Ricardo Mendoza Palacios

Expediente 52/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
52/2020
Año
2020
Actuaciones
8
Última actuación
24/02/2021

Partes del expediente

  • Ricardo Mendoza Palacios
  • RICARDO MENDOZA PALACIOS y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio señalado en la cuenta para que surtan sus efectos legales correspondientes, por medio del cual el Presidente de la Sala Constitucional y Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del estado de Oaxaca, acusa recibo del toca penal JOTPC/082019 y cuatro discos versátil digital que remitió como complemento a su informe justificado. Notifíquese.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de febrero de dos mil veintiuno. En atención a la cuenta que antecede, el juez determina lo siguiente: Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se negó el amparo y protección de la justicia federal, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) del numeral 18 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su depuración. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la depuración de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, devuélvase a la responsable Magistrados Integrantes de la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, los discos y el cuaderno de pruebas que remitió como apoyo a su informe justificado. NOTIFÍQUESE.

  3. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de febrero de dos mil veintiuno. En atención a la cuenta que antecede, se advierte que se concedió la suspensión provisional y definitiva solicitada; y que en el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se concedió la suspensión provisional y definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que alude el séptimo transitorio del referido acuerdo en relación con lo dispuesto por el capítulo 7.5. punto 2 relativo al tratamiento del incidente de suspensión original del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de depuración. Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la depuración del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en razón que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Por tanto, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración del cuaderno original, debiendo conservarse el auto y la interlocutoria en que se concedió la suspensión solicitada. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. El Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, después de haber analizado los aspectos que son materia de estudio en este asunto, emite la siguiente: S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 52/2020, promovido por Ricardo Mendoza Palacios, en contra de la resolución dictada el veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, por los Magistrados Integrantes de la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el toca penal JOTPC/08/2019 y otra autoridad. El problema jurídico en el presente asunto consiste en analizar, en caso de que se reúnan los requisitos procesales correspondientes, si el quejoso logra desvirtuar los razonamientos expuestos por los Magistrados Integrantes de la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, que tomaron en cuenta en la resolución impugnada que dejó insubsistente la sentencia dictada el trece de junio de dos mil diecinueve, por el Tribunal de Juicio Oral de la Región de la Mixteca, en la causa penal 307/2015, y se ordena la reposición del procedimiento a partir de la audiencia celebrada de esa misma fecha. ANTECEDENTES El Tribunal de Enjuiciamiento en Materia Penal del Circuito Judicial de la Mixteca Oaxaca, mediante sentencia de trece de junio de dos mil diecinueve, dictada en la causa penal 307/2015, condenó al aquí quejoso Ricardo Mendoza Palacios, por el delito de secuestro, cometido en perjuicio de quienes en vida respondieron al nombre de Humberto Laureano Vivar Morales y Arcelia Joséfina Aparicio Aparicio, procedimiento que se instauró conforme al Código Procesal Penal de Estado de Oaxaca, vigente al momento en que sucedieron los hechos. Inconforme con esa sentencia, el promovente interpuso recurso de casación, el cual, correspondió conocer a la Sala Constitucional y Cuarta Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, asignándole el número de toca penal JOTPC/08/2019. La Sala responsable al momento de emitir su resolución, advirtió que el documento escrito que como sentencia de trece de junio de dos mil diecinueve, fue remitida por Tribunal de enjuiciamiento, no fue pronunciada verbalmente en la audiencia respectiva, de ahí que conforme a la jurisprudencia de rubro: "SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO DE CORTE ACUSATORIO. SI AL REVISAR LA QUE FUE MATERIA DE ESTUDIO POR LA SALA DE CASACIÓN, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ADVIERTE QUE NO SE EMITIÓ ORALMENTE EN LA AUDIENCIA CORRESPONDIENTE, SINO SÓLO POR ESCRITO, ELLO ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ABROGADA)" determinó lo siguiente: "Primero.