Ricardo Motta Ávila
Expediente 1528/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 10 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1528/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 11/01/2018
Partes del expediente
- Ricardo Motta Ávila
Actuaciones
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- Principal
I.- Téngase por recibido el oficio remitido por el Presidente de la Segunda Sala Civil de Toluca, Estado de México, mediante el cual acusa recibo del oficio 36697/2017, por el que se le devolvieron las constancias que remitió como anexo a su informe justificado para substanciar el presente juicio de amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese el oficio de cuenta para los efectos legales procedentes y déjese sin efectos el apercibimiento inserto en el auto de veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete. Notifíquese.
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I. Toluca, Estado de México; veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete. La certificación de cuenta evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, el quejoso no recurrió la sentencia dictada el treinta de noviembre de dos mil diecisiete, por la cual se sobreseyó en este asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales conducentes y las anotaciones correspondientes háganse en el Libro de Gobierno. Por otra parte, del estado procesal de autos se advierte que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa: 1. Este expediente es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, inciso II, del Acuerdo General Conjunto referido), pues se sobreseyó en este asunto. 3. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. 4. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable Segunda Sala Regional Civil de Toluca, las constancias relativas al acto reclamado consiste en copia certificada del expediente 490/2017, TOCA 459/20187, así como una copia simple del escrito inicial de demanda que adjuntó como complemento al informe justificado. Se le solicita el acuse de recibo correspondiente. Con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del plazo de tres días, establecido en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, será acreedor a una multa de cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declararan reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, conforme al artículo 237, fracción I y 259 de la Ley de amparo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Finalmente, si las autoridades a quienes deba comunicarse la presente determinación gozan de su periodo vacacional, se comisiona al Actuario para que haga entrega de los oficios respectivos una vez que éstas reanuden labores, sin necesidad de ulterior acuerdo, los cuales deberán quedar bajo su resguardo y responsabilidad hasta en tanto sean entregados. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Maria Isabel Lopez Mondragon que autoriza, firma y da fe.
- Principal
I. VISTOS para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 1528/2017-I; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN Y DATOS DE LA DEMANDA. Nelly Rojas Rodríguez, endonsataria en procuración del Ricardo Motta Ávila, mediante escrito presentado el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, en la Oficialía de partes Común Civil, Familiar y Mercantil del Poder Judicial del Estado de México, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y acto que a continuación se mencionan: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE: CC. SEGUNDA SALA CIVIL REGIONAL DE TOLUCA, DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO. IV. ACTO RECLAMADO. La resolución dictada por la Segunda Sala Civil Regional de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México en fecha diez de agosto de dos mil diecisiete en los autos del toca número 459/217, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por NELLY ROJAS RODRÍGUEZ, derivado del auto de fecha TOLUCA, MÉXICO, DIECISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, dictado en el expediente 490/2017, por parte del Juzgado Sexto Mercantil de Primera Instancia de Toluca, México, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por Ricardo Motta Ávila en contra de Enrique Sánchez Martínez y Claudia Díaz Hernández". SEGUNDO. INCOMPETENCIA. El once de septiembre de dos mil diecisiete se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Segundo Circuito concede en Toluca, Estado de México, la demanda de amparo presentada por la ahora quejosa, y por razón de turno correspondió conocer al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, quien mediante auto de trece de septiembre del mismo año, declaró carecer de competencia para conocer de ésta y ordenó remitirla a la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, que por razón de turno la remitió a éste órgano jurisdiccional. TERCERO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Recibida que fue la demanda de amparo, éste órgano jurisdiccional la registró bajo el expediente 1528/2017-I y previo desahogo de prevención en los términos requeridos; por auto de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, se admitió a trámite; se requirió a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención que compete a la representación social de la federación de la adscripción; se realizó el emplazamiento del tercero interesado; se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, tuvo verificativo en términos del acta que corre agregada en autos; y, concluye con el dictado de la presente resolución; y, : CUARTO. DERECHOS HUMANOS VULNERADOS. La parte quejosa señaló como garantías violadas en su perjuicio, contenidas en los artículos 14 y 16de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, resulta legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 33 fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; al reclamarse una determinación civil, dictada dentro de juicio, por una autoridad judicial que tiene residencia donde ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es importante precisar que del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado en esta instancia constitucional, es: La resolución de diez de agosto de dos mil diecisiete emitida por la Segunda Sala Civil Regional de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, mediante la que reformó el auto de dieciséis de junio del mismo año, y ordenó por única ocasión que se previniera a la codemandada Claudia Díaz Hernández, para que diera cumplimiento a los requisitos establecidos por la legislación aplicable, bajo el apercibimiento que de no realizarlo en el plazo de tres días se tendría por no admitida la contestación realizada. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. La Segunda Sala Civil Regional de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado que por esta vía se combate. Lo cual se corrobora con las constancias que remitió la responsable al rendir dicho informe, consistentes en original del toca 459/2017, y copias certificadas del expediente del juicio ejecutivo mercantil 490/2017, documentales a las que se les otorga valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2 de la Ley de Amparo por tratarse de documentos públicos expedidos por una autoridad en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. CUARTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causales de improcedencia que propongan las partes o que este juzgador advierta de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sustenta esta determinación, la jurisprudencia número 158, de una anterior conformación del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientos sesenta y dos, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1985, VIII Parte, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes las aleguen o no, deben examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, por esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". En el presente caso, este resolutor federal advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al 107, fracción V, de la Ley de Amparo este último aplicado a contrario sensu, los cuales disponen: "Artículo 61.