Ricardo Narvaez Pérez

Expediente 335/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 31 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
335/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
31/12/2018

Partes del expediente

  • Ricardo Narvaez Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio signado por el secretario de acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, así como testimonio de la ejecutoria dictada en el recurso de queja 138/2018, interpuesto por el quejoso Ricardo Narváez Pérez, contra el auto de veintisiete de marzo del año en curso , por el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo; acúsese recibo. Hágase del conocimiento de la parte promovente que la superioridad declaró improcedente el recurso de queja interpuesto; por tanto, se declara que ha causado estado el citado auto. I. Con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente, como asunto concluido. II. En cumplimiento a lo señalado en los puntos cuarto, y vigésimo primero fracción I, del citado acuerdo y en virtud que se desechó la demanda de amparo, se estima que este expediente es susceptible de destrucción. III. Se considera también que carece de relevancia documental, ya que no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni se trata de resolución que haya sido impugnada ante algún organismo público internacional, ni relativo a conflicto laboral colectivo trascendente, o que por el sentido de la resolución adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. IV. Asimismo, se indica que, conforme a la certificación de cuenta, no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del referido acuerdo. V. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto décimo, fracción I, del referido acuerdo, el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá a la Dirección de Recepción, Tratamiento y Resguardo Documental del Centro de Manejo Documental y Digitalización del Consejo de la Judicatura Federal , para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su destrucción. VI. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente.(SE NOTIFICO POR LISTA)

  2. Principal

    Mesa de Amparo IV-A * "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de abril de dos mil dieciocho. Agréguese el oficio señalado en la cuenta al expediente en que se actúa... El secretario de acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, informa que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por el quejoso contra el auto de veintisiete de marzo del año en curso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia; en consecuencia, se toma nota de lo anterior. Notifíquese.