-Con apoyo en el Artículo 446 del Código Procesal Penal para el Estado de Oaxaca -abrogado-, se declara fundado el recurso de casación promovido por el sentenciado Ricardo Mendoza Palacios, y se anula la sentencia dictada el trece de junio de dos mil diecinueve, por el Tribunal de Juicio Oral de la Región de la Mixteca, que lo condenó al considerarlo penalmente responsable de la comisión del delito de secuestro cometido en agravio de quienes en vida respondieron al nombre de Humberto Laureano Vivar Morales y Arcelia Joséfina Aparicio Aparicio; así también se anula parcialmente el juicio y se ordena la reposición del procedimiento a partir de la audiencia celebrada el trece de junio de dos mil diecinueve, de lectura y explicación de sentencia, a fin de que el Tribunal de Debate integrado por los mismo jueces realice nueva audiencia de lectura de sentencia y en ella dicte verbalmente la sentencia. Con la precisión que la anulación de la sentencia y de la audiencia de lectura de sentencia, cuya reposición se ha ordenado no implica que el recurrente Ricardo Mendoza Palacios quede en libertad, sino únicamente conllevan a que el tribunal del debate reponga el procedimiento a partir de la audiencia de lectura de sentencia en la que dicte verbalmente la sentencia, y luego la explique a las partes. (.) Determinación que ahora constituye el acto reclamado. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Ricardo Mendoza Palacios presentó un escrito el diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que se precisarán más adelante. El quejoso señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17, 20 apartado B, y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Por acuerdo de dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, a quien por razón de turno correspondió conocer de la mencionada demanda, registró la demanda con el número 1190/2019 de su estadística, solicitó los informes justificados y dio vista a la representación Social de su adscripción. Sin embargo, el veintitrés de enero de dos mil veinte, remitió a éste órgano jurisdiccional el juicio de amparo promovido por el quejoso, en virtud de existir un antecedente que tiene relación con el asunto. Mediante auto de veintisiete de enero del presente año, este Juzgado de Distrito, aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento del asunto, y ordenó el emplazamiento a los terceros interesados. La audiencia constitucional, tuvo verificativo el veintiséis de noviembre de dos mil veinte, en los términos del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque el acto reclamado es atribuido a una autoridad que tiene su residencia en el territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción. OPORTUNIDAD El acto reclamado fue notificado personalmente al quejoso el veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve y esa notificación surtió efectos el mismo día, conforme al artículo 61 del Código Procesal Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca, vigente al momento que sucedieron los hechos. El plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, debe computarse del veintinueve de noviembre al diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, descontándose del cómputo los días treinta de noviembre, uno, siete, ocho, catorce y quince de diciembre del mismo año, por ser sábados y domingos, todos inhábiles por disposición del artículo 19 de la misma ley reglamentaria. Por tanto, al haberse presentado la demanda el diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, se considera que es oportuna. V. LEGITIMACIÓN Ricardo Mendoza Palacios, se encuentra legitimado para promover el presente juicio de amparo, porque en el toca de origen tienen el carácter de recurrente y la resolución reclamada le es adversa, dado que la autoridad responsable dejó insubsistente la sentencia dictada el trece de junio de dos mil diecinueve, por el Tribunal de Juicio Oral de la Región de la Mixteca, en la causa penal 307/2015, y ordenó la reposición del procedimiento a partir de la audiencia celebrada de esa misma fecha, en lugar de resolver la materia del recurso. VI. