Ricardo Mendieta Díaz
Expediente 682/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 12 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 682/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 13/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Ricardo Mendieta Díaz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, trece de octubre de dos mil veintiuno. Tribunal Colegiado informa. Agréguese a los autos el oficio signado por el Actuario del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que admitió a trámite el recurso de revisión planteado por este órgano jurisdiccional, mismo que fue registrado con el número 197/2021. Sin que haya lugar a emitir mayor pronunciamiento, en virtud que si bien en un primer momento este Juzgado Federal tuvo conocimiento del presente juicio y lo radicó bajo el número 682/2021, lo cierto es que se declinó competencia al Juzgado Segundo de Distrito de esta sede Judicial, quien la aceptó por auto de nueve de septiembre siguiente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de la licenciada Sonia López Márquez, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
En Apizaco, Tlaxcala, veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno. Acusa recibo Agréguese el oficio signado por la Actuaria adscrita al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, mediante el cual acusa recibo del diverso a través del cual se le remitió el original y duplicado del incidente de suspensión derivados del juicio de amparo del que deriva el presente cuadernillo de antecedentes.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, nueve de septiembre de dos mil veintiuno. Juez de Distrito acepta competencia. Agréguese el oficio signado por la Actuaria Judicial adscrita al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, mediante el cual, hace del conocimiento que el órgano jurisdiccional de su adscripción, aceptó la competencia planteada por este juzgado mediante proveído de uno de septiembre del año en curso; en consecuencia, se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Ricardo Mendieta Díaz. Se remite cuadernos incidentales. Asimismo, como lo solicita remítasele el original y duplicado de los cuadernos incidentales de suspensión que derivan del juicio de amparo 682/2021, del índice de órgano jurisdiccional, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Se ordena el archivo del expediente. En ese orden, del estado de autos se obtiene que este expediente está concluido, asimismo hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral 21, inciso j), del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el referido artículo 21. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX, X y XI, del citado Acuerdo General, por tanto, destrúyase el mismo una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, en su penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Incidental
... SEXTO. Se concede suspensión definitiva. Ahora toda vez que del informe previo rendido por el Secretario de Acuerdos del Juzgado Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, se advierte la existencia de una orden de busca, aprehensión y detención emitida contra el quejoso dentro de la causa penal 37/2018, instruida en contra de Ricardo Mendieta Díaz, por el delito de fraude especifico, mismo que no es considerado como un delito que amerite prisión preventiva, con fundamento en el artículo 166, fracción II, de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva para el efecto de que el quejoso no sea privado de su libertad con motivo de la orden de busca, aprehensión y detención antes mencionada. En la inteligencia de que esta suspensión produce el efecto de que el quejoso quede a disposición de este órgano jurisdiccional, solo en lo que se refiere a su libertad personal, pero a disposición de la autoridad que deba juzgarlo, para la continuación del procedimiento, pues la medida cautelar no tiene como fin que el procedimiento natural se encuentre suspendido, ya que ello transgrediría disposiciones de orden público. La medida cautelar decretada, surte efectos desde este momento y hasta aquel en que cause ejecutoria la sentencia dictada en el juicio principal del que deriva este incidente, pero dejará de hacerlo si el quejoso no cumple con las siguientes: Medidas de aseguramiento Por tanto, con el fin de que el promovente no evada la acción de la justicia y se presente al proceso penal para los efectos de su continuación y pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de que no obtenga la protección de la justicia federal, se decretan las medidas de aseguramiento siguientes: La suspensión concedida surte efectos de inmediato, pero dejará de hacerlo si el quejoso no deposita, en cualquiera de las formas establecidas por la ley, la garantía de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 moneda nacional) dentro del plazo de cinco días; esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 168, en relación con el párrafo primero del 136 de la Ley de Amparo, y