Ricardo Morales Luna
Expediente 692/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 692/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 20/10/2020
Partes del expediente
- Ricardo Morales Luna
Actuaciones
- Principal
ADM: Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal de autos, se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de treinta de septiembre de dos mil veinte, por el cual se desechó la demanda de amparo, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97 fracción I, inciso a), de la Ley de la materia, en relación con el diverso precepto legal 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. En virtud de lo anterior y en atención a la certificación de cuenta, se estima que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitir este asunto al archivo de este Juzgado de Distrito.
- Principal
V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 305/2020-I, promovido por María Jessica Rodríguez Sánchez, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el doce de marzo de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México y turnado el trece de marzo siguiente a este órgano jurisdiccional, María Jessica Rodríguez Sánchez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por los actos que se mencionan a continuación: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: 1.- TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE (.) IV.- ACTOS RECLAMADOS: 1.- La omisión que realiza la autoridad responsable al no proveer lo conducente dentro del expediente 10/2018 de su índice, ya que desde el acuerdo emitido en fecha veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, se acordó dar continuidad al presente asunto con la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, sin embargo, no se ha generado resolución alguna en la que admitan o desechen el material probatorio ofertado por las partes, realizando así una omisión y vulnerando mi derecho a una justicia pronta y expedita al no respetar el plazo para resolver a más tardar dentro de los tres días hábiles siguientes, de acuerdo a lo establecido por el artículo 234, fracción IV de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios" SEGUNDO. El solicitante del amparo argumenta en su demanda, que el acto de autoridad que combate, vulnera en su perjuicio sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Recibida la demanda de amparo en este Juzgado de Distrito, por auto de diecisiete de marzo de dos mil veinte (fojas 10 a 13); se radicó bajo el expediente 305/2020 y, previo desahogo de prevención, por auto de once de agosto de dos mil veinte (fojas 16 a 20) se admitió a trámite, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción se dio la intervención que legalmente compete y se ordenó el emplazamiento de las partes terceras interesadas, mismo que se llevó a cabo el catorce y dieciocho de agosto del año en curso. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es competente para resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; las disposiciones contenidas en el Título IV, Capítulo II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, relativo a las atribuciones de los Juzgados de Distrito, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que se reclama un acto de naturaleza omisiva que no precisa ejecución material, y el libelo constitucional fue presentado ante este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, en el presente juicio de constitucional se reclama: La omisión del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, de dar continuidad al juicio laboral 10/2018, de su índice estadístico, ya que desde el veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, no se ha seguido con la secuela procesal porque no se ha emitido acuerdo alguno para el ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas. TERCERO. Previo al análisis de la constitucionalidad del acto controvertido, resulta oportuno pronunciarse sobre la certeza del acto reclamado, pues por razón de método, en toda sentencia de amparo dicha situación debe ocurrir previamente. A lo anterior es aplicable la jurisprudencia 10, número de registro 212775, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 68 de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, Tomo 76, Abril de 1994, Octava Época, Materia Común, cuyos rubro y texto son los siguientes: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." La autoridad responsable Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, al rendir su informe justificado, aceptó parcialmente la existencia del acto reclamado que se le atribuye (foja 28). No obstante lo anterior, queda evidenciada la existencia del acto reclamado, pues de sus propias manifestaciones y de las constancias remitidas como complemento a su informe justificado consistentes en copia certificada del juicio laboral 10/2018, se advierte que el veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, tuvo verificativo la audiencia de conciliación, depuración procesal, ofrecimiento y admisión de pruebas, donde la responsable se reservó emitir el acuerdo correspondiente para el desahogo de las mismas; además, no hubo determinación alguna hasta el diecinueve de marzo de dos mil veinte, donde se emitió resolución interlocutoria para proveer respecto al desahogo de los medios de convicción ofrecidos por las partes, señalando diversas fechas para tal efecto. Sustenta lo anterior, en lo conducente, la tesis aislada con número de registro 211004, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito; publicada en la