Ricardo Mendoza Pimentel

Expediente 134/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 33 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
134/2023
Año
2023
Actuaciones
33
Última actuación
25/04/2023

Partes del expediente

  • Ricardo Mendoza Pimentel

Actuaciones

Las 4 más recientes de 33.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticinco de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se advierte que no se interpuso recurso de revisión en contra del auto de sobreseimiento fuera de audiencia dictado en este juicio de amparo el veintitrés de marzo de dos mil veintitrés; por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara firme dicho proveído, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y glósese el cuaderno de suspensión respectivo. Por lo que ve a los dos discos compactos remitidos por la Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia, y un cuaderno de pruebas, formado con las copias certificadas de la carpeta de investigación con número único de caso..., con número de expediente MOR/053/22174/2023, remitidas por el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de la Fiscalía Especializada en los Delitos de Violencia Familiar y de Género, con sede en esta ciudad, devuélvanse a las citadas autoridades, por ser innecesario que sigan obrando en autos, previo desglose que de los discos compactos se realice. Ahora bien, en virtud a que por auto de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. De conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Séptimo, numeral 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DEPURACIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el apartado 7.4 "Tratamiento de los expedientes con suspensión de plano", relativo al Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, con independencia del sentido de la resolución emitida en la sentencia definitiva. Por otro lado, como en los autos del incidente de suspensión se concedieron las suspensiones provisional y definitiva; el único cuaderno del incidente de suspensión es susceptible de depuración, en términos del artículo 18, fracción I, inciso a), del referido Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, diecisiete de abril de dos mil veintitrés. Agréguese únicamente para que obre como corresponda el oficio JC/0073/2023, signado por la Juez Cívico Municipal del Ayuntamiento de Morelia, toda vez que mediante proveído de veintitrés de marzo del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Cúmplase.

