Ricardo Nanyo Arzate Rangel

Expediente 540/2023 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 1 actuación registrada, la última del 11 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
540/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
11/10/2023

Partes del expediente

  • Ricardo Nanyo Arzate Rangel

Actuaciones

  1. Juicio de Amparo Directo

    ... fórmese el expediente electrónico respectivo y regístrese en el libro de control electrónico como amparo directo 540/2023. De un análisis a la la demanda de amparo la suscrita presidenta considera que resulta notoriamente improcedente, en términos de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XVIII, y 62 en relación con la fracción I, tercer párrafo, del artículo 170 todos de la Ley de Amparo. El artículo 61, fracción XVIII, del citado ordenamiento legal, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;." Por otra parte, el artículo 170 del citado ordenamiento legal, dispone, en lo que interesa: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos". Como se ve, el precepto legal transcrito en primer término, establece que el juicio de amparo es improcedente cuando se trate de resoluciones emitidas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud de los cuales puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. El principio de definitividad está previsto en el tercer párrafo, de la fracción I, del artículo 170 de la Ley de Amparo, al establecer que, previamente al juicio de amparo, deberán promoverse los recursos ordinarios que se contemplen en la ley de la materia, por virtud de los cuales la sentencia, laudo o resolución reclamada pueda ser modificada o revocada. Esto es, la exigencia de instar previamente los recursos ordinarios está prevista como un requisito de procedibilidad del juicio de amparo directo. Por lo cual, al no cumplirse con el referido principio, por disposición expresa del artículo 170, fracción I, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, resulta improcedente el juicio de amparo, en relación con la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del precepto 61, del citado ordenamiento jurídico. En la especie, de las constancias recibidas se obtiene que el acto reclamado en el presente asunto lo constituye la sentencia de ocho de septiembre de dos mil veintitrés, emitida en el juicio administrativo 38/2023, en la que la magistrada de la Octava Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, que reconoció la validez de la resolución de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, emitida en el recurso de revocación número CTM/DRRA/RR/0002/2022; y, la diversa de diez de noviembre de dos mil veintidós, ambas emitidas por la autoridad resolutora de la Contraloría Municipal de Toluca, Estado de México. Por lo expuesto en el párrafo que antecede, cabe traer a colación el contenido del artículo 285 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, que textualmente dispone: "Artículo 285.- Procede el recurso de revisión en contra de: I. Los acuerdos que desechen la demanda; II. Los acuerdos que concedan o nieguen la suspensión del acto impugnado, los que revoquen o modifiquen estos acuerdos y los que señalen garantías o cauciones con motivo de la propia suspensión; III. Las resoluciones que decreten o nieguen sobreseimientos; IV. Las sentencias que decidan la cuestión planteada, por violaciones cometidas en ellas o durante el procedimiento del juicio, en este último caso cuando hayan dejado sin defensa al recurrente y trascienden al sentido de las sentencias; y V. Las resoluciones que se emitan en el juicio sumario; VI. Las resoluciones de las salas regionales que pongan fin al procedimiento de ejecución de sentencia;". En efecto, dicho dispositivo, entre otros supuestos, establece que contra las sentencias que decidan la cuestión planteada, procede el recurso de revisión; y, por tanto, antes de acudir al amparo directo contra la sentencia dictada en el juicio administrativo de origen, se debió interponer el recurso antes mencionado, ello en atención a que el principio de definitividad del juicio de amparo obliga a agotar, previamente a su presentación, el recurso o medio de defensa que, dentro del procedimiento, concede la ley aplicable, contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo que se reclamen y, por virtud del cual, puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, pues el juicio de amparo se concibió como un medio extraordinario de impugnación, lo que significa que sólo procede en casos excepcionales. Puntualizado lo anterior, se destaca que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, primer párrafo, de la Ley de Amparo, porque contra la sentencia reclamada, antes de acudir al juicio de amparo directo, procedía el recurso de revisión en términos del antes transcrito artículo 285 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Máxime que la parte quejosa no se ubica en alguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad que prevé el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, cuyo contenido es: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo.". Como se puede observar, el numeral parcialmente transcrito prevé una salvedad respecto de la procedencia del juicio de amparo que se traducen en una excepción al principio de definitividad de que se trata, siendo que en la especie no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni la incorporación forzosa al ejército, armada o fuerza aérea nacionales; tampoco se trata de una orden de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y, menos se refiere a una persona extraña al procedimiento. Asimismo, el numeral en comento señala que la parte quejosa quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo, siempre y cuando se actualice alguna de las hipótesis siguientes: Que la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional, o Que su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Pues bien, esta presidencia estima que el alcance que debe darse a los términos de las hipótesis de excepción para observar el principio de definitividad, esto es, "que la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional", o "que su fundamento legal sea insuficiente", debe entenderse para el caso de que amerite cualquier discusión sobre su interpretación; cuando la norma no es clara y explícita porque su contenido amerite más de una conclusión o deducción; y que a la postre deje al gobernado en un estado de incertidumbre por cuanto hace a conocer si debe agotar o no el medio de impugnación previamente a acudir al juicio de amparo, lo que no ocurre en la especie. Cierto, se considera que la norma en análisis es clara porque indica que contra la sentencia reclamada de ocho de septiembre de dos mil veintitrés, dictada en el juicio administrativo 38/2023, por la magistrada de la