página 391 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Julio de 1994, Materia Común, Octava Época, que establece: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." A las documentales referidas se les otorga valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°. Resulta aplicable la jurisprudencia 226, número de registro 394182, publicada en la página 153, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." No representa un obstáculo a lo anterior, el hecho de que el criterio antes invocado interpreten la legislación de amparo abrogada, de diez de enero de mil novecientos treinta y seis, pues aquélla no es contraria, ni se contrapone con las disposiciones de la actual Ley de Amparo -dos de abril de dos mil trece- así como tampoco lo son las demás tesis aisladas y jurisprudencias que serán citadas en esta sentencia, que atiendan o hagan referencia a la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con lo establecido en el Sexto Transitorio de la legislación de amparo vigente. CUARTO. A fin de esclarecer la situación controvertida, se procede a realizar una narración sucinta y cronológica de los antecedentes del acto reclamado. En ese orden, conviene precisar que de las constancias remitidas por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, relativas al juicio laboral 10/2018, de su índice estadístico, se obtiene lo siguiente: a) María Jessica Rodríguez Sánchez, por conducto de sus representantes y apoderados legales, presentó escrito el dieciocho de enero de dos mil dieciocho, a través del cual demandó al Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México y/o Secretaría de Seguridad del Gobierno del Estado de México y/o quien resulte responsable y/o propietario de la fuente de trabajo y/o relación laboral, demanda que quedó registrada bajo el expediente 10/2018 (fojas 1 a 9 de las copias certificadas del expediente laboral 10/2018). b) Por auto de once de enero de dos mil dieciocho, se admitió la demanda de mérito y se ordenó el emplazamiento de las demandadas, los cuales se realizaron el diecinueve de febrero de dos mil dieciocho (fojas 16 a 23 del expediente laboral). c) Mediante escritos presentados y recibidos los días siete, nueve y veinte de marzo de dos mil dieciocho, las partes demandadas dieron contestación a la demanda instaurada en su contra (fojas 24 a 200 del expediente laboral). d) El veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, se celebró la audiencia de conciliación, depuración procesal, ofrecimiento y admisión de pruebas, en su etapa de continuación de ofrecimiento y admisión de pruebas, donde se concedió la palabra a las partes para que ofrecieran sus medios de convicción y realizaran las manifestaciones que consideraran pertinentes respecto de los medios de prueba ofrecidos, reservándose el Tribunal emitir el acuerdo que en derecho correspondía (fojas 401 a 403 del tomo II del expediente laboral). Actuar de la responsable que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. QUINTO. La procedencia del juicio de amparo, lo aleguen o no las partes, es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador antes de analizar las cuestiones de fondo del juicio constitucional, por constituir una cuestión de orden público y de estudio preferente, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, que establece: "ARTÍCULO 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Es aplicable la jurisprudencia 814, con número de registro 394770, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 553 del Apéndice 1917-1995, Tomo VI, Parte TCC, Materia Común, Octava Época, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." No obstante lo anterior, en virtud de que las partes no hicieron valer causa de improcedencia, ni este Juzgado de Distrito advierte alguna de oficio, se procede a examinar las cuestiones de fondo del presente asunto. En lo conducente, se cita la jurisprudencia 231 con número de registro 917765, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 189 del Apéndice 2000, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Materia Común, Octava Época, que establece lo siguiente: "IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.- Si el Juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada uno de los supuestos de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento." SEXTO. Enseguida se procede a examinar las cuestiones de fondo del asunto, por tanto, los argumentos vertidos a manera de conceptos de violación, se tienen por reproducidos en este apartado como si a la letra se insertaran, pues no existe artículo alguno en la Ley de Amparo que establezca la obligación de transcribirlos. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 con número de registro 164618, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 2010, Tomo XXXI, Materia Común, Novena Época, cuyos rubro y texto son: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." No obstante, con el objeto de que esta sentencia se encuentre debidamente informada, se sintetizan los motivos de disenso, a través de los cuales, la parte quejosa alega lo siguiente: Se violan sus derechos establecidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues existe omisión por parte del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, para pronunciarse respecto de las pruebas ofertadas por las partes en el juicio laboral 10/2018, de su índice estadístico, por lo que no se le está administrando justicia en los plazos y términos previstos en las leyes para tal efecto. Precisado lo anterior, se