Ricardo Moreno Arcos
Expediente 1219/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1219/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 05/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro · Guerrero
Partes del expediente
- Ricardo Moreno Arcos
Actuaciones
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, a cinco de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por Víctor Silva Sánchez, autorizado de la parte quejosa; en atención a su contenido, se le tiene por desahogando la vista otorgada mediante proveído de veintiséis de septiembre de la presente anualidad, respecto del informe justificado rendido por la Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, residente en esta ciudad y por hechas sus manifestaciones que realiza en vía de alegatos, las cuales en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo serán tomadas en consideración al momento de dictarse la sentencia correspondiente. Notifíquese.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, residente en esta ciudad; visto su contenido, con fundamento en el numeral 117 de la Ley de Amparo, téngasele por rendido su informe justificado; con el mismo y con las constancias que remite, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de relacionarlo el día y hora en que tenga verificativo la audiencia constitucional. Finalmente, con las copias certificadas que remite, fórmense el tomo I y II de pruebas, los cuales quedan a disposición de las partes para su consulta, cuando así lo soliciten. Notifíquese.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, a siete de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por Ricardo Moreno Arcos, albacea de la sucesión testamentaria a bienes de Juan Moreno Gómez, contra actos del Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad. Regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE con el número 1219/2023; fórmese expediente impreso y electrónico. Dígase al Oficial Judicial C encargado de la mesa a la que le corresponde el expediente, que queda a su cargo la digitalización diaria de todas las promociones, documentos y acuerdos que se elaboren, así como información relacionada con éste, misma que deberá de ingresar en el sistema respectivo. En cuanto a los Actuarios, deberán digitalizar y vincular al expediente electrónico, diariamente todas las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren, en términos de la fracción II del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencias de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Hecho lo anterior, entreguen al oficial administrativo responsable del expediente el acuse electrónico que acredite tal circunstancia, a fin de que sean incorporadas y el expediente impreso coincida en su totalidad con el electrónico, como lo prevé el numeral 3º., penúltimo párrafo de la ley que rige el procedimiento de amparo; salvo aquéllas que se generen electrónicamente o mediante lista de acuerdos. De igual forma, las constancias de notificación de correos o paquetería derivadas de este asunto, que se generen físicamente, deberán agregarse digitalizadas de manera legible al expediente electrónico y firmadas electrónicamente por parte de los actuarios a más tardar al día hábil siguiente de su práctica o recepción, para garantizar que ello se haga de manera oportuna, con la finalidad de que conserven el valor probatorio que les corresponde conforme a la legislación aplicable, ya que se presumirá que el documento digitalizado respectivo es copia íntegra e inalterada del documento físico. En tanto que al Secretario(a), le corresponderá cerciorarse de que el expediente electrónico coincida con el impreso en su totalidad, con la finalidad de garantizar la integridad del mismo. Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia del juicio de amparo, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que es como sigue: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Así, del análisis íntegro de la demanda de amparo, es factible para este juzgado federal determinar con exactitud la intención del promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En tal sentido, se tiene que la parte quejosa reclama a través de esta instancia constitucional, como acto reclamado marcado con el número 1, el auto de dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, dictado dentro del juicio ordinario civil 30/2017, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, por el que la autoridad responsable declaró infundado el recurso de revocación interpuesto en contra del diverso acuerdo de veintiocho de julio del año actual. Al respecto, se advierte que, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, esta última hipótesis aplicada a contrario sentido y 172, fracción IX; numerales de la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que, en su orden y en la parte que interesa, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.) "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando:: (.) IX. Se le desechen recursos, respecto de providencias que afecten partes sustanciales del procedimiento que produzcan estado de indefensión; Como se puede ver, el artículo 61, en su fracción XXIII, dispone que el juicio de amparo no procede en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley; en tanto que, el diverso 107, en su fracción V, en forma expresa prevé que el amparo es procedente contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Ahora bien, se tiene que el acto que reclama el impetrante del amparo en esta instancia constitucional, no es de aquéllos que puedan considerarse como de imposible reparación, puesto que, aun cuando fue dictado dentro de un juicio, éste no afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos del gobernado, requisito sine qua non que debe ponderarse para poder apreciar si sus efectos no pueden repararse en el juicio del que emana, aún en el supuesto de que se obtuviera sentencia definitiva favorable. Lo anterior es así, toda vez que el acto reclamado consiste en el auto de de veintiocho de julio de dos mil veintitrés, dictado en autos del juicio ordinario civil 30/2017, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero en el que se requiere a la parte demandada Comisión Federal de Electricidad por conducto de su apoderado legal a efecto de que exhiba la cantidad correspondiente al pago de honorarios de los terceros en discordia, y no se da vista al Agente del Ministerio Público de la Federación, de lo que puede advertirse que lo reclamado se traduce como violaciones a las leyes del procedimiento, por lo que dicho actos no pueden considerarse de aquéllos que puedan acarrear sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, ya que se trata de desahogo de pruebas, acorde a lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, pues tales eventos, pueden, inclusive no trascender al resultado del fallo, y obtener sentencia favorable a sus intereses. En efecto, no le irroga por ahora un perjuicio irreparable dado que únicamente ha de producir efectos intraprocesales que no afectan de modo inmediato ningún derecho sustantivo de la impetrante de amparo, y en caso de que dichas violaciones procesales trasciendan al resultado del fallo, y éste le resulte adverso, podrá invocarlo al promover el amparo directo en contra de la referida sentencia por encontrarse expresamente prevista en el artículo 172 de la ley de la materia. En ese sentido, es que se concluye que, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en el juicio solamente cuando afectan derechos sustantivos, por lo que su reclamo podrá hacerse mediante el juicio de amparo directo cuando trasciendan el sentido del fallo y afecten las defensas del quejoso. Es decir, los actos dictados dentro de un juicio serán de imposible reparación si sus consecuencias afectan en forma cierta e inmediata alguno de los derechos fundamentales del gobernado, debidamente tutelados en la norma constitucional por medio de las garantías individuales y, por ende, susceptibles de ser impugnados a través de una demanda de amparo indirecto, pues no obstante de que se trate de actos intraprocesales, en tal hipótesis el afectado no puede esperar a que se dicte la resolución definitiva para impugnarlos a través del amparo directo que en su caso llegare a promover, por virtud de que dicha lesión no se destruye ni aún en el supuesto de que obtenga una sentencia favorable en el juicio. Ciertamente, la intención primordial que el solicitante de amparo pretende es que se revoque el auto de veintiocho de julio de dos mil veintitrés, dictado en autos del juicio ordinario civil 30/2017, en el que se requiere a la parte demandada Comisión Federal de Electricidad por conducto de su apoderado legal a efecto de que exhiba la cantidad correspondiente al pago de honorarios de los terceros en discordia, y no se da vista al Agente del Ministerio Público de la Federación, por lo que esa determinación que se refiere, no puede considerarse como de imposible reparación, porque se trata de actos intraprocesales que no deparan perjuicio alguno al impetrante de amparo que no pueda llegar a ser reparado con la obtención de un fallo favorable. ***** Por otra parte, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda, en relación a los restantes actos precisados en el escrito de demanda. Hágase saber a las partes que el siete de noviembre de dos mil veintidós, entró en vigor el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, conforme al cual se reanudan las labores de forma regular en los órganos jurisdiccionales. No se forma incidente de suspensión, por no haberse solicitado de manera expresa, ni se advierte que proceda de oficio en términos del artículo 125 de la ley mencionada. Cítese a las partes para la audiencia constitucional, la cual se llevará a cabo a las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, de conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que en el plazo para celebrarla se incluyen sólo días hábiles, sin tomar en cuenta sábados y domingos y aquellos en los que no tienen lugar las actuaciones judiciales. Con copia de la demanda pídase a la autoridad responsable su informe justificado, el cual de conformidad con el artículo 117 de la ley de la materia deberá rendir en el plazo de quince días hábiles posteriores al en que surta efectos la notificación que se haga de este proveído, en el entendido que se tendrá por rendido extemporáneamente aun cuando se rinda antes de la celebración de la audiencia constitucional pero después del citado plazo, acompañando, en su caso, copia certificada de las constancias legibles y completas que tomó en consideración para emitir el acto combatido en esta vía constitucional, en la inteligencia que no serán admitidas copias al carbón o reproducciones de éstas, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para dictar sentencia en la que analice el fondo de la cuestión que le fue planteada, por lo que se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar, en su caso, el impedimento legal que tenga para no hacerlo. Se apercibe a la autoridad responsable que en caso de que no rinda su informe justificado o lo haga sin remitir las constancias necesarias, legibles y completas para apoyarlo, se le impondrá una multa de cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que, en su caso, se haga efectiva la medida de apremio; ello en términos de los numerales 237, fracción I, y 260, fracción II, de la Ley de la materia. Hágase saber a las partes que en términos