  3. Principal

    En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c) respectivamente, de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se notifica por medio lista de acuerdos que se publica en este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio sin número, signado electrónicamente por la Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia, mediante el cual informa que en audiencia llevada a cabo el diecisiete de marzo del año en curso, dentro de la causa penal 153/2023, se dictó auto de vinculación a proceso al aquí quejoso ******, por la probable comisión de los delitos que indica en su comunicado, en agravio de la adolescente de iniciales ****; lo que acredita con la copia de audio y video de la citada audiencia que anexa a su oficio de cuenta. Asimismo, téngase a la citada autoridad anexando un disco compacto con el registro audio visual y el acta derivada de la audiencia inicial de la causa penal 153/2023, mismo que con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la citada autoridad. Lo anterior, de conformidad la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". Atento a lo anterior, de los presentes autos se advierte que mediante escrito presentado el cuatro de febrero del año en curso, Daniel Mendoza Ponce de León, promovió el presente juicio en favor de Ricardo Mendoza Pimental, contra actos del Juez Cívico en turno, perteneciente a la corporación de la Policía Municipal de Morelia, Michoacán y otras autoridades, por los actos consistente en: "I.- EL ACTO RECLAMADO.- 1.- La ilegal detención y privación de su libertad sin orden judicial, ni por delito en flagrancia, así como la incomunicación, probable tortura, tratos crueles e inhumanos y hasta la probable privación de la vida infringida por la Autoridad responsable que más adelante señalare y de lo que está siendo víctima el C. RICARDO MENDOZA PIMENTEL, sin hacerles saber el motivo de su detención, ni sus derechos que les asisten como lo establecido el Artículo 20 Fracción B de la Carta Magna. La posible y por ende ilegal orden de aprehensión librada en mi contra." Demanda que fue ratificada por el quejoso y admitida por auto de cinco de febrero de dos mil veintitrés; además, mediante proveído de catorce de febrero del presente año, se tuvo a la Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia, rindiendo su informe justificado, en el cual aceptó la existencia del acto reclamado, en razón a la existencia de la causa penal 153/2023, iniciada en contra del aquí quejoso **** Asentado lo anterior, en el caso se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de las Ley de Amparo, en razón de que en la causa penal de origen ha operado un cambio de situación jurídica, dado que si bien es cierto que dentro del presente asunto, el quejoso señaló como actos reclamados la ilegal detención y privación de la libertad, así como una orden de aprehensión girada en su contra, también lo es que mediante audiencia celebrada el diecisiete de marzo del año en curso, se dictó auto de vinculación a proceso al aquí quejoso Ricardo Mendoza Pimentel, en los términos reseñados previamente; asimismo, le fue impuesta la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por el tiempo que dure el proceso, sin que exceda de dos años, por lo que las violaciones de las que pudiera adolecer el acto reclamado, han quedado irreparablemente consumadas precisamente con ese cambio de situación jurídica. En consecuencia, siendo esto así, es indudable que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo en vigor, por lo que procede sobreseer en el presente juicio de garantías fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sobreseimiento que se hace extensivo de las autoridades ejecutoras Agente del Ministerio Público de la Unidad de Delitos Sexuales de la Fiscalía Especializada en los Delitos de Violencia Familiar y de Género, con sede en esta ciudad, por haber manifestado la certeza del acto reclamado. Asimismo, se hace extensivo dicho sobreseimiento a las autoridades responsables Juez Cívico en turno de la Policía Municipal de Morelia, Michoacán y Comisión Municipal de Seguridad Ciudadana, con sede en esta ciudad, pues aun cuando la última autoridad negó el acto de ejecución que se le reclamo; dicha negativa se desvirtúa, toda vez que el Juez responsable, al rendir su informe justificado manifestó la certeza del acto reclamado consistente en la emisión de una orden de aprehensión dictada el cinco de febrero del año en curso, dentro de la causa penal 153/2023, en contra del aquí quejoso Ricardo Mendoza Pimentel. Por identidad jurídica, sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 17/2008 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Junio de 2008, página 270, con registro digital 169410, que dice: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto". De igual manera, por las razones que contiene, sustenta lo anterior la Jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/18 (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 2482, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación que dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA QUE SE VINCULÓ A PROCESO AL IMPUTADO, CON INDEPENDENCIA DE LA MEDIDA PREVENTIVA DECRETADA RESPECTO DE SU LIBERTAD PERSONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entre ellas, los artículos 16 y 19, se encuentra vigente para el Estado de Chihuahua, de acuerdo con el artículo tercero transitorio de dicho decreto. Ahora bien, de las modificaciones que éste generó en el sistema de justicia penal, se advierte una discrepancia de carácter conceptual entre el antes denominado "auto de formal prisión" y el actual "auto de vinculación a proceso"; sin embargo, si el juzgador libra una orden de aprehensión y después vincula al imputado a proceso penal, al igual que como acontecía con el auto de formal prisión, ese acontecimiento origina un cambio de situación jurídica, porque a pesar de la diferencia conceptual, ambas figuras jurídicas son semejantes en cuanto al fondo y efectos que producen para el imputado, en virtud del cúmulo de medidas cautelares que actualmente pueden decretarse en su contra, inclusive la prisión preventiva. En este sentido, cuando el acto reclamado consista en una orden de aprehensión y la autoridad responsable informe que se vinculó a proceso al inculpado, resulta inconcuso que la autoridad federal no puede decidir sobre el caso sin afectar la nueva situación a la que se sujeta el quejoso, cualquiera que haya sido la medida preventiva decretada respecto de su libertad personal, toda vez que la condición particular que guardaba antes de la ejecución de dicho mandamiento judicial motiva que queden consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas que asevera se cometieron al librarse la orden de captura y, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo (artículo 73, fracción X, de la ley abrogada)". Así como la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, Tomo XVII Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Finalmente, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional, programada para las diez horas con veinte minutos del doce de abril