Ricardo Morales Carrasco y Otros.
Expediente 1035/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de febrero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1035/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 07/02/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Ricardo Morales Carrasco y Otros.
- Ricardo Morales Carrasco
Actuaciones
- Principal
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, devuelve el juicio de amparo 1035/2016 del índice de este órgano jurisdiccional, así como la copia certificada de la ejecutoria dictada en el recurso de queja administrativa 297/2016, de la que se advierte que dicho Tribunal declaró infundado el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa contra el proveído de veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, en el que se desechó la demanda de amparo; por tal motivo, acúsese recibo, hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno, agréguese el cuaderno de antecedentes que se formó con motivo del medio de impugnación de referencia y archívese este expediente como concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que este asunto es susceptible de destrucción, debido a que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó de plano la demanda de amparo, y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA ROSA HILDA ROJAS PÉREZ, MARIBEL SALDAÑA REYES, GUILLERMINA DOMÍNGUEZ ZÁRATE, CAMELIA DOMÍNGUEZ ZÁRATE, MARÍA RITA MARGARITA MÉNDEZ GARCÍA, LUZ MARÍA PÉREZ BARBA, MIGUEL CONTRERAS GONZÁLEZ, RICARDO MORALES CARRASCO, MANUEL ROSAS LARA Y RAÚL GARCÍA GARRIDO QUIENES SE OSTENTAN INTEGRANTES DE LA FEDERACIÓN DE LICENCIADOS EN DERECHO DEL ESTADO DE VERACRUZ, ASOCIACIÓN CIVIL, EL ACUERDO QUE DICE: Por recibido el escrito signado por 1) Rosa Hilda Rojas Pérez, 2) Maribel Saldaña Reyes, 3) Guillermina Domínguez Zárate, 4) Camelia Domínguez Zárate, 5) María Rita Margarita Méndez García, 6) Luz María Pérez Barba, 7) Miguel Contreras González, 8) Ricardo Morales Carrasco, 9) Manuel Rosas Lara y 10) Raúl García Garrido, quienes se ostentan integrantes de la Federación de Licenciados en Derecho del Estado de Veracruz, Asociación Civil, mediante el cual cumplen con la prevención contenida en proveído de once de octubre del año en curso. CAUSA DE IMPROCEDENCIA El artículo 113 de la Ley de Amparo, otorga facultad al órgano jurisdiccional para que, previo análisis de la demanda de amparo, de advertir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la demanda, la deseche de plano. PROPUESTA DEMOSTRATIVA En el caso, de la lectura íntegra del escrito de demanda, así como del escrito aclaratorio de la misma, se considera respetuosamente que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 6° de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como se explica a continuación: HIPÓTESIS NORMATIVAS Los artículos 6 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo, establecen las bases para la procedencia del juicio de amparo cuando se impugnan normas de carácter general atendiendo a su propia naturaleza; es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas), o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida (heteroaplicativas). Tiene aplicación la tesis siguiente: Época: Novena Época Registro: 198200 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VI, Julio de 1997 Materia(s): Constitucional, Común Tesis: P./J. 55/97 Página: 5 "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento. HECHOS En el caso, del análisis íntegro de la demanda de amparo, del escrito aclaratorio de la misma y documentales anexas, se advierte que la parte quejosa señala destacadamente como actos reclamados: La adición y reforma al segundo párrafo del artículo 4 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, que establece que el Estado garantizará el derecho a la vida del ser humano, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, como valor primordial que sustenta el ejercicio de los demás