procederá a examinar la constitucionalidad del acto reclamado cuya existencia se encuentra acreditada en autos. El concepto de violación es fundado y suficiente para conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en razón a lo que a continuación se expondrá. En la especie, se reclama la conducta omisiva por parte del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, para continuar con el trámite del juicio laboral 10/2018 y, en específico, lograr el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes y retrasar la resolución del asunto, circunstancia que se encuentra acreditada pues se aprecia que se dejaron de observar los términos y plazos establecidos en la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, en virtud de lo que a continuación se expondrá: Es pertinente destacar que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. (.)" Del citado artículo se llega a las conclusiones siguientes: a) En ese precepto se garantiza a los gobernados el disfrute de diversos derechos relacionados con la administración de justicia. b) Entre los diversos derechos fundamentales que se tutelan en ese artículo se encuentra el relativo a tener un acceso efectivo a la administración de justicia que desarrollan los tribunales; debiendo precisarse que para su debido acatamiento no basta el que se permita a los gobernados instar ante un órgano jurisdiccional, sino que el acceso sea efectivo en la medida en que el justiciable, de cumplir con los requisitos justificados constitucionalmente, pueda obtener una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos cuya tutela jurisdiccional ha solicitado. Ante tales elementos, resulta inconcuso que en el artículo 17 Constitucional se garantiza a favor de los gobernados, entre otros derechos fundamentales, el del acceso efectivo a la justicia, el que se concreta en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso en el cual, se cumplan los plazos y términos que fijen las leyes, para tal efecto, pues como deriva del propio texto constitucional, no se trata de un derecho incondicionado y absoluto a la prestación de esa actividad, por lo que el mismo no puede ejercerse al margen de los cauces establecidos por el legislador. El caso concreto, deriva de un procedimiento ordinario laboral, tramitado ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, regulado en el Capítulo X del Título Séptimo de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, vigente a la fecha en que se inició el juicio laboral de origen, a saber, ocho de enero de dos mil dieciocho. En materia de términos y plazos, el procedimiento ordinario laboral transcurre de la siguiente manera: 1. El procedimiento iniciará con la presentación del escrito de demanda ante la Oficialía de Partes o la Sala competente, la cual lo turnará a la Sala oral o mesa de audiencia según corresponda el mismo día antes de que concluyan las labores del Tribunal (artículo 226). 2. El Tribunal o la Sala, dentro de los tres días siguientes a la presentación de la demanda, dictará acuerdo en el que prevendrá al actor para que corrija su demanda si es oscura o imprecisa; en caso contrario, se procederá a admitir la demanda y el escrito de pruebas. Hecho lo anterior, se ordenará el emplazamiento de la parte demandada, mismo que deberá realizarse dentro de los cinco días siguientes, y se correrá traslado con la demanda y escrito de pruebas para que dentro del plazo de diez días hábiles, dé contestación a la misma, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo, se tendrá por contestada la misma en sentido afirmativo (Artículo 229, primer párrafo). 3. Posteriormente, dentro de los tres días hábiles siguientes a la contestación de demanda o de haber fenecido el plazo para contestarla, el Tribunal o Sala dictará proveído donde señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, ofrecimiento y admisión de pruebas, que deberá efectuarse dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de emisión del acuerdo, bajo el apercibimiento de tenerlos por inconformes con todo arreglo conciliatorio y por perdido del derecho de ofrecer pruebas, si no concurren a la audiencia (artículo 229, segundo párrafo). 4. La audiencia a que se refiere el artículo 229 constará de tres etapas: a) De conciliación; y b) De depuración procesal; c) De ofrecimiento y admisión de pruebas (artículo 232). 5. Durante la etapa conciliatoria, las partes podrán comparecer personalmente o por medio de su apoderado o representante legal; el Tribunal o la Sala, intervendrá para la celebración de pláticas entre las partes y las exhortará para que procuren llegar a un arreglo conciliatorio, si las partes llegaren a un acuerdo, se dará por terminado el conflicto, el cual produciría los efectos inherentes a un laudo en caso de ser aprobado por el Tribunal o Sala respectiva. También, las partes pueden solicitar por única ocasión, la suspensión de la audiencia con el objeto de conciliar, por lo que se procederá a su suspensión y su reanudación se fijará dentro de los diez días hábiles siguientes. En caso de no llegar a un acuerdo, se tendrá a las partes por inconformes con todo arreglo conciliatorio y se pasará a la etapa de depuración procesal (artículo 233, fracciones I, II, III y IV). 6. En caso de que la demandada reconviniera al actor, el Tribunal o Sala le concederá el plazo de tres días hábiles con los apercibimientos establecidos en el artículo 229 de la Ley en estudio (artículo 233, fracción V). 