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo permite sostener que el quejoso reclama lo siguiente: De los Magistrados de la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado: La resolución dictada el veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, en el toca penal JOTPC/08/2019. De los Jueces integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento en Materia Penal del Circuito Judicial de la Mixteca, Oaxaca, con sede en Huajuapan de León, Oaxaca: La ejecución material de dicha determinación. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO La existencia del acto reclamado a los Magistrados de la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado y la Jueza Presidenta del Tribunal de Enjuiciamiento del Circuito Judicial de la Mixteca, quedaron legalmente acreditados a partir de sus respectivos informes justificados, lo que se corrobora con las constancias que remitió la primera de las nombradas, consistentes en el original del toca penal JOTPC/08/2019; medios de prueba que adquieren valor probatorio pleno, al tenor de los normativos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2. Apoya lo antes dicho la jurisprudencia 226, consultable en la página 153, tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Quinta Época, cuyos epígrafe y texto son: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." PROCEDENCIA En el presente asunto no se advierte la actualización de ninguna causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de la Ley de Amparo. Tampoco se advierte la concurrencia de alguna de las causales de sobreseimiento previstas en el diverso artículo 63 de la misma ley reglamentaria que obliguen a dar por concluido el juicio sin hacer una declaratoria sobre el acto reclamado, por lo que, a consideración de este juzgador, el amparo es procedente en términos del artículo 107, fracción V, del citado ordenamiento legal. ESTUDIO DE FONDO El quejoso Ricardo Mendoza Palacios sostiene lo siguiente: La Sala responsable, debió de soslayar el hecho de que no exista constancia de que la sentencia de trece de junio de dos mil diecinueve, se haya pronunciado oralmente en la audiencia pública respectiva, y privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos judiciales, para así estudiar los agravios vertidos en su recurso de casación. Este órgano jurisdiccional estima que el concepto de violación anteriormente sintetizado resulta inoperante. Esa decisión encuentra justificación con base en lo resuelto por el entonces Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 107/2017, en el que expuso lo siguiente: ".la oralidad, como herramienta a través de la cual debe desarrollarse el proceso penal, cobra actualización tanto en las audiencias preliminares como en las de juicio; por tanto, bajo ese modelo de juicio, el juzgador debe emitir de forma oral sus determinaciones en la audiencia, a fin de transparentar el proceso y garantizar sus principios, como lo son la publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, derivado de que dichos principios están íntimamente relacionados, pues la oralidad del nuevo proceso penal acusatorio es el instrumento para su desarrollo bajo el método de la audiencia, para decidir la culpabilidad o inocencia del acusado; amén de que el sistema de audiencias introduce elementos de transparencia y rapidez en la toma de decisiones, impidiendo que el juzgador resuelva algo claramente contrario a lo que el público ve y entiende. Así, la oralidad, como el intercambio verbal de ideas, es una herramienta esencial en la tarea jurisdiccional para facilitar el respeto a los derechos de los ciudadanos, al permitir que la actuación del juzgador se ajuste a criterios de inmediación y contradicción realmente efectivos, y constituye un elemento decisivo para alcanzar el grado deseable de confianza y vinculación de los ciudadanos. En ese contexto, el Juez o tribunal de enjuiciamiento debe emitir en la audiencia de juicio la sentencia respectiva, pues en ella expresará el fundamento legal y las razones por las que condenó o absolvió al imputado, lo que no sólo implica expresar, en lo esencial, los preceptos legales aplicables al caso, así como las razones, motivos y circunstancias que permitieron emitir la decisión, sino también efectuar la relatoría de las pruebas y su valoración para arribar a la conclusión de que se ha cometido un delito (por encontrarse probados sus elementos) y que el imputado lo cometió o participó en su comisión (por haberse acreditado los presupuestos y elementos para así considerarlo), pues sólo así se generará certeza y seguridad jurídica al imputado, de que conozca plenamente el fundamento legal y las razones por las que el juzgador decidió condenarlo o absolverlo. Por tanto, es en la audiencia en que se emite la resolución respectiva donde debe cumplirse con la fundamentación