- El Juicio de Amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.).". La determinación reclamada no constituye un acto de imposible reparación, con el cual se transgreda en perjuicio de la quejosa algún derecho fundamental tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acorde a lo previsto en su dispositivo 107, fracción III, inciso b), el cual establece: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan". Es decir, el prototipo de los actos irreparables está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los cuales la ley fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los reparables se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que toman las partes en el procedimiento, con vista a obtener una sentencia favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. El amparo indirecto procede, pues, contra actos de imposible reparación dictados en un procedimiento que aún no ha concluido, cuando los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, por afectar sus derechos sustantivos y no los adjetivos, de acuerdo con la siguiente distinción: Derechos sustantivos. Son los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, los cuales se encuentran tutelados en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, mediante los llamados derechos fundamentales, en virtud de que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia favorable en el juicio, cuando se trate de actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación. Derechos adjetivos. Son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pues inciden en el procedimiento legal, de acuerdo a cómo se desarrolla éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de resolución favorable; por lo cual, sí esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Lo anterior evidencia, que no todas las violaciones cometidas dentro de un procedimiento son susceptibles de impugnarse en la vía constitucional, pues si se trata de aquellas que lesionan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y que de manera enunciativa señala el artículo 172 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, procederá el amparo directo; o bien, el indirecto si se actualizan las que tienen una ejecución de imposible reparación o afecten a personas extrañas a juicio. Y por imposible reparación, la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, en la tesis jurisprudencial visible en la página 144, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, definió lo siguiente: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), "CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo.". Y el Pleno del más Alto Tribunal de la República emitió la jurisprudencia consultable en la página 154, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. A su vez, el Pleno de nuestro máximo Tribunal ha sostenido que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecta de manera inmediata, alguno de los derechos sustantivos del hombre, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones. En estos casos, la Justicia Federal debe intervenir sin demora, a través del juicio de amparo indirecto sin tener que esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, porque las consecuencias de la violación cometida no desaparecerían en tales hipótesis, aunque el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses. Por el contrario, los actos de ejecución reparables no vulneran por sí derechos fundamentales, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. La razón de ser de dichos derechos, encuentra su fin último en la obtención de una sentencia favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen en la realidad, dejando intacta la esfera jurídica del afectado, al no alterarse ningún derecho sustantivo. Esto es así, partiendo de la premisa de que tales actos, en el momento de que se producen, no afectan de manera irremediable algún derecho sustantivo contenido en las garantías individuales, sino que tan sólo hacen surgir la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado. Por esa razón, es necesario esperar hasta el dictado de la sentencia para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito, siempre que, como ya se dijo, afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo. Ahora, bajo la premisa que el juicio de amparo indirecto sólo es procedente contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; y en el caso a estudio, el acto que se impugna no reúne esa característica, pues la determinación tomada, es un acto procesal que no tiene una ejecución irreparable, en la medida que la resolución mediante la cual la Sala responsable reformó el auto de dieciséis de junio del mismo año y ordenó por única ocasión que se previniera a la codemandada Claudia Díaz Hernández, para que diera cumplimiento a los requisitos establecidos por la legislación aplicable bajo el apercibimiento que de no realizarlo en el plazo de tres días se tendría por no admitida la contestación realizada, tiene efectos meramente procesales que pueden combatirse una vez que se dicte la resolución que concluya el procedimiento. Es decir, el acto reclamado no genera afectación a los derechos sustantivos de la quejosa; de ahí que, el acto que en esta vía se reclama no se trata de un acto de imposible reparación. En ese contexto, el acto reclamado no es imposible reparación, pues versa sobre aspectos procesales que podrá hacer valer la quejosa, en su caso, cuando se emita la sentencia definitiva. En esas condiciones, si la resolución reclamada, no satisface las condiciones para que sea considerada como un acto que tenga una ejecución irreparable, la demanda promovida por la quejosa, es improcedente, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, el segundo de los citados interpretado en sentido contrario y, por consecuencia, lo que procede es el sobreseimiento del juicio de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la citada Ley. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 74, 75, 77, 79, 123, 124, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: Único. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Nelly Rojas Rodríguez, endonsataria en procuración del Ricardo Motta Ávila, contra el acto y autoridades que quedaron precisados en los considerandos segundo y tercero, por los motivos asentados en el último considerando. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materias de Amparos y Juicios Federales en el Estado de México, hasta el día de hoy treinta de noviembre de dos mil diecisiete, una vez que las labores de este órgano jurisdiccional así lo permitieron, asistido por la Secretaria María Isabel López Mondragón, que autoriza y da fe.
- Principal
I. SE LISTA CITATORIO A LA PARTE TERCERO INTERESADA ENRIQUE SANCHEZ MARTINEZ R E S U E L V E: Único. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Nelly Rojas Rodríguez, endonsataria en procuración del Ricardo Motta Ávila, contra el acto y autoridades que quedaron precisados en los considerandos segundo y tercero, por los motivos asentados en el último considerando. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materias de Amparos y Juicios Federales en el Estado de México, hasta el día de hoy treinta de noviembre de dos mil diecisiete, una vez que las labores de este órgano jurisdiccional así lo permitieron, asistido por la Secretaria María Isabel López Mondragón, que autoriza y da fe.
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