7. Al concluir la etapa conciliatoria, se procederá a la etapa de depuración procesal, donde el Tribunal o la Sala examinaran, con las más amplias facultades, las excepciones de prescripción y cosa juzgada (artículo 233 A). 8. Si las partes no concurren a la etapa de depuración procesal, se les tendrá por perdido su derecho para ofrecer pruebas y alegar lo que a sus intereses convenga respecto de las excepciones perentorias opuestas (articulo 233 B). 9. Al concluir la etapa de depuración procesal, se procederá a la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, donde, en primer lugar, el actor ofrecerá sus pruebas en relación con los hechos controvertidos, que no estén relacionados con las excepciones perentorias declaradas procedentes. Inmediatamente después, la parte demandada ofrecerá sus pruebas y podrá objetar las de su contraparte y aquél a su vez podrá objetar las del demandado. En caso de que las partes no ofrezcan las pruebas u omitan realizar las objeciones en los términos precisados, perderán su derecho para hacerlo con posterioridad. Las partes están en aptitud de ofrecer nuevas pruebas siempre y cuando se relacionen con las ofrecidas por la contraparte y que no se haya cerrado la etapa de ofrecimiento de pruebas. Concluido el ofrecimiento de pruebas, el Tribunal o la Sala resolverán inmediatamente sobre su admisión o desechamiento; en caso contrario, se podrán reservar para resolver dentro de los tres días hábiles siguientes (artículo 234, fracciones I, II, III y IV). 10. La etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, se llevará a cabo aun sin la presencia de las partes y, en caso de no comparecer, se les tendrá por perdido su derecho para ofrecer pruebas; asimismo, se les otorgará un plazo de cuarenta y ocho horas para formular sus alegatos (artículo 235). 11. El Pleno del Tribunal o la Sala, podrán ordenar se desahoguen las pruebas que consideren necesarias para mejor proveer hasta antes de que el proyecto de resolución se eleve a la categoría de laudo, con la finalidad de que el Auxiliar Dictaminador pueda completar su ilustración y conocimientos sobre los hechos, como antecedentes necesarios de su resolución, permitiéndosele despejar cualquier duda o insuficiencia que le impida formarse una clara convicción respecto del proyecto de resolución, sin que conlleve a tenerse como nuevas pruebas en el juicio (artículo 236). 12. El Tribunal o la Sala, una vez agotada la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, señalará en el mismo acuerdo, el día y la hora para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas la que deberá efectuarse dentro de los quince días hábiles siguientes, y ordenará, en su caso, que se giren los oficios y exhortos necesarios para recabar los informes o copias que deba expedir alguna autoridad o exhibir persona ajena al juicio y que haya solicitado el oferente, con los apercibimientos señalados en esta Ley (artículo 237). 13. Cuando la controversia queda reducida a un punto de derecho, al concluirse la audiencia de Conciliación, depuración procesal, Ofrecimiento y Admisión de Pruebas, las partes en la misma audiencia, formularán sus alegatos y en seguida, se turnarán los autos al Auxiliar Dictaminador, quien elaborará el proyecto de resolución correspondiente para que sea sometido a consideración del Pleno del Tribunal o de la Sala en la sesión más próxima (artículo 237 Bis). 14. Al desahogar las pruebas, se procurará que se desahoguen primero las del actor y después las del demandado, aunque no guarden el orden en que fueron ofrecidas y se dictaran las medidas necesarias para procurar que el día de la audiencia se desahoguen todas las pruebas ofrecidas; las que por su naturaleza no sean posibles de desahogarse, se señalará día y hora en que se efectuará la audiencia respectiva (artículo 238). 15. Cuando las pruebas sean documentos que se hayan solicitado a autoridades diversas y no se hubieran remitido, el Tribunal o la Sala las requerirán para que las envíen en un término no mayor de tres días, con el apercibimiento, de que se les aplicarán los medios de apremio que establece esta ley si no lo hacen (artículo 239). 16. Desahogadas las pruebas se concederá a las partes un término de cuarenta y ocho horas, para que formulen alegatos por escrito y, una vez formulados los alegatos, se declarará cerrada la instrucción y se turnarán los autos al Auxiliar Dictaminador, para que emita el proyecto de laudo correspondiente, el cual será sometido a discusión y aprobación en una sesión de pleno que se verificará en un término no mayor de quince días (artículos 241, 242 y 242 Bis). 17. La resolución se dictará en sesión, donde el presidente dará lectura a su propuesta de laudo, acto seguido se abrirá, en su caso, la discusión correspondiente; y finalmente el Presidente recogerá la votación y declarará el resultado (artículo 243). 18. Si la propuesta de resolución fuere aprobada sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros del Tribunal o Sala; en caso de modificaciones o adiciones, se harán constar en el acta y el Presidente ordenará que se redacte el laudo de inmediato, de acuerdo a lo aprobado. Una vez firmado el mismo, se turnará el expediente al Actuario para que proceda a notificarlo personalmente a las partes (artículo 244). 19. Si se negaren a votar o firmar una resolución alguno o todos los representantes ante el Tribunal o la Sala, serán requeridos por el secretario, quien les indicará las responsabilidades en que incurren en caso de no hacerlo, las cuales estarán previstas en el propio reglamento interior del Tribunal (artículo 247). 