y motivación, al margen de que ello se plasme también por escrito o en cualquier otro medio que dé certeza, pues lo relevante es que la fundamentación y la motivación se precisen cuando de forma oral el Juez o tribunal emite la resolución respectiva, pues es en ese momento en el que debe salvaguardarse el principio de legalidad previsto en el artículo 16 constitucional, para que el gobernado conozca las razones y el fundamento legal por el que se le condenó o absolvió, generándosele seguridad jurídica, esto es, conocimiento libre de dudas acerca del contenido de las normas jurídicas y de su validez para, en su caso, combatir la arbitrariedad o ilegalidad de la actuación de cualquier autoridad. (.) Las anteriores consideraciones permiten establecer que en el caso del proceso penal acusatorio, en el que las actuaciones procesales se desarrollan en la audiencia -como uno de los ejes rectores del sistema- el dictado de la sentencia debe realizarse precisamente en la audiencia respectiva. (.)Es así, porque aunado a lo ya expuesto respecto a los artículos 16 y 20 constitucionales, en lo atinente a los principios de legalidad y de oralidad e inmediación que rigen el juicio penal de corte adversarial, de diversas disposiciones del Código Procesal Penal para el Estado de Oaxaca, aplicado en el juicio de origen, así se advierte. (.) También se destaca que la sentencia, una vez redactada (esto después de dictarse verbalmente), el tribunal "se constituirá nuevamente en la sala de audiencia, después de ser convocados verbalmente todas las partes en el debate, y el documento será leído ante los presentes... quien presidió la audiencia fijará día y hora para la lectura íntegra del documento que contiene la sentencia... ". Asimismo, se establece en el numeral 439, fracción I, transcrito, que el recurso de casación procede "Contra la sentencia pronunciada en la audiencia de debate". (.) Luego, de todo lo anterior se establece, con meridiana claridad, que en los juicios penales de corte acusatorio, conforme a la legislación del Estado de Oaxaca, las sentencias deben dictarse oralmente en la audiencia de juicio, con expresión de los motivos y fundamentos que la sustentan; esto, al margen de que dicha actuación se documente en la videograbación y en el escrito respectivo, pues como se ha venido destacando, existe una clara preeminencia del principio de la oralidad, tanto para el desarrollo de las actuaciones procesales como para la toma de decisiones por parte del Juez o tribunal de enjuiciamiento. Además, las sentencias tienen que documentarse y leerse íntegramente en audiencia, en términos del numeral 389 antes invocado. (.) Por tanto, se insiste, se estima que es la exposición oral plasmada en la videograbación, la que dota al imputado del conocimiento completo de los fundamentos y motivos de su emisión, es decir, libre de dudas para que esté en aptitud de combatirlo; pero, sobre todo, le da certeza, lo mismo que al tribunal de casación y de amparo, de que lo impreso en el documento al que se denomina sentencia, realmente corresponde a lo que el tribunal de enjuiciamiento decidió. Actuar en contrario (no emitir la sentencia en audiencia y de manera oral), implica proceder en forma diversa a la prevista en la ley, y originaría diversas problemáticas que entorpecerían el funcionamiento del sistema penal, pues no se tendría la seguridad de que lo plasmado por escrito es lo que se dijo oralmente en la audiencia; también podría afirmarse que la constancia por escrito se emitió en alcance a lo determinado por el tribunal de enjuiciamiento de manera oral, con la posibilidad de que se fuera más allá de lo expresado en la audiencia respecto de la fundamentación y motivación, o bien, podría considerarse que en la constancia por escrito se transcribe literalmente lo acontecido en la audiencia en torno a la sentencia -simple versión escrita de la audiencia-; asimismo, se podría cuestionar qué resolución tendrá mayor peso en el examen que el tribunal de apelación o el juzgador de amparo efectúen para emitir su decisión cuando el acusado haya interpuesto algún recurso o promovido el juicio de amparo, a saber, la emitida en la audiencia advertida de la videograbación (documental pública), la pronunciada por escrito, o ambas; también se podrá generar incertidumbre jurídica por el hecho de que el imputado no tenga certeza plena del momento a partir del cual transcurrirá el plazo para controvertir la sentencia vía recurso ordinario o juicio de amparo, es decir, derivado de la emisión oral de la sentencia o cuando le sea entregada materialmente la resolución pronunciada por escrito. (.)" Dicho criterio dio origen a