derechos; salvo las excepciones previstas en las leyes. Asimismo, del escrito que se provee se advierte que los quejosos manifestaron que el acto reclamado afecta su interés legítimo e incluso el jurídico, debido a que el artículo impugnado protege el producto de la vida desde el momento de su concepción, lo cual va en contra de los derechos de las mujeres a elegir su forma de vida. CONCLUSIÓN De lo anterior, se concluye respetuosamente que el acto reclamado por la parte quejosa, por el momento no le causa perjuicio alguno, pues al establecerse en la adición y reforma al artículo 4 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, que el Estado garantizará el derecho a la vida del ser humano desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, como valor primordial que sustenta el ejercicio de los demás derechos, se observa que se trata de una norma de carácter heteroaplicativa al requerir para su cumplimiento de la actualización de un acto relacionado con la concepción de un ser humano, esto como condición de su aplicación, integrándose hasta aquel momento el perjuicio personal y directo de los agraviados para interponer el juicio de amparo. Por lo anterior, se concluye que para que se actualicen las hipótesis normativas impugnadas, resulta necesario que se considere afectada la esfera jurídica de los promoventes, de ahí que se estime que, contrario a lo expresado por los quejosos, la norma reclamada no es de naturaleza autoaplicativa sino heteroaplicativa, ya que si bien está dirigida a todas las personas; no obstante, para que se concrete el supuesto normativo en su perjuicio de la disposición ahí contenida, se requiere que se actualice algún perjuicio en su contra, lo que a la fecha no ha ocurrido. Tiene aplicación la tesis siguiente: Época: Novena Época Registro: 196750 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Febrero de 1998 Materia(s): Administrativa Tesis: XVI.2o. J/2 Página: 438 "DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA. AMPARO CONTRA LEYES. Cuando se promueve amparo contra una ley, habrá casos en que no sea posible determinar con la sola lectura de la demanda, si el cuerpo legal impugnado tiene el carácter de autoaplicativo o heteroaplicativo. En tal hipótesis, no debe resolverse a priori, que determinado cuerpo de leyes no entraña afectación por su sola expedición sin necesidad de que se realice un acto posterior de autoridad, sino que la proposición relativa debe establecerse como resultado del estudio que se haga en vista de los informes de las autoridades responsables y de las pruebas que rindan las partes, lo cual implica la admisión y tramitación de la demanda de amparo, sin perjuicio de dictar a la postre el sobreseimiento que corresponda. En cambio, cuando la improcedencia del juicio es manifiesta e indudable, y con nitidez puede determinarse tal circunstancia, entonces no existirá obstáculo alguno para que el Juez de Distrito emita auto desechatorio de conformidad con lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo. Pretender que en todos los casos donde se reclame la inconstitucionalidad de una ley se deje para sentencia el pronunciamiento sobre la improcedencia, incluyendo los casos notorios e indudables en donde ésta se advirtiera, iría en contra del principio jurídico de justicia pronta y expedita contenido en el artículo 17 constitucional y haría nugatorio el contenido del numeral 83, fracción I, de la Ley de Amparo, en caso de desechamiento de demandas de amparo contra leyes, dispositivo que otorga competencia a los Tribunales Colegiados para conocer del recurso de revisión contra resoluciones de Jueces de Distrito que desechen o tengan por no interpuestas las referidas demandas de amparo, cuando tal precepto no contiene excepción alguna. Consecuentemente, al tratarse de una norma heteroaplicativa y al no haberse acreditado acto de aplicación en perjuicio de la parte quejosa, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo.