del arábigo 64, de la ley de la materia, están obligadas a informar de inmediato a este órgano jurisdiccional, cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y de ser posible acompañar las constancias que la acrediten; también deberán comunicar el fallecimiento del impetrante o de alguno de los terceros interesados, una vez que estén enteradas de tal hecho, apercibidas que de no hacerlo se les impondrá una multa de cincuenta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que, en su caso, se haga efectiva la medida de apremio; ello en términos de los numerales 242 y 251, de la citada Ley. Asimismo, para que informen a este Tribunal Federal sobre la existencia de diversos juicios de amparo promovidos contra actos derivados del juicio, proceso o procedimiento de origen, o bien que pudieran estar relacionados con los actos reclamados en el presente sumario, a efecto de evitar el dictado de sentencias contradictorias. De conformidad con el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, notifíquese personalmente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, corriéndole traslado con copia simple del escrito de demanda, en términos de la fracción I, inciso b), del artículo 26 de la ley de la materia. Se tiene como tercera interesada a la Comisión Federal de Electricidad, por conducto de su apoderado legal Carlos David Arce López; en consecuencia, con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso b) de la ley de la materia, se comisiona al actuario judicial adscrito a este órgano de control constitucional para que se constituya en el domicilio ubicado en calle Primera calle del PRI, sin número, colonia del PRI de esta ciudad y con copia simple de la demanda, lo emplace a juicio, para que si a sus interese conviniera, comparezca a deducirlos. ***** Asimismo, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas como pruebas de su parte la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana, con las cuales se dará nueva cuenta en la audiencia constitucional correspondiente. ***** Por tanto, todos aquellos acuerdos de mero trámite deberán notificarse por medio de lista; máxime que ésta se publica tanto en los estrados del juzgado, por disposición de la propia Ley de Amparo, como en la página de internet www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, con una síntesis del proveído dictado en cada caso, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. ***** Se comunica a las partes que de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, citado en párrafos precedentes, todas las personas autorizadas para acceder a los expedientes judiciales, incluidas quienes actúen bajo el esquema físico, podrán consultarlo en su versión electrónica, en virtud de que el expediente electrónico será el que tenga validez para su consulta desde el Portal de Servicios en Línea, y quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente a consultarlo en los equipos de cómputo dispuestos para tal efecto, ya que la documentación recibida vía electrónica únicamente constará en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso, pues éste sólo servirá como referencia de los documentos recibidos físicamente. Las constancias de consulta que genere el sistema servirán como constancia de notificación, serán válidas y no necesitarán de certificación del Actuario, Secretario o funcionario, y se integrarán únicamente al expediente electrónico. Las listas de acuerdos quedarán a disposición del público usuario para su consulta en la página de internet del Consejo a través del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, y tienen validez legal suficiente, por lo que no es necesaria su posterior certificación para agregarse al expediente electrónico. En este contexto, se exhorta a las partes para que en cuanto les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. En la inteligencia de que, bajo ninguna circunstancia se obstaculizará la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones por medios impresos. El horario de atención al público en los órganos jurisdiccionales será de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos, y se realizará privilegiando el uso de medios electrónicos y soluciones digitales, tales como el teléfono y las videoconferencias, con excepción de la Oficialía de Partes. En el entendido de que tratándose de las audiencias constitucionales e incidentales, se podrán realizar a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes, salvo en aquéllos asuntos en los que sea necesaria la presencia de las partes, en cuyo caso la diligencia se realizará por videoconferencia. Las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren el aquél. Cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, ya que el proceso de firmado electrónico les da la característica de inalterables. Para la consulta de las carpetas digitales y la práctica de notificaciones electrónicas, las partes deberán formular expresamente la solicitud respectiva, y tratándose de órganos estatales, contar con un convenio de interconexión o colaboración. Con apoyo en el artículo 138, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado Federal para firmar los oficios que deriven del presente juicio. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. Hágase saber a las partes que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expiden los Lineamientos Básicos para regular el procedimiento administrativo interno de acceso a la información pública, así como el funcionamiento y atribuciones del Comité de Transparencia del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de Diciembre de dos mil dieciséis. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado Federal.
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