20. Si el laudo fuera condenatorio, las partes podrán convenir los términos y las modalidades para su cumplimiento (artículo 248). Como se advierte de lo anterior, una de las características esenciales del juicio ordinario laboral, además de su sencillez, es la prontitud con la cual se van desarrollando cada una de sus etapas, lo que no deja lugar a dudas de la expeditez en la tramitación y resolución de los juicios laborales. En la especie, se estima necesario imponerse del contenido de los artículos 234, 235, 236, 237, 238, 239 y 241 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, vigente a la fecha en que se inició el juicio laboral de origen, a saber, ocho de enero de dos mil dieciocho, que disponen lo siguiente: "ARTÍCULO 234.- La etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas se desarrollará conforme a las normas siguientes: I. El actor ofrecerá sus pruebas en relación con los hechos controvertidos, que no tengan relación con las excepciones perentorias que hubieren sido declaradas procedentes. Inmediatamente después, el demandado ofrecerá sus pruebas y podrá objetar las de su contraparte y aquél a su vez podrá objetar las del demandado. En caso de que las partes no ofrezcan las pruebas u omitan realizar las objeciones en los términos precisados, perderán su derecho para hacerlo con posterioridad; II. Las partes podrán ofrecer nuevas pruebas siempre que se relacionen con las ofrecidas por la contraparte y que no se haya cerrado la etapa de ofrecimiento de pruebas; III. Concluido el ofrecimiento de pruebas, el Tribunal o la Sala resolverán inmediatamente sobre su admisión. IV. Concluido el ofrecimiento, el Tribunal o la Sala, resolverán inmediatamente sobre las pruebas que admitan y las que desechen. En caso contrario, el Tribunal o la Sala se podrán reservar para resolver dentro de los tres días hábiles siguientes. ARTÍCULO 235.- La etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas se llevará a cabo aún cuando no concurran las partes. Si las partes no comparecen a la audiencia se les tendrá por perdido su derecho para ofrecer pruebas, otorgándoles a las partes un término de 48 horas para formular sus alegatos. ARTÍCULO 236.- El Pleno del Tribunal o la Sala podrán ordenar se desahoguen las pruebas que consideren necesarias para mejor proveer hasta antes de que el proyecto de resolución se eleve a la categoría de laudo, con el único fin de que el Auxiliar Dictaminador pueda completar su ilustración y conocimientos sobre los hechos, como antecedentes necesarios de su resolución, permitiéndosele despejar cualquier duda o insuficiencia que le impida formarse una clara convicción respecto del proyecto de resolución, sin que conlleve a tenerse como nuevas pruebas en el juicio. ARTÍCULO 237.- El Tribunal o la Sala, una vez agotada la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, señalará en el mismo acuerdo, el día y la hora para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas la que deberá efectuarse dentro de los quince días hábiles siguientes, y ordenará, en su caso, que se giren los oficios y exhortos necesarios para recabar los informes o copias que deba expedir alguna autoridad o exhibir persona ajena al juicio y que haya solicitado el oferente, con los apercibimientos señalados en esta Ley. (.) ARTÍCULO 238.- En el desahogo de las pruebas se procurará que se desahoguen primero las del actor y después las del demandado, aunque no guarden el orden en que fueron ofrecidas y dictaran las medidas necesarias para procurar que el día de la audiencia se desahoguen todas las pruebas ofrecidas y las que por su naturaleza no sean posibles de desahogarse, se señalará día y hora en que se efectuará la audiencia respectiva. ARTÍCULO 239.- Cuando las pruebas sean documentos que se hayan solicitado a autoridades diversas y no se hubieran remitido, el Tribunal o la Sala las requerirán para que las envíen en un término no mayor de tres días, con el apercibimiento, de que se les aplicarán los medios de apremio que establece esta ley si no lo hacen. (.) ARTÍCULO 241.- Desahogadas las pruebas se les concederá a las partes un término de 48 horas, para que por escrito formulen alegatos." De las disposiciones legales citadas, se aprecia que en la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, una vez que fueron ofrecidas y, en su caso, objetadas por las partes, el Tribunal o Sala respectiva deberán resolver inmediatamente sobre su admisión o desechamiento; no obstante, en caso contrario, se podrá reservar para resolver dentro de los tres días hábiles siguientes. Asimismo, una vez agotada la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, el Tribunal o la Sala respectiva, en ese mismo acuerdo, señalará el día y hora para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas, misma que deberá efectuarse dentro de los quince días hábiles siguientes; además, para lograr su desahogo se deben dictar las medidas necesarias para procurar que el mismo día de la audiencia se desahoguen todas las pruebas ofrecidas; en el entendido de que aquellas que por su naturaleza no sean posibles de desahogarse, debe señalarse día y hora en que se efectuará la audiencia respectiva. De igual manera, de manera intrínseca es evidente que se deberán atender las reglas y plazos fijados por la propia ley para llevar a cabo su desahogo. Ahora, de las constancias remitidas se obtiene que desde el veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, se celebró una audiencia de conciliación, depuración procesal, ofrecimiento y admisión de pruebas, continuando con