  3. Principal

    Mesa de Amparo IV-A * "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de abril de dos mil dieciocho. Agréguese el escrito señalado en la cuenta al expediente en que se actúa... el quejoso *****************, interpone recurso de queja contra el auto de veintisiete de marzo del año en curso, se ordena notificar a las partes la interposición del mencionado recurso, a fin de que en el plazo de tres días siguientes a su legal notificación señalen las constancias que en copia certificada deberán remitirse al Tribunal Colegiado; hecho lo anterior, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, copia certificada del auto de veintisiete de marzo del año en curso, para lo que dicho órgano colegiado tenga a bien acordar en relación con el trámite de dicho medio de impugnación. Transcurrido el plazo, este resolutor enviará el escrito del recurso, copia del acuerdo recurrido, el informe sobre la materia de la queja, las constancias solicitadas y las demás que se estimen pertinentes. Notifíquese.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de marzo de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio y anexos descritos en la cuenta. Acúsese recibo al titular del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, por la remisión del juicio de amparo 247/2018 promovido por Ricardo Narváez Pérez, y el cuaderno incidental en original y duplicado. Lo anterior, al haber considerado el titular de aquél Juzgado Federal, que se actualiza un supuesto de relación con el juicio de amparo 1716/2015 y 75/2017. En virtud que este juzgado comparte sustancialmente las razones de la autoridad remitente; infórmese que este juzgado se avoca al conocimiento del juicio constitucional de que se trata. Envíese oficio a la jefa de la oficina de correspondencia común de los juzgados de distrito, a efecto de que realice el registro correspondiente de este juicio de amparo para la compensación respectiva. Incidente de suspensión. No procede la apertura del incidente de suspensión, porque el juez Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, previo a declinar competencia, declaró sin materia el incidente de suspensión. Por tanto, se ordena identificar los cuaderno original y duplicado del incidente con el mismo número de este asunto. Solicitud de informes justificados. Tampoco es el caso solicitar a las autoridades responsables que rindan sus informes justificados, debido a que los mismos ya obran en autos. Ahora bien, de un análisis de las constancias se advierte lo siguiente: Las siguientes autoridades responsables aceptaron la existencia de la orden de reaprehensión y su ejecución a ellas reclamados: Juez Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca (foja 25); no rindió informe justificado; sin embargo, el juez declinante trajo a la vista el informe previo rendido en el incidente respectivo, la que agregó como documento, de la que se aprecia la existencia de la orden de reaprehensión librada contra el aquí quejoso el veintiséis de agosto de dos mil catorce, en la causa penal 22/2015. El Delegado Regional de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal en el Estado de Oaxaca (foja 33). Por otro lado las siguientes autoridades responsables ejecutoras, negaron el acto reclamado: Delegado Estatal de la Procuraduría General de la República (foja 30). Director general de asuntos jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca (hoja 15). Jefe de Grupo de la Agencia Estatal de Investigaciones Encargado del Grupo de Aprehensiones (foja 16). Servidor Público designado por acuerdo del coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones (foja 24). Directora de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (foja 18). La directora de Asuntos Jurídicos en representación del Fiscal General del Estado de Oaxaca (hoja 20). Director de Averiguaciones Previas y Procesos de la Fiscalía General del Estado (foja 22). Ahora bien, como es sabido, el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente: [.] [contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior. La fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo contiene la causal de improcedencia consistente en el supuesto de cosa juzgada, la que ha sido definida como un principio procesal que tiene un doble sentido, material y formal, y que está vinculado al principio de seguridad jurídica. La figura jurídica de la cosa juzgada se funda en tres razones principales: (1) en el principio de economía procesal que exige que se eviten dos procesos sobre el mismo litigio; (2) en la necesidad de evitar dos sentencias diversas y aun contradictorias sobre el mismo litigio; y finalmente, (3) en que sería injusto obligar al demandado a defenderse en dos procesos diversos respecto de una misma demanda. Cabe precisar que el texto del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada -que también establecía como causa de improcedencia la cosa juzgada-, tenía una redacción similar al texto vigente, en cuanto señalaba, en lo que interesa: "Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente: [.] IV.- Contra leyes o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; [.]". Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió diversos criterios que interpretaron, precisamente, el artículo 73, fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada; a manera de ejemplo, se citan los siguientes: "LITISPENDENCIA Y COSA JUZGADA, IMPROCEDENCIAS DEL JUICIO DE AMPARO POR. EN SU CONFIGURACION NO INFLUYEN LAS VIOLACIONES CONSTITUCIONALES ALEGADAS EN LAS DOS DEMANDAS DE GARANTÍAS. Debe sobreseerse en los autos del juicio constitucional de acuerdo con lo que se ordena en el texto de los artículos 73, fracciones III o IV (según corresponda), y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, cuando los actos reclamados sean materia de un diverso juicio de garantías promovido por la misma quejosa y en contra de las mismas autoridades, independientemente de las violaciones constitucionales alegadas, cuestión que no influye en la configuración de estas causales de improcedencia". "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. La fracción IV del artículo 73 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, establece: "El juicio de amparo es improcedente: IV. Contra leyes o actos que hayan sido materia de otra ejecutoria en