- Principal
1) Rosa Hilda Rojas Pérez, 2) Maribel Saldaña Reyes, 3) Guillermina Domínguez Zárate, 4) Camelia Domínguez Zárate, 5) María Rita Margarita Méndez García, 6) Luz María Pérez Barba, 7) Miguel Contreras González, 8) Ricardo Morales Carrasco, 9) Manuel Rosas Lara y 10) Raúl García Garrido, por propio derecho y como integrantes de la Federación de Licenciados en Derecho del Estado de Veracruz, Asociación Civil, INTERPONEN RECURSO DE QUEJA en contra del proveído de veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, en el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, dese trámite al citado recurso. Asimismo, ríndase el informe respectivo, en el sentido de que ES CIERTO EL ACTO IMPUGNADO. Por otra parte, fórmese cuaderno de antecedentes y envíese este expediente a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, para los efectos de la substanciación del medio de impugnación, anexando el original del escrito de expresión de agravios y la copia para el Agente del Ministerio Público de la Federación. No es obstáculo que de la interpretación conjunta de los artículos 100 y 101 de la Ley de Amparo, se concluya que cuando el recurso de queja se interponga en forma impresa, la parte recurrente debe señalar las constancias que en copia certificada deben remitirse al órgano jurisdiccional que deba resolver del recurso, y que una vez notificadas las demás partes del medio de impugnación interpuesto, debe otorgárseles el término de tres días para que, igualmente, indiquen las constancias que, en copia certificada, consideren deben remitirse al Tribunal Colegiado correspondiente; sin embargo, debido a que el auto que se combate por el recurso de queja, como lo es el desechamiento de la demanda, se considera que tal tramitación resulta innecesaria.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LOS PROMOVENTES ROSA HILDA ROJAS PÉREZ, MARIBEL SALDAÑA REYES, GUILLERMINA DOMÍNGUEZ ZÁRATE, CAMELIA DOMÍNGUEZ ZÁRATE, MARÍA RITA MARGARITA MÉNDEZ GARCÍA, LUZ MARÍA PÉREZ BARBA, MIGUEL CONTRERAS GONZÁLEZ, RICARDO MORALES CARRASCO, MANUEL ROSAS LARA Y RAÚL GARCÍA GARRIDO ,EL ACUERDO QUE DICE: 1) Rosa Hilda Rojas Pérez, 2) Maribel Saldaña Reyes, 3) Guillermina Domínguez Zárate, 4) Camelia Domínguez Zárate, 5) María Rita Margarita Méndez García, 6) Luz María Pérez Barba, 7) Miguel Contreras González, 8) Ricardo Morales Carrasco 9) Manuel Rosas Lara y 10) Raúl García Garrido, por propio derecho y como integrantes de la Federación de Licenciados en Derecho del Estado de Veracruz, Asociación Civil, promueven juicio de amparo contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad y otras autoridades; regístrese en el libro de gobierno respectivo con el número 1035/2016. PREVENCIÓN PROPUESTA DEMOSTRATIVA Del contenido de la demanda de amparo se advierten irregularidades que deben ser subsanadas, como se explica a continuación: HIPÓTESIS NORMATIVAS Los artículos 108, fracciones I, V, 112 y 114, fracción II, de la Ley de Amparo, establecen la facultad del Juez de Distrito de prevenir a la parte quejosa, para que realice las aclaraciones pertinentes, cuando dentro del escrito de demanda encuentre alguna irregularidad; o se hubiere omitido alguno de los requisitos que señala el artículo 108 de la Ley de Amparo. Adicionalmente, el artículo 108 enunciado en el párrafo anterior, dispone que la demanda de amparo deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley autorice, en la que se expresará la norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; asimismo, el quejoso manifestará, el nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación, así como señalar bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyan antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. HECHOS En el caso, los actos reclamados en este asunto son los siguientes: La adición y reforma al segundo párrafo del artículo 4 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que establece que el Estado garantizará el derecho a la vida del ser humano, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, como valor primordial que sustenta el ejercicio de los demás derecho; salvo las excepciones previstas en las leyes. Asimismo, se advierte que la demanda de amparo fue promovida por 1) Rosa Hilda Rojas Pérez, 2) Maribel Saldaña Reyes, 3) Guillermina Domínguez Zárate, 4) Camelia Domínguez Zárate, 5) María Rita Margarita Méndez García, 6) Luz María Pérez Barba, 7) Miguel Contreras González, 8) Ricardo Morales Carrasco, 9) Manuel Rosas Lara y 10) Raúl García Garrido, por propio derecho y como integrantes de la Federación de Licenciados en Derecho del Estado de Veracruz, Asociación Civil. Sin embargo, no anexaron alguna constancia fehaciente con la que acrediten el carácter con el que se ostentan como integrantes de esa Federación, así como la legitimación que en su caso los faculte para promover el amparo en