la etapa propiamente del ofrecimiento y admisión de pruebas, donde el Tribunal responsable se reservó emitir el acuerdo respectivo respecto de los medios de convicción ofrecidos por las partes; siendo que hasta el diecinueve de marzo de dos mil veinte, es decir, diez meses más tarde, emitió acuerdo respecto de la reserva referida y procedió a admitir a trámite los medios de convicción ofrecidos por las partes y ordenar su desahogo, señalando para tal efecto diversas fechas, a saber, quince, dieciséis y diecinueve de octubre de dos mil veinte. Por tanto, es evidente que el Tribunal responsable ha faltado al derecho fundamental de administración de justicia pronta, porque la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, establece también la obligación a cargo del Tribunal y/o sus Salas, de vigilar el desahogo de los medios de convicción dentro de los plazos establecidos para tal efecto en la propia legislación. Por tanto, es de concluirse que la autoridad hoy responsable no ha tramitado el juicio laboral en los plazos y términos precisados con antelación, incurriendo en dilaciones, en cuanto a la admisión y desahogo de los medios de convicción ofrecidos por las partes, pues no obstante que ha emitido acuerdo en dicho sentido, lo cierto es que lo hizo fuera del término legal establecido para tal efecto, además de señalar fechas extremadamente lejanas para su desahogo. En tales condiciones, se violan las normas esenciales del procedimiento en perjuicio de la parte quejosa, ya que desde el veintitrés de mayo de dos mil diecinueve se abrió el juicio a prueba y se recibieron los medios de convicción de las partes, reservándose el acuerdo relativo a su admisión o desechamiento hasta el diecinueve de marzo de dos mil veinte, donde se ordenó el desahogo de los mismos y, no obstante lo anterior, se fijaron fechas demasiado lejanas para tal efecto y fuera de los plazos establecidos en la ley; esto es, han transcurrido más de dieciséis meses sin que se logren desahogar las pruebas de las partes. Lo anterior evidencia que la responsable dejó de observar los términos establecidos en los artículos 234 y 237 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, por tanto se vulnera en perjuicio de la parte quejosa el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente el párrafo segundo, el cual establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en reiterados criterios ha sostenido que tratándose de actos reclamados que redundan en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, la carga de la prueba de esas omisiones o de los hechos negativos reclamados, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las responsables, a las que corresponde demostrar que no incurrieron en ellos, lo anterior, en aplicación del principio aceptado por nuestro derecho positivo, consistente en que los hechos negativos no son susceptibles de prueba, salvo en aquellos casos en que la negativa implique una afirmación. Bajo esa óptica, si como ya se vio, en el juicio laboral del que deriva el acto reclamado, el veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, se tuvieron por ofrecidas las pruebas de las partes y el Tribunal responsable reservó acordar lo conducente respecto a su admisión y/o desechamiento, lo cual tuvo lugar mediante determinación de diecinueve de marzo de dos mil veinte, donde admitió los medios de convicción ofrecidos por las partes y señaló fechas lejanas y fuera del plazo establecido en la ley para el desahogo de diversos medios de convicción, es de razonarse, que con su actuar, transgredió del derecho fundamental y constitucional previsto en el artículo 17 Constitucional. Finalmente, es de mencionar que uno de los principios procesales establecidos por el derecho laboral es el de aplicación inmediata de la norma, el cual se traduce en que las normas de trabajo responden a exigencias inaplazables del interés social, su aplicación debe ser inmediata. Principio que encontramos establecido en los artículos 191 y 191 Bis de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, que a la letra dicen: "ARTÍCULO 191.- El proceso será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte. El Tribunal y las Salas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. ARTÍCULO 191 BIS.- El procedimiento se regirá por los siguientes principios rectores que fijarán el trámite de los asuntos: Oralidad: Las actuaciones se cumplirán en forma oral, pública y en audiencias, salvo las que expresamente se autorice realizar por escrito o estén amparadas por reserva. Gratuidad: El servicio de justicia será gratuito, sin perjuicio de los costos y erogaciones fijadas por ley que se produzcan. Inmediación: La autoridad garantizará la realización de actuaciones de forma personal y directa. Concentración: En los procesos se deberá evitar la suspensión de actuaciones. El Tribunal y las Salas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso." De los referidos preceptos se obtiene, que no se debe dejar a un lado la observancia y aplicación de la ley a voluntad de las partes o de las autoridades, ya que no se estaría garantizando la legalidad del procedimiento arbitral previamente establecido. Por lo que debe concluirse que la omisión reclamada, no sólo constituye una violación procesal, sino que vulnera los derechos fundamentales del solicitante del amparo, puesto que es un aspecto inherente a los derechos sustantivos, toda vez que está de por medio la vigencia de la garantía instrumental del derecho fundamental de acceso a la justicia a través de una