RICARDO MONTES MATA y Otros.
Expediente 983/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 983/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 21/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- RICARDO MONTES MATA y Otros.
Actuaciones
- Principal
MESA VI B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho. Toda vez que del cómputo secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto dictado el veintinueve de octubre de dos mil dieciocho (fojas 14 y 15), por el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio; consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
MESA VI B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos, en la especie, el quejoso ....., reclama del Director General, Director de Seguridad y Custodia, Directora Técnica y Jefe de Departamento de Área Educativa, adscritos al Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPS-Oaxaca", con sede en Miahuatlán, Oaxaca, lo siguiente: La retención de material enviado por familiares. En el caso, al margen de si resulta cierto o no el acto reclamado, se estima que contra el referido acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.)." En este sentido, conviene precisar que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad violatorios de derechos fundamentales, y está regulado bajo diversos principios, toda vez que lo relativo a las condiciones de internamiento en un centro de reclusión, suscitados en el marco del procedimiento de ejecución penal, previo a acudir al amparo y atento al principio de definitividad, debe agotarse la "petición administrativa" (y su procedimiento subsecuente), prevista en el artículo 107 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, es por ello que se actualiza la hipótesis de improcedencia establecida en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con actos emitidos dentro de procedimientos formal o materialmente jurisdiccionales, que los acontecimientos de hecho y de derecho que se suscitan durante la reclusión, forman parte del procedimiento de ejecución, que es de naturaleza formalmente jurisdiccional, tan es así que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su norma reglamentaria en la materia, establecieron que la autoridad judicial tomaría la facultad de vigilarlos y controlarlos. Ahora, la génesis de dicha fracción se remonta a la necesidad de frenar provisionalmente los efectos de los actos de autoridades de naturaleza administrativa que cuenten con facultades para modificar de manera unilateral la esfera jurídica de los gobernados, ya sea al verificar el cumplimiento de disposiciones de índole administrativa, en los que se le da al afectado la oportunidad de comparecer, rendir pruebas y alegar; o bien, aquellos otros que se sustancian a solicitud de parte interesada para la obtención de licencias, autorizaciones, permisos, concesiones, etcétera; así como también a los procedimientos que importan cuestión entre partes, sujetos a la decisión, aunque materialmente jurisdiccional de la autoridad administrativa. Por tanto, respecto de las solicitudes efectuadas por los internos en el lugar en que se encuentran recluidos, conforme a los principios previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, la ejecución de dichas tareas constituye estrictamente un ejercicio de complementación del marco procedimental jurisdiccional que rige en materia de ejecución. Lo anterior, en primer lugar, porque en todo caso, compete a los Jueces de ejecución vigilar y controlar las relaciones de hecho y de derecho que surgen entre las personas privadas de su libertad y la autoridad penitenciaria, durante el tiempo que deba durar la medida de internamiento decretada; y también, porque desde el inicio de su actuación, las autoridades penitenciarias están circunscritas a lo que se les haya ordenado en la sentencia definitiva, o bien, en el auto en que se imponga la medida precautoria de reclusión. En ese tenor, si bien con la "petición administrativa" el legislador buscó privilegiar y sacar provecho de la inmediatez con las autoridades penitenciarias y auxiliares; lo cierto es que éstas de cualquier forma se encuentran bajo la vigilancia y control de una autoridad jurisdiccional durante su tramitación. Por tanto, con relación al acto reclamado que se hace consistir en la retención de material enviado por familiares; el quejoso debe agotar la petición administrativa ante la autoridad penitenciaria o Juez de Ejecución, prevista en el artículo 107 de la Ley de Ejecución Penal; en virtud de que esa clase de actos se construyen de manera sucesiva, lo cual constituye formalmente el procedimiento de ejecución que actualmente le reviste una naturaleza meramente jurisdiccional; por lo que ese medio de impugnación constituye el medio de defensa judicializado e idóneo para impugnar esa clase de actos y, por ende, debe agotarse previo a acudir al amparo, ya que la ley ordinaria prevé el recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual el acto reclamado puede ser modificado, revocado o nulificado. Criterio establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 57/2018, y que constituye un hecho notorio, en la que determinó que las personas privadas de su libertad, cuando reclaman omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, antes de acudir al juicio de amparo indirecto deben agotar el procedimiento establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Lo anterior, ya que nuestro Máximo Tribunal señaló que dicha ley prevé un mecanismo de control que otorga la posibilidad de formular peticiones administrativas y que cumple con todas las características de un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, a través del cual los internos se encuentran facultados para reclamar sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento. Además, el citado mecanismo ofrece una asistencia continua y personalizada al interno, pues en ciertos supuestos podrá acudir de manera directa a la autoridad penitenciaria a explicarle su petición, la razón de ésta y a ofrecer las pruebas que estime conducentes para apoyarla. Igualmente, la autoridad penitenciaria, con la finalidad de proteger los