Ricardo Morales Carrasco
Expediente 1022/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1022/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Ricardo Morales Carrasco
Actuaciones
- Principal
... el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, mediante el cual informa que ese órgano colegiado admitió el recurso de queja interpuesto por el quejoso ... y lo radicó con el número 443/2019 de su índice....
- Principal
... el escrito signado por el quejoso ... mediante el cual interpone recurso de queja contra el proveído de cinco de noviembre del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo.... remítase el original de expresión de agravios, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de esos órganos colegiados, con residencia en Boca del Río, Veracruz...
- Principal
... notifiquese personalmente a la parte quejosa...
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE CINCO DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL CITATORIO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ... Xalapa-Enríquez, Veracruz, cinco de noviembre de dos mil diecinueve. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por Ricardo Morales Carrasco, por propio derecho, contra actos del Presidente de la LXV Legislatura del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad y otras autoridades, por violación a sus derechos fundamentales. RADICACIÓN DE DEMANDA. Fórmese expediente y anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 1022/2019/V-B. DESECHAMIENTO. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juzgado de Distrito, ante todo examinará la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; por lo que, en acatamiento a dicho precepto se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo. De la lectura de la demanda de amparo se advierte que el promovente reclama en sede constitucional lo siguiente: 1. La inconvencionalidad de los artículos 33, fracción XIX y 58 de la Constitución Política del Estado de Veracruz. 2. El acuerdo de once de octubre de dos mil diecinueve, emitido por el Congreso del Estado, en el que aprueba la designación de los trece Magistrados propuestos por el Ejecutivo del Estado, para ocupar las vacantes de Magistrados del Poder Judicial del Estado de Veracruz, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, número extraordinario cuatrocientos ocho. Ahora, en el caso a estudio la suscrita estima que el juicio de amparo resulta improcedente en términos de lo establecido en el artículo 61, fracción VII de la Ley de Amparo, el cual establece que el juicio de garantías resulta improcedente contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, en declaración de procedencia y en juicio político, así como en elección, suspensión o remoción de funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente. Bajo ese contexto, la procedencia o improcedencia del juicio de amparo deriva ineludiblemente de que el acto o decisión del Congreso local, se emita en ejercicio de una facultad soberana o discrecional, es decir, estas últimas características son las condicionantes que el órgano de amparo debe verificar se actualicen para decidir si la demanda de amparo debe desecharse de plano al concretizarse una causal de improcedencia notoria y manifiesta o bien, debe admitirse y dársele el trámite correspondiente. Así, es indispensable definir qué se entiende por decisión soberana o discrecional, a efecto de estar en posibilidad de concluir si la elección de un Magistrado integrante del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz se erige como un acto con esas características emitido por el Congreso del Estado y, en consecuencia, si resulta improcedente el juicio de amparo cuando el acto reclamado lo constituye dicha designación. En se orden de ideas, la palabra "soberano" se entiende como el poder que no tiene otro superior del que se encuentre obligado a cumplir órdenes o mandatos , que es autoridad autónoma e independiente de otra, mientras que "discrecional" se refiere a la resolución de un órgano dada en el ejercicio de una potestad de esa naturaleza, es decir, que le es libre en su emisión, pero bajo parámetros de prudencia. Ahora bien, conforme los artículos 33, fracción XIX y 59 , de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, el Constituyente local otorgó al Congreso del Estado la facultad exclusiva de designar a los Magistrados integrantes del Tribunal Superior de Justicia de la Entidad. En esos términos, este órgano jurisdiccional considera que esa decisión se constituye como una decisión soberana y, en consecuencia, contra aquélla no procede el juicio de amparo en términos del precepto 61, fracción VII, de la Ley de Amparo. La facultad de nombrar a un Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, conferida por la Constitución local a la Legislatura del Estado, es de naturaleza autónoma, en tanto que la propia Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave no exige, bajo ningún supuesto, que la decisión del órgano legislativo referido deba ser avalada o sometida a la aprobación, sanción o ratificación de persona u organismo diverso. Además, que los Diputados que integran el Congreso del Estado de Veracruz se constituyen como un órgano de representación conformado por la elección de los ciudadanos, con base en los principios de mayoría relativa y de representación proporcional y, por tanto, se trata de un órgano colegiado que, al ejercer sus facultades, expresa la voluntad popular, lo que es un rasgo característico de las democracias constitucionales, en que el pueblo soberano está representado por el órgano legislativo. Así, cuando el Congreso del Estado de Veracruz elige a un Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, lo hace en ejercicio de una facultad exclusiva y en aras de un gobierno democrático porque, en su carácter de representante popular, tiende a integrar debidamente a un órgano constitutivo de uno de los Poderes Estatales -Poder Judicial- ello en cumplimiento al mandato de la Ley Fundamental local. En consecuencia, la decisión del órgano legislativo, en este caso, se encuentra revestida de significación constitucional relevante y del mayor