impartición de la justicia pronta y expedita, consagrada en el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí se obtiene que la autoridad responsable al no cumplir con los términos fijados por la ley en el juicio laboral 10/2018 transgrede en perjuicio de la quejosa el derecho fundamental previsto en el artículo 17 Constitucional, pues menoscaba su derecho de acceso a la impartición de justicia pronta, al no respetar los términos fijados para ello, ni tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso, en contravención del derecho de la promovente, soslayando que una de las características primordiales del procedimiento laboral es la de centralizar las cuestiones litigiosas con el fin de evitar dilaciones procesales y contribuir a la expeditez de las resoluciones. Lo anterior, no puede constituir un aspecto de índole estrictamente procesal pues es inherente a derechos sustantivos cuya afectación no puede encontrar remedio con el dictado de un laudo favorable al quejoso, toda vez que está de por medio la vigencia de la garantía individual de la impartición de justicia pronta y expedita consagrada en el multicitado artículo 17 constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis aislada I.3o.C.79 K (10a.), con número de registro 2009343, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito; publicada en la página 2470 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, Junio de 2015, Tomo III, Materia Constitucional, Décima Época, que establece: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA Y DEBIDO PROCESO. CUALIDADES DE LOS JUECES CONFORME A ESOS DERECHOS FUNDAMENTALES. El derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva, como lo ha establecido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Asimismo, la propia Primera Sala estableció que el derecho a la tutela jurisdiccional tiene tres etapas que corresponden a tres derechos bien definidos, que son: 1. Una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte; 2. Una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que corresponden los derechos fundamentales del debido proceso; y, 3. Una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas o el derecho a ejecutar la sentencia. Vinculado a este derecho fundamental, en específico, a la etapa judicial, el artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho al debido proceso que tiene toda persona como parte sustancial de cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional y que comprende a las denominadas formalidades esenciales del procedimiento, que permiten una defensa previa a la afectación o modificación jurídica que puede provocar el acto de autoridad y que son (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas; y, (v) la posibilidad de impugnar dicha resolución. Ahora bien, cada una de esas etapas y sus correlativos derechos también están relacionados con una cualidad del juzgador. La primera cualidad (etapa previa al juicio), es la flexibilidad, conforme a la cual, toda traba debida a un aspecto de índole formal o a cualquier otra circunstancia que no esté justificada y que ocasione una consecuencia desproporcionada deberá ser removida a efecto de que se dé curso al planteamiento y las partes encuentren una solución jurídica a sus problemas. Conforme a esta cualidad, los juzgadores deben distinguir entre norma rígida y norma flexible, y no supeditar la admisión de demandas o recursos al cumplimiento o desahogo de requerimientos intrascendentes, que en el mejor de los casos vulneran la prontitud de la justicia y, en el peor de ellos, son verdaderos intentos para evitar el conocimiento de otro asunto. La segunda cualidad, vinculada al juicio, es decir, a la segunda etapa del acceso a la justicia, que va desde la admisión de la demanda hasta el dictado de la sentencia, donde como se indicó, deben respetarse las citadas formalidades esenciales que conforman el debido proceso, es la sensibilidad, pues el juzgador, sin dejar de ser imparcial, debe ser empático y comprender a la luz de los hechos de la demanda, qué es lo que quiere el actor y qué es lo que al respecto expresa el demandado, es decir, entender en su justa dimensión el problema jurídico cuya solución se pide, para de esa manera fijar correctamente la litis, suplir la queja en aquellos casos en los que proceda hacerlo, ordenar el desahogo oficioso de pruebas cuando ello sea posible y necesario para conocer la verdad, evitar vicios que ocasionen la reposición del procedimiento y dictar una sentencia con la suficiente motivación y fundamentación para no sólo cumplir con su función, sino convencer a las partes de la justicia del fallo y evitar en esa medida, la dilación que supondría la revisión de la sentencia. Con base en esa sensibilidad, debe pensar en la utilidad de su fallo, es decir, en sus implicaciones prácticas y no decidir los juicios de manera formal y dogmática bajo la presión de las partes, de la estadística judicial o del rezago institucional, heredado unas veces, creado otras. La última cualidad que debe tener el juzgador, vinculada a la tercera etapa del derecho de acceso a la justicia, de ejecución eficaz de la sentencia, es la severidad, pues agotado el proceso, declarado el derecho (concluida la jurisdicción) y convertida la sentencia de condena en cosa juzgada, es decir, en una entidad indiscutible, debe ser enérgico, de ser necesario, frente a su eventual contradicción por terceros. En efecto, el juzgador debe ser celoso de su fallo y adoptar de oficio (dado que la ejecución de sentencia es un tema