derechos del interno, deberá allegarse oficiosamente de las pruebas necesarias para responder de manera óptima la petición. También ofrece la posibilidad de que la omisión reclamada sea reparada por la autoridad penitenciaria y que la persona privada de su libertad impugne ante el juez de ejecución o control, según corresponda, la respuesta de la citada autoridad si estima que es contraria a sus intereses. Asimismo, establece la posibilidad de apelar la determinación del juez en caso de considerar que ésta es contraria a sus derechos. Del mismo modo, el mecanismo de control establece que cuando el acto omisivo constituya un caso urgente, el interno tendrá la posibilidad de acudir directamente ante el juez correspondiente, quien previamente a resolver en definitiva, suspenderá de oficio y de inmediato el acto de ser positivo, o bien, si es un acto omisivo ordenará a la autoridad penitenciaria, también de oficio y de inmediato, que realice las acciones positivas correspondientes. Finalmente, el mecanismo de control otorga la facultad a la parte legitimada para que sea ella quien decida optar por la petición administrativa no urgente, o bien, la petición administrativa por caso urgente, así como la posibilidad real y efectiva de que el acto omisivo de ser procedente sea suspendido e incluso que las autoridades administrativas realicen las acciones positivas necesarias a fin de que la omisión reclamada cese de inmediato o deje de existir. De ahí que al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio respecto de los precisados actos reclamados a las autoridades responsables. Por consecuencia, queda sin efecto la fecha y hora señaladas para la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA VI B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de octubre de dos mil dieciocho. Con el escrito de demanda de amparo, promovida por ....; fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 983/2018. En términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 5°, fracción IV, 21, tercer párrafo, 33, fracción IV, 35, 37, 64, 107, 108, 110, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de que se trata; se otorga a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano de control constitucional, la intervención correspondiente, para ello, entréguesele una copia simple de la demanda. Se señalan las nueve horas con diez minutos del siete de noviembre de dos mil dieciocho, para la audiencia constitucional. Solicítese a las autoridades señaladas como responsables el informe justificado, el cual deberán rendir dentro del plazo de quince días siguientes a que reciban el oficio, para ello, acompañarán en su caso, copias certificadas legibles y completas de las constancias necesarias para apoyarlo, haciéndole de su conocimiento que de no cumplir, el precepto 260, fracción II, en relación con el 238 del ordenamiento invocado, establece que se le impondrá una multa de cien a mil unidades de medida y actualización. A fin de agilizar el procedimiento, se pone a disposición exclusiva de las autoridades responsables el correo oficial de este Juzgado 1jdo13cto@correo.cjf.gob.mx y el telefax número 951 50 2 3870, para que por tales vías puedan enviar comunicaciones oficiales. Se previene a todas las partes para que comuniquen cuando cesen los efectos del acto reclamado o se actualicen causas notorias de sobreseimiento, así mismo, informen si en relación al expediente del cual derivan los actos reclamados se ha promovido diverso juicio de amparo, de ser así, indiquen el número de juicio y el Juzgado de Distrito que conoció del asunto, de incumplirlo, se les impondrá multa prevista en el precepto 251 de la referida Ley. Se precisa a la parte quejosa, que para el caso de que las autoridades señaladas como responsables, no existan, o bien, la denominación que indica no sea la correcta, con fundamento en el numeral 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que le impone la obligación de precisar en la demanda la autoridad o autoridades responsables; se les tendrá aquí como inexistentes, no se les dirigirán comunicaciones procesales, y en su oportunidad, se resolverá la litis, conforme a tal situación; salvo prueba en contrario, o señalamiento corregido. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se admiten como prueba de la parte quejosa la documental que anexa a su escrito de demanda, misma que se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional. Por otro lado, como lo solicita el quejoso, se le tiene señalando como domicilio para recibir notificaciones, el de sus autorizados, además, por autorizada con las amplias facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo a..... , por así solicitarlo expresamente la parte quejosa y encontrarse registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y a...... únicamente se le tiene por autorizada para recibir notificaciones, por no encontrarse registrada su cedula profesional en el aludido sistema computarizado. Sin que sea dable tenerle como domicilio para recibir notificaciones el lugar donde se encuentra restringido de su libertad, toda vez que en el ocurso que se atiende, en el primer párrafo, señaló autorizados para los efectos del primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, en el caso para oír notificaciones; por ende, las notificaciones de carácter personal serán realizadas por conducto de dichos autorizados, en términos del artículo 26 fracción I) inciso a) de la Ley de la materia. Asimismo, se autoriza a las partes, para que, al imponerse de los autos, puedan utilizar medios electrónicos (cámaras o lectores ópticos) para reproducir copias de las constancias de autos. En otro contexto, para el caso de que en este asunto se ordene alguna notificación personal, se habilita al actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Para concluir, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias que sean de interés público, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a éstas que al elaborarse la versión pública del fallo que se llegare a dictar se suprimirá o testará todo dato confidencial o reservado.
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