otro juicio de amparo en los términos de la fracción anterior". La fracción III a que alude la disposición transcrita señala: "El juicio de amparo es improcedente, contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas". Se establece estrecha relación entre ambas causales de improcedencia, porque la señalada en la fracción IV establece como elemento fundamental, que la ejecutoria se haya pronunciado en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior, que no puede tomarse en su integridad sino sólo en la parte en que se refiere a otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por los propios actos reclamados. Esta limitación hace que no se confundan ambas causales y que su aplicación corresponda a momentos diferentes, pues en tanto que la causal de la fracción III se contrae a lo que debe llamarse litispendencia procesal que en el juicio constitucional da origen a su sobreseimiento, cualquiera que sea la instancia en que se encuentre, la de la fracción IV sólo puede aplicarse para el mismo efecto de sobreseer, cuando se haya producido la cosa juzgada por la ejecutoria que se pronuncia en el otro juicio en el que exista la identidad en los sujetos y en el objeto; entendiendo como cosa juzgada en el caso concreto de esta causa de improcedencia, aquella verdad legal que no admite ulterior recurso". "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, POR EXISTENCIA DE OTRO JUICIO DE AMPARO. SATISFECHOS LOS PRESUPUESTOS DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, NO IMPORTA QUE NO SE ENCUENTRE DEMOSTRADA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO EN EL OTRO AMPARO. No es óbice para que sea operante en el juicio de garantías la causal de improcedencia que consiste en la existencia de otro amparo, prevista por la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, el que los agraviados afirmen que en el amparo precedente no aparece que exista el acto reclamado, ya que, en primer lugar, la causal de improcedencia señalada no se condiciona a que existan los actos combatidos en el primer amparo sino únicamente a que la ley o acto que se reclamen sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución y que ese juicio esté promovido por el mismo quejoso o quejosos, contra las mismas autoridades responsables, y en segundo, no podría exigirse el requisito de que los actos reclamados sean ciertos, ya que la apreciación de las pruebas para tener o no por demostrada la existencia de los actos combatidos, se lleva a cabo hasta la sentencia, en los términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, y el artículo 73, fracción III, del ordenamiento citado, parte precisamente del supuesto de que dicha resolución no se ha dictado, esto es, que existe litispendencia". Conforme a los criterios recién transcritos, y al texto mismo del artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente cuando se actualizan los supuestos siguientes: (i) que la ley o acto reclamado que se cuestione haya sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo; (ii) que se haya dictado sentencia firme en el juicio anterior; y (iii) que ambos juicios se hubiesen promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. En el caso concreto, se actualizan esos supuestos, porque no es la primera vez que el quejoso Ricardo Narváez Pérez, acude ante la Justicia Federal para reclamar una supuesta orden de aprehensión y reaprehensión dictada en su contra, así como su ejecución material. Anteriormente, ya lo había hecho cuando promovió los juicios de amparo 1018/2017 y 95/2018 del índice este Juzgado en la que reclamo de diversas autoridades, las ordenes de aprehensión y reaprehensión libradas en su contra, asi como su ejecución material; y el 75/2017 del índice propio, en el que por sentencia dictada el veintiocho de abril de dos mil diecisiete, por una parte se sobreseyó en el juicio y por otra se negó el amparo y protección de la justicia federal al aquí quejoso, solicitado contra la orden de reaprehensión librada en su contra el veintiséis de agosto de dos mil catorce, por la Juez Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, en la causa penal 20/2012, que se le instruye por el delito de daño o destrucción de un monumento arqueológico, por cualquier otro medio distinto al incendio, inundación o explosión, previsto y sancionado por el artículo 52, segundo párrafo, de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos (delito no grave). De ahí que se estima actualizada la causa de improcedencia que encuentra su fundamento en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo vigente, que establece la improcedencia del juicio de amparo cuando exista cosa juzgada por tratarse de un acto que ya fue materia de una ejecutoria de amparo; en consecuencia, debe sobreseerse en este juicio. Dicha causa de improcedencia es tan evidente que en este juzgado se han tramitado por separado los juicios de amparo 1018/2017 y 95/201, radicados el veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete y el veintiséis de enero de dos mil dieciocho. En esos asuntos también la juez Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca y el delegado Estatal de la Procuraduría General de la República en el Estado de Oaxaca, aceptaron la existencia del acto reclamado consistente en la orden de reaprehensión librada en contra del aquí quejoso, el veinticuatro de agosto de dos mil catorce, en la causa penal 20/2012, del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con la precisión que el trece de marzo de dos mil quince, se resolvió procedente la separación de autos de la citada causa penal, en relación al quejoso, formándose la causa penal 22/2015. Expedientes que en este acto se tienen a la vista y de los que se aprecia que el quejoso Ricardo Narváez Pérez, ocurrió al juicio constitucional reclamando la misma orden de reaprehensión, en los que se ha decretado el sobreseimiento por la misma causa de improcedencia que en este auto se analiza. El siguiente cuadro comparativo lo demuestra: Juicio Autoridades Actos reclamados Resolución 1018/2017 Juez Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. Delegado de la Procuraduría General de la República en el Estado de Oaxaca. Jefe regional de la Agencia Federal de Investigaciones, en el Estado de Oaxaca. La orden de aprehensión y reaprehensión, librada contra el quejoso; así como su ejecución. En acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, en el que se sobreseyó fuera de audiencia respecto al acto consitente en la orden de aprehensión librada en su contra el veintiséis de agosto de dos mil catorce, en la causa penal 20/cinco de septiembre de dos mil trece, en la causa penal 20/2012, así como su ejecución, por cosa juzgada al tratarse de un acto materia de diversa ejecutoria de amparo. 