de orden público), todas las medidas necesarias para promover el curso normal de la ejecución, pues en caso contrario las decisiones judiciales y los derechos que en las mismas se reconozcan o declaren no serían otra cosa que meras declaraciones de intenciones sin alcance práctico ni efectividad alguna. El juzgador debe entender que el debido proceso no aplica a la ejecución con la misma intensidad que en el juicio; que el derecho ya fue declarado; que la ejecución de la sentencia en sus términos es la regla y no la excepción; que la cosa juzgada no debe ser desconocida o ignorada bajo ninguna circunstancia y, en esa medida, que todas las actuaciones del condenado que no abonen a materializar su contenido, deben considerarse sospechosas y elaboradas con mala fe y, por ende, ser analizadas con suma cautela y desestimadas de plano cuando sea evidente que su único propósito es incumplir el fallo y, por último, que la normativa le provee de recursos jurídicos suficientes para hacer cumplir sus determinaciones, así sea coactivamente." Establecido lo anterior, resulta que el Tribunal responsable, al no realizar las gestiones necesarias encaminadas al desahogo de los medios de convicción ofrecidos en autos dentro del término establecido en la ley, viola en perjuicio de la parte quejosa el principio de administración de justicia pronta y expedita a que se contrae el artículo 17 Constitucional, y en el caso a estudio resulta que el Tribunal responsable prolonga la administración de justicia en forma injustificada, contraviniendo los artículos 234 y 237, en relación con el 191 y 191 Bis, de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, vigente a la fecha en que se inició el juicio laboral de origen. Sirve de apoyo la jurisprudencia P./J. 113/2001, con número de registro 188804, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la Contradicción de tesis 35/2000; publicada en la página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Septiembre de 2001, Materia Constitucional, Novena Época, que establece: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da." En las circunstancias relatadas, con fundamento en el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por María Jessica Rodríguez Sánchez, para que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, realice lo siguiente: 1. Deberá tomar todas las medidas necesarias y suficientes para el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes, en las fechas establecidas para tal efecto en auto de diecinueve de marzo de dos mil veinte. Se establece lo anterior, toda vez que como ya quedó evidenciado en el cuerpo de la presente sentencia, si bien la autoridad responsable ha excedido en demasía los plazos establecidos en la Ley que rige el acto reclamado, para el desahogo de las fases procedimentales respectivas; lo cierto es que sería contraproducente y conllevaría un mayor retraso el imponerle la obligación de dejar sin efectos la determinación de diecinueve de marzo del año en curso y obligarla a dictar una nueva a partir de que cause ejecutoria la presente sentencia, dada la proximidad de las fechas ya señaladas. En ese sentido, los efectos la constriñen a que dentro del plazo de tres días contados a partir de la legal notificación del auto en donde cause ejecutoria la presente resolución, deberá remitir a este juzgador copia autorizada del desahogo de los medios de convicción ofrecidos y admitidos en el juicio laboral 10/2018, en las fechas señaladas para tal efecto, por lo que la sentencia de amparo quedará cumplida cuando se tenga el resultado de tales diligencias. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada 2a. CV/2013 (10a.), con número de registro 2005150, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; publicada en la página 732 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Materia Común, Décima Época, que establece: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Finalmente, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 29 de la Ley de Amparo; se comisiona a los Actuarios Judiciales adscritos para que remitan por correo electrónico a la administración del edificio anexo del Poder Judicial de la Federación en Toluca, Estado de México, la lista derivada de la notificación del presente auto, así como las subsecuentes determinaciones que se dicten durante el periodo de esta contingencia, para que aquélla coloque en un espacio de fácil acceso la misma, a fin de que pueda ser consultada por quienes acudan sin contar con una cita. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 123, 124, 215, 216 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se concede el amparo y protección de la Justicia Federal a María Jessica Rodríguez Sánchez, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo por las razones y fundamentos precisados en el último considerando de la presente sentencia. Notifíquese en los términos precisados en la presente sentencia; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las terceras interesadas. Así lo resolvió y firma Azucena Lazalde Iñiguez, Secretaria Encargada del Despacho del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, a través del oficio CCJ/ST/1963/2020 de diez de agosto de dos mil veinte, suscrito por el Secretario Técnico de dicha Comisión, hasta hoy treinta de septiembre de dos mil veinte, fecha en que las labores de este Juzgado de Distrito lo permitieron, asistida de Jonathan Corona Belendez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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