Octava Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, procedía, sin ninguna restricción, el recurso de revisión previsto en el artículo 285 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. En consecuencia, con fundamento en los artículos 61, fracción XVIII, y 179 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Ricardo Nanyo Arzate Rangel, contra la sentencia de ocho de septiembre de dos mil veintitrés, dictada en el juicio administrativo 38/2023, por el secretario de acuerdos en funciones de magistrado de la Octava Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. No escapa a la atención de esta presidencia lo dispuesto en el artículo 202, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, el cual establece la procedencia del recurso de apelación contra una resolución pronunciada en el procedimiento administrativo de responsabilidades administrativas, en razón de que ese medio de impugnación procede cuando la persona servidora pública haya sido sancionada por faltas administrativas graves. Sin embargo, en la sentencia reclamada se reconoció de la resolución de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, emitida en el recurso de revocación número CTM/DRRA/RR/0002/2022, que ratificó la determinación de diez de noviembre de dos mil veintidós, ambas emitidas por la autoridad resolutora de la Contraloría Municipal de Toluca, Estado de México, en la que se consideró que Ricardo Nanyo Arzate Rangel, es responsable administrativamente de una falta no grave. Por consiguiente, la parte quejosa debe atender a los medios de impugnación previstos en el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, para inconformarse contra una sentencia dictada en un juicio administrativo tramitado en términos del aludido código administrativo. Tampoco es óbice a lo anterior, lo dispuesto en el artículo 64, párrafo segundo, de la ley de la materia, toda vez que la causa de improcedencia fue invocada por la autoridad responsable en su informe justificado, aunado a que el diverso 179 faculta a la suscrita presidenta a desechar por un motivo manifiesto de improcedencia la demanda de derechos fundamentales, máxime que no se deja en estado de indefensión a la parte quejosa, en razón de que contra la presente determinación procede el recurso de reclamación previsto en el artículo 104 de la ley de la materia, medio de impugnación en el que podría alegar para tratar de justificar la procedencia del presente juicio de amparo. Apoya lo anterior la tesis: P. I/2017 (10a.), emitida por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, publicada el doce de mayo de dos mil diecisiete, cuyos rubro y texto son del tenor literal siguiente: "VISTA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE AMPARO. ES INNECESARIO QUE LA OTORGUE EL PRESIDENTE DE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO AL PROVEER SOBRE UNA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. Es innecesario que el Presidente de un Tribunal Colegiado de Circuito dé vista a la parte quejosa con la actualización de una causa de improcedencia prevista en la Ley de Amparo cuando, en ejercicio de su labor jurisdiccional y a fin de depurar el procedimiento a partir del análisis de la demanda de amparo directo -por ser el momento idóneo para ello- aquél suscribe un auto en el que resuelve desecharla respecto de uno o varios actos reclamados, pues en tal caso el justiciable tiene a su alcance el recurso de reclamación, cuyo conocimiento corresponde al respectivo Tribunal de manera colegiada y en el cual se pueden exponer las razones que se consideren pertinentes para desvirtuar las consideraciones del propio Magistrado Presidente, con lo que se satisfacen los derechos de acceso a la jurisdicción y de defensa del quejoso". Como personas autorizadas, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionales que menciona, siempre que tengan debidamente registradas sus cédulas profesionales en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de distrito, de lo contrario sólo se les tendrá como autorizadas, para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, hasta en tanto realice el registro correspondiente en el referido sistema. Cabe destacar que el domicilio, para oír y recibir notificaciones, de la parte quejosa se encuentra fuera de la residencia de este tribunal colegiado. ... gírese atento y comedido despacho número 130/2023 mediante el módulo de Interconexión del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), al juzgado de distrito en materias de amparo y de juicios federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en turno, remitiéndole para tales efectos el documento digital con la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas de la suscrita magistrada presidenta y del secretario de acuerdos con quien se actúa, como lo establece el artículo 6 del Acuerdo general del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas y, además, por así haberse comunicado en la circular SECNO/3/2017, de veintisiete de agosto de dos mil diecisiete, emitida por el titular de la secretaría ejecutiva de creación de nuevos órganos del citado consejo; se solicita al órgano mencionado realice las diligencias que considere necesarias para cumplir lo encomendado en términos del citado código adjetivo federal; la notificación motivo del despacho deberá realizarse: A la parte quejosa: Ricardo Nanyo Arzate Rangel, en el domicilio ubicado en: c... Lo anterior, para que en auxilio de las labores de este tribunal colegiado se sirva ordenar a quien corresponda lleve al cabo la notificación, en forma personal, del presente proveído a la citada parte. Se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", por medio del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Se instruye a la secretaría de acuerdos para que, hasta que concluya en definitiva el trámite de este asunto, los acuses de recibo se ingresen al expediente electrónico, sin dar cuenta a la suscrita magistrada presidenta, pues, la resolución que se llegue a dictar con motivo de esas constancias sólo tendrá como efecto ordenar su integración al citado expediente. Se autoriza a la actuaría adscrita a este tribunal para que pueda emplear, de manera excepcional, el uso del teléfono y del correo electrónico para llevar cabo una comunicación oficial procesal a una autoridad responsable o tercera interesada, incluso para notificar a las demás partes distintas a las indicadas, siempre que no tenga acceso para actuar desde el portal de servicios en línea del Poder Judicial de Federación, para lo cual deberá certificar la confirmación de la comunicación respectiva. Se da la intervención que corresponda a la fiscalía adscrita a este tribunal. Se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste de oponerse a la publicación de sus datos personales.

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