grado de representatividad, lo que denota que la actuación del órgano legislativo es de naturaleza soberana y no está sujeta al control de autoridad diversa. Lo anterior, aunado a que la decisión de la Legislatura del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ,se constituye como soberana en los términos apuntados, cierto es también que se configura como discrecional, en tanto que, aun cuando la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz constriñe al aludido órgano a emitir un acto decisorio a partir de una propuesta por el Titular del Poder Ejecutivo, le concede la libertad de decidir a la persona que, bajo un ejercicio prudencial, considera la más apta para ocupar el cargo de Magistrado. Es decir, la discrecionalidad de la decisión del Congreso del Estado no radica en la posibilidad de emitir o no un acto determinado, sino en que, dentro de la atribución exclusiva que le otorga el Constituyente local en los artículos 33, fracción XIX, y 59 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, puede decidir cuál, dentro de los candidatos propuestos por el Gobernador, a su juicio, reúne la idoneidad requerida para desempeñarse como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia; sin que dicha discrecionalidad sea arbitraria, en tanto que es la propia Constitución Estatal la que establece parámetros de decisión (requisitos para ser Magistrado, procedimiento de elección, etapas o temporalidad de la elección, etcétera) que la aludida Legislatura debe ponderar, en un ejercicio democrático, para elegir a la persona que desempeñará el cargo de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz. En consecuencia, en opinión de esta juzgadora, es claro y evidente, que la elección de un Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz como facultad exclusiva del Congreso local se traduce en una decisión soberana y discrecional contra la cual no procede el juicio de amparo, es decir, se constituye como una causa notoria y manifiesta de improcedencia. Aunado a lo anterior, por cuanto hace al acto consistente en la inconvencionalidad de los artículos 33, fracción XIX y 58 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, de la lectura y análisis del escrito de demanda, se advierte que este se impugna con motivo de la aplicación y utilización de los mencionados artículos en el proceso de nombramiento de Magistrados. Pues con base en la disposición legal aludida, se dio inicio y se realiza el proceso de elección de Magistrados contra el que el quejoso se inconforma; sin embargo, debido a que contra dicho procedimiento el juicio de amparo resultó improcedente, se considera que también lo es contra la porción normativa que tilda de inconvencional. Se afirma lo anterior, puesto que cuando se promueve el juicio de amparo contra un artículo con motivo de su aplicación en perjuicio del quejoso, no se puede desvincular su estudio del que concierne a su empleo, por ser éste acto precisamente, el que causa perjuicio al promovente del juicio. No es óbice a lo anterior, que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave no establezca de manera expresa que la multicitada facultad del Congreso local es inherentemente soberana y discrecional, puesto que, la causa de improcedencia que se ha estimado actualizada, no exige que los actos emitidos, entre otros órganos, por los Congresos de los Estados en uso de facultades conferidas por sus Constituciones deba establecer, de manera expresa y sacramental, que la facultad que otorga al órgano legislativo posea esa naturaleza, puesto que las notas características de soberanía y discrecionalidad le son propias a la atribución constitucional, como en el caso que nos ocupa. En ese orden de ideas, por ser notoria e indudable la causa de improcedencia analizada, procede desechar de plano la demanda de amparo que se provee, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la ley invocada. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el precisado en el proemio de su demanda y como sus autorizados en los amplios términos que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo a Valentín Olmos Alfonso y Alejandro Rivadeneyra Rodríguez, en virtud de que tienen registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y con las restricciones que impone dicho precepto a las restantes personas indicadas en su ocurso de demanda, por así haberlo solicitado expresamente el promovente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. Con apoyo en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas para efectuar las notificaciones o diligencias que se le encomienden durante la tramitación del juicio. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se comunica a las partes, con fundamento en los artículos 1º a 9º, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5º a 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la citada Ley; que las resoluciones que se dicten en el juicio, constituyen información pública y podrán ser consultados por cualquier persona con la salvedad de lo previsto en el artículo 113, fracción V, de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8º de dicha ley y 9º del citado reglamento, la unidad administrativa determinará si tal oposición puede surtir efectos, y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. OBJECIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES EN LAS LISTAS DE NOTIFICACIONES (FÍSICA Y ELETRÓNICA). La parte quejosa no realiza petición expresa para que se supriman sus datos personales de las mismas. Notifíquese personalmente al queoso. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el Secretario de Juzgado Alberto Arbea Pérez, que autoriza y da fe...
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · 10,474 expedientes
- Ricardo Madrazo Vergara581/2015
- Ricardo Marcelo Rodríguez Ruíz1267/2018
- Ricardo Martínez Orduña890/2015
- Ricardo Martínez Orduña500/2015
- Ricardo Martínez Orduña804/2015
- Ricardo Montiel Del Moral196/2016
- Ricardo Morales Gabriel1250/2018
- Ricardo Morales Gabriel688/2018
- Ricardo Morales Silvestre41/2017
- Ricardo Olais Espinoza828/2017
- Ricardo Ontiveros Román120/2015
- Ricardo Osorio Garfías119/2015