tomando en cuenta el tipo de delito de que se trata (fraude), el bien jurídico tutelado (es el patrimonio o la propiedad), dicho monto se considera suficiente para impedir al quejoso sustraerse a la acción de la justicia. Esta determinación se sustenta en el criterio de rubro y texto: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA CONTRA ACTOS DERIVADOS DE UN PROCEDIMIENTO PENAL QUE AFECTEN LA LIBERTAD PERSONAL. ELEMENTOS QUE DEBE CONSIDERAR EL JUEZ DE DISTRITO PARA FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 124 BIS DE LA LEY DE AMPARO). La facultad de fijar el monto de la garantía es de carácter discrecional, siempre que ello no implique exceder los extremos señalados por el legislador en las condiciones de aplicación de la citada norma. Así, el juez de distrito debe llevar a cabo un análisis integral en el que conjugue adecuadamente las siguientes tres condiciones legales. En primer lugar, debe tomar en cuenta el tipo de delito de que se trata, su naturaleza dolosa o culposa, el bien jurídico tutelado, etcétera, y aunque en este primer momento puede hacerse presente el monto estimado de la reparación del daño, eso no significa que la garantía fijada por el juez de amparo tenga que coincidir con dicho monto, pues aquélla no puede equipararse a la caución que se fija para decretar la libertad provisional, ya que la garantía tiene la finalidad de asegurar que el quejoso acuda al proceso, la dicta un juez de amparo y responde a los objetivos del control constitucional; mientras que la fianza o caución obedece a la necesidad de garantizar la reparación del daño, la fija un juez penal y es acorde con los fines del proceso penal. En segundo lugar, el juzgador debe indagar respecto a la situación económica del quejoso. Y finalmente, en tercer lugar, el juez debe vigilar que el monto de la garantía no permita al quejoso sustraerse a la acción de la justicia, es decir, habrá de fijar una cantidad que no invite al quejoso a realizar un cálculo utilitario que le orille a evadir la acción de la justicia. Por tanto, una primera cantidad obtenida a partir de la obligación derivada de la fracción I del artículo 124 bis de la Ley de Amparo debe modularse, por un lado, mediante la capacidad económica del quejoso (fracción II), para establecer el límite inferior de la garantía y, por el otro, a través de la precaución de no disminuirla a tal grado que se promueva una posible conducta evasiva por parte del quejoso (fracción III)". Además, en virtud de que el Secretario de Acuerdos del Juzgado Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, Encargado del Despacho por Ministerio de Ley, fue quien emitió la orden de busca, aprehensión y detención reclamada, se impone al quejoso la obligación de comparecer ante dicha autoridad judicial dentro del término de cinco días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación respectiva, para la continuación del procedimiento por ser de orden público, así como las veces que sea requerido por el juez en cita. En ese sentido, se requiere al quejoso para que, dentro de ese mismo plazo (cinco días), acredite ante este órgano jurisdiccional, su comparecencia con el Juez Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, para la continuación del procedimiento dentro de la causa penal 37/2018, de su índice. Apercibimiento. Se apercibe al promovente que, en caso de no cumplir con las obligaciones y medidas decretadas en la presente determinación, la medida cautelar será revocada, quedando las autoridades responsables en libertad de ejecutar el acto que se les reclama. En la inteligencia de que, si la parte impetrante exhibe la garantía que le fue fijada pero incumple con el resto de las medidas señaladas, igualmente será revocada la presente suspensión con la sola comunicación de la autoridad responsable. Todo lo anterior a fin de que no se impida la continuación del procedimiento en el asunto que motivó el acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior la Contradicción de Tesis 79-2007-PS, entre la sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito y el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de diez de octubre de dos mil siete, de rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. LA OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA O EL MINISTERIO PÚBLICO ES EXIGIBLE HASTA QUE SE TIENE CERTEZA RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITIÓ". Lo anterior también se sustenta en la tesis de Jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, noviembre de 2001, página 26 de la Novena Época, que dice: "SUSPENSIÓN EN CONTRA DE UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 138, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, EL JUEZ DE DISTRITO AL CONCEDERLA GOZA DE LA MÁS AMPLIA FACULTAD PARA IMPONER AL QUEJOSO LA OBLIGACIÓN DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA PARA RENDIR SU DECLARACIÓN PREPARATORIA, COMO REQUISITO DE EFECTIVIDAD DE ESA MEDIDA". Apoya lo anterior la tesis I.7o.P.118 P (10a.) del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito localizable en la página 3081 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III; Materia Común; Décima Época, cuyo contenido es: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. LA SOLICITADA EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN POR UN DELITO CONSIDERADO EN PRINCIPIO COMO GRAVE CONFORME AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO (ACTUALMENTE ABROGADO), DEBE RESOLVERSE EN ATENCIÓN A LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 166 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 100/2017, consideró que a partir del 18 de junio de 2016, el artículo décimo transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, por el que se expidió la Ley de Amparo, perdió observancia legal, por lo que a partir de que entró en vigor la reforma de que se trata, el trámite y resolución del incidente de suspensión deben realizarse conforme a la Ley de Amparo vigente, sin que el Juez de amparo deba examinar bajo qué sistema penal se emitió el acto reclamado; por ende, debe atenderse a la fecha en que se solicitó la suspensión. Ahora bien, si a la entrada en vigor del sistema procesal penal acusatorio, sólo ameritan la medida de prisión preventiva oficiosa los delitos cuyos supuestos se ajusten a los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales; entonces, si una orden de captura fue emitida por un delito considerado en principio como grave conforme al Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México (actualmente abrogado), que no se encuentra dentro de esos supuestos, se entiende que no amerita prisión preventiva oficiosa, por lo que si el quejoso se encuentra en libertad, la concesión de la medida cautelar citada debe ser conforme a la fracción II del artículo 166 de la Ley de Amparo, es decir, para el efecto de que el quejoso no sea privado de su libertad con motivo del mandamiento de captura y quede a disposición del Juez federal en cuanto a su libertad personal y a disposición de la autoridad jurisdiccional para la continuación del procedimiento, hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables la revocación de esta suspensión, o bien, la ejecutoria dictada en el cuaderno principal; suspensión que surtirá efectos siempre que el quejoso cumpla con las medidas de aseguramiento señaladas por el juzgador de amparo". SÉPTIMO. Limitantes de la medida cautelar concedida. En la inteligencia que la medida cautelar concedida no tiene como efecto que las autoridades responsables suspendan el procedimiento del que emana el acto reclamado, ya que no debe obstaculizarse o paralizarse, para no transgredir disposiciones de orden público. Asimismo, la suspensión que se concede no surtirá efecto legal alguno si se sorprende al quejoso en flagrante delito, o si se trata de alguno de los casos de urgencia que señala la ley, en cuyo caso podrá detenérsele porque así lo autoriza el artículo 16 constitucional, cuando bajo responsabilidad del Agente del Ministerio Público se haya ordenado la detención de la agraviada no podrá ser retenido por más de cuarenta y ocho horas, o noventa y seis, según corresponda, término dentro del cual deberá ordenar su libertad o su consignación ante la autoridad judicial. Suspensión surte efectos contra actos emitidos con anterioridad a la presentación de la demanda. La suspensión concedida solo surtirá efecto en caso de que la orden privativa de libertad, haya sido emitida con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, que lo fue el dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, a las ocho horas con treinta y tres minutos, pues de haberse emitido con posterioridad no surtirá efectos la suspensión provisional concedida, estando expedita la jurisdicción de la autoridad responsable de ejecutar un acto de fecha ulterior. Se ordena emplazamiento -Agente del Ministerio Público adscrito a la responsable-. Ahora, toda vez que la autoridad responsable aceptó la existencia del acto reclamado, hágase del conocimiento de la presente resolución incidental, al Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, Tlaxcala. En consecuencia, en términos del artículo 5, fracción III, incisos c) y e) de la Ley de Amparo se les tiene como tercero interesado y al tener carácter de autoridad, en términos del artículo 26, fracción II, inciso b, de la Ley de Amparo, se ordena su emplazamiento mediante oficio con la presente resolución incidental. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se niega a Ricardo Mendieta Díaz, la suspensión definitiva respecto de los actos atribuidos a las autoridades precisadas en el considerando tercero de esta interlocutoria. SEGUNDO. Se concede a Ricardo Mendieta Díaz, la suspensión definitiva respecto de los actos atribuidos a las autoridades precisadas en el considerando cuarto de esta interlocutoria, para los efectos y bajo las limitantes precisadas en los considerandos sexto y séptimo de la presente resolución.
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