la jurisprudencia XIII.P.A. J/3 (10a.), cuyo rubro y texto son los siguientes: "SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO DE CORTE ACUSATORIO. SI AL REVISAR LA QUE FUE MATERIA DE ESTUDIO POR LA SALA DE CASACIÓN, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ADVIERTE QUE NO SE EMITIÓ ORALMENTE EN LA AUDIENCIA CORRESPONDIENTE, SINO SÓLO POR ESCRITO, ELLO ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ABROGADA). El artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como principales características del proceso penal que es de corte acusatorio, adversarial y oral. La oralidad permite a las partes exponer verbalmente sus pretensiones, argumentaciones y pruebas, y al juzgador emitir sus determinaciones en la propia audiencia, a fin de transparentar el proceso y garantizar los principios del nuevo sistema, particularmente el de inmediación. Por tanto, el Juez o tribunal de enjuiciamiento debe emitir en la audiencia de juicio la sentencia respectiva, expresando el fundamento legal y las razones por las que condenó o absolvió al acusado, lo que no sólo implica citar los preceptos legales aplicables sino, además, las razones, motivos y circunstancias suficientes que permitieron emitir la decisión, y también efectuar la relatoría de las pruebas y su valoración para llegar a concluir que se ha cometido un delito y que el acusado lo cometió o participó en su comisión, pues sólo así se le generará certeza y seguridad jurídica. Lo anterior, porque si los actos de molestia, en términos del artículo 16 de la Constitución Federal, deben estar fundados y motivados, con mayor razón lo deben estar los actos privativos, como lo son las sentencias. Lo cual es congruente con los artículos 314, 317, 323, 325, 389, 397 Bis B y 439 del Código Procesal Penal para el Estado de Oaxaca (abrogado), que aluden a los principios de inmediación, continuidad y oralidad en el juicio acusatorio penal. En ese contexto, si se advierte que no existe constancia de que la sentencia dictada en el juicio oral de origen y que debió ser materia de estudio por la Sala de Casación para la emisión del acto reclamado en el juicio de amparo, se haya pronunciado en audiencia pública, sino que sólo obra por escrito, es claro que se realizó una actuación en forma diversa a la prevista en la ley, al inobservar un principio legal y constitucional rector del proceso de origen, como lo es la oralidad, lo que provoca indefensión al quejoso por generarle inseguridad jurídica, ya que ni él ni la instancia revisora tendrán la certeza de que lo plasmado por escrito es exactamente lo que se decidió en audiencia, y la explicación del fallo o sentencia, no constituye propiamente el dictado de ésta; además, podría considerarse que la constancia escrita se emitió en alcance a lo determinado por el tribunal de enjuiciamiento de manera oral, con la posibilidad de que fuera más allá de lo expresado en la audiencia; asimismo, se podrá generar incertidumbre jurídica respecto al momento a partir del cual transcurrirá el plazo para controvertir la sentencia, es decir, derivado de la emisión oral de la sentencia o cuando le sea entregada materialmente la resolución pronunciada por escrito; por tanto, ello actualiza el supuesto del artículo 173, apartado B, fracciones I y XII, de la Ley de Amparo, lo que amerita otorgar al quejoso la protección constitucional solicitada a fin de ordenar la reposición del procedimiento para que en audiencia se dicte o dé lectura a la sentencia respectiva." En ese orden de ideas, debe concluirse que en el citado criterio, el tribunal de alzada, estableció que en el caso del proceso penal acusatorio regulado en el Código Procesal para el Estado de Oaxaca (abrogado), en el que las actuaciones procesales se desarrollan en la audiencia -como uno de los ejes rectores del sistema- el dictado de la sentencia debe realizarse precisamente en la audiencia respectiva, al margen de que ello se plasme también por escrito o en cualquier otro medio que dé certeza, pues lo relevante es que la fundamentación y la motivación se realice de forma oral al emitir la resolución respectiva, con lo cual se salvaguarda el principio de legalidad previsto en el artículo 16 constitucional de todas las partes. Actuar en contrario (no emitir la sentencia en audiencia y de manera oral), implica proceder en forma diversa a la prevista en la ley, y originaría diversas problemáticas que entorpecerían el funcionamiento del sistema penal, pues no se tendría la seguridad de que lo plasmado por escrito es lo que se dijo oralmente en la audiencia. Jurisprudencia que resulta de observancia obligatoria, para los Juzgados de Distrito, en