de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c) respectivamente, de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se notifica por medio lista de acuerdos que se publica en este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio sin número, signado electrónicamente por la Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia, mediante el cual informa que en audiencia llevada a cabo el diecisiete de marzo del año en curso, dentro de la causa penal 153/2023, se dictó auto de vinculación a proceso al aquí quejoso ******, por la probable comisión de los delitos que indica en su comunicado, en agravio de la adolescente de iniciales ****; lo que acredita con la copia de audio y video de la citada audiencia que anexa a su oficio de cuenta. Asimismo, téngase a la citada autoridad anexando un disco compacto con el registro audio visual y el acta derivada de la audiencia inicial de la causa penal 153/2023, mismo que con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la citada autoridad. Lo anterior, de conformidad la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". Atento a lo anterior, de los presentes autos se advierte que mediante escrito presentado el cuatro de febrero del año en curso, Daniel Mendoza Ponce de León, promovió el presente juicio en favor de Ricardo Mendoza Pimental, contra actos del Juez Cívico en turno, perteneciente a la corporación de la Policía Municipal de Morelia, Michoacán y otras autoridades, por los actos consistente en: "I.- EL ACTO RECLAMADO.- 1.- La ilegal detención y privación de su libertad sin orden judicial, ni por delito en flagrancia, así como la incomunicación, probable tortura, tratos crueles e inhumanos y hasta la probable privación de la vida infringida por la Autoridad responsable que más adelante señalare y de lo que está siendo víctima el C. RICARDO MENDOZA PIMENTEL, sin hacerles saber el motivo de su detención, ni sus derechos que les asisten como lo establecido el Artículo 20 Fracción B de la Carta Magna. La posible y por ende ilegal orden de aprehensión librada en mi contra." Demanda que fue ratificada por el quejoso y admitida por auto de cinco de febrero de dos mil veintitrés; además, mediante proveído de catorce de febrero del presente año, se tuvo a la Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia, rindiendo su informe justificado, en el cual aceptó la existencia del acto reclamado, en razón a la existencia de la causa penal 153/2023, iniciada en contra del aquí quejoso **** Asentado lo anterior, en el caso se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de las Ley de Amparo, en razón de que en la causa penal de origen ha operado un cambio de situación jurídica, dado que si bien es cierto que dentro del presente asunto, el quejoso señaló como actos reclamados la ilegal detención y privación de la libertad, así como una orden de aprehensión girada en su contra, también lo es que mediante audiencia celebrada el diecisiete de marzo del año en curso, se dictó auto de vinculación a proceso al aquí quejoso Ricardo Mendoza Pimentel, en los términos reseñados previamente; asimismo, le fue impuesta la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por el tiempo que dure el proceso, sin que exceda de dos años, por lo que las violaciones de las que pudiera adolecer el acto reclamado, han quedado irreparablemente consumadas precisamente con ese cambio de situación jurídica. En consecuencia, siendo esto así, es indudable que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo en vigor, por lo que procede sobreseer en el presente juicio de garantías fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sobreseimiento que se hace extensivo de las autoridades ejecutoras Agente del Ministerio Público de la Unidad de Delitos Sexuales de la Fiscalía Especializada en los Delitos de Violencia Familiar y de Género, con sede en esta ciudad, por haber manifestado la certeza del acto reclamado. Asimismo, se hace extensivo dicho sobreseimiento a las autoridades responsables Juez Cívico en turno de la Policía Municipal de Morelia, Michoacán y Comisión Municipal de Seguridad Ciudadana, con sede en esta ciudad, pues aun cuando la última autoridad negó el acto de ejecución que se le reclamo; dicha negativa se desvirtúa, toda vez que el Juez responsable, al rendir su informe justificado manifestó la certeza del acto reclamado consistente en la emisión de una orden de aprehensión dictada el cinco de febrero del año en curso, dentro de la causa penal 153/2023, en contra del aquí quejoso Ricardo Mendoza Pimentel. Por identidad jurídica, sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 17/2008 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Junio de 2008, página 270, con registro digital 169410, que dice: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto". De igual manera, por las razones que contiene, sustenta lo anterior la Jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/18 (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 2482, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación que dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA QUE SE VINCULÓ A PROCESO AL IMPUTADO, CON INDEPENDENCIA DE LA MEDIDA PREVENTIVA DECRETADA RESPECTO DE SU LIBERTAD PERSONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entre ellas, los artículos 16 y 19, se encuentra vigente para el Estado de Chihuahua, de acuerdo con el artículo tercero transitorio de dicho decreto. Ahora bien, de las modificaciones que éste generó en el sistema de justicia penal, se advierte una discrepancia de carácter conceptual entre el antes denominado "auto de formal prisión" y el actual "auto de vinculación a proceso"; sin embargo, si el juzgador libra una orden de aprehensión y después vincula al imputado a proceso penal, al igual que como acontecía con el auto de formal prisión, ese acontecimiento origina un cambio de situación jurídica, porque a pesar de la diferencia conceptual, ambas figuras jurídicas son semejantes en cuanto al fondo y efectos que producen para el imputado, en virtud del cúmulo de medidas cautelares que actualmente pueden decretarse en su contra, inclusive la prisión preventiva. En este sentido, cuando el acto reclamado consista en una orden de aprehensión y la autoridad responsable informe que se vinculó a proceso al inculpado, resulta inconcuso que la autoridad federal no puede decidir sobre el caso sin afectar la nueva situación a la que se sujeta el quejoso, cualquiera que haya sido la medida preventiva decretada respecto de su libertad personal, toda vez que la condición particular que guardaba antes de la ejecución de dicho mandamiento judicial motiva que queden consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas que asevera se cometieron al librarse la orden de captura y, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo (artículo 73, fracción X, de la ley abrogada)". Así como la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, Tomo XVII Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Finalmente, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional, programada para las diez horas con veinte minutos del doce de abril de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente.

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