representación de aquélla. CONCLUSIÓN Por lo anterior, se concluye respetuosamente que la demanda de amparo es irregular, debido a que los quejosos 1) Rosa Hilda Rojas Pérez, 2) Maribel Saldaña Reyes, 3) Guillermina Domínguez Zárate, 4) Camelia Domínguez Zárate, 5) María Rita Margarita Méndez García, 6) Luz María Pérez Barba, 7) Miguel Contreras González, 8) Ricardo Morales Carrasco, 9) Manuel Rosas Lara y 10) Raúl García Garrido, omitieron anexar alguna constancia fehaciente con la que acrediten el carácter con el que se ostentan como integrantes de la Federación de Licenciados en Derecho del Estado de Veracruz, Asociación Civil, así como la legitimación que en su caso los faculte para promover el amparo en representación de aquélla; de igual manera, omitieron manifestar la afectación directa que con tal carácter les produce el acto reclamado. REQUERIMIENTO Por lo tanto, a efecto de permitir el efectivo acceso a la jurisdicción en favor de los quejosos, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se requiere a los mismos para que, en el plazo de cinco días, legalmente computado, por escrito, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, cumplan con lo siguiente: Exhiban documento fehaciente con el cual acrediten la personalidad con la que se ostentan como integrantes de la Federación de Licenciados en Derecho del Estado de Veracruz, Asociación Civil, así como la legitimación que en su caso los faculte para promover el amparo en representación de aquélla. Manifiesten la afectación directa que con ese carácter les produce la adición y reforma al segundo párrafo del artículo 4 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Del escrito mediante el cual den cumplimiento a los incisos que anteceden, deberán allegar las copias que resulten necesarias, para cada una de las partes en este asunto. Lo que se considera necesario para la tramitación o desechamiento de este asunto; es decir, que sin las aclaraciones solicitadas por este órgano jurisdiccional no sería posible fijar la litis correctamente en este asunto. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la tesis siguiente: Registro No. 175345 Localización: Novena ÉpocaInstancia: Tribunales Colegiados de CircuitoFuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaTomo XXIII, Abril de 2006Página: 990Tesis: I.7o.A.100 KTesis AisladaMateria(s): Común DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra hecho, entre ellas, las siguientes: hecho, cha. 5. Cosa que sucede. 6. Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla. Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo antecedente de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores. De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra acción, entre otros, los que se transcriben enseguida: Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer. En la página catorce se define el vocablo abstención de la manera siguiente: Acción y efecto de abstenerse. En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley. Asimismo, se hace saber a la parte quejosa que el cumplimiento al requerimiento efectuado únicamente podrá realizarlo quien promueve este asunto, por constituir un acto de carácter personalísimo. Resulta aplicable, la tesis siguiente: Registro No. 2007285 Localización:Décima ÉpocaInstancia: Primera SalaFuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaTomo I, Agosto de 2014Página: 210Tesis: 1a./J. 50/2014JurisprudenciaMateria(s): Común AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente bajo protesta de decir verdad que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la defensa de los derechos del autorizante, ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes. Se hace del conocimiento de los promoventes del delito en que pudieran incurrir a quien declara con falsedad ante la autoridad judicial en un juicio de amparo, previsto en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo mismo que dispone: Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta de a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. APERCIBIMIENTO Lo anterior, con el apercibimiento siguiente: En caso de no dar cumplimiento a cualquiera de lo requerido, se tendrá POR NO PRESENTADA la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica a las partes que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V, 113, fracción I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; tiene derecho a oponerse para que se publiquen o se den a conocer sus datos personales, en aquellos casos en que la resolución que se publique o la constancia o prueba que se solicite, contenga información reservada que ponga en peligro su vida, seguridad o salud, o bien, sea confidencial, por así establecerse en un tratado internacional o ley nacional; en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.
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