términos del párrafo tercero del artículo 217 de la Ley de Amparo; sin que exista posibilidad alguna de que esos órganos jurisdiccionales puedan someter a interpretación lo ahí definido; ni siquiera so pretexto del nuevo paradigma de los derechos humanos. Así, al existir jurisprudencia en el sentido de que cuando al revisar, lo que fue materia del estudio por la sala de casación, se advierta que no se emitió oralmente la sentencia en la audiencia respectiva, actualiza una violación al procedimiento que amerita su reposición; de ahí que resulta innecesario el análisis de los agravios, ya que, en todo caso, con su aplicación se da respuesta en forma integral al tema planteamiento. Sirve de apoyo a lo anterior, lo establecido en la jurisprudencia 1a./J. 14/97 (9ª) , emitida por la Primera Sala del Máximo Tribunal Constitucional del País, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Abril de 1997, materia común, localizable con el registro: 198920, la cual es del siguiente tenor: "AGRAVIOS INOPERANTES. INNECESARIO SU ANÁLISIS CUANDO EXISTE JURISPRUDENCIA. Resulta innecesario realizar las consideraciones que sustenten la inoperancia de los agravios hechos valer, si existe jurisprudencia aplicable, ya que, en todo caso, con la aplicación de dicha tesis se da respuesta en forma integral al tema de fondo planteado." Así como los criterios jurisprudenciales XVII.1o.C.T. J/9 (10a.) y I.6o.T. J/30 (10a.), que establecen lo siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. RESULTA INNECESARIO SU ANÁLISIS, CUANDO SOBRE EL TEMA DE FONDO PLANTEADO EN LOS MISMOS YA EXISTE JURISPRUDENCIA. Resultan inoperantes los conceptos de violación y, por ende, innecesario su análisis, en los que en relación con el fondo del asunto planteado en ellos, ya existe jurisprudencia que es obligatoria en su observancia y aplicación para la autoridad responsable, que la constriñe a resolver en el mismo sentido fijado en esa jurisprudencia, por lo que, en todo caso, con su aplicación se da respuesta integral al tema de fondo planteado; luego, si esa jurisprudencia es contraria a los intereses de la quejosa, ningún beneficio obtendría ésta el que se le otorgare la protección constitucional para que el tribunal de apelación estudiara lo planteado en la demanda, así como en los agravios que se hicieron valer en relación con el tema de fondo que es similar al contenido en dicha jurisprudencia, pues por virtud de su obligatoriedad, tendría que resolver en el mismo sentido establecido en ella." "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON AQUELLOS CUYO ANÁLISIS ES INNECESARIO CUANDO SOBRE EL TEMA PLANTEADO EN ELLOS YA EXISTE JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Son inoperantes los conceptos de violación y, por ende, es innecesario su análisis, cuando sobre el tema planteado en ellos ya existe jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque con su aplicación se da respuesta en forma integral a la cuestión debatida, cuya observancia es de carácter obligatorio, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo." En este orden de ideas, ante lo inoperante de los agravios, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal. Negativa que se hace extensiva al acto de ejecución que atribuye al Tribunal de Enjuiciamiento en Materia Penal del Circuito Judicial de la Mixteca, Oaxaca, con sede en Huajuapan de León; toda vez, que no la controvierte por vicios propios sino como consecuencia de la determinación en primer término reclamada. DECISIÓN Bajo esa tesitura, ante lo inoperante del concepto de violación, lo procedente es negar el amparo solicitado por Ricardo Mendoza Palacios en contra de la determinación de dictada por la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, dictada en el toca penal JOTPC 08/2019, así como la ejecución material de dicha determinación atribuida al Tribunal de Enjuiciamiento en Materia Penal del Circuito Judicial de la Mixteca, Oaxaca, con sede en Huajuapan de León. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE Único. La Justicia de la Unión No ampara ni protege a Ricardo Mendoza Palacios, en contra de los actos reclamados a la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca y Tribunal de Enjuiciamiento en Materia Penal del Circuito Judicial de la Mixteca, Oaxaca, con sede en Huajuapan de León, de conformidad con el apartado VII del presente fallo. Notifíquese personalmente. ---- SE NOTIFICA POR LISTA LA PRESENTE SENTENCIA EN VIRTUD DE QUE NO ACUDIO A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL A LAS INTALACIONES DE ESTE JUZGADO NO OBSTANTE EL AVISO QUE SE LE DEJO

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