su imposibilidad, el Constituyente dispuso que puedan cumplirse de manera sustituta en los supuestos y las formas antes precisados." Asimismo, es de invocarse la tesis P. V/2016 (10a.), del Pleno del más Alto Tribunal de la Nación, consultable a folio 555, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo I, Materia(s): Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación del tenor literal siguiente: "CUMPLIMIENTO SUSTITUTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. REGLAS A SEGUIR CUANDO LAS PARTES LO CONVIENEN. En términos del artículo 107, fracción XVI, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo procede en el supuesto de que las partes establezcan un convenio sancionado ante el propio órgano jurisdiccional, en cuyo caso, por regla general, la voluntad de las partes rige sobre la forma en que habrá de cumplirse con la sentencia de garantías. Así, en principio, el órgano jurisdiccional de amparo sólo debe verificar que lo que fue acordado por las partes (quejoso y autoridad o autoridades responsables) se verifique en los términos consignados en el propio convenio, sin que resulte imperioso analizar los términos de dicho instrumento. Ello será así, precisamente porque el incumplimiento de la sentencia de amparo, en los términos consignados en ésta, es lo que permite que las partes convengan en cumplir de manera alterna dicho fallo, por lo que resultaría contradictorio que el órgano jurisdiccional de amparo considerase que el contenido del convenio no resulta adecuado para que se tenga por cumplida la sentencia de amparo, pues precisamente las partes acordaron una forma distinta para ello." Igualmente se invoca la jurisprudencia cuatrocientos treinta y seis, sustentada también por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página número mil cuatrocientos ochenta y tres del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo I. Constitucional 3. Derechos Fundamentales Primera Parte - SCJN Décima Séptima Sección - Acceso a la justicia, que dice así: "COSA JUZGADA. SUS LÍMITES OBJETIVOS Y SUBJETIVOS. La figura procesal de la cosa juzgada cuyo sustento constitucional se encuentra en los artículos 14, segundo párrafo y 17, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene límites objetivos y subjetivos, siendo los primeros los supuestos en los cuales no puede discutirse en un segundo proceso lo resuelto en el anterior, mientras que los segundos se refieren a las personas que están sujetas a la autoridad de la cosa juzgada, la que en principio sólo afecta a quienes intervinieron formal y materialmente en el proceso (que por regla general, no pueden sustraerse a sus efectos) o bien, a quienes están vinculados jurídicamente con ellos, como los causahabientes o los unidos por solidaridad o indivisibilidad de las prestaciones, entre otros casos. Además, existen otros supuestos en los cuales la autoridad de la cosa juzgada tiene efectos generales y afecta a los terceros que no intervinieron en el procedimiento respectivo como ocurre con las cuestiones que atañen al estado civil de las personas, o las relativas a la validez o nulidad de las disposiciones testamentarias, entre otros." En conclusión, en opinión de este resolutor, se tiene que en el caso se reúnen las condiciones que justifican la imposibilidad jurídica y material para cumplir la ejecutoria de amparo en este juicio. Notifíquese.
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