95/2018 Juez Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. Delegado de la Procuraduría General de la República en el Estado de Oaxaca. Jefe de la unidad administrativa que integra la organización regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Oaxaca. Coordinador general de la Agencia Estatal de Investigaciones. Comandante del grupo de aprehensiones de la Agencia Estatal de Investigaciones. La orden de aprehensión y reaprehensión, librada contra el quejoso; así como su ejecución. En acuerdo de veintiséis de enero de dos mil dieciocho, en el que se sobreseyó fuera de audiencia respecto al acto consistente en la orden de aprehensión librada en su contra el veintiséis de agosto de dos mil catorce, en la causa penal 20/2012, así como su ejecución, por cosa juzgada al tratarse de un acto materia de diversa ejecutoria de amparo. Es importante hacer notar que tampoco causa perjuicio al quejoso que se sobresea fuera de audiencia por este motivo, pues ni aun celebrándose la misma podría desvirtuar la causa de improcedencia que se advierte manifiesta e indudable. Sobreseimiento que se hace extensivo al acto de ejecución que se reclama de las autoridades ejecutoras al no reclamarse por vicios propios, sino que su alegada inconstitucionalidad se hizo depender de la orden analizada. De lo anterior se advierte claramente que el quejoso ha promovido diversos juicios de amparo contra la orden de reaprehensión librada en su contra por la jueza Octavo de Distrito en el Estado, en el expediente penal 20/2012, ahora 22/2015; lo que evidencia claramente su intención de entorpecer la prosecución del procedimiento penal que se instruye en su contra, bajo la protección de la suspensión que en principio se le otorga. Aunado a lo anterior, también causa un grave perjuicio a la administración de justicia pronta, ya que la promoción desmedida de juicios de amparo, provoca que aumente la carga de trabajo de los juzgados de distrito a los que ha correspondido conocer de los mismos, distrayendo la atención de otros asuntos que se promueven con la firme y verdadera intención de obtener la protección de la Justicia Federal; no obstante que el quejoso ya obtuvo una sentencia firme en la que se le negó el amparo y protección de la justicia federal, lo que trae como consecuencia que los subsecuentes juicios de amparo que han promovido se hayan sobreseído. Hechos que no puede ser desconocido para el aquí quejoso Ricardo Narváez Pérez, porque quien figura como autorizado para recibir notificaciones en dichos juicios es la misma persona (Efraín Bautista Lazo) y el domicilio que señalan para tal efecto es el mismo; no obstante, se insiste en la promoción de juicios contra las ordenes de aprehensión derivadas de la causa penal 22/2015 (derivada de la separación de causas decretada en el proceso penal 20/2012) del órgano jurisdiccional referido. En consecuencia, a consideración del suscrito se actualiza el supuesto previsto en el artículo 249 de la Ley de Amparo, ya que ese supuesto presupone la promoción de dos juicios de amparo promovidos por el mismo quejoso y contra el mismo acto reclamado, ya que en el caso el impetrante del amparo no sólo ha promovido dos juicios de amparo contra la misma orden de reaprehensión, ya que de al menos dos ha correspondido conocer a este juzgado, más los que se tramitaron en los diversos órganos jurisdiccionales; sin que en el caso se encuentre motivo fundado para su promoción, ni se reclama un acto de los previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo; por tanto, se impone al quejoso (Ricardo Narváez Pérez), una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis XXI.1°P.A3K, que aparece en la página dos mil cuatrocientos cincuenta y ocho, libro 3, febrero de dos mil catorce, tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, de rubro y texto siguientes: "MULTA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 81 DE LA LEY DE AMPARO. PARÁMETROS PARA IMPONERLA CUANDO SE ACTUALIZA LA MALA FE A QUE SE REFIERE SU ARTÍCULO 3 BIS Y SE VULNERAN LOS PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PRONTA, COMPLETA Y EXPEDITA Y DE COSA JUZGADA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). Cuando se promueve un juicio de amparo con la única finalidad de retardar y/o entorpecer la ejecución de la sentencia reclamada, se vulnera el principio de administración de justicia pronta, completa y expedita, el cual garantiza que las resoluciones de los tribunales deben ejecutarse dentro de los plazos legales; por lo que, en tal supuesto, se actualiza la mala fe a que se refiere el artículo 3 Bis de la ley de la materia, vigente hasta el 2 de abril de 2013 y, por ende, procede imponer la multa prevista en su numeral 81. Ahora bien, cuando además del principio mencionado también se vulnera (con conocimiento de causa) el diverso de "cosa juzgada" -que implica inducir al error al tribunal para que examine argumentos que ya fueron materia de estudio en un amparo anterior-, la conducta del promovente no sólo es de mala fe (desleal), sino también dolosa (engañosa o tramposa). De manera que, cuando se actualizan ambos supuestos, se considera justo imponerle una multa equivalente al término medio aritmético del parámetro que establece el citado artículo 81 (de diez a ciento ochenta días de salario), porque la conducta sancionada involucra una doble intención que afecta a diversos principios esenciales de la administración de justicia." No es el caso de hacer mayor pronunciamiento sobre el domicilio señalado por el quejoso para recibir notificaciones y los autorizados para tal efecto, habida cuenta, en auto de uno de marzo de dos mil dieciocho, el Juez Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, se pronunció al respecto; por ende, considérese lo ahí acordado. Notifíquese personalmente. (SE NOTIFICO POR LISTA)

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